Postolski[1] doc

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Necesidades privadas y urgencias políticas, causas y consecuencias del Decreto 527
De Glenn Postolski
Sin Ley
La discusión sobre la necesidad de establecer una estructura de comunicación más
democrática en la Argentina sufrió un duro revés el 20 de mayo pasado (2005) con la sanción
del Decreto 527/05. A través de éste, el Presidente de la Nación, Nestor Kirchner, decidió
suspender “por el plazo de 10 años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias
de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley N° 22.285 y
sus modificaciones”.
Una vez más, tal como ocurrió en toda la década del noventa, se repite la lógica de la
ausencia de debate de la sociedad civil y los partidos políticos sobre la necesidad de una
política de comunicación, y se impone una adecuación normativa ligada a los intereses del
sector privado.
El criterio rector a la hora de fijar la política fue pensar la actividad desde la lógica
comercial, y no desde el rol democratizador de la radiodifusión y la necesidad de respetar el
ejercicio del Derecho a la Información, la libertad de expresión para todos los sectores y el
pluralismo.
Ambivalencias
Los decretos de instalación de repetidoras de Canal 7 en el interior, la suspensión del
proceso de normalización de FMs que sirve para evitar el agotamiento del espectro de
frecuencias antes de que se autorice la participación de las entidades sin fines de lucro en los
concursos, son ejemplos de un, aunque tibio, cambio de orientación con respecto a los años
noventa.
Nada es para siempre?
A diferencia de los controles planteados a otras empresas privatizadas, los dueños de
los medios jamás fueron obligados a dar cuenta de los resultados de su gestión.
Con esta medida (el decreto), el panorama mediático de los próximos años quedará
conformado de la siguiente manera: Canal 9 seguirá en manos de Hadad y Moneta hasta el
2019; América – la emisora de Manzano, Avila y Vila – preservará su licencia hasta el 2022;
Telefónica y el Grupo Clarín seguirán controlando Telefé y Canal 13 hasta el 2025; el grupo
mexicano CIE – que posee 5 radios, entre ellas, la Rock &Pop – conservará su licencias hasta
el 2018 lo mismo que radio Mitre y Continental – de Clarín y ¿Telefónica? -; radio 10, de Daniel
Hadad, hasta el 2025; respecto de los operadores de cable – Cablevisión y Multicanal – la
concesión se extiende hasta el 2016.
Mas discrecional es aún el caso de aquellos medios que tenían licencias previamente a
1980 y que fueron automáticamente renovadas por la ley de la dictadura. Se trata de empresas
con más de 40 años de continuidad, a las cuales se les suman otros diez, con lo cual queda
configurado un cuadro de situación que les hace gozar de una especie de licencia a
perpetuidad. Estos medios contaron con quince años más diez de una prórroga legal, pero
tales plazos vencerían en el 2007. La 22.285 no da derecho de continuidad posterior sino que
debería llamarse a concurso.
Otros grupos de medios son los que fueron entregados por la privatización de fines de
la dictadura, con plazos que deberían vencer en 2008 o 2009. Luego se encuentran los medios
privatizados, ley de reforma del estado mediante, en 1989/1990, cuyas licencias vencerían en
2014. Y por último, las del proceso de normalización de espectro de 1999, que aún se están
terminando. A todos se les suma diez años en los que los plazos no se contarán.
Así queda cristalizado el concentrado mapa de medios en la Argentina: sin que puedan
ingresar a la actividad sectores sin fines de lucro, con muchas provincias o municipios donde
sólo hay un canal de televisión abierta y no se prevé concursar otro, y donde los dueños de los
medios se confunden con los controladores del poder feudal.
Cadenas de favores
El 20 de mayo nos muestra otra oportunidad perdida. No se estableció ninguna
obligación para generar mayores porcentajes de programaciones propias en emisoras y
operadores de cable del interior del país, con la consiguiente creación de nuevas fuentes de
trabajo. No se aprovechó, como sí lo hizo nuestro vecino país, Brasil, la posibilidad de definir la
política de incorporación tecnológica. No se debatió tampoco como debe darse el ingreso a la
radiodifusión digital y qué se hará con los canales que queden libres luego de las pruebas y
transiciones técnicas.
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La orientación de la política comunicacional del gobierno parece quedar clara y ser
escrita por un solo grupo de interés. El decreto 527/05 que permitió, en contra de lo que dice la
ley, separar una AM de una FM, profundiza esta lógica.
Frente a la continuidad de actores, relaciones, beneficios y de política, se hace
imprescindible entonces la construcción de un espacio social que pueda anteponer al interés
del mercado la necesaria construcción de consensos democráticos que generen una política
de comunicación más plural y participativa.
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