GarcíaLeiva-radiodifusion1999-2001-resumen doc

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GARCÍA LEIVA, M. TRINIDAD:
Radiodifusión, contradicción y control (1999 - 2001)
Herencia de un marco legal desactualizado: ausencia de democratización; además se
sumó la privatización, concentración y trasnacionalización de las comunicaciones (en
los ‘90). Para la democratización de las comunicaciones y el fortalecimiento de la esfera
pública se necesitan: *Derecho a la Comunicación, basado en: Libertad de prensa
(acceso y protección de fuentes) – Lib de expresión (no censura y réplica). *Pluralismo.
*Independencia. *Federalismo (descentralización). *Complementariedad (no sólo
intereses comerciales). *Calidad (diversidad). *Definición de los medios como Servicio
Público (lógica de Acceso Universal, con Participación y Planificación –idea de lo
público). Una vez lograda esta instancia de la Recepción, se buscan contemplar las dos
dimensiones: Diversidad y Retroacción. La Participación en sus 3 niveles, alcanzable a
través de organismos transparentes, plurales e independientes. Busca contrastar la
gestión de De la Rúa con estos objetivos, sobre todo en torno al Acceso Igualitario y las
posibilidades de Participación en el sistema (que son las dos variables englobadoras del
resto).
20 días después de comenzado su mandato, De la Rúa veta la ley 25208 (RTA, proyecto
inicial de la Alianza): interviene y designa nuevos directores para ATC, R Nacional,
Telam y demás órganos en la materia. En enero de 2001 creará Multimedios Oficial
(MO), que integrará al SOR, Canal 7 y Telam. El presidente será Mario Cella. A
comienzos de 2000, y con programación de emergencia, ATC pasó a llamarse Canal 7:
mejoró calidad y encendido. En marzo del mismo año, el ComFeR desistió su demanda
legal para la venta del canal (dispuesta por Menem), así que quedó en manos del E.
Lopérfido y Gallo eran la interna que se disputaba Comunicaciones en el Gob. Recién
se definió en abril de 2001 con la designación de los directores de MO, todos gallianos,
con mayor confianza del presidente. Gallo controló la Secretaría General de la
Presidencia, de la que dependía la Subsecretaría de Comunicaciones. Además manejó el
ComFeR. A Lopérfido le tocó la coordinación de MO. Pero Gallo manejaría todos los
mensajes y decretos presid.
Un nuevo proyecto de Ley de Radiodif. fue fallido (no acuerdo, supuestas presiones a
legisladores).
En el Impuestazo se acabó la exención tributaria de diarios y revistas (además de
aumentar a cines, eventos y cable); se los gravó con el 21% de IVA. La revancha
vendría (compensando con creces) a fines de 2001 cuando consiguieron firmar un
convenio con el Gob para incentivar el sector radial y reducir el gravamen.
Se llevó a cabo un proceso de Normalización del Espectro: el ComFeR revisó 400
adjudicaciones del gob anterior (se revocaron más de la mitad). Luego (fines de 2001)
se entregaron las radios de zonas no conflictivas y se preveía entregar las del resto, pero
la renuncia de De la Rúa lo impidió. Las radios comunitarias continuaron siendo
marginalizadas, se les reservó una porción del espectro hasta que puedan tener una
frecuencia. Los privados (ARPA, ATA y ARBO) hicieron lobby para un proyecto de ley
(sept 2001) para penalizar transmisiones ilegales. No se concretó, hay un vacío legal en
ese punto. Hubieron intenciones de licitar 90 frecuencias para TV de aire, después de 40
años, aunque la caída lo impidió. También estuvo el proyecto de Radio Digital, pero las
emisoras de FM y AM tienen que ponerse de acuerdo en una única tecnología de
transmisión, que los unifique. Aunque en este punto no tomó posición, el gob sí lo hizo
respecto de la TV Digital, dijo que es un servicio complementario y por tanto queda
libre a la explotación privada.
El ComFeR fue el sostén fundamental para llevar adelante estas políticas, por lo tanto se
buscó su transparencia (luego de los cuestionamientos a la gestión menemista). Se creó
un Registro Único de Licenciatarios (digitalizado). Se elaboró una Guía de Contenidos,
para comprometerse con el ciudadano. Se intensificó el control y la fiscalización
(Régimen de Normalización). Además se buscó fomentar la radiodif en zonas
marginadas.
Los privados buscaron beneficios, mediante presiones para conseguir leyes. Firmaron
(oct 2001) un Convenio de Competitividad; las radios con licencia tendrían ventajas y
se comprometían a mantener personal. En la década menemista se le habían otorgado
exenciones a medios como Telefé y C 13, bajo maniobras ilegales. Otra vez, los entes
que dependen de esos gravámenes (ComFeR, MO, etc) quedarían sin recursos. Fueron
medidas compensatorias de aquellas que habían perjudicado a los grandes grupos, se
anuló el efecto que podía causar el IVA.
Poco ayudó la gestión de la Rúa a la construcción de un Derecho a la Comunicación.
Sólo avanzó sobre el control de los contenidos y el sistema, manteniendo el statu quo.
No incorporó nuevas tecn, ni fomentó la prod y distr de contenidos. Aunque el ComFeR
(organismo contralor) se transparentó, no se federalizó ni democratizó. Además no
atacó el accionar de grupos como Telefónica, así como lo hiciera con otros. El proyecto
de ley no cuestiona la última década le da a lo hecho la fuerza de ley. Los holdings no
serían afectados. Sólo se planificó, desde el ComFeR, la adjudicación de licencias (por
momentos injusta). Aunque fue transparente se puede atacar su legitimidad.
La derogación de RTA y la imposición de MO fue la muestra de que el gob no quiso
perder el control sobre los medios. Las políticas del gob, entonces, pueden ser
caracterizadas de ambiguas. Las decisiones importantes fueron tomadas a puertas
cerradas y bajo la presión de los grandes grupos. Así, regulador y regulado estaban muy
próximos (consecuencia de la década Menem, por la concentración y centralización).
Los lobbys logran lo que quieren. En el gob de de la Rúa, el responsable fue el
intermediario: Gallo. Los que tenían poder económico sumaron el político.