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¿Para qué quiere el Estado una empresa satelital?
Polémicas en torno a la creación de ArSat
Por Bernadette Califano
En el marco de importantes desarrollos a nivel mundial en materia de tecnologías
de información y comunicación, la propuesta por parte del Gobierno Nacional de
crear una empresa satelital con participación estatal es, en principio, bien recibida
por amplios sectores que desde hace tiempo reclaman una mayor participación del
Estado en un área que ha sido muchas veces relegada. Sin embargo, las dudas
surgen alrededor de las vastas facultades que recaen en el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y sobre algunos temas no
especificados en el texto de la ley de creación.
Surgimiento
El 5 de abril de 2006 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.092
que dispone la creación de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
(ArSat), para hacer uso de la posición orbital 81° de Longitud Oeste y sus bandas
de frecuencias asociadas. Dicha posición había sido concedida en 1998 a la firma
privada Nahuelsat S.A., que disponía de plazo hasta 2003 para ocuparla con un
satélite. En su momento se solicitó una prórroga a la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones), que fue concedida por dos años de manera totalmente
excepcional. En agosto de 2004 el gobierno de Néstor Kirchner le quitó al consorcio
la posición 81°, y en 2005 la ocupó con un satélite de la canadiense Telesat, el Anik
II, tras un pago de US$ 2,1 millones, según publicó el diario Clarín en ese entonces.
A fines del año pasado se anunció la creación de ArSat, una empresa satelital de
composición accionaría mixta, con un aporte inicial de 50 millones de pesos por
parte del Estado. Sin embargo, el ahora ex secretario de Comunicaciones de la
Nación, Guillermo Moreno, explicó en el Congreso que el capital mínimo necesario
para el funcionamiento de la empresa era de 220 millones de dólares.
Entonces que surgieron las dudas. ¿Para qué invierte el Estado semejante suma,
insuficiente para poner en funcionamiento una empresa satelital, si de todas formas
requerirá de licitaciones que difícilmente le permitirán mantener una composición
accionaria mayoritaria?
El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Osvaldo Nemirovsci, presidente
de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados,
responde a PNC: "Se trata de un proyecto que el Estado no puede sostener solo,
porque el mercado satelital requiere de inversiones, dinamismo y movilidad, y que
se relaciona con dejar de ser productores de tecnologías y pasar a ser productores
de conocimientos."
El quid de las licitaciones
El estatuto de ArSat establece en su artículo 4° que el objeto social de la empresa
será "realizar por sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros, el diseño, el
desarrollo, la construcción en el país, el lanzamiento y/o la puesta en servicio de
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones (…) y la correspondiente
explotación, uso y/o comercialización de servicios satelitales."
A los fines de cumplir con dicho objetivo, el capital de la empresa deberá ser
aumentado a través de la creación y emisión de acciones de distintas clases. Las de
Clase A, de titularidad del Estado Nacional, equivalen a un voto por acción, con un
valor nominal de $1000 (es decir, el Estado tendrá 50.000 acciones, dados los 50
millones de pesos que invierte); las de Clase B, privadas, corresponden a cinco
votos cada una, al mismo valor nominal (es decir, serán más de 600.000 acciones,
cuyo peso a la hora de votar se multiplica por cinco); mientras que las de Clase C,
no tendrán derecho a voto y podrán integrarse con "bienes en especie" (algo que
no queda muy claro en el texto de la ley).
Por otra parte, el directorio de la empresa estará conformado por cinco miembros,
de lo cuales sólo uno representará al Estado. Esto, sumado al poder político que
tiene el sector privado en la Asamblea, por los cinco votos que implica cada acción,
señala claramente quien decidirá acerca del funcionamiento de la compañía.
Sin embargo, el Gobierno destaca una clara diferencia en cuanto al tipo de
decisiones que podrá tomar cada sector: las acciones de Clase A tendrán peso para
resolver asuntos estratégicos, mientras que las de Clase B serán mayoría en el
momento de decidir cuestiones de gerenciamiento.
Cuando le preguntamos al diputado Juan Carlos Lucio Godoy, del partido
Concertación Entrerriana, acerca del significado de esta diferencia, nos dijo: "Es un
sofisma aplicado por los bandidos, quienes mienten para engañar a la gente que
conoce muy poco sobre este tipo de sociedades. Ellos sostienen que el Estado
conserva la 'acción de oro', que da derecho de veto y que se ejerce para la fusión,
para la transferencia de acciones, para cambiar el ramo del negocio o para impedir
que la empresa se traslade a otro país; pero para la cuestión cotidiana, para la
distribución de ganancias, hacer negocio, manejar la empresa, no se invoca."
Por su parte, el diputado Nemirovsci respondió: "El que unas valgan 1 voto y otras
5 es para interesar al inversor privado en función de introducir capitales. Las
críticas son de contadores y leguleyos." Y agregó: "Igualmente, el tema menos
importante es la característica societaria de la empresa, lo que importa es que se
trata de un emprendimiento de soluciones satelitales, lo que implica crear
tecnología y memoria tecnológica para hacer un satélite en la Argentina."
¿Y la industria nacional?
Si bien en el texto de la ley aparece la frase "construcción en el país" al momento
de referirse al satélite geoestacionario a ser colocado en la posición 81°, no dice
nada acerca de su fabricación por parte de una empresa nacional, como ser Invap
S.E. Y esta es una de las principales objeciones que recibió por parte de la
oposición.
Daniel Kroneberger, diputado por la Unión Cívica Radical y vicepresidente de la
Comisión de Comunicaciones e Informática, sostiene que "no está acotado el que
tenga prevalencia lo nacional, cuando creo que es la esencia del proyecto. Se puede
entrever que el Invap mismo puede llegar a tener acciones Clase B, pero también
puede venir un capital extranjero, apropiarse de la mayoría de las acciones y
quedarse comandando la empresa."
Nemirovsci explica a PNC que, cuando hay que llamar a concurso de acciones, no se
puede favorecer a una empresa en el texto de una ley. Y aclara: "Es cierto que el
estatuto no dice que la fabricación debe hacerse "por una empresa del país", pero
aún suponiendo que venga una empresa extrajera a fabricar un satélite acá, el
Invap va a participar, ya sea como contratista principal o como subcontratista."
De todas formas, aún no se entiende por qué no se agregaron al proyecto de ley las
reformas propuestas por la oposición que, sin mencionar a ninguna empresa en
particular, especifican que el diseño y desarrollo de los satélites geoestacionarios
deberá realizarse por empresas de capital nacional radicadas en territorio
argentino, y así no dejar lugar a dudas en cuanto al deseo de fomento de la
industria nacional en materia satelital.
Un Ministerio poderoso
Algunos párrafos de la ley son blanco de ataques por parte de la oposición.
Principalmente el artículo 7°, que reza que el 2% de la titularidad de las acciones
del Estado será ejercido por el Ministerio de Economía y Producción, y el 98%
restante, por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a
cargo de Julio De Vido. Además, el artículo 9° de la ley establece que dicho
Ministerio o "el funcionario competente que éste designe", instituirá el marco de
regulaciones que deberá cumplimentar la empresa.
En otras palabras, todo el poder a De Vido, o a la persona que éste elija, para
manejar ArSat, licitar acciones y realizar cualquier tipo de operación financiera.
¿Quién lo controlará? La SIGEN y la Auditoría General de la Nación. De esta forma,
para el presidente de la Comisión de Informáticay Comunicaciones "el control
sobre el destino y el uso de fondos está garantizado." Por el contrario, el diputado
de Concentración Entrerriana sostiene que estos organismos controlan a posteriori,
por lo que "se arma una licitación, se la orienta más o menos, y de aquí a que
descubran algo… pueden pasar cinco años. Así como se critica a una empresa del
Estado por su lentitud (argumento utilizado por el oficialismo, según Godoy, para
llevar adelante el concurso de acciones privadas), es absolutamente criticable el
sistema de control del Estado, por su lentitud."
¿Es negocio?
El oficialismo dice que sí, aunque Nemirovsci, sin hacer demasiadas cuentas, se
preocupa en resaltar que "aunque no fuera un buen negocio, si con 50 millones de
pesos queda la capacidad de la innovación tecnológica para hacer satélites en el
país, yo estoy contento".
El diputado Godoy opina que habría sido más rentable licitar el espacio satelital:
"Así, el Estado podría cobrar en lugar de invertir dinero. Porque si invierte 16
millones de dólares y no es dueño de nada, probablemente le convenga hacer una
licitación, cobrar unos 15 millones de dólares y manejar un canon anual. No se
entiende muy bien ya que, además, la rentabilidad esperada de la empresa será
recién en el mediano plazo y no es alta."
Por su parte, Kroneberger coincide en que no está garantizado que el negocio sea
tal y cuestiona: "¿Por qué Nahuelsat no puso en órbita el satélite? ¿Por qué no pudo
o porque no era negocio? Si no es negocio, ningún capital extranjero va a colocar
acciones y esto se va a transformar en lo que es Enarsa, una empresa manejada
por Infraestructura, y el Estado se tendrá que hacer cargo de todo."
¿Cómo sigue?
El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 634/06 que formaliza la
creación de ArSat. Está previsto que a fines de junio o principios de julio se llame a
concurso público para emitir acciones Clase B, que quedarán en posesión de los
mejores oferentes.
Sólo entonces veremos si las sospechas de la oposición son ciertas y se ha creado
una nueva empresa para ser manejada por el Ministerio que conduce De Vido,
sumándose a otros emprendimientos del Gobierno tales como AySA, o si se trata
ciertamente de un paso importante para el país, que nos permitirá crecer
económicamente, mejorar nuestra realidad comunicacional y colocarnos a la altura
tecnológica deseada.
Audiencia pública de Telefónica de Argentina: ¿camino a una nueva
ratificación del monopolio?
Por Ana Bizberge
Con escasa concurrencia y difusión mediática, el 28 de abril de 2006 se llevó a cabo
la audiencia pública por el acuerdo entre la Unidad de renegociación y análisis de
contratos de servicios públicos (UNIREN) y Telefónica de Argentina en el Intersur
Hotel 13 de julio en la ciudad de Mar del Plata.
Convocada por el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la realización de la audiencia
debía significar la posibilidad de abrir un debate público sobre la Carta de
Entendimiento suscripta por Telefónica y Uniren el 15 de febrero de 2006. Si bien el
decreto nº 1172/03 que aprobó el Reglamento General de Audiencias contempla la
participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, llamó la atención la
escasa concurrencia a la audiencia ya que, entre expositores e inscriptos, asistieron
a la misma alrededor de 80 personas de los cuales, aproximadamente 36
efectuaron presentaciones orales. Esta cifra resulta llamativa si se piensa que
Telefónica tiene 4,5 millones de clientes.
¿Qué implica la Carta de Entendimiento?
Amparadas en la crisis económica Argentina que en el 2001 terminó con la
equivalencia 1 peso/ 1 dólar, Telefónica y Telecom, las principales prestadoras de
telefonía pública en nuestro país, presentaron una demanda contra el Estado ante
los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI).
Al comenzar la audiencia, Juan Pablo Leyro, Coordinador de UNIREN, explicó que
"desde abril de 2002 está en marcha un proceso de renegociación con Telefónica
(...) y el 20 de mayo de 2004, las partes mostraron la voluntad de llegar a un
acuerdo con la firma de una carta". Así, la Carta de Entendimiento es un acuerdo
firmado por Telefónica (el mismo proceso se dio con Telecom.) con los
representantes del Estado, por el cual las partes se comprometen a cambiar la
estructura tarifaria y el marco regulatorio que rige para las
telecomunicaciones. De este modo, las empresas prestatarias suspenderán y
eventualmente a desestimarán la denuncia contra el Estado Argentino.
Continuando con su exposición, Leyro sintetizó los puntos más importantes del
Acta: unificación de la banda horaria de larga distancia nacional e internacional, de
22.00 a 8.00 hs de lunes a viernes, lo cual implica atrasar una hora el período de
tarifa reducida. Sin embargo, el representante de Uniren destacó que los aumentos
"no afectarán a los usuarios, quienes se adecuarán al nuevo horario reducido".
Otro de los aspectos resaltantes del acuerdo son la aplicación del factor de
corrección que triplica el costo de las llamadas internacionales entrantes en el área
local; el plazo hasta el 30 de junio para la resolución por parte de la SECOM de
aspectos técnicos y regulatorios pendientes no directamente vinculados con la
emergencia económica; la elaboración del proyecto para una nueva ley de
telecomunicaciones.
Carlos Bartol, Director de Regulación Corporativa fue el encargado de representar a
Telefónica de Argentina en la audiencia y manifestó que "la carta de entendimiento
fue posible gracias a que tanto el Estado como la empresa dieron prioridad al
servicio y a los clientes con miras a preservar y potenciar los beneficios que
proveen las nuevas tecnologías caracterizadas por el avance y la convergencia de
los servicios: la combinación de la telefonía, la transmisión de datos, las señales
audiovisuales y la informática que son una realidad. Es por eso que el acuerdo
alcanzado ratifica el compromiso del Grupo Telefónica con la República Argentina".
Vale la pena recordar que el actual marco regulatorio prohíbe a las
telefónicas avanzar sobre radiodifusión y brindar triple play. Es por eso que
Guillermo Davin, Asesor legal y Gerente comercial de Red Intercables expresó la
necesidad de "adelantarse" ante la elaboración de una nueva ley de
Telecomunicaciones y solicitó que "antes de ser llevada al congreso, sea objeto de
un profundo análisis en el que todos los sectores de la sociedad tengan tiempo y
oportunidad de dar ideas". Además, manifestó la importancia de mantener marcos
normativos diferenciales en radiodifusión y telecomunicaciones y señaló que "dado
que Telefónica es una persona jurídica controlada por personas físicas de
nacionalidad extranjera es evidente que no reúne las condiciones para tener una
licencia de radiodifusión".
En una dirección similar se dirigió Alejandro Amendolara, Director de legales y
marco regulatorio de Telmex Argentina al pedir al Poder Ejecutivo que convoque a
una nueva audiencia cuando haya elaborado el texto definitivo que elevará al Poder
Legislativo para su tratamiento. Amendolara concluyó diciendo que su empresa no
cree que "la modificación de una ley aprobada en 1972 pueda resolverse con una
audiencia convocada con sólo 21 días de anticipación, ni que pueda ser objeto de
una carta de entendimiento entre el gobierno y dos empresas".
Cabe recordar que Telmex obtuvo una negativa expresa para participar en la mesa
de negociación de contrato de las telefónicas. En el 2004, cuando se firmó la carta
de compromiso hicieron una presentación a UNIREN porque entendían que lo que
se negociaba afectaba a la competencia en telecomunicaciones por lo que tendría
implicancias en el resto de las compañías. El director de legales de Telmex declaró a
PNC que "consolidar la posición dominante de Telefónica y Telecom. implica volver
al esquema de la privatizaciónde los 90". En cuanto al triple play indicó que, a
diferencia de Telefónica, "nosotros no tenemos una empresa de radiodifusión,
Telmex podría hacer acuerdos con empresas de contenidos para hacer el transporte
a través de sus redes".
El revés de la trama
En nombre de Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación, María Laura
Grosso hizo notar que el acuerdo entre el Estado y Telefónica deja olvidados
algunos puntos contemplados en el decreto 764/00 tales como la interconexión y la
tasa que se debe a los usuarios por el fondo fiducidario del servicio universal que
aún no se ha creado. Desde su perspectiva, estos factores impiden la competencia
real para que nuevos operadores ingresen a prestar telefonía básica y perjudica a
los usuarios, en especial a aquellos que habitan en zonas no rentables.
Sin embargo, según Juan Pablo Leyro de UNIREN, los aspectos señalados
anteriormente son, en última instancia, menores. Cuando en una entrevista
exclusiva para PNC se le preguntó por qué en la carta de entendimiento no se
discutían aspectos como la interconexión o la cesión de la red a las telefónicas, él
subrayó que "Telefónica cumplió razonablemente el contrato, para rescindir la
licencia previamente también debería haberlo hecho la SECOM, por otra parte, hay
que sopesar el perjuicio para el Estado".
Evidentemente no tan secundarios, los temas pendientes de la apertura del 2000
fueron puestos en juego una vez más por parte de Alejandro Amendolara, de
TELMEX Argentina quien planteó que "en materia de interconexión, los convenios
preparados por las empresas dominantes son contratos leoninos de adhesión". En
conversación con PNC aseguró que uno de los problemas es que " el CER se aplica
en forma simétrica, que sólo se tiene en cuenta cuando las entrantes tienen que
pagar a Telefónica y Telecom.". En este sentido, en su exposición pública indicó que
"el papel activo del regulador será crucial" y agregó que "sería importante que la
futura ley de telecomunicaciones despeje el camino de toda demora burocrática que
obstaculiza el rápido otorgamiento de una licencia o el registro de un nuevo servicio
(...) la competencia debe ser el objetivo de la política pública en materia de
telecomunicaciones".
Durante las 8 horas que duró la audiencia se escucharon severas críticas por parte
de las asociaciones de consumidores y usuarios que manifestaron su indignación
ante el aumento de tarifas y la unificación de la franja horaria. Ezequiel Nino, de
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) manifestó que, conjuntamente
con "Consumidores libres", presentaron una demanda judicial en la que declararon
la inconstitucionalidad de la audiencia aduciendo que, dado que la única forma de
tomar conocimiento de los documentos para participar de la misma era acercándose
a la sede de UNIREN, se lesionaba el derecho a la información, el de un trato
equitativo y digno y el derecho a participar de los asuntos públicos a los usuarios no
residentes en la ciudad de Buenos Aires.
En medio de los reclamos, también hubo apoyos a Telefónica como el de Guillermo
Spitznagel, Director de la Escuela de negocios de la UCA quien argumentó que la
Universidad poseía un programa de capacitación para Pymes financiado por
Telefónica.
¿Cómo seguir?
El 28 de junio las autoridades de UNIREN adoptarán la resolución final a partir de lo
discutido en la audiencia. Pero aún queda un largo camino por recorrer hasta la
firma de un decreto que ratifique el Acta de Entendimiento: el expediente deberá
pasar por la Procuración del tesoro de la Nación, Sindicatura General de la Nación y,
finalmente, por el Congreso.
Por su parte, cabe mencionar que, en el caso de Telecom, también se realizó un
proceso de audiencia pública que tuvo lugar el 18 de mayo en la provincia de
Tucumán, donde se puso a consulta el acuerdo firmado entre la empresa y el
Estado, que presenta los mismos términos que el de Telefónica de Argentina.
En dicha audiencia, Luis Perazo, Director de Comunicaciones y Relaciones Externas
de Telecom resaltó que a pesar de que "las cifras resultantes de la apertura del
mercado argentino están en línea con la de los países en que se ha desarrollado la
competencia. En esos países, el operador dominante mantiene una participación en
su mercado, mucho mayor que el que actualmente detenta Telecom en Argentina".
El gesto de poner ante consulta pública los acuerdos firmados entre el Estado y las
prestatarias de servicios de telecomunicación no pudo soslayar la necesidad de
evitar que un asunto de tal relevancia cobre verdadera notoriedad. Para dar cuenta
de eso, sólo basta mencionar el pretendido carácter federalista en la elección de los
lugares para la realización de las consultas públicas que casualmente trajeron
aparejada una merma en la concurrencia; que se notificó la realización de las
mismas sólo con 21 días de anticipación, que la posibilidad de tomar contacto con
los expedientes fue limitada para aquellos que no viven en la ciudad de Buenos
Aires. A pesar del presunto carácter democrático de las audiencias públicas de
Telefónica y Telecom queda la sensación de que las decisiones ya están tomadas de
antemano.
Debate abierto sobre "Televisión Digital en Argentina"
Por Juan Meiriño
Así como en los 70 nacieron las primeras pantallas de televisión. Y así como desde
el 80 llegaron los colores. En este 2006, los argentinos deberíamos experimentar la
ultima revolución televisiva del siglo XX: la HDTV o Television en Alta Definicion.
Durante todo el año pasado, los debates sobre televisión se centraron en la TV
digital. El objetivo fue, y es, definir la norma que se aplicara en Argentina.
Y este año, en el que debería estar finalmente definido si el país opta por la
tecnología japonesa, la estadounidense o la europea, el debate sigue.
El pasado 24 de Marzo se realizo en la Universidad de Palermo un nuevo encuentro
para discutir sobre el mercado argentino y las posibilidades de la HDTV.
Los representantes de las normas en disputa, la europea y americana (la japonesa
viene retrasada y esta casi fuera de carrera), expusieron sus puntos de vista y
defendieron cada uno su sistema.
Hablaron el Ing. Juan Carlos Guidobono (director del ATSC Forum, norma
americana de TV Digital), y el Ing. Roberto Lauro (representante y director para
Argentina de la norma europea de TV Digital DVB).
El Seminario "Televisión digital en Argentina", lo organizó la Graduate School of
Business de la Universidad de Palermo, en el marco del lanzamiento del MBA en
Entretenimiento y Medios.
La coordinación del debate la hizo el profesor del MBA de Entretenimiento y Medios,
Dr. Antonio Ambrosini, director de Relaciones Institucionales de Telefe.
Sistema Americano
El Ing. Juan Carlos Guidobono, director del ATSC Forum -norma americana de TV
Digital-, afirmó que la TV digital es una nueva plataforma de telecomunicaciones
que brinda calidad y alta definición, combatiendo las interferencias, ruidos y
fantasmas de la TV analógica utilizada actualmente.
En referencia al sistema de la norma europea sostuvo que la misma compite con el
cable y el satélite, tratando de buscar cantidad sobre calidad, afectando a los
canales abiertos.
"La norma norteamericana ATSC -dijo- posee una estrategia comercial basada en la
calidad, en la que cada uno es dueño de su transmisión. De esta manera, con la
alta definición, retengo gente, público, y por lo tanto, rating. Con esta norma, la
señal se puede enviar por cable y tienen la obligación de incluir los canales de aire".
Guidobono afirmó además que: "el sistema ATSC es sensible frente a la inclusión
social, ya que impulsa receptores de bajo costo" (los receptores son los dispositivos
que el usuario deberá tener para poder ver TV digital, que tendrán un costo
aproximado menor a los U$S 100).
En los Estados Unidos, el 48% de la gente ya cuenta en su casa con el sistema de
HDTV instalado.
Sistema Europeo
Por otro lado, el Ing. Roberto Lauro, representantey director para Argentina de la
norma europea de TV Digital DVB, dijo que el "DVB Project es un sistema de TV
digital de uso mundial, que no es sólo para el mercado europeo", y que "además es
un estándar utilizado en TV por cable y no está controlado por ningún país o
empresa".
También agregó que: "la norma DVB es masiva y popular", y que su principal
diferencia con la americana es que "la ATSC está enfocada a la alta definición y no
es para todo el mundo".
Lauro aseguró que la norma DVB en el mundo es adquirida por 155 millones de
usuarios; mientras que por el contrario la ATSC posee unos 12,5 millones.
Y terminó su exposición atacando a su competidor, diciendo que "en Estados Unidos
la TV digital no está funcionando".
VoIP: ya se corre la voz sobre la red de redes
Por Mariela Baladrón y Luis Lozano
Tras una primera etapa marcada por la confusión y los cruces entre prestadores
corporativos, emprendedores y oportunistas, las diferentes variantes de la telefonía
electrónica comienzan a adoptar una configuración más estable, con zonas de
competencia claramente definidas.
Mientras sectores empresarios "convergentes" auguran que se trata de una
tecnología disruptiva a punto de revolucionar la telefonía tradicional, que tendría los
días contados, la regulación estatal se hace esperar. ¿Traerá la telefonía electrónica
el servicio universal que el cable de cobre y la fibra óptica no supieron conseguir?
Tan sólo en Argentina, desde 2004 hasta la actualidad los usuarios de la telefonía
por Internet pasaron de 3.000 a 25.000 y se calcula que ya existen unos 50.000
puertos -líneas- aptos para la comunicación IP. Este crecimiento vertiginoso se
corresponde con la tendencia de los operadores a concentrar la prestación de los
servicios de telefonía, Internet y video, en el marco de lo que se conoce como triple
play.
Sin embargo, el dinamismo en la demanda de los distintos productos basados en
sistemas de telefonía por Internet se reserva por ahora al mercado empresarial.
Según la consultora Prince & Cooke, en el segmento de las grandes empresas "el
grado de adopción creció un 60% entre el 2005 y el 2006."
¿De qué hablamos cuando hablamos de VoIP?
Para entender como funciona la telefonía electrónica y qué empresas compiten en
este mercado, es necesario distinguir en primer lugar lo que se llama voz sobre IP
-VoIP- de los servicios de telefonía sobre IP -ToIP-.
"El servicio de telefonía sobre IP o ToIP ya funciona con normas claras y brinda
calidad de servicio", comenta para PNC Ariel Barlaro, director de Convergencia
Research. Entre los prestadores de este servicio aparecen empresas de telefonía
como Telmex, Iplan y Telecom, que anunció su entrada en este segmento el año
pasado.
En cuanto a los servicios de VoIP, las prestaciones y los actores permanecen todavía
diversificados. Por un lado, existen los sistemas de mensajería vía web, como MSN
o Skype, que fue comprado por el gigante norteamericano e-Bay y que además de
establecerse en Brasil ha sumado a la Argentina en su mapa. Barlaro asegura que
estos servicios "si bien empezaron con un impulso débil, en los últimos tiempos se
han sofisticado y se popularizaron".
En segundo lugar aparecen las redes privadas de VoIP, cuyo crecimiento se
evidenció en el sector corporativo, especialmente a partir de la devaluación y el
resurgimiento de proyectos establecidos en el interior del país. Esta modalidad
permite crear canales particulares con enlaces directos entre los distintos puntos de
la red. A este tipo de servicio se suman también las grandes empresas
multinacionales y ciertas unidades estatales, como la Cancillería, que desarrolló un
ambicioso proyecto para unir las diferentes embajadas a través de sistemas de VoIP
y así recortar los costos de telefonía tradicional.
Finalmente, una de las modalidades más difundidas, especialmente entre usuarios
domiciliarios es la de voz sobre banda ancha (VoB). Aquí los proveedores son, en su
mayoría, empresas de cable como el grupo Prima, la firma de Internet del Grupo
Clarín -que brinda VoIP bajo el nombre de Vontel- o Fibertel, de CableVisión. El
servicio puede funcionar a través de la PC mediante un programa llamado
"softphone" o con un aparato de teléfono tradicional que convierte la voz a
paquetes de datos. "El boom de la telefonía IP llega a través del cable porque, por
primera vez, los proveedores ven la posibilidad de competir con las telefónicas
brindando un servicio de menor costo", afirma Barlaro. Este segmento se ve
potenciado por la alta penetración del cable en nuestro país.
Empresas de telecomunicaciones, prestadores de televisión por cable,
desarrolladores de software: todos parecen estar en condiciones de brindar
telefonía por Internet.
Cada cual atiende su juego
Es difícil establecer en qué plazos la telefonía tradicional será reemplazada, pero los
indicadores parecen anunciar que se trata de un camino de ida.
Las dos empresas de telecomunicaciones que explotan el servicio público de
telefonía en el país continúan diversificando sus negocios. La telefonía básica es
cada vez menos rentable en relación al ritmo de crecimiento de la prestación de
otros servicios, como conexión a Internet de banda ancha y telefonía celular.
En 2001 había 8.400.000 líneas fijas en uso, cifra que bajó los años siguientes y
recién logró recuperarse en 2005, para Prince & Cooke. Al mismo tiempo, las líneas
móviles en uso pasaron de 7.200.000 en 2001 a 18.300.000 en 2005, mientras que
los clientes de banda ancha aumentaron de 97.000 a 810.000 en los respectivos
años.
En lo relacionado a la telefonía sobre protocolo IP, Telecom sigue asumiendo la
iniciativa públicamente desde el año pasado: "en noviembre de 2005, Telecom ha
dado el primer paso para la conversión de sus redes a la llamada Red de Nueva
Generación (NGN, según las siglas del idioma inglés), inaugurando esta red de
disrupción tecnológica, en 1.000 clientes ubicados en cuatro ciudades del interior de
esta misma Provincia de Tucumán", declaró Luis Perazo, director de Comunicaciones
y Relaciones Externas de la empresa, en la audiencia pública realizada en San
Miguel de Tucumán el pasado 18 de mayo.
Estas pruebas se extienden a algunos barrios de Buenos Aires y a la ciudad de Mar
del Plata. Los servicios que ya se brindan con la tecnología VoIP incluyen telefonía
básica, servicio de tarjetas prepagas y casillas de mensajes, a los que podrían
adicionarse los de red privada virtual, línea de consumo restringido y servicio de
0800 y 0810.
Si sumamos una política activa en los nuevos negocios a la infraestructura de la red
existente que poseen, es claro que Telecom y Telefónica no planean rezagarse.
Todos para uno… ¿y uno para todos?
Las tibias iniciativas destinadas a proveer un servicio telefónico (tradicional)
universal se diluyeron en debates entre el sector público y privado, acerca de quién
debía financiar estos proyectos en las zonas no rentables. Las compañías
telefónicas, que ya desde los pliegos de privatización están obligadas a brindar el
servicio, siempre argumentaron que había una franja del mercado deficitaria que
debía ser subsidiada para poder acceder al servicio.
El esquema de distribución de la riqueza se traduce en marcadas desigualdades a la
hora de acceder a una línea telefónica básica. En la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense hay 38 teléfonos cada 100 habitantes, mientras que en las
provincias de Cuyo el índice es del 16% y en el Noreste -Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones- apenas alcanza el 7 por ciento.
Parece difícil sostener todavía que una tecnología puede por sí misma democratizar
su uso. Al respecto, la Fundación Vía Libre planteó a PNC que con la telefonía
electrónica "estamos frente a las mismas posibilidades de brindar servicio universal
que con la telefonía tradicional". Existen ventajas comparativas en cuanto a los
costos de la infraestructura telefónica, pero la dificultad reside en el control del flujo
de la comunicación(los enlaces de red), que constituyen barreras de entrada muy
importantes para los nuevos jugadores.
El problema es claro, y desde la Fundación Vía Libre lo plantean sin rodeos: "no hay
una política nacional de comunicación que se plantee objetivos, vamos a llegar a
cada hogar, no vamos a llegar, se van a subsidiar locutorios… El sistema de
comunicación nacional está mal diseñado al igual que el de ferrocarriles; es radial
con respecto al puerto y las troncales siguen este viejo esquema."
Al consultar sobre la política pública en el área, la respuesta desde la Comisión
Nacional de Comunicaciones a PNC se limitó a considerar que "la tarea consiste en
hacer cumplir la normativa vigente y controlar que los prestadores del servicio de
telefonía electrónica no cobren por el servicio", ya que no cuentan con una licencia
de explotación para brindarlo.
En este contexto, los servicios de telefonía electrónica se presentan como una
alternativa viable para universalizar el acceso, pero la falta de debate público y el
silencio estatal en cuanto a regulación dejan que, una vez más, sea la lógica de la
rentabilidad la que regule la expansión del nuevo dispositivo.
Triple Play en Córdoba
Fuente: Prensario TV & Cable
Fecha: 24/05/2006
Una cooperativa cordobesa se convirtió en el primer operador en la Argentina en
ofrecer los servicios de televisión por cable, telefonía básica e Internet, por una
misma red.
Se trata de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Hernando, un pueblo de
12 mil habitantes al sur de la provincia, y a 150 kilómetros de la capital cordobesa.
Esta cooperativa estrenó días atrás el servicio de Triple Play: TV por cable, teléfono
e Internet, todo por una misma red y operada por la misma institución.
La empresa Boiero SA fue la encargada de la ingeniería de diseño, construcción,
provisión de todos los materiales y puesta en marcha del sistema.
'La red de Hernando llevó dos años en desarrollarse, y una inversión de 2 millones
de pesos para abastecer a 200 manzanas, con 12 mil habitantes', precisó Osear
Oreschia.
Esta red que se construyó es bidireccional y multiservicios, y tiene una capacidad
ilimitada para la transmisión de datos. Se puede utilizar también para control de
alumbrado público, mediciones a distancia, subestaciones de electricidad, servicios
de alarma domiciliaria y monitoreo de la vía pública con cámaras', destacó el titular
de la cooperativa.
'Hoy hay 145 cooperativas en todo el país en condiciones de comenzar a aplicar
esta tecnología y ofrecer una red de multiservicios. En los próximos años una
importante masa de cooperativas podrían ingresar al Triple Play', subrayó Rodolfo
Santecchia, presidente de la Cámara de Cooperativas, quien anticipó que 'en las
localidades cordobesas de Pozo del Molle, Las Varillas y Arroyito, ya están
reconvirtiendo sus redes y en los próximos 18 meses estarán en condiciones de
aplicar esta tecnología'.
Además de la cooperativa de Hernando, existen otras dos experiencias similares, en
Venado Tuerto (Santa Fe) y en Exaltación de la Cruz (Buenos Aires), aunque no
llegan a ser las mismas operadoras las propietarias de la red.
Algunos datos técnicos sobre las características de la red de Hernando, aportados
por la empresa Boiero SA -que está también realizando algo similar con la red de la
ciudad de Arroyito- son detallados por el Ing. Adrián Oberto:" La red es HFC y por
supuesto bidireccional, consta de un anillo de fibra óptica que alimenta 6 nodos
estratégicamente distribuidos, posee redundancia de receptores y transmisores
ópticos tanto en upstream como downstream como así también redundancia de
fibras, todo ello junto con las fuentes Stand By permite la máxima seguridad para
evitar la salida de servicio del sistema, característica fundamental en una red con
telefonía. El ancho de banda es de 870 MHz; en la red coaxil cada nodo se divide en
4 subnodos con una cascada promedio de 2 amplificadores y máxima de 3'.
Edenor cambia su estatuto para entrar en telecomunicaciones
Fuente: El Cronista
Fecha: 24/05/2006
Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país, quiere sumarse al lote de
empresas de energía que amplía su negocio hacia las telecomunicaciones. La
compañía propondrá en la próxima asamblea de accionistas, el 7 de junio, la
modificación de su estatuto para incluir en su objeto social la prestación y
comercialización de servicios de telecomunicaciones por su cuenta o asociada a
terceros, o mediante el alquiler de sus instalaciones.
"El cambio se debe a que el estatuto nos encorseta. Cuando estén listas las
modificaciones vamos a tener capacidad para hacer más negocios", explicaron
desde la firma que pertenece en un 65% a Marcelo Mindlin, titular del grupo
Dolphin.
La empresa ya había incursionado en ese terreno en 2001. En manos de Electricité
de France, hizo una prueba para ofrecer acceso a Internet mediante enchufes, y
preveía extenderlo a escuelas y empresas. Pero la iniciativa no prosperó.
El principal activo de Edenor para entrar al negocio es su red. A diferencia de
Transener, que también entró al negocio y tiene infraestructura para transporte
troncal, la distribuidora cuenta con un tendido capilar que brinda servicio a más de
2,2 millones de clientes en el norte de la Capital Federal y el noroeste del Gran
Buenos Aires. Eso le permitiría llegar con telefonía hasta el hogar, algo que no
pueden hacer otras firmas, como TGS, que también ingresó al sector.
En Edenor todavía no saben cuál es la viabilidad económica del proyecto, pero
encargaron estudios técnicos para determinar las adaptaciones que deberían hacer
en su infraestructura.
"Un criterio económico orienta este tipo de decisiones: hay infraestructura que
puede soportar más servicios de los que tiene en un determinado momento, como
la red eléctrica", señalan fuentes familiarizadas con este tipo de proyectos.
Una vez que la modificación del objeto social esté aprobada, Edenor deberá hacer
trámites en el ENRE (el regulador eléctrico) y la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC), que deberá otorgarle la licencia.
Ensanchar el negocio
Con tarifas congeladas y pesificadas tras la devaluación, las empresas de servicios
públicos eligieron explotar negocios alternativos. En el caso de las compañías de
energía, de a poco comienza a notarse una tendencia mundial: usar sus redes para
las telecomunicaciones.
Una de las pioneras fue TGS. En 1998 creó Telcosur, que presta servicios como un
carrier de carriers a operadores de telecomunicaciones y a clientes corporativos,
define la empresa. En 2005, obtuvo mediante esa vía ingresos por 4,2 millones de
pesos.
Transener ya tiene licencia por parte de la CNC y espera que el ENRE le apruebe la
modificación de su estatuto en los próximos meses.
Metida de lleno en el negocio, la cordobesa EPEC sienta uno de los precedentes más
claros de este nuevo filón. El área de telecomunicaciones se convirtió en una unidad
separada desde agosto de 2005 y hoy tiene 1.000 teléfonos públicos, vende 10.000
tarjetas telefónicas por mes y trafica un millón de minutos de Internet gratis (la
líder en la provincia, FullZero, mueve 16 millones). También lanzará ese servicio en
Buenos Aires.
Las cooperativas eléctricas desde 1998 pueden optar por dar telefonía. Ya hay 40
que brindan servicios de telecomunicaciones, de las 330 que integran el mercado
telefónico. Y Adalberto Boccoli, presidente de la Federación de Cooperativas
Telefónicas (Fecotel), anticipó que las eléctricas provinciales están invitadas a
participar de Comarcoop, la operadora celular que quiere montar el sector a partir
de las frecuencias que libere Movistar, iniciativa que cuenta con apoyo oficial.
"Los W" entrarían también en radios
Fuente: Ambito Financiero
Fecha: 24/05/2006
En pocos días más se anunciaría de manera formal el ingreso del grupo "Los W" de
la familia Werthein a "Canal 9". La operación, sin embargo, se habría modificado
porque los principales accionistas de La Caja,dueños de 50% de Telecom Argentina
y socios minoritarios del Standard Bank (fruto de la compra del BankBoston), no
sólo entrarían en el canal que controla Daniel Hadad, sino que además adquirirían
30% de todo el grupo.
En otras palabras: la operación incluiría partes de las radios del empresario
periodístico ("Radio 10", la AM más escuchada; "Mega", de rock nacional;
"Amadeus", de música clásica) y del diario "Infobae", los principales activos del
grupo.
La alianza entre el grupo de los Werthein y Hadad se extendería a otras áreas de
negocios, como por caso la provisión de contenidos a través de los móviles de
Personal, la empresa de telefonía celular de Telecom. La semana pasada, en diálogo
con Ambito Financiero, Hadad había admitido que estaba manteniendo
conversaciones con los Werthein, pero las limitó a los negocios de contenidos por
telefonía.
Hadad se quedó con 100% del canal tras comprarle su parte (50%) al ex banquero
Raúl Moneta, por la que pagará en cuotas u$s 30 millones; la entrada de los
Werthein a la sociedad -por un monto que aún no trascendió- le permitiría al
empresario hacerse de al menos parte del efectivo necesario para saldar esa deuda,
contraída además -al menos en parte- con el Banco Macro que financió la
operación. En cambio, parece menos comprensible el ingreso de este grupo
financieroindustrial a un grupo de medios, sobre el que además no ejercerá control
alguno, ni artístico ni administrativo. Con el paso de las semanas se revelarán
seguramente los pormenores de esta operación que -de nuevo-modificará el mapa
de medios.
El Gobierno despeja la TV abierta para Telefónica
Fuente: Convergencia Telemática
Fecha: 22/05/2006
En el mercado de la TV abierta se esconden operaciones para regularizar el control
de los canales. Un ejemplo es Telefónica, que opera en este sector sin autorización
oficial, ya que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) aún no dio el visto
bueno a la transferencia de Telefé y varios canales del interior a su nombre. Sin
embargo, el Gobierno comenzó a despejar el camino para que el grupo español
pueda "blanquear" sus participaciones.
Otro caso es la presencia de Raúl Moneta en Canal 9, un tema que ya estaría
resuelto según afirman en el Comfer, porque el banquero finalmente habría vendido
el 50% que tenía en la emisora; aunque hay dudas respecto de si realmente se
desprendió de esas acciones, y algunos especulan con que de todos modos estaría
participando en el canal aunque con bajo perfil, (ver "El enigma Moneta")
Sin resolución, por el momento. A mediados de 2001, Telefónica anunció que había
sido "autorizada por el Gobierno la compra del principal grupo de medios
audiovisuales de la Argentina". Por entonces, pocos repararon en que se hacía
referencia a la intervención de la Secretaría de Defensa de la Competencia, cuya
participación es a los fines de evitar que haya monopolio. La secretaría puso como
requisitos que Telefónica se desprendiera de un canal en Buenos Aires y otro en Mar
del Plata, para que no tuviera dos emisoras en la misma localidad, tal como
establece la Ley de Radiodifusión vigente. Pero esa normativa señala que el Comfer
es el organismo que debe autorizar las transferencias en los canales de TV,
situación que todavía no resolvió en los casos de Telefónica, pese a que se trata de
trámites que llevan varios años en sus cajones.
Sus canales todavía están a nombre de otras sociedades: Telefé pertenece a
Televisoras Provinciales y Enfisur; Canal 8 de Tucumán, a Televisora Tucumán; los
canales 5 de Rosario, 8 de Mar del Plata, 13 de Santa Fe y 9 de Bahía Blanca, a la
Compañía de Televisión del Atlántico; y el Canal 11 de Salta, a la Compañía de
Televisión del Noroeste.
En 2001, Telefónica solicitó el traspaso a su nombre de las acciones de Telefé que
estaban en manos de Atlántida Comunicaciones (ATCO). En este caso, pidió una
prórroga para la entrega de información al Comfer y no ha conseguido todavía la
autorización de esta operación. Posteriormente, en agosto de 2004, Telefónica inició
otro expediente en el Comfer para la absorción de las tres licenciatarias que
controlan a los canales del interior. Pero gestionó una prórroga, luego de que el
organismo le pidiera documentación adicional, cuestión que todavía no fue resuelta.
La adaptación. A través de la modificación de leyes, el Gobierno empezó a allanar el
camino para que Telefónica regularice su situación en el mercado de TV abierta.
Según la Ley de Bienes Culturales (25.750/03), el grupo español tendría vía libre
para controlar a Telefé y los canales del interior por haber presentado la
transferencia de esos activos antes de la sanción de esa normativa. A la vez,
fuentes consultadas por Convergencia comentaron que si bien se anunció que la
Ley 26.053/05 era para beneficiar a las organizaciones sin fines de lucro, los
cambios favorecieron a Telefónica, ya que le permitirían "blanquear" la propiedad
de sus emisoras.
Para sostener este argumento citan al inciso "f" del nuevo artículo 45, que dice que
para ser titular de una licencia se contemplan los casos en "que los contratos de
transferencia de la titularidad de la licencia hayan sido celebrados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 25.750 (de Bienes Culturales), y que se
encuentren aprobados en la Comisión de Defensa de la Competencia".
Precisamente, esa sería la situación de los canales de Telefónica. De todos modos,
habría que esperar a la interpretación que el Comfer haga de la reglamentación de
esa ley, ya que en la nueva normativa se sostiene que los prestatarios de servicios
públicos no pueden ser titulares de licencias de radiodifusión, situación en la que
entra Telefónica. A la vez, el decreto de privatización de la ex Entel, también impide
que las dos licenciatarias de telefonía brinden servicios de radiodifusión (Ver
Convergencia Telemática N° 122).
En 1999 comenzó la separación de bienes entre Telefónica y Moneta, cuando la
empresa española se sacó de encima a los socios locales en varios países. Por
entonces, Moneta tuvo que renunciar como director de Telefónica Internacional y
dividió todos los bienes con Telefónica de Argentina. Ahora, ambos están bajo la
lupa del Comfer.
El enigma Moneta
Raúl Moneta había iniciado un expediente ante el Comfer para comprar el 50% de
Canal 9 a Daniel Hadad. Pero en el organismo aseguran que el polémico banquero
retiró los papeles, poco tiempo antes de que el Comfer emitiera un dictamen
negativo, porque sospechaba que la respuesta le sería desfavorable.
La presencia de Moneta en Canal 9 genera repercusiones. El ex diputado mendocino
Gustavo Gutiérrez -enemigo del banquero y ex candidato a vicepresidente por el
ARI- estuvo muy cerca de presentar una denuncia penal contra las autoridades del
Comfer por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que no
resolvían esta cuestión. "Finalmente, no presentamos la acción judicial porque eran
vísperas de elecciones y no queríamos hacer una operación política con ésto", dijo
Gutiérrez.
Pese a ello, el ex diputado sospecha que Moneta aún participa en Canal 9 y que el
Gobierno trata de ocultar eso. Uno de sus argumentos es que el hijo del banquero
todavía tiene un cargo gerencial en la emisora. Por tal motivo, Gutiérrez impulsa
que se continúe investigando este caso.
Los movimientos de Moneta irían más allá de Canal 9. Asesores del Comfer creen
que también sería dueño de Radio Belgrano y socio de los Vila en América
Multimedios. El grupo mendocino tampoco registró ante el Comfer su presencia en
este holding que, entre otros, controla a América TV.
Fallo sobre TV por cable
Fecha: 12/05/2006
Fuente: Clarín
La Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de una cooperativa de Jujuy para
concentrar el servicio telefónico de radiodifusión en cabeza de un mismo operador.
El fallo votado esta semana consideró "clandestino" el servicio de televisión por
cable que brinda la Cooperativa Telefónicade General San Martín, a 100 kilómetros
de San Salvador de Jujuy.
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) señaló que la decisión
"sostiene la ilegalidad de que las empresas de servicios públicos accedan a
radiodifusión".
También recordó que Teleaudio obtuvo del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) la licencia para operar en General San Martín y localidades vecinas.
"Teleaudio es una pyme pionera de los servicios de cable que veía peligrar su
existencia por la práctica anticompetitiva prebendaria de la Cooperativa Telefónica",
sostuvo ATVC.
La Cámara Federal de Salta ya había considerado "ilegal" el servicio de tevé por
cable de la cooperativa.
Con su fallo, la Corte Suprema avaló la reforma del artículo 45 de la Ley de
Radiodifusión.
Reconocimiento legal de radios comunitarias
Fuente: www.farco.org.ar
Fecha: 11/05/06
Después de quince años de lucha, las radios de FARCO (Foro Argentino de Radios
Comunitarias) obtienen su reconocimiento legal. El Comité Federal de
Radiodifusión, mediante la Resolución Nº 753/06, reconoció a 126 radios
comunitarias que se encuentran funcionando y cuyos titulares son personas
jurídicas sin fines de lucro.
La Resolución del COMFER firmada el viernes último establece que se reconoce la
titularidad de la licencia a las entidades sin fines de lucro inscriptas en el censo de
diciembre pasado en las condiciones técnicas declaradas.
Por tanto, el reconocimiento no establece límites de potencia, ni ninguna otra
exigencia más que mantener lo declarado por las propias radios en diciembre.
A este reconocimiento se llega después de largas gestiones que en unos pocos
casos implicaron el cambio de frecuencia de las radios para posibilitar un lugar en el
dial sin interferencias. La tramitación en el COMFER se inició después de haber
obtenido los fallos de inconstitucionalidad de la Ley por parte de la Corte Suprema
de Justicia y la posterior modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión. En
diciembre pasado -a pedido de FARCO- el COMFER realizó un Censo de las emisoras
de entidades sin fines de lucro que estaban en el aire y en estos meses se avanzó
en la determinación sobre la viabilidad de uso de cada frecuencia para su
asignación.
La titularidad de las licencias se mantendrá hasta que termine en el país el "proceso
de normalización" del espectro radioeléctrico con los correspondientes concursos o
llamados para adjudicación directa (cuando se trate de emisoras de menos de 1KW
en zonas no conflictivas).
FARCO celebró este reconocimiento de sus radios asociadas que ahora son ahora
"legales". Por primera vez el Estado argentino otorga autorizaciones a
organizaciones sociales para ser titulares de servicios de radiodifusión.
FARCO anunció esta Resolución del COMFER como un triunfo y ratificó que seguirá
trabajando para conseguir una nueva ley de radiodifusión.
Crearon la comisión que elegirá el estándar de TV digital
Fuente: radiodifusiondata.com
Fecha: 08/05/06
El Secretario de Comunicaciones, Arquitecto Carlos Lisandro Salas, creó a través de
la Resolución 4 la "Comisión de Estudio y Análisis de los Sistemas de Televisión
Digital", que recomendará mediante un dictamen "no vinculante" el estándar
técnico más conveniente para la República Argentina.
Según lo dispone el artículo 1º de la Resolución 4, publicada en el Boletín Oficial el
4 de mayo, la propia Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Medios de
Comunicación, la Subsecretaría de la Gestión Pública, el COMFER, la CNC, la
Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras
Privadas Argentinas (ARPA), deben designar un representante para integrar dicha
Comisión.
Por su parte, el artículo 5º de la norma le exige al grupo de trabajo expedirse en un
plazo de 15 días a partir de su constitución, a los efectos de elaborar un informe
final que será elevado al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios Julio De Vido, y al Jefe del Gabinete de Ministros Alberto Fernández. Para
ello, sus integrantes deberán comparar los tres estándares existentes (ATSC, ISDB
y DVBT), evaluando las variables "inversión", "generación de empleo" y
"transferencia tecnológica y pagos de royalties".
De esta forma, se formaliza la revisión del estándar estadounidense ATSC adoptado
en 1998 por el menemato. Como también, el anuncio ocurre en momentos en que
Brasil, el socio mas importante del país en el MERCOSUR, se apresta a anunciar la
aprobación del sistema japonés ISDB.
Comenzó a transmitir por Internet la agencia de noticias de los no
alineados
Fuente: portal de la Unión de Periodistas de Cuba (http://www.upec.cu)
Fecha: 27/04/06
Kuala Lumpur, 27 de abril (ANC-UTPBA).- La NAM News Network (NNN), destinada
a difundir entre los medios del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) las
principales informaciones de interés mutuo, comenzó recientemente sus
transmisiones en inglés a través Internet.
Este proyecto, acordado por la Conferencia de Ministros de Información NOAL
celebrada en noviembre del pasado año en Kuala Lumpur, Malasia, fue puesto en
marcha a través de la página web: www.namnewsnetwork.org
El nuevo servicio, patrocinado por la agencia de noticias malasia BERNAMA (con
sede en Kuala Lumpur), sigue los pasos anteriores del Pool de Agencias de Noticias
de los Países No Alineados, adaptándose a los nuevos requerimientos de la
información mundial.
En una primera etapa, el sitio contiene reportes de varias agencias pertenecientes a
ese grupo, entre ellas Prensa Latina.
La NNN contempla la difusión de despachos remitidos por esos medios relativos a
los principales acontecimientos políticos, económicos, culturales y deportivos de los
países NOAL con vistas a enriquecer el flujo informativo mundial, monopolizado por
los grandes consorcios transnacionales.
Otro de los propósitos de este proyecto es diseminar informaciones que sirvan para
expandir los lazos comerciales y la colaboración económica entre los miembros del
Movimiento, los cuales concentran menos del 20 por ciento de las exportaciones y
menos del 15 por ciento de las importaciones mundiales.
En su política editorial, la NNN se ha fijado exigentes metas relativas al seguimiento
de rigurosos principios éticos y periodísticos, además de un estilo objetivo que
contribuyan a estos fines, por los cuales lucha el Movimiento No Alineado desde su
fundación en 1961 (ANC-UTPBA).
(*) Nota publicada por el
Brasil y Japón suscriben acuerdo sobre TV digital
Fuente: Produ.com
Fecha: 19/04/2006
Brasil y Japón firmaron un memorando en el que el Gobierno brasileño expresó el
"fuerte deseo" de su país de adoptar el formato de televisión digital japonés
(ISDB-T).
A pesar de que la firma del acuerdo fue vista como una muestra de interés, la
decisión final sobre la norma que adopte Brasil aún está en manos del presidente
Luiz Inacio Lula da Silva, quien deberá elegir entre la norma europea (DVB-T), la
estadounidense (ATSC) y la japonesa
(ISDB-T).
En el documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Celso
Amorim, y su colega japonés, Taro Aso, el país oriental se compromete a ayudar a
la implantación en Brasil de un sistema basado en la norma ISDB-T, pero abierto a
futuras innovaciones técnicas brasileñas.
"Los formatos de televisión digital están monopolizados por europeos y
estadounidenses. El memorando marca una nueva etapa en el avance de la
tecnología japonesa", señaló el titular nipón de Economía, Comercio e Industria,
Toshihiro Nikai, quien agregó que "si el patrón japonés es adoptado por Brasil,
nuestra tecnología digital podría difundirse en otras naciones de Latinoamérica".
En las negociaciones que seguirán en torno al sistema de televisión digital que se
aplicará en Brasil, japoneses, europeos y estadounidenses aspiran a un mercado de
190 millones de habitantes y 70 millones de televisores.
"El fondo Fintech es casi un socio de Clarín en Multicanal"
Fuente: Diarios sobre DiariosFecha: 20/04/06
El diario El Cronista publicó ayer una nota titulada "Fintech le compra deuda a Huff
para que Multicanal avance con su APE". El periodista Martín Bidegaray señaló que
"una jugada de Fintech, el fondo que pilotea David Martínez, podría ayudar a
destrabar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de Multicanal, la operadora de
cable controlada por el Grupo Clarín, que aún enfrenta inconvenientes en la Justicia
de Estados Unidos". Añadió que "Fintech -que le vendió un 25% de CableVisión al
holding argentino- ya era acreedor de Multicanal y votó a favor de la propuesta de
reestructuración. Ahora, a través de Fimex International Limited, se quedó con u$s
163,6 millones de títulos de deuda de la operadora que estaba en manos de Huff,
otro fondo que no había aceptado el APE. También sumó u$s 25 millones de pasivo
que estuvo en manos del Deustche Bank. De esta forma, Fintech ya posee cerca del
56% de la deuda de Multicanal, con pasivos superiores a los u$s 300 millones". En
otro párrafo, consideró que "con 56% de la deuda de Multicanal en sus manos,
Fintech se vuelve casi un socio del grupo Clarín en la operadora". Y añadió que "con
un 20% de CableVisión y un porcentaje idéntico o mayor en Multicanal, el fondo
queda bien posicionado para una eventual fusión entre ambas empresas. Aunque
en Clarín no hablan del tema, en el mercado se dice que están buscando esa
unión".
Cambios en la empresa satelital estatal
Fuente: Clarín
Fecha: 12/04/06
A fines de junio o principios de julio, el Gobierno ampliaría el capital de la flamante
empresa satelital Arsat. En la Casa Rosada estudiarían llamar a concurso público
para emitir acciones clase B, que se quedarían en manos de quien haga la mejor
oferta. Los funcionarios que estudian este tema descartarían que la decisión
modifique el perfil accionario de la flamante Arsat, la S.A. satelital cuya creación
acaba de ser ratificada por el Congreso. Dicen que sólo se trata de una ampliación
de capital y no de una venta de acciones que pudiera poner en riesgo la mayoría
accionaria estatal.
Los diputados de la oposición Lucio Godoy y Daniel Kroneberger cuestionaron la
idea. Recordaron que cuando el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno,
acudió al Congreso a explicar esta iniciativa sostuvo que Arsat puede funcionar con
220 millones de dólares y que por lo tanto no se explicaría cómo el Estado
mantendría la mayoría en esta sociedad anónima poniendo sólo 50 millones de
pesos.
Funcionarios consultados por Clarín sostuvieron que aunque hubiera ampliación de
capital en esta compañía, la clave que garantizaría la mayoría accionaria en manos
estatales sería la categoría de las acciones. Es que las que posee el Estado Nacional
son del tipo A y, según los mismos funcionarios, son las únicas que contarían a la
hora de votar en la sociedad decisiones estratégicas como, por ejemplo, si se
compra un satélite en la Argentina o en otro país.
De todos modos, las acciones tipo B equivaldrían a 5 votos mientras que las tipo A
a sólo un voto. Para Godoy "implicaría abrir la puerta para que Arsat se convierta
en una empresa de capitales extranjeros". Sin embargo, en la Rosada sostienen
que las acciones B sólo tendrían más peso que las A en cuestiones operativas o de
comercialización.
Una de las principales objeciones que había recibido la creación de Arsat en el
Congreso fue que el texto enviado por la Casa Rosada no especifica que Arsat tenga
la obligación de comprar los satélites que utilice en el INVAP. La ministra de
Economía, Felisa Miceli, lo visitó hace 15 días para ver en vivo y en directo cómo se
construyen radares y reactores por un valor anual de 65 millones de dólares.
Morgan Stanley y el fondo Huff le ponen a Impsat el cartel de venta
Fuente: El Cronista
Fecha: 11/04/06
No es la primera vez que la firma promueve un acercamiento de sus competidores.
Slim había analizado sus números en el pasado, pero se había alejado por el precio.
Mencionan a Telefónica, Telmex y Comsat como las candidatas a comprar la
empresa.
Las versiones de venta vuelven a cernirse sobre Impsat, la empresa de
telecomunicaciones que creó el grupo mendocino Pescarmona en 1988 y creció al
calor de la burbuja tecnológica, hasta extenderse hacia el mercado norteamericano.
Según informó ayer el diario brasileño Valor, que cita a fuentes vinculadas con la
negociación, la compañía contrató a Goldman Sachs para que la asista en el
proceso. El periódico asegura que los interesados deberán presentar propuestas en
las próximas semanas.
La publicación cita como posibles candidatas para la compra a Telmex, Telefónica y
Comsat, todas ellas con filiales en la Argentina. En las empresas aseguraron que,
de existir interés, las tratativas son conducidas desde las casas centrales.
Sin embargo, fuentes de Comsat aseguraron a El Cronista que la compañía
norteamericana realizó un due diligence (auditoría) a fines del año pasado sin tener
un interés concreto en la operación. Es usual, cuando una empresa se pone en
venta, que sus competidores aprovechen para mirar sus números.
En cambio, no es la primera vez que Telefónica y Telmex fueron mencionadas. De
hecho, esta última tuvo un acercamiento hace unos años, aunque se abrió por no
estar de acuerdo con el precio de venta.
Al ser consultadas, fuentes de Impsat dijeron que no tenían nada que informar. "Al
ser una compañía pública, en caso de que haya novedades serán comunicadas
oportunamente de manera oficial", añadieron desde el grupo.
La firma -que opera en siete países latinoamericanos y en Estados Unidos- pasó por
varias manos desde su nacimiento. Afectada por la crisis del sector, entró en
concurso de acreedores en Estados Unidos en 2002 y el 25 de marzo de 2003
emergió de ese proceso. Lo hizo tras reestructurar su pasivo, que disminuyó de u$s
1.000 millones a u$s 261 millones. En el camino, quedó Enrique Pescarmona, quien
dejó la empresa en manos de los tenedores de la deuda W.R. Huff Asset
Management y Morgan Stanley y la proveedora Nortel.
En noviembre de 2004, ésta última le vendió a las dos primeras deuda garantizada
y convertible en acciones por un valor nominal de u$s 147 millones. Por el
intercambio, habría recibido aproximadamente el 80% de su valor, unos u$s 117
millones.
En aquel momento, se especuló con que la movida de los fondos de inversión
estaba orientada a mejorar su participación en la compañía, para luego volver a la
carga con la venta de la tecnológica.
Concentración
Impsat, que se distrajo viendo los números de AT&T cuando Telmex llegó al país de
compras en 2003, no la tiene fácil. En un mercado que se concentró en los últimos
años en pocos jugadores y que está atravesando un recambio tecnológico (hacia el
protocolo de Internet para las comunicaciones) su ventaja competitiva es difícil de
identificar.
Al igual que otros operadores independientes, como Iplan, se concentró en los
mercados metropolitanos, que ya tenían tendido de red. Otra semejanza con sus
competidores directos (incluyendo a la propia Telmex) es que apunta al segmento
corporativo.
Bolivia obtendrá el 5% de Telesur
Fuente: EUROPA PRESS
Fecha: 06/04/06
Bolivia obtendrá un 5 por ciento de las acciones del canal venezolano que emite
para toda latinoamérica 'Telesur', después de que entre el 19 y 20 de abril se firme
un acuerdo en Asunción (Paraguay) entre los presidentes de ambas naciones, Evo
Morales y Hugo Chávez.
El acuerdo se firmará en el marco de una reunión prevista entre ambos con el
presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, así como el de Uruguay, Tabaré Vázquez,
en la que se trataran temas de interés común para los cuatro países, según recoge
la Agencia Boliviana de Noticias.
Esta iniciativa fue ratificada por el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, y el presidente de 'Telesur', Andrés Izarra, quienes hicieron pública la
decisión en una carta firmada por ambos.
Con la compra del 5 por ciento de las acciones de 'Telesur', quecomenzó a emitir el
pasado 24 de julio de 2005, Bolivia recibirá también asistencia técnica y
cooperación con la televisión pública boliviana, 'Canal 7'.
Además pasará a formar parte de la iniciativa junto con Venezuela, que posee el 51
por ciento de las acciones, Argentina, que posee un 20 por ciento, Cuba (19%) y
Uruguay (10%).