Mayor acceso a la población a los servicios financieros

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Banco Central de Reserva de El Salvador
Ensayo: Inclusión 
F i n a n c i e r a : 
Mayor acceso 
de la población 
a los servicios 
financieros (Primer 
Lugar)
Christian Orlando Díaz Zaldaña
Introducción
En el marco del XVI Certamen 
Nacional de Investigación 
Técnica 2016 convocada por 
el Banco Central de Reserva 
de El Salvador, se desarrolla el 
tema denominado “Inclusión 
financiera: mayor acceso de 
la población a los servicios 
financieros”.
Por ello, el propósito de la 
presente investigación es analizar 
los avances de El Salvador en 
relación a la aplicación de la 
Ley para facilitar la Inclusión 
Financiera, entre la banca, las 
empresas, instituciones y la 
población salvadoreña.
Primeramente, se plantean 
aspectos técnicos de su 
funcionamiento como el servicio 
que ofrece, además se han 
determinado los principales 
beneficios que a corto y 
mediano plazo ha generado 
dicha ley, relacionándolos a 
la modernización de la banca, 
así como las dificultades a las 
que se enfrenta en el entorno 
económico y social para su 
implementación eficaz y 
eficiente.
Finalmente, se describe una 
situación favorecedora que 
permite el crecimiento del 
abanico de servicios financieros 
ofrecidos y que deben ser 
tomados en cuenta porque 
responden al Programa Nacional 
de Inclusión Financiera hacia la 
diversificación de los servicios.
I. OBJETIVOS
Objetivo general:
• Evaluar, de manera crítica, los 
alcances que ha generado El 
Salvador en materia de la 
Inclusión Financiera como 
vía para el desarrollo íntegro 
de su población y de la 
economía nacional. 
Objetivos específicos:
• Analizar cómo la Ley 
para Facilitar la Inclusión 
Financiera es una 
herramienta estratégica 
diseñada para aportar 
servicios innovadores y 
beneficios a la población 
salvadoreña dinamizando la 
economía.
• Analizar el impacto de las 
metas alcanzadas y las 
limitaciones en la aplicación 
práctica de la Ley de Inclusión 
Financiera.
II. INCLUSIÓN FINANCIERA 
Desde la crisis mundial del 2009, 
la economía de El Salvador 
se ha impulsado gracias a las 
transferencias de remesas, el 
consumo y las exportaciones 
netas, pero no ha superado un 
2.5% de crecimiento anual, y 
además, la tasa desempleados 
alcanza un 6.2% en 2015 de 
la población económicamente 
activa, según cifras del Banco 
Mundial. Con esta condición 
macroeconómica desfavorable, 
instituciones públicas como 
el Banco Central de Reserva 
(BCR), la Superintendencia del 
Sistema Financiero (SSF) y otras, 
en conjunto al sector privado y 
organismos internacionales, han 
ido trabajando en el marco de la 
Inclusión Financiera desde hace 
ya más de un lustro.
En ese marco, una de las 
políticas, que se aprobó el 13 de 
Agosto de 2015, titulada Ley para 
facilitar la inclusión financiera, 
pretende fortalecer y bancarizar 
la economía del país, donde 
solo el 35% de la población se 
encuentra con una cuenta en 
una institución financiera formal 
(Global Findex, 2014). 
A. Inclusión Financiera y la ley 
en El Salvador
La inclusión financiera es, 
en términos prácticos, dar 
mayores posibilidades a la 
población de ser parte activa 
del sistema financiero en el 
país. Esta ofrece un catálogo de 
servicios como préstamos para 
inversión, cuentas de ahorros y 
transferencias electrónicas; con 
la finalidad de cerrar la brecha de 
exclusión entre las personas con 
acceso al sistema financiero y las 
que carecen de ella. Aportando 
así, mejores oportunidades de 
desarrollo para las familias y el 
fortalecimiento de la economía. 
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BOLETÍN ECONÓMICO 
2016
Banco Central de Reserva de El Salvador
Un dato importante es que la 
inclusión financiera no implica 
la prestación categórica de 
servicios financieros para toda 
la población, sino que debe 
existir un equilibrio entre lo 
que le conviene a las personas 
y la capacidad que tengan las 
instituciones de poder prestar 
el servicio. (Ley para facilitar la 
inclusión financiera: innovación 
a través del dinero electrónico y 
depósitos en cuentas de ahorro 
con requisitos simplificados, s.f)
La Ley para facilitar la Inclusión 
Financiera en El Salvador 
permite que todas las personas, 
con capacidad legal de crear 
una cuenta de ahorros, tengan 
la facilidad de hacerlo al 
establecerse requisitos más 
simples, en comparación a los 
anteriores, y los trámites que se 
pueden hacer con ella, estarán 
vinculados a un dispositivo 
móvil, por lo tanto, también se 
beneficia el país en el desarrollo 
e innovación que trae la nueva 
tecnología. 
También trata de incluir a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, ya que se busca 
brindar un servicio más cómodo 
y moderno para el acceso 
a los servicios financieros 
electrónicos, en apoyo al 
crecimiento del sector que 
moviliza la economía interna 
salvadoreña.
Uno de los factores 
trascendentales para el estudio 
analítico y posterior aprobación 
de la ley, ha sido el creciente 
número de personas mayores 
de 15 años que han creado 
una cuenta en una institución 
financiera formal desde 2011 
(Del 13 al 35%) y el nivel de uso 
de cuentas móviles y dinero 
electrónico, el cual es el más alto 
de la región centroamericana, 
según el estudio Global Findex 
de 2014.
B. Beneficios de la 
implementación de la ley
A más de medio año de haber 
entrado en vigencia dicha ley, las 
estructuras legales de empresas 
se crearon, o modificaron, 
para poner a disposición de la 
población los servicios como 
las transferencias de dinero 
electrónico. Otro aspecto que 
se ha aplicado es el cobro de 
comisiones muy bajas por uso 
del mismo y se han desplazado 
los costos de intermediación 
por servicios prestados, creando 
así un ambiente propicio para 
que las personas opten por esta 
alternativa, y de igual manera, las 
empresas crezcan en planillas, 
demandando personal técnico 
en áreas afines a la banca 
electrónica, tecnológica, etc. 
Por otra parte, la facilidad de 
crear cuentas con requisitos 
simplificados en conjunto a 
dispositivos electrónicos busca 
dar mayor agilidad y seguridad a 
la gama de servicios electrónicos 
que son ofrecidos por la banca. 
Con ello se busca bancarizar 
una economía, y según Cabrera 
(2015) en un estudio que hizo el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para Perú, Guatemala y 
El Salvador, mostró que si El 
Salvador desarrolla el proceso 
de inclusión financiera de 
manera íntegra, fácilmente 
puede agregar dos puntos 
porcentuales al crecimiento 
económico. Debido a que si 
se cumple el organigrama 
previsto, las personas tendrán 
a su disposición un abanico 
de herramientas y a nivel 
macroeconómico serán capaces 
de intervenir directamente en 
incrementar la productividad 
de la economía, por medio de la 
inversión en las Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (MIPYMES) y 
así demandar más servicios de la 
banca que aporten al desarrollo 
local, teniendo en cuenta que uno 
de los factores determinantes 
del bajo crecimiento del país es 
la poca inversión (FMI, 2016).
Entonces, de cumplir el objetivo 
de la ley, la economía del país 
tiene posibilidades de crecer 
de manera sostenible hasta 
un 4% anual, si más personas 
logran acceder a estos servicios. 
Además, se debe considerar 
que el fortalecimiento de los 
servicios financieros y el uso 
continuo por parte de los 
ciudadanos, posicionaría al país 
de una mejor manera en los 
indicadores del Banco Mundial 
en comparación a los de la 
región centroamericana. 
Por tanto, según lo establecido, 
las empresas que están presentes 
en el Sistema Financiero, deben 
seguir las normas y regulaciones 
que mantengan en control del 
marco legal, en el cual el flujo 
de las finanzas se desarrolle 
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Banco Central de Reserva de El Salvador
con facilidad y seguridad, al 
estar todo el dinero electrónico 
respaldado por el Instituto de 
Garantías de Depósito. De esta 
manera los usuarios se podrán 
sentir seguros de este moderno 
servicio y lo tomarán como una 
alternativa que ahorra tiempo y 
dinero al momento de realizar 
transaccioneselectrónicas.
C. Limitaciones 
Para hablar sobre cómo esta 
ley está configurada, se ha 
comparado con leyes dentro 
de la región latinoamericana 
y que comparten, además, el 
ámbito de la inclusión financiera. 
Resultado de dicho ejercicio, 
es la consideración de que la 
implementación de la ley en 
El Salvador, es un paso muy 
modesto dado por la legislación 
del país, por contar solo con el 
modelo bancario electrónico. Lo 
anterior se debe a las siguientes 
razones:
Primordialmente, a pesar de 
aprovechar las circunstancias 
donde, según cifras de la 
Superintendencia General de 
Electricidad y Telecomunicaciones 
(SIGET), existe un constante 
aumento del número de líneas 
de telefonía móvil activas, que 
supera en un 25% a la población 
total del país, la realidad es que 
la campaña de promoción, por 
parte del sector público, no ha 
sido capaz de llegar a la gran 
mayoría de la ciudadanía, y 
ellos, al no ser capacitados en 
los temas financieros, no tienen 
el conocimiento acerca de los 
servicios financieros que son 
ofrecidos por parte de la banca 
móvil. 
El programa existente de 
promoción es El programa de 
Educación Financiera, impulsado 
desde el 2008 por el BCR, la SSF 
y otras instituciones públicas, 
que tienen como propósito 
hacer llegar a la población, 
conocimientos sobre los 
servicios financieros ofrecidos 
en el mercado y el abanico de 
posibilidades que los pobladores 
tienen a su disposición para 
integrarse al sistema financiero. 
Sin embargo, aún en la sociedad, 
existe poca claridad del tema 
y consecuente a ello, se crean 
temores frente a estas nuevas 
alternativas móviles, incluido, 
el servicio de transferencia de 
dinero electrónico.
Un aspecto a tomar en cuenta 
como precaución, es el planteado 
por el FMI (2016) donde por 
medio de políticas fiscales 
para hacer crecer la economía, 
propone reducir el impuesto 
sobre la Ley de Contribución 
Especial para la Seguridad 
Ciudadana y Convivencia, ya que 
el organismo internacional le da 
poca importancia al valor que le 
genera a la población tributar en 
las transacciones electrónicas, 
debido a los resultados de 
rendimiento relativamente bajo, 
que dificultan de manera directa 
la inclusión financiera, y además, 
porque las personas sienten 
una carga fiscal considerable 
por los medios electrónicos, y 
optan por viejas alternativas de 
transacciones monetarias.
D. Una mirada al futuro
A pesar de lo anterior, la ley ha 
sido considerada dentro del 
seno de cuatro pilares básicos 
según el Programa Nacional de 
Inclusión Financiera (Cabrera, 
2015): el primer pilar contempla 
una gama de productos como 
transferencias electrónicas, 
remesas, ahorro, crédito, 
seguros, pensiones y otros; el 
segundo aborda un conjunto de 
iniciativas transversales tales 
como el programa de educación 
financiera que desarrolla el BCR 
y la SSF; el tercero persigue los 
aspectos regulatorios de apoyo 
a la Ley, y finalmente el último 
pilar acuerda la creación de la 
Comisión Nacional de Inclusión 
Financiera.
En referencia a lo anterior, en El 
Salvador se ha implementado 
una parte del primer pilar, no 
su totalidad, ya que un servicio 
indispensable y relevante para 
la población como los créditos 
productivos, no han logrado ser 
facilitados de manera que la 
población disponga de ellos. 
Ante la situación planteada, 
la legislación deberá estudiar 
la implementación de una 
extensión a la ley que abarque 
el tema de los microcréditos, 
aprovechando la situación de 
actual liquidez que mantienen los 
bancos en el país y el bajo nivel 
de morosidad de los clientes 
según la Asociación Bancaria 
Salvadoreña que no contrastan 
con la afirmación del FMI sobre 
perspectivas económicas en 
América, donde establece 
BOLETÍN ECONÓMICO 
2016
Banco Central de Reserva de El Salvador
que los sistemas financieros 
regionales se encuentran 
sólidos, porque los préstamos 
crecen de manera prudente y 
la liquidez se mantiene. De esta 
manera, al ofrecer préstamos 
productivos se logrará fortalecer 
la economía, y subsiguiente a 
ello, se empiece a demandar 
mano de obra, reduciendo la tasa 
de desempleo y del subempleo. 
Un ejemplo significativo 
de crecimiento e inclusión 
financiera por medio de los 
microcréditos se dio en un 
municipio de Colombia, donde se 
crearon instituciones financieras 
como la Fundación Mundo Joven 
de Popayán, que aportaba a 
la comunidad créditos para 
emprender, asistencia técnica 
y otros servicios destinados a 
mujeres y campesinos pobres. 
Entre los resultados de ese 
programa colombiano se 
destacan el aporte que dio al 
crecimiento de la economía 
local, así como poder brindar 
servicios para la mayoría, que 
les permitiese crecer y vivir 
productivamente (Muñoz, 2015).
En El Salvador, tomando como 
ejemplo el de Popayán, se podría 
estructurar una ley que aporte 
el beneficio de los créditos 
productivos y que gradualmente 
se incluyan más servicios 
que respondan a la realidad 
económica que vive el país.
Finalmente, esta ley supone 
un gran paso dado para un 
proceso que implica la sinergia 
entre distintas instituciones 
que trabajan con el fin de seguir 
desarrollando herramientas que 
sean útiles para alcanzar los 
pilares claves en el programa 
de inclusión financiera. La 
herramienta concebida en la 
ley aprobada en 2015, responde 
de forma concreta a movilizar 
la economía nacional y hasta el 
momento, el servicio ofrecido se 
muestra como una alternativa 
muy atractiva, por facilitar el 
uso y darle mayor seguridad a 
las transferencias electrónicas, 
además de contar otros 
beneficios antes mencionados, 
como la disminución de la brecha 
financiera y el fortalecimiento 
de una economía con bajo 
crecimiento económico. 
III. CONCLUSIONES
De los anteriores planteamientos 
sobre Inclusión Financiera se 
concluye que:
En El Salvador se ha dado un paso 
tímido pero muy importante en 
el tema de inclusión financiera 
con la implementación de 
la ley, por las expectativas 
en crecimiento económico y 
en la reducción de la brecha 
financiera que representa, aun 
así, existe un camino a seguir en 
el cual las políticas económicas 
subsecuentes estarán dentro 
del marco inclusivo que se ha 
ido trabajando desde finales de 
la década pasada.
La Ley de Inclusión Financiera 
implica abrir nuevos campos de 
trabajo en el mercado tecnológico 
en El Salvador, potenciando la 
competitividad entre empresas 
para ofrecer un mejor producto 
a la población. A la vez que 
comprende la necesidad de 
profesionalizar trabajadores en 
puestos laborales, para poder 
manejar el sistema de flujo de 
dinero electrónico. 
Uno de los beneficios más 
notables de la implementación 
de la ley en mención, es la 
de modernizar el sistema de 
transacciones electrónicas 
bancarias, que siguiendo 
el ejemplo de países de 
Latinoamérica, tiene como 
pilares la eficacia, facilidad y 
seguridad de uso, ya que sin 
ellos, pierde el interés como 
alternativas por parte de la 
población a quien va dirigido, 
como es el caso de las MIPYMES 
y personas con bajos ingresos.
A pesar de ser una herramienta 
que promueve la agilidad en las 
transacciones, esta ley se ve 
enfrentada ante una situación 
en particular, donde, una parte 
considerable de la población 
no cuenta con el conocimiento 
necesario para utilizar la banca 
móvil para movilizar su economía 
familiar.
Hechas las consideraciones 
anteriores, un factor elemental 
que determinará el futuro de 
la inclusión es la capacitación 
promovida por instituciones 
públicas y privadas sobre 
temas financieros en el marco 
del Programa de Educación 
Financiera de El Salvador, que 
tiene como objetivo llegar 
hacia personas con limitados 
conocimiento acerca de los 
servicios financieros. Esto 
permitirá que a la población se le 
ofrezca asistencia técnica sobre 
las alternativas que se ofrecen, 
incluidas las transacciones de 
dinero electrónico por medio de 
la banca móvil. 
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Banco Central de Reserva de El Salvador
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