Veamos lo que dice sobre estas cuestiones la legislación revolucionaria anterior al Constituyente. El decreto de 12 de diciembre de 1914, en el cual, “de acuerdo con el sentir más generalizado de los jefes del ejército constitucionalista, de los gobernadores y de los colaboradores de la Revolución, se estableció que las leyes reformatorias del régimen político y económico del pueblo mexicano se dictarían y pondrían en vigor antes de la restauración del orden Constitucional.” Fué, pues, de urgencia dar esas leyes, a fin de evitar que el régimen normal los intereses lesionados hicie-ran uso de su influencia o poderío ilegalmente, para retardar esas reformas sin las cuales todo el gobierno de México volvería a ser lo que había sido antes: un poder absoluto, basado en la simulación de las formas legales y en la corrupción por el Ejecutivo, de los demás Poderes, sobre un pueblo sin la adaptación económica