Los límites para tener en cuenta por parte del Congreso y la Administración pública a la hora de realizar el ejercicio de la potestad normativa o potestad de regular son:

La intervención debe emanar o ser impuesta en virtud de ley, es decir, la intervención se debe llevar a cabo por ministerio de la ley.
La intervención no puede afectar el núcleo esencial de la libertad.
La intervención debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la restricción de la referida garantía.
La intervención debe obedecer al principio de solidaridad.
La intervención debe responder a criterios de racionalidad y proporcionalidad.