La revitalización de una Secretaría de Trabajo existente para mejorar los servicios de resolución de conflictos laborales plantea diversos problemas y desafíos, pero la instauración de una institución independiente que tenga por mandato prestar una amplia gama de servicios de prevención y resolución de conflictos plantea aún más. Establecer una nueva institución para reemplazar una existente inevitablemente encontrará resistencia por parte de quienes consideran el cambio desfavorable, lo que requiere que el proceso de cambio se maneje con cuidado, consideración y paciencia, pero también con compromiso y energía no sólo en aras del cambio mismo, sino también impulsados por la necesidad de un mejor desempeño y de un mejor gobierno. Establecer una institución independiente para la gestión de conflictos requiere convicción en el apoyo financiero para poder sufragar los costos de puesta en marcha al igual que los costos de funcionamiento. La necesidad de independencia y neutralidad institucional dicta que los empleadores y los sindicatos, en calidad de usuarios del sistema, no proporcionen dichos fondos, dejando de ese modo al gobierno la aprobación anual de asignaciones legislativas en base a los procedimientos habituales de previsión presupuestaria. Particularmente los países en vía de desarrollo que buscan reformar los sistemas de gestión de conflictos, ya sea mediante el fortalecimiento de las administraciones de trabajo existentes o mediante la creación de instituciones independientes, necesitan argumentos sólidos y persuasivos a fin de convencer a las legislaturas para que asignen los recursos necesarios. En este respecto, es importante que se haga énfasis en los beneficios económicos que se derivarán de un nuevo enfoque para la gestión de conflictos.