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MASTRINI & LAVIERI: Los orígenes de la tv privada argentina
Si bien hubo intentos
fallidos antes de 1951, recién el 17
de octubre de ese año la TV
argentina pudo llegar a los escasos
hogares que poseían aparatos
receptores. Las primeras
transmisiones con equipos traídos
desde EEUU por el ex propietario
de Radio Belgrano Jaime
Yankelevich (enviado por el
gobierno peronista) se realizaron
desde el edificio del Ministerio de
Obras Públicas, seleccionándose
el Canal 7.
El hombre que estuvo a
cargo de dichas emisiones fue
también uno de los pioneros de la
radio: Miguel Susini. El primer
programa transmitido fue el acto
celebratorio del Día de la Lealtad.
Cuando el gobierno decidió llevar
adelante en 1954 la privatización
de los medios audiovisuales que
tenía en su poder, Canal 7 pasó a
manos de la Asociación de
Promotores de Teleradiodifusión
(APT). Por única vez en su
historia y hasta el golpe del ’55,
Canal 7 fue privado.
Con el golpe se declararon
nulas las adjudicaciones hechas
por el gobierno peronista y se
intervinieron las emisoras
privadas. En 1957 se derogó la ley
de radiodifusión del gobierno
peronista y se sancionó la nueva
ley 15.460 que descentralizó la
emisoras, prohibió la formación
de cadenas, la radiodifusión se
declaró de interés público y se
sentaron las bases para un
próximo llamado a licitación (sólo
para licenciatarios argentinos no
vinculados al gobierno anterior y
que como máximo podían tener
una radio y un canal de TV,
durante 15 años).
En un panorama bastante
amplio de postulantes (figuras de
la UCR del pueblo, hombres de la
industria cinematográfica, un
sector de la iglesia, etc), en abril
de 1958, tres días antes de
entregar el gobierno, Aramburu
firmó un decreto mediante el que
se adjudicaron las 1ras licencias
de canales de televisión privados.
La adjudicación de las
licencias de los canales 9, 11 y 13
de la ciudad de Bs As a las
empresas CA-DE-TE, DICON y
Río de la Plata TV (que luego
precisaron capitales extranjeros de
la CBS, la NBC y la ABC) marcó
el inicio de una forma de
explotación que, con variantes, se
ha mantenido hasta nuestros días:
un modelo competitivo que
concede libertad de radiodifusión
a instituciones públicas o privadas
mediante un régimen de licencias.
Este sistema, fruto de la
inexistencia de una política global
de comunicación, en la práctica,
en vez de elevar la calidad y
pluralidad de los mensajes,
engendró una programación con
escasas variantes temáticas y sin
la diversidad de opiniones
existentes en la sociedad.