Intento por superar el antiguo sentimiento de inferioridad frente a la ciencia multisecular del Derecho civil, la búsqueda de dignidad teórica y de identidad para la ciencia del Derecho administrativo se encauzó a través de la exacerbación de sus diferencias con la propia del Derecho privado, y en la consiguiente percepción de la primera como una realidad separada, autosuficiente e impermeable a cualquier influencia proveniente de la segunda. Es en este contexto donde cobra sentido la afirmación de que el Derecho administrativo «repudia en bloque al Derecho privado». Ello condujo, por lo que ahora interesa, a la adscripción exclusiva –y no siempre justificada– de ciertas categorías, como la de relación jurídica, al ordenamiento civil. El peculiar contexto académico en que se forjó esta visión permite, cuando menos, poner en entredicho su validez como argumento para rechazar actualmente el uso de la figura aquí examinada en la construcción científica del Derecho administrativo. El hecho de que la teoría de la relación jurídica encontrase desarrollo y perfeccionamiento inicialmente en el Derecho civil obedece a razones históricas y circunstanciales, y no permite concluir sin más que deba considerarse un monopolio de esta rama del Derecho. Por el contrario, se trata de una categoría jurídica transversal o general cuya configuración no necesariamente ha de atenerse a las características iusprivatistas y liberales que su surgimiento histórico le confirió. Como se ha dicho ya, en tanto que herramienta para acometer el análisis del Derecho administrativo en perspectiva subjetiva, la teoría de la relación jurídico-administrativa puede considerarse como políticamente neutra.