A través de las intervenciones y las limitaciones al desarrollo económico derivadas de la omnipresencia de las Administraciones públicas, parecen cuestionar la operatividad de un modelo. Esta falta de confianza, en la ciencia y en el Estado, encuentra respuesta, en parte, en la autorregulación social, en la organización de la sociedad. Naturalmente, esta respuesta adopta formas muy diversas, como diversas son las necesidades a las que se enfrenta. Sin embargo, observamos un denominador común a todas las manifestaciones de la autorregulación social que pretende cubrir la falta de confianza generada por los excesos de la modernidad: su vertiente ética. El mercado, la ciencia, o los medios de comunicación, se presentarían, así, como portadores de un proyecto social, vinculado a la satisfacción de aquellos fines públicos que el Estado, por sí solo, no puede alcanzar. Esta visión, sin embargo, no responde del todo a la realidad. La autorregulación se desarrolla y se explica en estrecha relación con la regulación pública, y no es fruto solamente del renacimiento de una nueva ética social –aunque cabría profundizar en esta línea-, sino también del propio interés de los autorreguladores y de la presión que sobre ellos ejerce la sociedad en su conjunto y, en particular, el Estado. Los ámbitos materiales en los que la autorregulación conoce mayores desarrollos se identifican, desde la perspectiva de las obligaciones que la Constitución impone a los poderes públicos, con sectores en los que se producen importantes fricciones entre derechos fundamentales, o con sectores que llevan aparejada una importante complejidad técnica. Están relacionados con materias –protección del medio ambiente, o de la salud-, que desbordan totalmente la capacidad cognitiva de los poderes públicos, puesto que se encuentran dominados por una racionalidad generada en torno a unos conocimientos especializados. Retomando las aportaciones de Luhmann, podríamos afirmar que dichos ámbitos materiales ponen de manifiesto la existencia de un subsistema social, caracterizado por su diferenciación funcional respecto los demás subsistemas. En tales subsistemas, los individuos actúan de acuerdo con unas pautas, unos valores, y unos estímulos, incomprensibles para el lenguaje común y, por supuesto, también para el subsistema político y para el Derecho. La existencia misma de tales pautas y valores, y los procesos de reflexión y aplicación de unas y otros, denotan un notable grado de racionalidad, cargada de los argumentos técnicos y éticos que ofrece el dominio de una actividad profesional. Desde esta perspectiva, la autorregulación regulada en el nuevo estadio de relaciones Estado sociedad. El desarrollo del profesionalismo y de la capacidad técnica de la sociedad. Toda profesión supone una especialización funcional y la adopción prolongada y acreditada de conocimientos y capacidades. Ello comporta el establecimiento de una distancia, una separación e, incluso, una jerarquía, entre profesionales y legos. La tecnificación del ejercicio profesional, cada vez más acusada, no hace más que acentuar esta diferenciación. Utilizando el término en sentido muy amplio, podría convenirse que la dedicación habitual a una determinada actividad comporta su profesionalización. Sin embargo, no debe confundirse este uso coloquial del término con aquella actividad profesional que permite identificar la existencia de un subsistema experto. Sólo el dominio de unos conocimientos especializados, inaccesibles a otros grupos e incuestionables desde fuera, ponen de relieve la existencia de una racionalidad propia y constituyen la base de la autoridad técnica que se predica de los profesionales. Desde esta perspectiva, los términos autorregulación y profesión pueden entenderse como complementarios el uno del otro. Así, los procedimientos técnicos a desarrollar, la determinación del correcto ejercicio de una actividad profesional, o sus límites éticos, son aspectos que forman parte de la tradición de cada saber social. Dicho de otro modo, puede definirse una actividad como profesión cuando concurren en ella unos conocimientos técnicos compartidos y una concepción ética común sobre los fines de tal actividad. Una profesión es, en este sentido, “una organización laboral humana capaz de autorregularse”. La extensión de estos conocimientos técnicos y de esta.

A) El desarrollo del profesionalismo y de la capacidad técnica de la sociedad.