La implantación de códigos éticos e instrumentos de autorregulación es otra de las líneas de actuación que marcan las más recientes políticas públicas en esta materia. En la actualidad estas medidas pueden encontrar un soporte científico en los estudios sobre la ética en la Administración. Dichos estudios no pretenden ofrecer una definición de los valores que deben guiar la conducta del Gobierno o de la Administración. En este sentido, se inscriben en las concepciones no normativas de la ética práctica. Promueven una ética reflexiva, basada en la autorregulación de los individuos y los grupos sociales.