Es a partir de 1990 que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado crea una doctrina legal sobre la regulación con base en la Constitución Política de 1991; fue así como la Corte y el Consejo se pronunciaron sobre el concepto de regulación recogido en la Ley 142 de 1994 (servicios públicos domiciliarios) y sobre las autoridades de regulación. Es de subrayar que con la Sentencia C-150 de 2003 no solo se habla de regulación de actividades económicas (regulaciones económicas) sino también regulación social, ya que como lo señala la sentencia mencionada la “función estatal de regulación está segmentada por sectores de actividad económica o social”. Es más, es de mencionar otro aporte de la sentencia citada que la regulación no tiene solo como fin u objetivo económico el normal funcionamiento del mercado, sino también objetivos sociales. De ahí entonces que podemos decir que la regulación no solo debe estar enfocada hacia el mercado, porque también, como lo hemos dicho en este escrito, existen otras actividades de no mercado que merecen atención para aplicar las técnicas de regulación y las herramientas de mejora regulatoria.