En este sentido, hoy entendemos que el papel del Estado debe ser otro. Los sectores estratégicos o esenciales no son propiedad del Estado y no tienen por qué ser gestionados ni directamente ni en la sombra por las autoridades. Las consecuencias que todo ello tiene en el régimen de las actividades de servicio público (hoy servicios económicos de interés general) son innumerables. Estas han pasado de ser actividades estatales y el Estado ha pasado a centrarse, no en la gestión, planificación y control de estas, sino en la delimitación de los derechos de unos y otros empresarios y futuros emprendedores, empleados y proveedores, ciudadanos, usuarios o potenciales consumidores, arbitrando sus diferencias y velando por el respeto de esos derechos.