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Facultad de Ciencias Médicas Carrera de Licenciatura en Enfermería. Año Lectivo 2021 DEONTOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA PROFESIONAL 2021 TRABAJO PRÁCTICO N° 3 ARTICULO N°1 LINK:https://www.infobae.com/socied ad/policiales/2022/07/17/condenaron- a-un-enfermero-que-drogo-y-abuso- de-una-paciente-en-la-fundacion- favaloro/ Condenaron a un enfermero que drogó y abusó de una paciente en la Fundación Favaloro La víctima tiene 24 años y estaba internada por una afección renal. En el fallo, el TOC N° 15 resolvió que el trabajador de la salud deberá cumplir dos años de prisión en suspenso, realizar un tratamiento psicológico y asistir a un curso de violencia de género con perspectiva terapéutica en lo sexual Publicado: 17 Jul, 2022 07:31 p.m.Actualizado: 31 Jul, 2022 07:56 p.m. AR Compartir ( F E u l n h d e a c c h i ó o n o F c u a v r r a i F l ó o e r e d o l e , 3 r u a 1 l b d ( i c F e a o a d t g o o / e f s u n t o n l d a d a e a c v i 2 o e 0 n 2 f i 0 a d v a e a n B l o u e r l n o g o . r o a d r n g e o / l ) o 1 s 7 2 a 3 n ee x n o C s d a p e i l t al ) Un enfermero de la Fundación Favaloro fue condenado a dos años de prisión en suspenso por drogar y abusar sexualmente de una paciente en agosto de 2020. También deberá realizar tratamiento psicológico y asistir a un curso de violencia de género con perspectiva terapéutica en lo sexual. “La sentencia es tan baja porque la denuncia original quedó como un abuso sexual simple, cuando es un abuso sexual agravado, y falta imputar a un segundo sospechoso”, informó la abogada de la víctima Raquel Hermida. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y correccional N° 15 de la Capital Federal, presidido por la jueza de cámara Virginia Sansone y el secretario Ad Hoc Gonzalo Daniel Pesqueira, y recayó sobre Julio César Cruz Hinostroza, de 36 años, nacido en Perú y sin antecedentes penales, quien reconoció su culpabilidad durante un juicio abreviado. En el fallo de 21 páginas, que fue difundido por Hermida, el TOC ordenó que se investigue si otro enfermero de la Institución participó del abuso o fue cómplice, como denunció la víctima. Así, en el fallo, y a pedido de la abogada de la víctima, se pidió correr vista al fiscal general Ignacio Mahiques “para que se remitan las actuaciones al fuero de instrucción para que se continúe investigando la intervención y participación en el hecho de una segunda persona que actuó conjuntamente con el imputado”. Hasta el momento las evidencias, en su mayoría basadas en las imágenes de las cámaras de seguridad internas que aportó la clínica, solo muestran la participación de Cruz Hinostroza. “La condena por el abuso a una joven internada en la Fundación Favaloro quedó firme y hay una orden de investigación para el segundo autor del abuso. ¿Cómo cuidamos a nuestras hijas e hijos cuando están internados? El Sanatorio Güemes ya va a juicio oral y está en investigación por varios abusos. El Sanatorio Franchín también va a juicio oral. Son innumerables las querellas incoadas contra establecimientos de la salud”, se quejó la abogada Hermida. El caso El hecho por el que condenaron al trabajador de la salud sucedió el lunes 31 de agosto de 2020, entre las 2.46 y 3.01, en uno de los anexos de la Fundación Favaloro, ubicado en avenida Belgrano 1723 en Capital Federal. En calidad de enfermero, Cruz Hinostroza ingresó a la habitación N°705 del séptimo piso, donde estaba internada la paciente y, “aprovechándose de su estado de somnolencia”, abusó sexualmente de ella. “(...) La condujo hasta el baño de la habitación, donde procedió a desvestirla y realizarle tocamientos de sus pechos y genitales -sin ser consentida dicha acción-, aprovechándose del estado de somnolencia en que la misma se encontraba, producto de la prescripción de medicamentos y sumado a la incorporación de ‘bendoziacepinas’ que el nombrado le suministró sin encontrarse recetadas, lo que agravó aún más su estado de vigilia (...)”. El enfermero le dio a la joven benzodiazepinas, un psicofármaco que no estaba recetado por los médicos y que tiene una acción "sedante" (Foto/fundacionfavaloro.org/) La joven de 24 años había sido intervenida en la Fundación el 25 de agosto de 2020: le practicaron una angioplastía renal y le colocaron un stent en la vena renal. Tres días más tarde, sin embargo, regresó al centro de salud con “fuertes dolores abdominales” y volvió a quedar internada. Fue durante ese período que Cruz Hinostroza abusó de ella. Según se comprobó en la investigación, el enfermero le dio a la joven benzodiazepinas, un psicofármaco que “no estaba recetado por los médicos”, y que “agravó aún más su estado de vigilia”, ya que tiene “una acción sedante, ansiolítica, miorrelajante, anticonvulsivante, hipnótica y amnésica”. Las imágenes de las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas. Entre los días 30 y 31 de agosto de 2020, Cruz Hinostroza ingresó a la habitación de la víctima una decena de veces. En una de las entradas, justamente la que coincide en hora y fecha con el hecho y que duró más de 15 minutos, se observa al enfermero ingresar con lo que podría llegar a ser un conjunto de sábanas blancas. “(...) Con la excusa de que debía cambiar las sábanas de su cama y su pijama, porque se encontraban mojados, tomó a la paciente de los brazos, la condujo al baño de dicha habitación, la colocó sobre el inodoro y le quitó la parte superior e inferior del pijama que tenía colocado, efectuando tocamientos sobre sus partes íntimas (...)”. A la mañana siguiente, la víctima se despertó en su cama, alrededor de las 8.30, “con mareos y la visión distorsionada”. En ese momento, según denunció más tarde, se dio cuenta de que llevaba puesta una bata de la institución y de que su pijama estaba colgado en el barral del baño. “La situación le permitió acordarse lo ocurrido, sintiendo además dolores en la zona vaginal”, apunta el fallo. También asegura que, de acuerdo al testimonio de la joven, fueron dos las personas que la llevaron hasta el baño y le quitaron la ropa. Por eso es que todavía se investiga si otro enfermero de la Institución participó del abuso o fue cómplice, como contó la abogada de la víctima dEquanreBaerslautaszib.laQepluoaenrdedósatdreesatieslntuaizduvonioalnóeastuensiastma uvjieorlóema buanraazmaudjaerqueme ebsatraabzaadpaor Luego de que la Dirección Médica y la Auditoría Médica de la Fundación Favaloro tomaran conocimiento de lo ocurrido, se realizó un denuncia policial y se aplicó el protocolo para víctimas de delitos contra integridad sexual. Desde la Institución, en tanto, colaboraron con la investigación no solo a partir del suministro de las imágenes de las cámaras de seguridad internas, sino también aportando los legajos de los enfermeros bajo sospecha y las declaraciones testimoniales de dos médicas que trataron a la paciente. El TOC N° 15 estableció que, por el delito de “abuso sexual simple” agravado tanto por “el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad”, así como también por “la calidad de cuidador que desempeñó en aquel entonces”, Cruz Hinostroza deberá cumplir dos años de prisión en suspenso, realizar tratamiento psicológico y asistir a un curso de violencia de género con perspectiva terapéutica en lo sexual. No es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud en un centro de salud. En junio de 2021, una mujer denunció que fue violada en el Sanatorio Güemes mientras estaba bajo anestesia. Esa víctima también es representada legalmente por la abogada Raquel Hermida. La semana pasada, un anestesista fue detenido en Brasil, luego de haber abusado sexualmente de una mujer embarazada, mientras la sometían a una cesárea. El arresto se produjo luego de que las autoridades del Hospital de la Mujer vieran un video filmado por miembros del equipo médico que lo muestra bajándose la cremallera e introduciendo su miembro dentro de la boca de la paciente. ARTICULO N°2 LINK: https://www.minutouno.com/sociedad/mendoza/condenaron-un-enfermero- vender-800-certificados-pcr-ilegales-n5540004Mendoza: condenaron a un enfermero por vender 800 certificados PCR ilegales SOCIEDAD20 Septiembre 2022 En el 2020, Damián Matías Alvarado, quien trabajaba en el Hospital Lagomaggiore, vendía los documentos apócrifos con resultados negativos a $3000. La justicia mendocina condenó a un enfermero de 36 años a la pena de 3 años de prisión y seis años de inhibición para volver a ejercer su labor profesional, por haber vendido unos 800 certificados PCR ilegales durante la pandemia por Covid-19. Se trata de Damián Matías Alvarado, quien trabajaba en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza capital y fue encontrado culpable de vender unos 800 certificados PCR apócrifos, a un costo de $3.000 cada uno. La investigación se inició en el 2020 al analizar el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), donde se detectó que el hombre había cargado una gran cantidad de resultados negativos de coronavirus, pese a que no tenía la potestad para hacerlo Este martes, tras un juicio abreviado, Alvarado admitió la maniobra ilegal y consiguió la libertad condicional, ya que la jueza consideró que estaba detenido desde enero pasado y no tenía reincidencia. Ahora la Justicia debe resolver la situación de la enfermera Yamila Solange Herrera Olmos, de 28 años, pareja del sospechoso y está imputada por ser cómplice de la maniobra fraudulenta. Ambos se habían entregado a mediados de enero de 2020 y quedaron detenidos, aunque luego la mujer logró la libertad y Alvarado quedó con prisión domiciliaria. ARTICULO N°3 LINK: https://www.diariouno.com.ar/judiciales/condenaron-una-enfermera-que- coloco-mal-una-inyeccion-y-termino-causando-la-muerte-una-mujer-n1035054 Condenaron a una enfermera que colocó mal una inyección y terminó causando la muerte de una mujer Marina Corso (68) fue sentenciada a 3 años de prisión en suspenso y quedó en libertad. A mediados de 2016 Andrea Riera (45) terminó perdiendo la vida días después de recibir lo que debería haber sido una simple inyección para aliviar dolores. Imagen ilustrativa. A más de seis años de la muerte de Andrea Fabiana Riera (45), una enfermera fue condenada por aplicar una inyección de forma incorrecta y generar el desenlace fatal. Por el hecho de mala praxis, la mujer recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso y quedó en libertad. Resta resolver la causa civil que también tiene a un médico como demandado. El 11 de mayo de 2016, Andrea Riera debía recibir lo que sería una simple inyección para aliviar un dolor que tenía en uno de sus brazos tras sufrir un accidente vial dos días antes. Se lo había indicado un médico de un sanatorio privado. La mujer solicitó a una enfermera del inyectable y se reunieron en su casa ubicada en el barrio Corredor Urbano I, en Godoy Cruz. Marina Corso (68) preparó la jeringa con Diclofenac con B12, un medicamente antiinflamatorio y analgésico, y se lo aplicó a la paciente en uno de sus glúteos. Pero olvidó varios detalles higiénicos: no se colocó guantes en sus manos y tampoco desinfectó la zona con alcohol. Tres días después, Riera volvió al sanatorio ya que estaba descompuesta y tenía un fuerte dolor en la zona donde le aplicaron la vacuna. La pericia médica determinó que estaba padeciendo una fascitis necrosante, es decir, una infección producida por una bacteria. Según sostuvo el expediente penal, el médico de guardia le realizó un tratamiento analgésico para el dolor y le dio el alta. Cuatro horas después, la paciente volvió en grave estado de salud y quedó internada. Terminó muriendo el 19 de mayo. Largo camino judicial tras la mala praxis El fallecimiento de Andrea Riera abrió un expediente por homicidio culposo -de 1 a 5 años de cárcel- que derivó en la imputación de dos personas: Marina Corso y el médico de guardia de la clínica. Este últmo fue sobreseído por el beneficio de la duda el 10 de agosto del año pasado, según decidió la fiscal de Homicidios Claudia Ríos pese a la oposición de los abogados querellantes Gabriel Carrizo y Antonio Carrizo. Parecía que el caso de la mujer del inyectable iba a correr la misma suerte, pero una pericia que se realizó en la causa civil cambió todo. Una necropsia que realizaron médicos forenses determinó, palabras más palabras menos, que se trató de un caso de "mala praxis por omisión con negligencia e imprudencia". Ante este nuevo panorama, Marina Corso decidió admitir su autoría en un juicio abreviado que se concretó en las primeras horas de la tarde de este jueves y terminó condenada a 3 años de prisión en suspenso. Resta resolver la demanda civil que entabló los familiares de la víctima fatal contra ambos profesionales de la Salud. Fuentes judiciales detallaron que ese proceso se encuentra en etapa de alegatos y esperan una sentencia en las próximas semanas. image5.jpeg image6.jpeg image1.jpeg image2.jpeg image3.jpeg image4.jpeg
