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Teórico Nº 6 Políticas y Planificación: triple play al 19/04/2006
Guillermo Mastrini: Esta noche habíamos
pensado en la posibilidad de discutir sobre un
tema del cual se sabe muy poco en Argentina.
El próximo 28 de abril se va a llevar a cabo
en Mar del Plata una audiencia pública para
analizar el pre-acuerdo que firmó el gobierno
nacional con la empresa Telefónica. Por su
parte, el 18 de mayo también se realizará una
audiencia pública en Tucumán para analizar
el mismo pre-acuerdo pero con la empresa
Telecom.
Consideramos que es un tema
sumamente importante porque podría llegar a
implicar la entrada de nuevos actores, una
nueva configuración en el sector de las
comunicaciones, podría explicar la apertura
al denominado "triple play", es decir, la
convergencia entre telecomunicaciones, cable
e Internet. Este es un tema del cual muy
pocos están enterados por eso, desde la
Universidad Pública, nos pareció importante
convocar a una mesa de discusión para abrir
el debate.
La invitación a la mesa parte de la
Dirección de la Carrera, de la cátedra de
Políticas y Planificación y de la cátedra de
Legislación Comparada. De ésta última
surgió la iniciativa de venir a plantear el
problema a la Dirección de la Carrera y nos
pareció muy oportuno tratar el tema que
vincula a varias de las materias de ésta
carrera.
Nos acompañan:
Alejandro Alfie, periodista especializado en telecomunicaciones y profesor de la materia
"Legislación Comparada".
Ariel Barlaro, director de "Convergencia Research" y Prof. Titular de Planificación de medios de
la Universidad de 3 de Febrero.
Martín Becerra, Vice-Secretario Académico de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de
"Cultura, en la industrias culturales" de esa misma universidad.
Héctor Polino, representante de Consumidores Libres que, como saben fue diputado por el Partido
Socialista hasta hace poco.
Y Damián Loreti, vice-decano de la Facultad y profesor de "Derecho a la Información" de esta
casa.
Alejandro Alfie: buenas tardes y gracias por su presencia. Las audiencias públicas que convocó el
gobierno, en realidad, son parte del mecanismo de renegociación de los contratos de todas las
empresas de servicios públicos. En éste caso toca primero a Telefónica y luego, a Telecom. Al
tratarse de audiencias públicas se permite la participación ciudadana. Martín Becerra les explicará
cómo es la participación en la audiencia pública.
Los acuerdos que firmó el gobierno con estas empresas están sujetos a revisión a partir de
lo que surja de éstas audiencias públicas. Por eso es importante que haya mecanismos de debate
como para que esa participación pueda impactar en los acuerdos que, finalmente, terminará
aprobando en primer lugar la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Renegociación de
Servicios Públicos y, posteriormente, el Poder Ejecutivo. Además, como las audiencias van a ser
en Mar del Plata y en San Miguel de Tucumán, en Buenos Aires no hay espacios donde se estén
discutiendo éstos acuerdos.
Damián Loreti: voy a hacer un poco de
historia para dar marco a la intervención de
los demás. La idea es hacer una intervención
corta y, después, en todo caso hacer un aporte
adicional.
¿Cómo se llega al proceso de
audiencia pública? En el año '90 se concretan
los decretos de transferencia, en el año '88 se
declaran sujetas a estas renegociaciones un
conjunto de empresas del Estado, ENTEL era
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la empresa estatal de telefonía. Seguramente
ustedes, en algún momento, se cruzaran con
la Reforma del Estado, que dio lugar al
proceso de privatización de los canales.
En estos decretos es donde aparece la
piedra basal del proceso de privatización, no
sólo de ENTEL, sino del conjunto de
empresas del Estado. Además de los canales
de televisión, se empieza a trabajar en la
privatización de las empresas de
telecomunicaciones, se crea un conjunto de
sociedades anónimas que recibieron los
activos y el personal, además de las licencias,
de la prestación que tenía las empresas de
telecomunicaciones.
Entonces, se crea una serie de ficción
jurídica que es la Sociedad Licenciataria
Norte, la Sociedad Licenciataria Sur, una
empresa de servicios de competencia y una
empresa de servicios de larga distancia
internacional. La Sociedad Licenciataria
Norte y la Sociedad Licenciataria Sur iban a
ser objeto de un concurso de adjudicación.
Respecto de las otras dos, ya estaba
definido que iban a ser integradas por el 50%
de la Sociedad Licenciataria Norte y el otro
50 %, por la Sociedad Licenciataria Sur. Se
hacen los procesos de adjudicación y se crean
Telecom y Telefónica, estoy siendo bastante
sintético.
Más tarde se crea una sociedad de
servicios en competencia que empieza a
prestar algún tipo de servicio distinto al de la
telefonía básica, compuesto con 50% de
Telefónica y 50% de Telecom, del mismo
modo que sucedió con los enlaces
internacionales.
¿Qué implicaba esto? Que iba a haber
servicios monopolizados en aquellas áreas
definidas previamente por la explotación de
ENTEL, con la excepción de las áreas donde
estaban incluidas otras empresas, que
básicamente eran cooperativas. Éstas existían
en Pinamar, La Pampa, Córdoba, y tenían
incorporada la prestación de servicios de
Telefónica.
También se divide en éste contexto el
área de Mendoza y San Juan que estaba fuera
de la prestación monopólica, por lo cual,
terminan divididas, un caso fue para Telecom
y, otro, para Telefónica.
Así se dividen áreas de servicios
monopolizados que, además tenían
monopolizada la prestación de enlaces
internacionales. Esto causó un perjuicio
gravísimo a las cooperativas porque no tenían
forma de enlazarse entre ellas si no pasaban
por la tercera empresa que estaba tomada por
Telecom y Telefónica, razón por la cual, ni
siquiera habiendo formas independientes
podían comunicarse entre ellas. El monopolio
de zonas, más el monopolio de enlaces dejó
cautiva a la población de las dos empresas,
aún cuando hubiera otras empresas.
En el contrato de transferencia, se
firman además una serie de condiciones.
Junto con el monopolio se establecían
mecanismos tarifarios y se definían qué tipos
de actividades no podían desarrollar las
empresas de telefonía. En particular, en
cuanto al "triple play" tenían explícitamente
prohibida la prestación de servicios de
radiodifusión.
Cuando hablamos de radiodifusión
nos referimos al cable y televisión abierta.
Este es el contexto en el que en el '97, '98 se
empieza a discutir el monopolio que se les
había dado a las telefónicas, el cual era por 7
años. Lo que se discute es si se habían dado
las condiciones de los propios contratos de
transferencia y el decreto de adjudicación
para prorrogar por tres años más las
condiciones de monopolio y si esto estaba
sujeto al cumplimiento de las metas.
Fue imposible determinar si las metas
estaban o no cumplidas, de hecho hubo una
serie de juicios que frenaron el proceso de
decisión sobre los tres años de prórroga y se
dictó una resolución con la Secretaría de
Comunicación (la 16200) por la se estableció
un mecanismo de transición para
desbloquear, en algún sentido, el tema de los
enlaces internacionales, los cuales estaban
monopolizados por estas dos empresas a
pesar de que ya se había liberalizado la
prestación de los servicios de competencia,
en parte por la pelea entre Telecom y
Telefónica. Esto implica una variedad de
temas que se pueden ampliar, uno de ellos es
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de qué modo una empresa de servicios
móviles ingresa dentro de la red
monopolizada y cuánto tiene que pagar.
En el año 2000 vencían los 10 años de
adjudicación monopólica y a esto se sumó la
sujeción que había firmado la Argentina, ley
25000, a los convenios de la OMC
(Organización Mundial del Comercio). En la
OMC hay un capítulo que se refiere a un
acuerdo general de telecomunicaciones, a
reglas de desconcentración y de
desmonopolización de los servicios que se
llama "monopólicas incumbentes", que son
las monopólicas existentes.
Y en la Argentina, más allá de
contemplar algunas consideraciones no
menores como la presión de empresas
americanas que no formaban parte delas
incumbentes, (recordemos que estamos
hablando de un país donde regía la
convertibilidad, por lo cual daba rentabilidad)
estaba la ley 25000 que definóa de qué
manera se iba a dar el proceso de
desmonopolización de los servicios básicos.
No es de desregulación, reregulación lo
llamaron los compañeros de la cátedra.
Para principios del gobierno de De la
Rúa, se estaba dando la desmonopolización
de los servicios de enlace, por lo menos en
términos reales, no en términos operativos.
Se inicia un proceso que debía pasar por la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la
Renegociación de Servicios Públicos y se
adjunta un decreto que enviaba el proyecto
del reglamento al Congreso. He aquí la
paradoja, cuando se estaba discutiendo esto y
el presidente De la Rúa estaba en Estados
Unidos se dejó una suerte de directiva
general que ponía nuevamente en discusión y
suspendía los procesos de
desmonopolización.
El proyecto pasa finalmente por la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la
Renegociación donde se introducen una serie
de principios que debían, a su vez, ser
introducidos por los reglamentos. Esto es una
mirada previa que señala de qué modo se
debía contemplar a los actores anteriores, a
los nuevos y de qué modo se iba a participar
en el fondeo de la cobertura del servicio
universal.
A su vez, se establece la fijación de
metas por lo que se explicita qué debía ser
llamado servicio universal, qué cantidad de
teléfonos debía haber por habitantes a lo
largo y ancho del país y qué rango de
servicios contemplaba esto.
Otra cuestión que se planteó en la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la
Renegociación de Servicios Públicos y que
debía orientar el futuro reglamento era un
principio llamado de "portabilidad
numérica". Se sostenía en ese momento que
era impensable realizar un proceso de
desmonopolización si uno estaba cautivo, si
no se podía llevar su número telefónico de la
empresa.
Esto implica cuestiones técnicas, lo
que se planteaba ahí era, si yo quiero irme de
una empresa monopólica a otra y tengo un
negocio, lo más probable es que durante un
cierto tiempo sea un "muerto comercial. Este
tipo de cuestiones se introdujeron en la
Comisión Bicameral de Seguimiento, los
recoge el decreto 7774 en el año 2000 que es
el que genera las condiciones legales de la
desmonopolización cumpliendo con el
compromiso ante la OMC. No se tocaron en
ese momento las prestaciones jurídicas
llamadas "incumbentes", el objeto de
radiodifusión no fue tocado.
En paralelo, se emitió un proceso de
reajuste tarifario de corta y larga distancia y
bandas horarias. Una serie de juicios
suspendieron el reajuste. La Corte Suprema
lo desecha por una cuestión de legitimidad
del Defensor del Pueblo, con lo cual, durante
el gobierno de Menem quedó rearmado el
cuadro tarifario y de bandas horarias a gusto
de las empresas de telefonía.
Llegado a diciembre del 2001 se
produce la caída de la convertibilidad, las
empresas están sujetas a un régimen legal que
les impide hacer un ajuste en dólares a las
tarifas por lo cual hacen un reclamo ante los
Tribunales Internacionales del CIADI. La
Carta de Entendimiento, que es lo que se
somete a audiencias públicas, tiene
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muchísimo que ver con cómo el Estado
destraba el reclamo.
En esa Carta de Entendimiento donde
se verifican las condiciones por las cuales las
empresas telefónicas desisten de su reclamo
ante el CIADI por incumplimiento de
contrato, sobre todo, el tema tarifario porque
las tarifas en los '90 se pactaban en dólares
con ajuste de acuerdo a la inflación de los
Estados Unidos. Vale decir, mientras el país
tenía inflación cero las tarifas se ajustaban a
la inflación dólar. Y habían tenido un
ajustazo previo, cuando el porcentaje de los
impuestos para fondear los aporte jubilatorios
son integrados a la tarifa.
Este es el marco en el que el Estado
Argentino se sienta a discutir con las
empresas telefónicas la revisión de sus metas,
de sus contratos, de sus tarifas y sus bandas
horarias a la espera de que las demandas de
las empresas sean modificadas.
Alejandro Alfie: muchas gracias Damián. Ahora, Martín Becerra nos dará un panorama general del
procedimiento de audiencias públicas como para introducirnos al tema de actualidad que tiene que
ver con las Actas de Entendimiento, que estará a cargo de Polino y Barlaro.
Martín Becerra: gracias por la invitación y
quisiera hacer una aclaración previa, el
carácter de mi intervención tiene más que ver
con el planteo de una serie de interrogantes
que supone el mecanismo participativo de las
audiencias públicas y la problematización de
las instancias de democracia directa. La
propuesta o posibilidad de respuesta acerca
de los interrogantes que formulo no están
dadas, mi único propósito es formular
preguntas.
Entiendo que los mecanismos de
audiencias públicas en un régimen como el
que vivimos cotidianamente de democracia
representativa aparece como una posibilidad
interesante, como una alternativa
participativa, progresista, asamblearia de
ejercicio democrático y, por lo tanto, esa
posibilidad, generalmente, es bienvenida en
el debate público.
Por supuesto, también es bienvenida
en el marco de la universidad pública, de
quienes piensan alternativas de mejora para
la democracia representativa en la que
nosotros convivimos. Pero la pretensión de
que el pueblo participa directamente en estos
procesos consultivos, que son las audiencias
públicas, a mi juicio presentan algunos
problemas que son importantes.
Cuando uno analiza quiénes
efectivamente participan de las audiencias
públicas una vez que éstas se realizan, sea a
través de las concesiones ferroviarias, sea en
otros países cae en la cuenta de que esa
participación estuvo sesgada, esa
participación estuvo hegemonizada por los
actores corporativos del sector que se trate.
Cuando uno analiza quiénes participan de
audiencias públicas sobre tarifas de servicios
ferroviarios, son las propias empresas
concesionarias de servicios ferroviarios las
que llevan las propuestas más orgánicamente
estructuradas, son ellos quienes manejan el
debate y por lo tanto los que están
condicionando las resoluciones o
conclusiones de ese proceso consultivo.
Es por eso que esto nos lleva a pensar
qué ocurre con esos procesos de las
audiencias públicas. Siguiendo el
pensamiento del politólogo chileno Tomás
Mouriano se puede decir que las audiencias
públicas están logrando un mecanismo de
ocultamiento en vez de llegar a albergar un
mecanismo de apelación democrática y, en
general, están distorsionando la concepción
de lo que es el sistema democrático.
El mecanismo de ocultamiento que
señalo tiene que ver con que en las
audiencias públicas se parte de un
presupuesto de tipo biológico, que es la
presunta igualdad de todos los que participan
de la misma. Pienso en el tema Fiesta de
Serrat, donde el noble y el villano se dan la
mano sin importar la facha, esta es la idea de
que todos iríamos desprovistos de investidura
a esa reunión.
Por supuesto, lo que se omite es que
no todos los participantes en el momento de
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pronunciar enunciados tienen la misma
cantidad de tiempo, no todos tienen la misma
condición de producción de esos enunciados.
Es algo que forma parte del proceso previo,
de la elaboración de las exposiciones que los
distintos actores llevan a las audiencias
públicas. Esto es un problema metodológico,
todos parecemos iguales pero no lo somos.
Este mecanismo de ocultamiento
puede llegar, eventualmente, a gatillar un
mecanismo de participación democrática en
el sentido que, si se toma el cuenta el proceso
previo de organización y concientización del
problema que están tratando efectivamente,
quiénes participan de las audiencias públicas
ya pueden reclamar la igualdad, no sólo en la
instancia de la audiencia misma sino también,
la igualdad en las condiciones de preparación
de las competencias que son necesarias para
las audiencias públicas.
Para cualquier ámbito de la vida
cívica y de consumo, cualquiera de los
ámbitos relacionados con los servicios
públicos se necesita una preparación que
suponeaños de lectura, de análisis de
rentabilidad, de comportamiento de los
actores involucrados, eficiencia efectiva en el
mismo, etc. O sea, en ese mecanismo de
apelación, que a mí juicio no es ni universal
ni igual ni se produce a menudo, puede llegar
producirse un reclamo democrático dentro de
ciertos límites.
Esto nos lleva a plantear el tema
metonímico, que me parece que es el fondo
de democracia representativa versus
democracia directa en el que se instalan los
mecanismos de las audiencias públicas. La
democracia representativa supone la
delegación de muchos en algunos pocos que
se ejercen el mandato ya que, por razones
numéricas, no todos pueden participar al
mismo tiempo.
Pero no es sólo por razones
numéricas, el representante establece con los
representados un vínculo de cuadro orgánico.
Es cuadro porque el ejercicio de la
representación supone el desarrollo de la
competencia de representación, por lo tanto,
se trata de una persona que se prepara en la
defensa de los intereses por los cuales está
ejerciendo un mandato.
Se especializa política y
técnicamente. Por otro lado, es orgánico en el
sentido que sostiene el vínculo de la
representación, el carácter delegativo. No la
rompe con la conocida frase de la traición al
mandato. Este es el planteo metonímico de la
democracia representativa, unos pocos
representan a todos, ese es el lugar del
Congreso, del Ejecutivo.
En cambio, el ejercicio de la
democracia directa en el sistema las
audiencias públicas provoca otra metáfora
metonímica, que tiene un carácter distorsivo
de la primera metonimia.
En primer lugar, porque es imposible
que todos los actores sociales participen
efectivamente de las audiencias públicas, no
todos podemos ir a Mar del Plata. Aún
cuando todos fuéramos, no sabríamos que
decir, es imposible que toda la ciudadanía
participe de todas las audiencias públicas.
En segundo lugar, porque las
condiciones de producción de los discursos,
de los sentidos, de los contenidos de aquellos
que sí efectivamente pueden participar de las
audiencias públicas son muy heterogéneas.
La circulación de información de los
diferentes sectores es absolutamente
heterogénea en la sociedad, no está
disponible a todos. Ahí hay dos niveles que
están marcando cierta restricción.
Y el tercer nivel de la metonimia,
consiste en que suponiendo la hipótesis de
que todos los que van a las audiencias
públicas tengan las mismas condiciones de
producción de sus competencias relativas al
tema en cuestión sin embargo, los actores que
van a esas audiencias se representan a sí
mismos.
Es decir, no tienen el carácter
representativo de los representantes de la
democracia representativa. Representan
discursos muy elaborados, muy preparados,
muy competentes técnica y/o políticamente
pero de una representación muy parcial, que
no es de ninguna manera equiparable al de
las democracias representativas.
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Un ejemplo cercano en la historia
argentina es el del Congreso Pedagógico
Nacional, ese es un mecanismo que a mi
juicio tenía una pretensión democratizadora
de lo que era el sistema educativo en
Argentina, era una instancia abierta, directa,
(quienes participamos podíamos presentar
ponencias, etc.), sin embargo, el sector
político, cultural que hegemonizó el
Congreso fue la Iglesia Católica argentina
que lo pudo hacer porque se dio una política
orgánica.
Las personas de la comunidad
católica no se representaban a sí mismas sino
que estaban articulando la opinión de un
sector cultural, político de la vida social
argentina. Este ejemplo, como muchos otros,
nos hablan de que las audiencias públicas
como mecanismo pueden ser refrescantes,
ante las malformaciones que todos
conocemos que tiene la democracia
representativa cuando se rompe el mandato
delegativo.
Sin embargo, funciona solamente en
la medida en que exista una articulación
orgánica, entre aquellas personas que
preparan una presentación técnica y
políticamente competente y un conjunto de
intereses que se ven representados en ellas.
O sea, paradójicamente la democracia
directa funciona cuando hay mecanismos que
garantizan cierta representación y
elaboración previa.
Alejandro Alfie: muchas gracias Martín. Ahora, Héctor Polino nos va a introducir directamente en
la actualidad, en las actas que firmó el gobierno con Telefónica y Telecom, que son idénticas.
Héctor Polino: muchas gracias por la
invitación. Voy a tratar de resumir un tema
que daría mucho para hablar, es sólo un
aspecto de la cuestión al que me voy a referir,
igualmente daría para muchas horas, de modo
que voy a tratar de hacerlo sintéticamente.
El Poder Ejecutivo, a través de
UNIREN (Unidad Renegociadora de los
contratos), que presiden los Ministros de
Economía y de Planificación suscribió el 16
de febrero de éste año un Acta de
Entendimiento con la empresa Telefónica de
Argentina. Yo sinteticé quién gana y quién
pierde con esta Acta de Entendimiento.
Si el Estado le está reconociendo a la
empresa que es propietaria de toda la red y de
todas las instalaciones, si alguien quiere
discutir ese aspecto bajo el Acta de
Entendimiento esa cuestión queda concluida.
Pone en reconocimiento que la licencia no
tiene vencimiento, o sea, no se puede discutir
la continuidad como hoy se hace en muchos
países europeos, siendo que esa licencia
puede ser revocada luego de un tiempo
determinado.
Un reconocimiento que la empresa
llevo al cien por ciento de sus compromisos
de inversión y de equipamiento de
tecnología, es decir que, a partir de esta etapa
de reconocimiento nadie podrá decir que la
empresa incumplió con esas obligaciones. Yo
podría hablar durante mucho tiempo los
graves y reiterados incumplimientos
contractuales de la empresa, pero a partir del
Acta de Entendimiento se pone punto final a
esa discusión.
Un reconocimiento de que el actual
marco regulatorio continuará vigente y que el
nuevo, cuando se le ocurra dictar al Congreso
Nacional, respetará los principios del actual
dándole absoluta seguridad jurídica a la
empresa, es decir que esto lo tiene
incorporado hasta la eternidad.
Cualquier marco regulatorio nuevo
que se dicte tiene el Acta de Entendimiento
como marco, por ejemplo, el año pasado el
Poder Ejecutivo emitió un proyecto de marco
regulatorio bastante bueno, pero por la
presión de los países europeos nunca se pudo
discutir en el Congreso, a pesar de que el
poder Ejecutivo tiene la mayoría justicialista.
En lo que respecta a las tarifas, la
tarifa que se llama "normal", esto es que un
pulso (unidad de medición de las llamadas
telefónicas) equivale a 2 minutos, hoy va
desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas.
A partir de esa hora comienza hasta las 8 de
la mañana, la tarifa "reducida", donde un
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pulso equivale a 4 minutos. Ahora se quita
una hora de esa tarifa reducida, o sea, la hora
de 20 a 21 pasa a ser normal. Esto significa
para la empresa una ganancia de 70 millones
de pesos en un año.
Además, hay un reconocimiento al
peaje que paga una empresa ubicada en
cualquier lugar del mundo para
interconectarse con Telecom o Telefónica en
la República Argentina. Actualmente, ese
peaje estaba pesificado, ahora se dolariza, se
paga tres veces más. El Poder Ejecutivo dijo
que los usuarios argentinos no se van a ver
perjudicados porque es para los que viven
fuera del país.
Pero es una verdad a medias porque
los miles de argentinos que viven en el
exterior por razones de trabajo, de estudio, de
paseo, cuando quieran comunicarse con un
familiar van a pagar más la tarifa porque la
empresa va a trasladar la mayor tarifa que
pueda al peaje para lograr la comunicación.
Hice el calculo de eso, de acuerdo con datos
de la empresa le significa una ganancia extra
de 30 millones de pesos, sólo a Telefónica de
Argentina.
De acá se desprenden dos cuestiones,
la empresa dijo que invertirá 1000 millones
de pesos más en un año, la mitad la invierte
en telefonía móvil, la otra mitad en Internet.
Ni un solo peso de ese compromiso es para
telefonía fija, a pesar de que el Acta de
Entendimiento es con respecto a la telefonía
fija. Aún así, el compromisocon respecto a la
inversión en telefonía móvil e Internet no
tiene contrapartida porque si mañana la
empresa no hace la inversión, no hay multa
porque no hay nada firmado, es una promesa.
La otra cuestión es que Telefónica
renunciaría al juicio de los 2834 millones de
dólares contra la Argentina ante los
Tribunales Internacionales del CIADI, que
depende del Banco Mundial. El CIADI no es
un tribunal arbitral independiente al cual los
argentinos podemos confiar, el brazo
financiero del Banco Mundial es accionista
de varias empresas privatizadas, entre ellas,
el Correo Argentino, Aguas Argentinas, que
han demandado al Estado argentino después
de la salida de la convertibilidad.
Además es acreedora, prestamista de
varias empresas privatizadas que también
están litigando contra la Argentina, por
ejemplo, el 20% de la deuda que tiene Aguas
Argentinas es con la corporación financiera
por una cifra de 127 millones de dólares.
La Argentina no denunció esos
tratados suscriptos en la década de los '90 de
garantía recíproca de las inversiones.
Firmamos todos los tratados con los países
europeos y con Estados Unidos. El inversor
argentino en Estados Unidos tenía las mismas
garantías que el inversor de los Estados
Unidos en Argentina. Como si hubiera una
igualdad en esas prestaciones.
El Acta de Entendimiento dice que a
los 30 días de finalizada la audiencia pública
convocada por la UNIREN, la licenciataria
como sus accionistas deberán suspender (no
dice renunciar) por el término de 200 días
hábiles los reclamos, recursos y demandas
entabladas o en curso tanto sean
administrativas en nuestro país o en el
exterior que se encuentren fundadas o
vinculadas en los hechos o medidas a partir
de la situación de emergencia establecida por
la ley 25561.
Por qué se hace una audiencia pública
para que las distintas partes interesadas
emitan su opinión, es cierto que no hay una
ley que regule las audiencias públicas, uno
puede hablar en nombre de una organización
que representa a cientos de miles de afiliados
y otro puede ir en nombre personal.
En las audiencias públicas no se
cuenta a quién representa, así como en los
juicios cuando hay testigos y 9 declaran a
favor y uno en contra, el juez no da la razón
porque sean más testigos a favor, no se mide
la cantidad, se sopesan los dichos, los
argumentos, la veracidad. Entonces, la
UNIREN tendría que desgravar lo que se dice
en las audiencias públicas y discutir en su
seno, las argumentaciones que da cada parte
y de esas argumentaciones sacar
conclusiones.
La UNIREN puede modificar el Acta
de Entendimiento con lo expuesto en las
audiencias públicas. Luego esa acta de
entendimiento definitiva tiene que ir a la
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Procuración del Tesoro para producir
dictamen igual que la SIGEN y la Comisión
Bicameral de la ley 25561.
Esos dictámenes tienen que ser
discutidos por ambas Cámaras del Congreso
en el plazo de 60 días corridos, si no lo
rechazan, se considera aprobado. Esto es
absolutamente inconstitucional porque el
artículo 82 de la Constitución dice que el
Congreso se manifiesta expresamente y
parece que solo con coimas se aprueban los
contratos de esta forma, 25 contratos fueron
los aprobados de forma explicita. Luego de
terminado el tema parlamentario las empresas
podrán desistir o no.
Si los argumentos que se esgrimen en
las audiencias públicas son convincentes y,
por ejemplo, no se les otorga a las telefónicas
la reducción de la banda horaria, las
empresas y sus accionistas podrían no
renunciar al juicio contra el Estado argentino
porque en ningún momento se
comprometieron a eso. Se comprometieron a
la suspensión.
Ahora en el Acta de Entendimiento
hay algunos anexos, son los compromisos de
la empresa para el año 2010 y a largo plazo.
Entonces, cuando la eficiencia del servicio
110 es hoy de 10 minutos para resolver el
problema, al año 2000 se llegaba al 80% de
cumplimiento y para el año 2010 será del
85%. Es decir, cuando uno llame no va a
tener una mayor rapidez que hoy.
El servicio de reparaciones (114)
arrancó con una eficiencia del 84% y llegará
al 85%, la eficiencia de los servicios de
operadora de larga distancia empezó con el
86% de eficacia y quedará en forma igual.
Las demandas de reparación de un aparato en
el año 2000 era de tres días, y en el largo
plazo será de tres días. Es decir que no se
invierte un peso en eficiencia.
Las empresas capitalistas tienen una
lógica, ganar dinero, nadie puede decir que
trabajen a perdida. Del 91 al 2001, Telefónica
de Argentina ganó 2355 millones de
pesos/dólares. Resulta que la empresa, como
el resto de las privatizadas, utiliza diferentes
artilugios para reducir el margen de ganancia
por ejemplo, en honorarios y distribución de
servicios gastó 263 millones, lo que nos
llevaría a hablar de la precarización de las
empresas contratistas que trabajan para éstas
empresas.
Ellos lo ponen como un gasto, al igual
que los honorarios por gerenciamiento, que
son de 86 millones en un solo año, cuando la
que gerencia es la misma empresa. Estos
honorarios ascienden desde el año '91 al 2003
en 1276,300 millones de dólares.
Yo lo he dicho hasta el cansancio en
el recinto, en las reuniones de comisión. Por
qué la AFIP no controla a las empresas
privatizadas para que vean como en sus
balances eluden las ganancias para pagar
menor cantidad de impuesto y reclamar al
gobierno aumento de tarifas.
Hay otros gastos que no especifican
que ascienden a 26 millones de pesos, gasto
en marketing, en consultoras, en publicidad.
Salvo los 214 millones de pesos en efectivo
que pusieron Telecom y Telefónica para
comprar ENTEL y los 1059 en papeles
levantados de la deuda externa (en ese
momento el activo de ENTEL superaba los
5000 millones, el pasivo quedo para el
Estado), hasta el día de hoy ninguna de las
dos empresas pusieron un solo peso propio de
capital.
Y hoy la empresa que controla a
Telefónica de Argentina es Telefónica de
España. Incluso compró hasta el 10% de
propiedad participada que tenían los
trabajadores que inventó Cavallo en su
momento para que los gremios no hicieran
paro y se opusieran a las privatizaciones.
Un verdadero escándalo, una
verdadera inmoralidad, las ganancias son
escandalosas de modo que el Acta de
Entendimiento es una verdadera vergüenza.
Tenemos que ir a Mar del Plata a rechazarla
con toda nuestra fuerza. Muchas gracias.
Ariel Barlaro: voy a tratar de no entrar en los
temas que ya se trataron. Quiero ir hacia otro
lugar, con esto no quiero descalificar o
minimizar lo dicho. Para eso necesito
contextualizar una cosa básica, cuando
salimos de la convertibilidad, las empresas
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Telefónica y Telecom estaban pidiendo entre
un 30 y 35% de aumento en las tarifas. Si
nosotros miramos el Acta de Entendimiento y
lo que vino haciendo el gobierno hasta ahora
vemos que éste viene resistiendo al aumento.
Algunos verán que el gobierno fue
muy concesivo, otros verán al gobierno poco
menos que jacobino y revolucionario. Quiero
traer el escenario real para poder entender la
lógica política, el Secretario de
Comunicaciones venía diciendo que no les
iba a dar aumentos, que estaba haciendo un
estudio de costos que demostraba que no
tenía por qué darles aumento.
Finalmente, del 35% que pedían a lo
que les dieron parece que las empresas no
han recibido un gran aumento, pese a lo que
nos dijo recién Polino.
Digo esto porque la sensación es que
las empresas se llevaron poco y nada en
comparación con otras empresas de otros
sectores que han recibido aumentos en
sectores mayoristas.
En el sector de grandes clientes, la
compensación fue diferente, algo que en
telefonía es muy difícil de hacer porque es un
sector monopólico. En muchos sectores
políticos y de analistas están viendo que hay
algo que se dio además, creo que esto es el
fondo de ésta negociación.
Esto lo traía Guillermo ¿no se les
estará dando a las empresas de telefonía la
posibilidad de la eliminación de la restricción
a la radiodifusión? El negocio de la televisión
es rentable para las empresas de telefonías,
ahora lo vamos a ver más en detalle. Ahí hay
dos cuestiones:primero, qué pasa con las
tarifas, segundo, ¿no será que hay una
negociación por otro lado?
El gobierno actúa creyendo que su
principal rol es negociar bien el tema tarifario
entonces logra que no se aumente el 35% y
les da algo que no se cree importante. No
quiero disminuir la ganancia que se le da a
Telefónica con el Acta de Entendimiento pero
creo que hay otras cuestiones.
Con respecto al tema de la tarifa, el
gobierno creyó que al no aumentarla estaba
en deuda y que entonces debía entrar en una
negociación. Creo que hubo una mezcla de
soberbia, no sé si hubo algo irregular en el
camino y falta de conocimiento, si es que
había una voluntad política de llevar la
cuestión más a fondo.
La tarifa, cuando comenzó se fijo en
pesos, no en dólares. No existía la
convertibilidad cuando fue la primera
negociación. O sea que el argumento de que
no se dolarizaron las tarifas hasta ahora es un
argumento débil, porque primero Cavallo
impone la convertibilidad y tiempo después
dolariza, las tarifas eran en pesos y
aumentaban de acuerdo a la inflación.
No sé si era bueno o malo y como
aclaró Damián, María Julia aumentó la tarifa
significativamente antes de privatizar. En ese
momento Cavallo saca el ajuste por inflación
y pone una tarifa de convertibilidad, ahí ya se
violó el contrato. Las empresas no fueron a
denunciar ante el CIADI que hubo una
violación de contrato, acordaron.
Además de dolarizar, en el año '91
también existió la inflación de los Estados
Unidos, por eso algunas empresas dieron
rentas extraordinarias. Después se dio el
rebanlaceo, otra "violación del contrato
original". A pesar de eso, si terminaba la
convertibilidad montada por Cavallo había
que volver a negociar. O sea que, en realidad
el gobierno no le debe nada a las empresas,
todo su accionar entra dentro de las
previsiones de violaciones de sucesiones de
contrato que hubo.
Esa sensación de que el gobierno
estaba en deuda y que tenía que entregar algo
a cambio por haberle pesificado y congelado
la tarifa fue incorrecta y el gobierno no lo
supo ver o no lo denunció. Dejó correr la idea
de que estábamos todos en deuda. Por lo
cual, abrió la puerta a una negociación y a
una concesión, por otro lado.
Cómo se suele fijar una tarifa, mi
especialidad es el mercado de las
comunicaciones y cómo es este negocio en el
resto del mundo. Damián contó un poco los
reglamentos que había, los precios están
regulados en todas las partes del mundo sobre
todo cuando las empresas son dominantes o
monopólicas.
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Lo que se hace es fijar
periódicamente, se miran los costos y se fija
una ganancia razonable o la que fijen los
gobiernos. Eso se hace en todo el mundo, la
particularidad es que en el sector de las
comunicaciones, por el tema tecnológico, los
precios y los costos del sector se van
reduciendo cada vez.
Además, en muchos casos las
empresas tienen cada vez más clientes, por lo
cual su costo por abonado es menor. Por eso,
casi todos los países establecen mecanismos
tarifarios periódicamente, que no se da en un
debate ideológico, hay un componente
ideológico, pero se da con un estudio muy
sesudo de lo que son los costos de las
empresas.
Hay que hacer ese trabajo pero en
Argentina no lo hizo nadie, nadie vio cuáles
eran los costos de las empresas como para
fijar una tarifa. Y hoy estamos igual nadie
conoce los costos. Cuando se empezó, el ex
secretario Guillermo Moreno dijo que iba a
establecer otro modelo de costos porque el
que se había establecido en el 2001 era un
modelo americano que se llama "Costos
incrementales a largo plazo", es un software
que hay que comprar a Estados Unidos y es
difícil trasladarlo a la Argentina.
La verdad es que no es difícil
trasladar ese sistema sino que, por el
volumen del mercado americano pueden
poner a trabajar la cantidad de empleados
necesarios para llenar los casilleros.
Acá no había voluntad política o
dinero para hacer eso, por lo cual, se dijo
cómo calcular el costo pero no se hizo nunca.
Entonces, empezaron a pedir los informes a
las empresas, etc, todo el mundo sabía que
eso no iba para ningún lado.
El mayor gasto que tienen hoy las
telefónicas es de fijo a móvil, los usuarios de
tarifas fijas el mayor aumento que tuvieron
fue de llamadas a celulares. El tema no es
que la tarifa reducida pase de 20 a 21 horas,
podemos hacer un boicot para ese horario, el
tema son las llamadas a celulares que nadie
ha tocado, de celular a celular también se
regulan, todo esto no está hecho y eso es lo
que hay que exigir.
Creo que las empresas también
quieren eso, pero que sea seriamente porque
si mañana se dispara la inflación habría que
hacer otra negociación. Entonces, habría que
establecer un mecanismo serio de discusión
tarifaria de corta y larga distancia, eso estaba
en el contrato original pero el mercado se
complejizó.
Vamos a ver qué obtuvieron las
telefónicas. La principal ganancia que
tuvieron Telefónica y Telecom fue por la
interconexión, los precios que cobran éstas a
otras empresas por usar su red. Fue una
ganancia estratégica y en pesos. Los precios
de interconexión nunca se congelaron. Al
tratarse de la red pública nacional que paso a
la empresa dominante, ésta la tiene que
prestar para que haya competencia. Lo que
lograron Telefónica y Telecom congelando
las tarifas al usuario final y aumentando las
tarifas mayoristas es que la competencia
quedará totalmente ahogada.
La competencia no podía reducir más
sus costos, eran empresas que estaban
dominando en otros países, no eran que
empresas socialistas. Esta es una ganancia
estratégica y es lo que se quiere implementar
como modelo, esto lleva más discusión y a
pensar en una nueva ley de
telecomunicaciones, que sí pienso que se está
discutiendo.
El ministro De Vido dijo, acá hay que
aumentar la interconexión porque así cada
uno va a invertir en su red. En el fondo lo que
desnudó De Vido es que se había acordado
que las tarifas mayoristas van a aumentar.
Eso es lo que habría que discutir, hay una
supuesta ley de telecomunicaciones que
nunca se discute, mientras tanto aumenta por
inflación por el CER.
También están las audiencias,
participé de muchas donde venían los
secretarios con cara de piedra y después se
discutía lo que querían. Y las organizaciones
de usuarios en Argentina para mí son un
chiste, he visto representantes de
organizaciones de usuarios viajar en clase
ejecutiva y los representantes de las empresas
en económica. Viajan por todo el mundo y
cómo se bancan, son un chiste. Creo que si
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nos quedamos con las audiencias públicas no
estamos viendo la cuestión real.
Con respecto al sistema de medios,
¿es posible que Telefónica pueda acceder a
romper la veda que tienen las empresas de
servicios públicos para dar televisión paga y
competir con el cable? Algo que ya está en
todas empresas del mundo.
Me parece que también hay que
discutir si nosotros queremos evitar eso.
Porque, ¿qué es lo que estaríamos
resguardando, el monopolio de Clarín en
televisión por cable? Habría que ver primero
que política de medios, de desarrollo de
contenidos vamos a discutir e imponer
porque lo que se ve en Argentina y en otros
países de Latinoamérica son lobbys cruzados.
El secretario de Telecomunicaciones
hasta hace unos meses era pro Telefónica y
Telecom, el COMFER estaba más pro Clarín,
todos los gobiernos necesitan a los medios.
Lo mismo en Brasil con O Globo, nadie del
gobierno se va a enfrentar con O Globo ahora
que vienen las elecciones.
Ahora, ¿el resultado va a ser de esta
pelea de lobbys o se va a dar una discusión
en serio? Más allá de si se negoció algo o no
creo que debemos discutir qué tarifa es la que
debería existir, qué sistema de medios, de
radiofusión debería haber. Gracias.
Alumno: Además de partidos políticos y sindicatos u organizaciones de consumidores, que serían
las más nuevas, ¿qué sectores sociales sí tienen capacidad de representación, no de aquellos que se
arrogan esa representación?
Ariel Barlaro: no quería centrar el tema en las
organizaciones pero me parece que el tema
principal es que el Parlamento discuta, pienso
queahí están los mínimos representantes más
legítimos. Todo lo demás es para discutir
pero eso es lo que tenemos. No avanza nada,
hubo 47 proyectos de ley de radiodifusión y
todavía esta la Ley de Radiodifusión de la
Dictadura. Creo que lo mínimo que tenemos.
Damián Loreti: yo seguí de cerca las
audiencias públicas de la Comisión
Bicameral de la Reforma del año 2000 sobre
la cual hay muchas cosas para decir, el tema
de la falta de transparencia en la estructura de
costos impide discutir los verdaderos precios.
Lo que él planteó como separado hay que
articularlo, sin la estructura de costo es
imposible saber qué tramo se paga por las
interconexiones. Si se paga más implica que
no va a haber competencia, en Estados
Unidos esto se discute con manuales
gigantescos, acá los contratos son de papel de
diario.
Este tema de la interconexión cuando
se discutió en la Bicameral del 2000,
recuerdo que iban las empresas
norteamericanas y mexicanas que querían ser
entrantes en el mercado donde estaban las
incumbentes, apareció alguna vez FOETRA,
como ahí se discutía el proceso de
desmonopolización eso era lo que
"legitimaba" la presencia de los medios de
comunicación ahí, porque se podía llegar a
discutir el tema de radiodifusión.
Sobre todo, porque la extensión de las
actividades tenían implicancia sobre
sindicatos, reconocimiento jurídicos, etc. No
recuerdo haber visto mucho más. Para cierta
gente que quiera participar es más fácil
discutir, sin decir que lo sea, aspectos de
programación, contenidos que tramos de
interconexión, valores, etc.
Si hay un reclamo que haría a los
sindicatos del sector y a las organizaciones de
usuarios es que tampoco en ese lado se han
fondeado estudios concretos, que permitía
"empowerment", poner en conocimiento
público algunas discusiones. Ésta carrera es
muestra de poner en discusión ciertas cosas,
falta que los distintos sectores sociales se
encarguen de divulgar más aquello que
hacen.
Este es un modo de meternos en una
discusión pública que requiere ciertas
especificidades técnicas, por ejemplo,
recuerdan que antes para llamar al interior el
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puente lo hacía una empresa norteamericana,
eran las dos en dólares pero más barata la
otra por el tema del monopolio. Falta mayor
divulgación de información, tampoco hay
una movilización por una nueva ley de
radiodifusión.
Representante de FOETRA: nosotros
vamos a ir la audiencia pública porque
entendemos el valor de la misma, pensamos
que es un lugar donde debemos estar.
Creemos que estamos actualmente entre una
legislación, el decreto 764 del año 2000, y la
aparente seguridad de tratar con empresas
oligopólicas.
Acá hay cosas claras, hay un pacto
político que ya hemos denunciado muchas
veces y para salir de la trampa hicimos una
propuesta política, elaboramos un proyecto
de ley de telecomunicaciones. El apoyo de
nuestra propuesta está en dos cuestiones
fundamentales: una, el establecimiento de un
derecho público a la telecomunicación.
La segunda cuestión es que pensamos
que las telecomunicaciones tienen que servir
para el desarrollo industrial del país.
Por otro lado, lo que vamos a decir en
la audiencia pública es que el gobierno no
puede estar diciendo que va a hacer una ley
de telecomunicaciones y tratar cuestiones de
la telefonía móvil. Lo segundo es que
vamos a realizar una denuncia concreta de un
procedimiento que está haciendo Telefónica
de Argentina, que es la sinergia de grupo, es
que todo el grupo Telefónica compra por
ejemplo, radares en Brasil u otro país, lo que
hace es ir en contra de la soberanía nacional.
Además de las cosas puntuales que se traten
ahí.
Guillermo Mastrini: quería agradecerle a todos los panelistas. Me quedan unas pequeñas
sensaciones, la primera es que hay veces uno no sabe si es bueno saber o no, porque el panorama
es triste. El segundo tema es la contradicción que nos plantea las audiencias públicas, nadie queda
satisfecho por su funcionamiento, incluidas las empresas telefónicas porque si pudieran evitarlas,
lo harían para que no se supiera esto mínimo. Es tan complejo y dialéctico el tema que todo este
diagnóstico de la audiencia pública puede servir para convalidar un acuerdo que no vaya con los
intereses populares. Finalmente, con algo que estamos todos de acuerdo es que la información es
clave, se mueve mucho dinero a través de entender o no cierta información no sólo tenerla. Les
agradezco a todos por estar aquí porque fue un abordaje muy completo del tema.
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