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Multiculturalismo Colombiano

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RED ÉTNICA
PENSANDO EL MULTICULTURALISMO COLOMBIANO
Agosto 29, 2019
Carlos Duarte
Antro_estado_colombiano_1.png
¿Cómo analizar el modelo de multiculturalismo colombiano focalizando la atención
en sus políticas especi�cas como en sus relatos constitutivos? ¿Es posible hablar
de una antropología del Estado colombiano?
Este libro busca comprender como las políticas de reconocimiento a las poblaciones
indígenas más allá de su realidad discursiva se tornan operacionales bajo el proceso
de descentralización administrativa, económica y política que experimento
Colombia  desde mediados de la década de 1980 y que se profundizaron con la
implementación de un estado de orientación multicultural a partir de la Constitución
de 1991.
Este trabajo describe un cambio signi�cativo en las políticas indigenistas utilizadas
por el Estado colombiano a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la realización efectiva
de este proceso tuvo lugar en el marco de un contexto de transformaciones y
orientaciones agrupadas bajo la egida del neoliberalismo latinoamericano. Dicho
marcador causaría que se instalara una disyunción estructural entre el conjunto de
derechos étnicos reconocidos y los intereses económicos que la apertura neoliberal
buscaría preservar a toda costa.
A pesar de la anterior hipótesis, vale la pena tomar distancia de una relación unilineal
entre el Estado, las organizaciones indígenas y los entornos ideológicos
internacionales. La anterior relación es muy compleja y paradójica. Sino ¿cómo
entender esta situación en la que las comunidades indígenas y afrodescendientes
han obtenido de las mismas estructuras de poder –que históricamente han avalado
su desaparición– un estatus político? Estatus conseguido no solo por la toma de
conciencia de los espacios que concentran el poder, sino en la lucha y el con�icto
permanente.
¿Acaso podemos interpretar esta situación, como el resultado del esfuerzo de las
innumerables generaciones de indígenas y afrodescendientes que se han
organizado y han resistido? O  por el contrario, ¿podemos interpretar esto como la
estrategia a través de la cual estas comunidades son integradas �nalmente al orden
estatal por medio de un conjunto de procedimientos que son necesarios para la
realización de sus propios derechos?
En este sentido, uno de los aspectos más relevantes de nuestro modelo
multicultural y que quizás, mejor revela su pretensión neo-indigenista, es la
necesidad de construir en medio de la diversidad étnica y cultural, a un interlocutor
homogenizado y debidamente territorializado.
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Para realizar este objetivo, el Estado multicultural, se ha visto en la obligación de
implementar diversos mecanismos para reconocer una etnicidad institucionalizada.
Entre este conjunto de dispositivos podemos mencionar: las o�cinas de enlace e
interlocución a la diversidad étnica en las gobernaciones y alcaldías municipales,
organismos de reconocimiento a la diversidad como la O�cina de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior, entes de plani�cación como la o�cina de asuntos étnicos
de la Dirección Nacional de Plani�cación, los sistemas de información o�cial como el
DANE y el IGAC, e instituciones de reconocimiento a las territorialidades étnicas
como la Agencia Nacional de Tierras - ANT (antiguo INCODER�.
A este arsenal de instituciones multiculturales diseñadas desde el Estado
colombiano,  se suma el papel de las religiones protestantes y de numerosas ONGs,
que han sido vitales en la construcción de puentes transculturales a través de los
cuales es posible tratar de manera uniforme el amplio espectro de la diversidad
étnica colombiana.
Algunas de las situaciones más relevantes en esta dirección han sido: i) una
concepción homogenizada del territorio y de la autoridad étnica (el Cabildo y el
Resguardo indígena; así como los Consejos Comunitarios y las titulaciones
colectivas afrodescendientes); ii) la necesidad de una juridicidad propia; iii) la
insistencia en la creación de centros especializados de educación; iv) la necesidad
de adaptar la medicina tradicional a los parámetros del mercado; y v) la exigencia de
inventarse o de adaptar al lenguaje estatal de plani�cación al desarrollo entre las
formas organizativas indígenas y afrodescendientes por medio de la invención de
los llamados Planes de Vida. Es decir, si el Resguardo fue la tecnología de
administración de indios bajo los periodos coloniales y republicanos, los Planes de
Vida constituyen su equivalente neo-indigenista.
Los anteriores elementos, como se podrá revisar a lo largo del libro en cuestión,
constituyen un conjunto de procesos que se agruparon bajo el concepto de
“Multiculturalismo Operativo”. En este contexto vale la pena recordar que como
demuestran Agudelo y Recondo que “[…] las políticas de desarrollo y
descentralización son antecedentes importantes en la implementación de las
políticas multiculturales” �2007:64�.
A pesar de la sorprendente conjunción entre las demandas de autonomía de parte
de las comunidades indígenas, el proceso de descentralización estatal y las
dinámicas más amplias del neoliberalismo globalizado, conviene remarcar que la
de�nición de la “participación especial étnica” en los recursos de la nación, es un
caso único en el contexto latinoamericano. Esta situación ha permitido a los pueblos
indígenas que habitan en Colombia, contar con una base económica que hace
factible un nivel básico de planeación y de decisión administrativa, así como contar
con una experiencia concreta en el campo de la gobernabilidad económica.
La excepcionalidad de este derecho, así como los retos que esta ha implicado para
los pueblos, organizaciones y autoridades indígenas, justi�can su importancia al
interior de la persente investigación. En esta medida, uno de los ejes articuladores
de este trabajo fué: ¿Cómo se establece y se ejecuta esta participación
presupuestal, de los recursos de decentralización, dentro de un proceso de
movilización y de organización que inicia con la exigencia de reconocimiento y con la
defensa de sus derechos como pueblos originarios, para dirigirse hacia la lucha por
la autonomía?
Para responder esta pregunta ha sido necesario explorar no solo el marco operativo
estatal de la descentralización local y el Sistema General de Participaciones para
comunidades indígenas colombianas, sino que fué necesario conocer uno de los
tantos puntos de vista indígenas con referencia a este proceso. Este último objetivo
se realizo por medio de un estudio de caso al pueblo indígena Misak-Guambiano. El
cual resulto crucial a la hora de entender cómo se sustentan ideológicamente los
procesos de autonomía política y gobernanza económica, en su articulación con los
procesos de asignación y ejecución de los recursos de transferencias.
Bajo el anterior panorama, la hipótesis central de este trabajo apunta a evidenciar el
signi�cado pragmático del pacto multicultural, resaltando la particular conjunción
tanto de la sociedad civil para participar en las estructuras de toma de decisión
local, así como el interés de parte del Estado para integrar de�nitivamente los
territorios de las comunidades étnicas por la vía de su participación en la estructuradel Estado. Sin embargo, del mismo modo, dicho interés debe recoger y gestionar
jurídicamente las aspiraciones por parte de las comunidades étnicas de ser
reconocidas en tanto sujetos de derechos, así como la posibilidad de administrar y
plani�car autónomamente el manejo de sus territorios étnicos.
Con el tiempo, estas dos tendencias rea�rman la existencia de una contradicción
tangible: a pesar de que una gran parte de los actores de la etnicidad y del desarrollo
coinciden en la necesidad de reforzar el poder local como herramienta de
autogestión y como solución para alivianar las funciones estatales. Al mismo
tiempo, los proyectos macroeconómicos del Estado y de la economía rural de
mercado, impulsan contextos económicos totalmente desfavorables para los
procesos de autonomía local.
*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos re�ejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla
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Es así, como este trabajo busca aportar a la comprensión del sistema multicultural
colombiano por medio de cuatro elementos fundamentales que corresponden con
las partes en que se encuentra estructurado:
En una primera parte del trabajo, se analizó el proceso histórico de relacionamiento
entre la nación colombiana y los pueblos indígenas en torno al agenciamiento de la
diferencia cultural.
Sin embargo, antes de comenzar el recorrido mencionado, fue necesario plantear
una posición con referencia a los conceptos de nación y etnicidad. A este respecto
la línea interpretativa propuesta por Lee Drummond de observar la etnicidad como
estructura social en reserva me pareció la más adecuada para comprender una
relación dinámica, que no cayera en el esencialismo ancestral, pero tampoco en el
calculo de la elección racional. Es decir, analizar los fenómenos de etnicidad signi�ca
comprender que dichos fenómenos se exteriorizan por medio de estrategias
políticas, donde la capacidad de los sujetos étnicos logran darle sentido a un
número variable de signi�caciones, experiencias o prácticas que por su carácter
podrían aparecer como contradictorios o en el mejor de los casos paradójicos.
Igualmente relevante de esta primera parte, fue apreciar que las relaciones políticas
mediadas por la diferencia étnica o cultural no se instalaron desde un principio del
contacto intercultural, y que dicho relacionamiento debió aguardar todo un proceso
de construcción del otro como un sujeto diferente en el ámbito cultural, pero al
mismo tiempo equivalente en el plano político. De este modo, un requisito necesario
para el establecimiento de una relación política entre dos grupos humanos es el
reconocimiento a la humanidad del otro, elemento que como se mostro en los casos
de las explotaciones caucheras a comienzos del siglo XX, o en las cacerías de indios
documentadas en los llanos orientales hasta la mitad del mismo siglo no se
cumplían, razón por la cual dichos contactos fueron caracterizados como relaciones
de protoétnicidad.
De este modo, la primera parte del trabajo que se tituló: “Subjetividad, Historia y
Etnicidad", recurrió principalmente a fuentes documentales y de archivo para
proponer la realización de una etno-historia visual de la etnicidad multicultural en
Colombia. Esta primera parte se sustento en el poder evocador de las imágenes que
Chris Marker señalaría en trabajos como “Sans Soleil” �1983� y “Le souvenir d'un
avenir” �2001�. Se plantea entonces que las imágenes analizadas sustituyen en la
memoria nacional, los contextos históricos que las produjeron. Con el tiempo, y de
manera desigual dichas imágenes se despliegan en metáforas que pre�guran el
camino para la incorporación simbólica de los indígenas al interior de una nueva y
poderosa matriz nacional: el estado multicultural. 
Para la segunda parte, el análisis de la descentralización y el multiculturalismo
operativo colombiano, se planteo la implementación de una Antropología del Estado.
Más allá del ejercicio analítico sobre la gestión y distribución del poder en la
sociedad, tema su�cientemente cubierto por las ciencias políticas, el análisis
antropológico de las lógicas estatales, lo que se buscó fué revelar una de sus
principales funciones: la producción de sujetos colectivos bajo una estructura
geográ�ca y burocrática particular.
Bajo esta línea argumentativa, cada vez se hace más necesario desentrañar los
relacionamientos entre las subjetividades y los dispositivos institucionales dirigidos
a producir las nacionalidades en un contexto histórico determinado. En este sentido,
se planteó como una herramienta antropologica para analizar al Estado: un método
etnográ�co dirigido a entender los cuerpos sociales (ciudadanías individuales o
colectivas), producidos en su relacionamiento con la política pública. De este modo,
la propuesta desarrollada busco comprender las narrativas en torno al estado, la voz
y las formas de ver del estado, así como los efectos de las políticas estatales.
Bajo el anterior contexto metodológico, esta segunda parte del análisis se focalizó
en la comprensión del fenómeno de descentralización, entendido como el proceso
más relevante en cuanto a la preparación operativa del Estado multicultural
colombiano. Para realizar dicho ejercicio se planteo realizar un análisis de las
prácticas y discursos que con�guran las políticas de intervención estatal en los
ordenes políticos, jurídicos y administrativos de los pueblos indígenas.
Es así, como a lo largo de esta segunda parte del trabajo el lector podrá observar las
transformaciones jurídicas que han experimentado los sistemas de
descentralización gubernamental colombiano. Aunque el recorrido legislativo, la
mayoría de las veces resulta un poco árido, en este caso es fundamental para
observar los cambios que el sistema ha tenido; así como para comprender la
complejidad de relaciones que se tejen al interior del Estado y en su relacionamiento
con las comunidades indígenas. Este recorrido no deja de ser revelador, sobre todo
si se �ja la mirada en la sorprendente conjunción entre los intereses de
adelgazamiento estatal y apertura de la iniciativa privada por parte de las reformas
neoliberales propias de los años ochenta, junto a las aspiraciones de participación
de los movimientos sociales. Dicha coyuntura se concretaría en la refundación
simbólica del Estado colombiano con la Constitución de 1991.
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Para el caso de la gobernanza indígena, los principales efectos operativos del pacto
multicultural se desarrollan a través de dos ejes principales: el territorial y el
administrativo. Con respecto al ámbito territorial el efecto más preponderante será
la clara escisión del reconocimiento estatal frente a la diferencia étnica: de una
parte el estado otorga el reconocimiento político por medio de los Cabildos y, de otra
parte, otorga el reconocimiento territorial a través de los Resguardos.
Ahora con referencia a los efectos administrativos en los procesos de autonomía y
gobernanza indígena, se observa una clara regresión desde lo acordado en la
Constitución de 1991 hasta la Ley 715. Como se analizo en el Capítulo 5 en los
artículos 356 y 357 la autonomía de gobierno local indígena con respecto a los
recursos transferidos era muy amplia. Pero luego en su implementación fáctica por
medio de las leyes 60 y 715, es posible apreciar sus límites operativos.Límites que
han tenido que ver con el mismo desarrollo legislativo de la Constitución de 1991,
que para este caso ha experimentado como bloqueo más signi�cativo, la desidia
estatal con referencia a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas –
ETIS.
La tercera parte de esta investigación presenta los resultados de un ejercicio de
carácter etnográ�co al sistema general de participaciones para el pueblo indígena
Misak. Lo anterior se realizó por medio de un estudio de caso del Resguardo Mayor
de Guambia en Cauca, buscando dar cuenta de cómo se negocian los efectos del
Sistema General de Participaciones a escala local. De este modo, se trato de
entender como la salud, la educación y la producción en el resguardo de Guambia,
se han transformado bajo el contexto determinado por los derechos diferenciales.
Como se pudo apreciar, el balance de cada sector se caracteriza por ambigüedades
ideológicas de parte de las entidades organizativas indígenas frente a la toma
decisiones municipales, y determinaciones que por su carácter estructural, se
instalan en el orden de lo nacional.
Sin embargo, una  pregunta obligada luego de este análisis sectorial es: ¿acaso
existe un tema o un sector que permita articular los diversos efectos de las políticas
multiculturales? Este es el punto de llegada a esta tercera parte. La apuesta de este
apartado buscó demostrar como para el caso Misak la correlación entre
“gobernabilidad” y la necesidad de tierras, pueden entenderse como el cruce que
políticamente articula los diferentes debates expuestos en cada uno de los
sectores anteriormente mencionados.
Sin embargo, el pequeño ejercicio de sondeo a las opiniones comunitarias en torno a
la gobernabilidad indígena permitió mostrar que desde la perspectiva indígena, y en
particular para el caso del pueblo Misak, la gobernabilidad puede verse re�ejada a
través de su relación permanente con el Estado. Así mismo puede observarse
re�ejada, en la preocupación constante del Cabildo por mantener un liderazgo
intracomunitario. El ejercicio en cuestión permitió hacer evidente que aunque a nivel
discursivo, la gobernabilidad Misak parece reivindicar ejercicios claramente
“autonómicos”. En la práctica, las comunidades indígenas viven su gobernabilidad
como una relación -que sin ser subordinada- debe más bien contribuir a la
consecución de objetivos políticos y en la resolución de sus problemas territoriales.
Vale la pena remarcar que este estudio de caso hubiera sido imposible sin el permiso
de las autoridades mayores del pueblo Misak. A los Tatas y Mamas, así como al
conjunto del pueblo Misak que me acogió y colaboró a lo largo de este trabajo,
les debo todo mi agradecimiento y reconocimiento por su constante ejercicio de
autore�exión y autocritica.
Es importante decir que la aproximación etnográ�ca desarrollada tuvo lugar entre el
2010 y el 2013. Dicho ejercicio se sustento en la observación participante y en la
realización de diarios de campo audiovisuales. Bajo el anterior contexto, este trabajo
fue presentado a las autoridades mayores del pueblo Misak en tres momentos
diferentes: 2009 cuando fue aprobada su realización; posteriormente en 2014
cuando se socializaron los principales avances de terreno; y �nalmente en 2015
cuando se presentaron los resultados �nales del trabajo implementado.
Las conclusiones de la presente tesis culminaron con la caracterización de los
principales desafíos del multiculturalismo neoliberal colombiano, y con una
preocupación por una propuesta analítica capaz de pensar sus múltiples efectos y
causalidades. 
Una de las conclusiones más importantes que se desprende del trabajo realizado
tiene que ver con la conveniencia analítica de distinguir entre el Multiculturalismo
como concepto teórico y su materialización operativa por medio de las diferentes
políticas públicas que interpretan su espíritu en el ámbito gubernamental.
A pesar de existir nociones generales referidas al fenómeno multicultural; el
multiculturalismo como tecnología de gobierno no se implementa de igual modo
dada la heterogeneidad de contextos nacionales en los que se ha venido
desarrollando (Bellier & Martín 2011�. Por la anterior razón, el análisis de la
materialización operativa del reconocimiento multicultural es necesariamente un
ejercicio que debe realizarse sobre un territorio en particular, y a través de los
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efectos que las políticas multiculturales han producido en las dimensiones
simbólicas, políticas, sociales y económicas de la estructura social analizada.
(Bellier 2011�.
Otra conclusión de importancia esta relacionada con la caracterización de las
políticas neo-indigenistas que se desprenden del multiculturalismo operativo
colombiano. En este sentido vale la pena señalar que el Estado multicultural en su
expresión neoliberal propende por la renovación de los dispositivos indigenistas
dirigidos a integrar las poblaciones étnicamente diferenciadas, pero lo hace
alejándose de los dispositivos de homogenización cultural propios del modelo
fundado en el mestizaje.
El multiculturalismo colombiano ha encontrado la forma de instalarse en el ámbito
operativo de las organizaciones étnicas y en la cotidianidad de las comunidades por
medio de su asimilación burocrática. Este proceso se sustenta en un conjunto de
políticas neo-indigenistas que, con el tiempo, han venido estructurando una nueva
gubernamentalidad que ha demostrado su e�ciencia en la administración de las
poblaciones étnicamente constituidas. De esta manera, como se concluyó en la
Parte III, la insistencia de la movilización como factor constitutivo de la autonomía
indígena colombiana en el sur occidente colombiano, parece encontrar su límite -y
también su correlato- en un cambio de paradigma, que para el caso misak se
evidenció en aquellos años en un tránsito de la movilización social por la
recuperación del territorio, a la gestión de recursos para la compra de tierra.
Luego de este largo recorrido, es posible a�rmar que la producción del deseo en el
multiculturalismo neoliberal se construye bajo dos pulsiones contrapuestas: la
autonomía y el reconocimiento.
Paran el caso colombiano, la gubernamentalidad neoliberal se expresa en la
producción de sujetos y organizaciones que viven el deseo multicultural a través de
múltiples paradojas: liderar a las comunidades y al mismo tiempo convertirse en
funcionario del Estado, educarse bajo conocimientos universalistas a la par que se
buscan mantener los conocimientos consuetudinarios de la comunidad,
comprender las dinámicas de plani�cación neoliberal sustentada en los proyectos y,
a su vez, sentir la necesidad de ajustar dichos elementos dentro de nociones
espacio-temporales propias, alegar una ancestralidad territorial al tiempo que se
justi�ca una expansión y migración hacia lugares foráneos, representar una
autonomía territorial propia en un contexto donde ésta colisiona con intereses de
actores ilegales o agentes sociales con gran capacidad de agenciamiento
económico y político; continuar siendo indígena y convivir con los diferentes roles
que la sociedad nacional le propone; profundizar la diferencia ideológica frente a
otros actores étnicos y rurales (campesinos y afrodescendientes), al tiempo que
dicha diferencia es homogenizada bajo el concepto de “lo indígena”.
Podemos entonces plantear que la evaluación de las políticas multiculturales, más
allá de los tradicionales análisis discursivos, debe contar con el anclaje que
representa la implementación pragmática de los derechos en políticas públicas
concretas. Es allí, en el planooperativo de los acuerdos sociales traducidos en leyes,
donde se revelan mejor los encuentros y las contradicciones que diferentes visiones
en torno a lo publico se están generando. A partir del seguimiento de este caso el
lector podrá descubrir cómo para el contexto colombiano, son evidentes los (des)-
encuentros entre las dinámicas de descentralización administrativa promovidas por
el Estado y los procesos de autonomía defendidos por las organizaciones indígenas.
Retos a venir en el análisis del multiculturalismo colombiano
Entre el balance enorme de cosas que parecen relevantes a seguir profundizando en
los estudios al sistema multicultural colombiano mencionare las siguientes
problemáticas:
La emergencia de disputas y confrontaciones inter-étnicas e inter-culturales entre
comunidades rurales.
Luego de 20 años de implementación del modelo multicultural, han comenzado a
emerger numerosos con�ictos por la tierra y por la igualdad de derechos entre los
diferentes actores rurales que conviven en la nación colombiana. Paradójicamente,
la implementación de un modelo que reconoce la diferencia negada por la tradicional
matriz mestiza del estado colombiano ha producido la proliferación de tensiones
latentes y mani�estas entre comunidades mestizas, indígenas y afrodescendientes.
Estos con�ictos son la expresión de toda una constelación de efectos inesperados
de la refundación jurídico-política de la nación colombiana. Los aspectos más
signi�cativos de los con�ictos entre comunidades campesinas, afrodescendientes
e indígenas, están atravesados por el encuentro entre visiones y racionalidades
particulares de lo público, que en términos concretos, se expresan en torno a las
siguientes problemáticas: concepciones de la tierra y la ruralidad divergentes, la
expansión de los resguardos indígenas, el dominio sobre las áreas públicas de
preservación ambiental como son los Parques Naturales y las Zonas de Reserva
Forestal, los Proyectos de educación propia que se expresan en proyectos de
etnoeducación y programas propios de administración de Instituciones Educativas y
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la prestación de los servicios de Salud. En síntesis, las tensiones interétnicas e
interculturales están siendo agudizadas por los mecanismos operativos de atención
diferencial del multiculturalismo colombiano, que en la práctica signi�can la
fragmentación de las poblaciones rurales bajo criterios étnicos.
Como es posible observar, los con�ictos territoriales entre comunidades rurales se
han venido profundizando con especial virulencia en el departamento del Cauca.
Donde la exclusión del campesinado mestizo con referencia al acceso de los
derechos diferenciales en la ruralidad colombiana, le ha llevado a preguntarse por su
propio reconocimiento de derechos especiales, y a que sus organizaciones sociales
experimenten fuertes procesos de etnogénesis, sin querer ser poblaciones étnicas.
La profundización de las políticas multiculturales en un contexto de posible
postcon�icto.
Frente a la mora que el poder legislativo tiene con los pueblos indígenas, al no haber
reglamentado el artículo 329 de la C.P., que consagra la conformación de las
Entidades Territoriales Indígenas, el gobierno nacional expidió dos decretos a �nales
del 2014 con el �n de dar el primer paso para el cumplimiento de esta orden
constitucional. Este modo de proceder estatal que a primera vista parece extender
los derechos especí�cos para las comunidades indígenas, al mismo tiempo signi�ca
el fortalecimiento de los procedimientos burocráticos de integración neo-
indigenista; al tiempo que fortalece las posiciones esencialistas dentro de las
organizaciones sociales, quienes claramente aspiran a construir territorialidades
cerradas. Como veremos a continuación, la ampliación del multiculturalismo
colombiano adolece de una perspectiva de convivencia intercultural.
Uno de estos Decretos el 1953 del 7 de octubre de 2014, se fundamenta en el
Artículo 56 transitorio de la Constitución Política, el cual faculta al gobierno para
dictar las normas �scales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los
territorios indígenas. El decreto de�ne como territorios indígenas: los Resguardos
constituidos, los que se encuentren en proceso de clari�cación y los terrenos  que
se encuentren en posesión exclusiva, tradicional, ininterrumpida y pací�ca. La
anterior de�nición da viabilidad a que la mera expectativa de titulación pueda ser
tenida en cuenta como un territorio indígena. Surge de allí un primer interrogante,
dado que si bien se tiene en cuenta que en estos territorios puede existir población
no indígena, no precisa claramente qué pasará con ellos. Si bien el decreto
establece como �n principal otorgar funciones administrativas a los pueblos
indígenas, más no discutir la propiedad de estos territorios, podría decirse que es
una modi�cación a las normas existentes sobre la administración de recursos. Sin
embargo, los temas que el decreto contempla no se pueden desligar de su �n
fundamental que no es otro que preparar la conformación posterior de las Entidades
Territoriales Indígenas. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con este decreto la
administración de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones
podría realizarse de ahora en adelante bajo la dirección de los Cabildos sin tener que
pasar por las alcaldías municipales. De igual modo los territorios indígenas, que no
sean resguardos constituidos por la Agencia Nacional de Tierras - ANT, también
serian bene�ciarios de la asignación y administración de recursos del Sistema
General de Participación no comprendiéndose cuales serían los procedimientos para
que esto se lleve a cabo.
Por su parte el 2333 de 19 de noviembre de 2014, está relacionado con la protección
de las tierras y los territorios ocupados o poseídos ancestral o tradicionalmente por
las comunidades, fundamentándose en las normas internacionales atientes a este
tema. Lo que se pretende es permitir que, sin violencia, las comunidades indígenas
puedan acceder a los lugares de culto y demás terrenos donde están asentados,
evitando que otros los reclamen con mejor derecho y poder ser los primeros en  una
eventual adjudicación. La titularidad deberá realizarse mediante un trámite
administrativo que establecerá otro decreto. Sin embargo surge una duda
importante al momento de pensar en la aplicación del decreto: ¿Qué pasaría en caso
que se hubiese adjudicado un baldío a terceros no indígena y al momento de la
clari�cación de la propiedad  se constate que el mismo hacia parte de un territorio
indígena?, ¿procederá igualmente la revocatoria directa del acto administrativo?
Esto merece un estudio adicional, dado que el mismo decreto promueve el respeto
por la propiedad de terceros, pero a su vez en el tema práctico puede presentarse
incongruencias en su aplicación.
Igual prevención despertó, en su momento, para las organizaciones indígenas las
negociaciones que se desarrollaron en la Habana entre la insurgencia de las FARC y
el gobierno colombiano. Dicha prevención surgió de la constitución del
famosobanco de tierras con cerca de un millón de hectáreas destinado a la
formalización de la propiedad campesina. En la actualidad, solo existen las Zonas de
Reserva Campesina en tanto �gura de ordenamiento rural campesino, y la
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesinas - ANZORC busca la
profundización de sus posibilidades de defensa territorial. Pero al mismo tiempo,
organizaciones tan poderosas como el Coordinador Nacional Agrario - CNA y la
ANUC exploran la creación de nuevas �guras de gobierno campesino que se
encuentre a la altura de protección de los resguardos indígenas (En el caso del CNA
son los TECAM). Sin embargo, para las organizaciones indígenas la formalización de
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la propiedad colectiva campesina, necesariamente tendera a traslaparse con sus
aspiraciones de extensión de los resguardos indígenas y en el reconocimiento de los
ya mencionados territorios ancestrales.
En este contexto, la incertidumbre se ha encendido entre los indígenas, campesinos
y afrodescendientes. Si bien los temas que desarrollarán estos acuerdos y decretos,
son temas que pareciera implicar solamente a los pueblos indígenas y a los
campesinos mestizos, es innegable que los mismos repercuten  en la sociedad y
directamente en las demás comunidades que habitan en la ruralidad colombiana,
siendo motivo de gran preocupación para ellas. Si bien ambas iniciativas son
ambiciosas y darían cumplimiento a normas constitucionales y de carácter
internacional, es necesario puntualizar que su contenido no puede ir en contravía de
los terceros que, de una u otra forma, se verán involucrados en el tema.
Los nuevos encerramientos extractivistas derivados del “Consenso de los
Commodities”
Hace ya más de una década se asiste a un proceso sostenido de reprimarización de
las economías latinoamericanas. El anterior escenario sugiere la instalación de un
nuevo consenso pos neoliberal, estructurado bajo la articulación de la mayor parte
de las economías regionales a la cambiante división del trabajo globalizado. De
acuerdo con Maristella Svampa �2012� a dicho acuerdo, sustentado en la
exportación de bienes primarios a gran escala y bajo términos de intercambio
desigual, se le ha conocido como la “In�exión Extractivista” o el “Consenso de los
Commodities”.
Bajo la lógica promovida por el Consenso de los Commodities los recursos
capturados por el Estado a través de las rentas extractivistas, son justi�cados por
los gobiernos a la izquierda y la derecha del espectro político, en la medida que le
permiten aumentar sus ingresos dirigidos a invertir en políticas sociales.  Sin
embargo, para el caso colombiano, la otra cara de la in�exión extractivista
desarticula las economías territoriales, amenaza gravemente la sostenibilidad
ambiental de los territorios, y se cierne peligrosamente sobre aquellos espacios que
por su naturaleza comunal no estaban formalizados desde el punto de vista de la
propiedad, o se encuentra habitados por comunidades étnicas o de campesinos
afectados históricamente por fenómenos de violencia reiterada. Ambas dinámicas,
tanto la necesidad estatal de generar rentas para mantener sus promesas de
inversión en lo social, como la destrucción progresiva de los recursos ambientales y
de las economías regionales comunitarias hacen parte de un mismo fenómeno que
Gudynas (Ibid.) caracteriza como un “extractivismo progresista”.
Bajo esta línea argumentativa los territorios del Choco, Nariño, Cauca, Putumayo,
Montes de María, y la Altillanura colombiana vienen siendo introducidos con fuerza
en los grandes sistemas productivos agrícolas y mineros del mercado global. Al
mismo tiempo que la anterior dinámica aparece atravesada por el aniquilamiento, el
despojo, y la expulsión de los grupos humanos rurales. La complicidad entre la
violencia y la instalación efectiva de nuevos enclosures, encuentra su correlato en el
acorralamiento geográ�co y cultural de las comunidades rurales que luchan por
permanecer sobre sus lugares de vivienda, así como por inventar sistemas de
producción que les permita su sostenimiento en medio de las seductoras lógicas del
capital.
Teniendo en cuenta el anterior panorama, si un análisis de los con�ictos
interétnicos permitió avizorar el calado de las transformaciones simbólicas y
espaciales introducidas a dos décadas de operativización de las políticas
multiculturales, es igualmente necesario plantear un ejercicio analítico que se
interese en comprender la instalación de nuevos enclosures productivos en un
contexto de mundialización extractivista, así como su impacto sobre las
comunidades rurales indígenas, afrodescendientes y campesinas.
TEMAS DESTACADOS
EDUCACIÓN • 1025 MOVIMIENTOS SOCIALES • 833 MEDIO AMBIENTE • 646
CONFLICTO ARMADO • 589 DESARROLLO RURAL • 512 ECONOMÍA • 430
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