Como ya se dijo atrás, la Corte Constitucional, reforzando los límites establecidos en el artículo 333 constitucional, colombiana la armonización de la libre competencia y la libertad de empresa con los poderes de intervención del Estado y los principios de los servicios públicos. Posteriormente, la Corte reafirma y consolida la propuesta de la armonización frente a las diversas tensiones en la Sentencia C-974 de 2002. Sin embargo, solo hasta en la Sentencia C-150 de 2003 la Corte afirmó que las libertades económicas constituyen garantías que pueden ser limitadas por el Estado con fundamento en los principios propios de los servicios públicos y que se concretan en criterios de orden material y formal en pronunciamientos posteriores, tales como las sentencias C-654 y C-741 de 2003, y C-516 de 2004, la Corte Constitucional ha continuado refinando y perfeccionando los criterios para armonizar la libre competencia y libre empresa.