La adopción de códigos éticos, las declaraciones públicas de principios, el cumplimiento de elevados estándares y normas técnicas de calidad –manifestaciones todas de la autorregulación normativa-, o las etiquetas y marcas identificativas que demuestran su cumplimiento –autorregulación declarativa-, no sólo son una muestra de dicha responsabilidad, sino que constituyen también un atractivo para el mercado y son utilizadas, en parte, como una cuestión de marketing empresarial. Al mismo tiempo, sin embargo, el establecimiento de las normas de autorregulación empresarial, combinada con una adecuada la información sobre el grado de cumplimiento de tales normas, se erigen como un instrumento privilegiado que, convenientemente utilizado por los poderes públicos, puede ser de gran utilidad para garantizar el cumplimiento de los fines y los objetivos de protección de los que hablábamos en un inicio.