La Corte Constitucional se ha pronunciado en torno a la relación entre intervención estatal y competencia económica, y ha señalado que “la competencia no puede erigirse en un derecho absoluto ni en una barrera infranqueable para la actividad de intervención del Estado”. Dicha corporación ha reiterado esta posición en materia de servicios públicos para justificar la regulación de las tarifas por parte del Estado. Corte Constitucional, Sentencia T-240 del 23 de junio de 1993, Expediente T-9665, M.P. Eduardo Cifuentes.