Para ello, los medios utilizados son diversos. Algunos de ellos responden a una concepción clásica de la actividad administrativa de fomento, consistente, bien en la concesión de subvenciones o ayudas económicas al desarrollo de la autorregulación, bien en la concesión de signos distintivos que mejoran la imagen, ante el mercado y ante la sociedad, de quienes se autorregulan. Ello no obstante, también se inscriben en la actividad pública de fomento –aunque esta técnica no necesariamente deba ser protagonizada por una Administración-, por un lado, las recomendaciones o llamadas genéricas a la autorregulación, y, por otro, el establecimiento de regulaciones estatales más severas, o incluso la amenaza de dicho establecimiento, si no se desarrolla correctamente la autorregulación. Se exponen, a continuación, algunas de estas modalidades de fomento, retomando sólo algunos de los ejemplos que ya han sido analizados en otros capítulos de este trabajo. Así, mediante el desarrollo de los denominados Planes nacionales de calidad, se prevé explícitamente la concesión de ayudas y subvenciones para las empresas que adecuen sus procesos de producción a las mejores tecnologías disponibles, o que implanten los sistemas voluntarios de ecogestión y ecoauditoría. De modo indirecto, pero también a través de la concesión de ayudas económicas, se fomenta la autorregulación cuando se condiciona la obtención de tales ayudas a la implantación de buenas prácticas agrarias, por ejemplo. La fijación pública, normalmente con carácter reglamentario, de normas voluntarias cuyo cumplimiento comporta la atribución pública de un distintivo de calidad –supuesto que concurre en el caso del Sello INCE o de las Denominaciones de origen- o, simplemente, la concesión pública de tales signos distintivos, previo sometimiento voluntario de las empresas a una serie de normas y controles públicos y privados –Certificado EMAS y Ecolabel- responde a la segunda de las modalidades de fomento que hemos comentado. La concesión de estos signos distintivos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas o certificaciones privadas de calidad, corresponde a la Administración. No se priva, sin embargo, la Administración de fomentar también las certificaciones privadas y los sistemas de calidad relacionados con ellas. Así las Administraciones públicas adquieren preferentemente productos que luzcan una marca de conformidad a normas técnicas; y atribuyen preferencia, en la contratación de obras, suministros o servicios, a aquellas empresas que certifiquen el cumplimiento de los sistemas de gestión medioambiental basados en las normas internacionales ISO 140001. También es una manifestación de la actividad de fomento de la Administración la publicación de manuales de Buenas Prácticas, que facilitan la adopción por parte de los particulares de estas peculiares reglas técnicas. Las declaraciones públicas de apoyo a la autorregulación pueden adoptar la forma de mandatos a las autoridades públicas competentes; recomendaciones dirigidas a los particulares; o habilitaciones genéricas a la actividad privada de autorregulación. Pueden consistir, incluso, en la previsión del establecimiento de un marco propicio para su desarrollo. En último término, se ha comprobado también que una importante medida indirecta de fomento a la autorregulación consiste en el endurecimiento de los mecanismos de responsabilidad de las empresas, mediante, por ejemplo, el establecimiento de sistemas de responsabilidad objetiva; la tipificación penal de.