El Estado fue concebido como una forma de dominación política cuya función principal consistía en garantizar el orden y la paz social. Esta función de garante se ejercía mediante la acción reguladora del Estado sobre la sociedad. Hasta que no se hallaron otros títulos de legitimación de la Administración, sólo la alteración del orden público -la puesta en peligro de la seguridad de los individuos, según la concepción propia de aquella época-, legitimaba su acción reguladora. La protección de otros bienes igualmente valiosos, elevados a la categoría de derechos fundamentales –por aquel entonces, básicamente, la propiedad y la libertad- constituía, asimismo, un título de legitimación estatal reconducible a la noción de seguridad.