La responsabilidad de los gobiernos en relación con la protección radiológica es crear condiciones jurídicas y administrativas apropiadas para que las autoridades reguladoras de la protección radiológica lleven a cabo su labor eficazmente. Esto implica establecer normativas, leyes y estructuras administrativas que garanticen la seguridad y el control de las fuentes radiológicas, así como la supervisión de su uso en diferentes ámbitos, como la medicina, la industria y la investigación.
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