En el mismo orden de consideraciones, atendiendo al décalage existente entre el grado de especialización de la Administración y el grado de desarrollo de los conocimientos técnicos, resulta ilusorio e inoperante seguir atribuyendo exclusivamente al Estado la responsabilidad de minimizar los riesgos generados por la técnica. Esta responsabilidad debe recaer, en primer término, sobre los sujetos privados que generan tales riesgos. Las industrias, pero también, destacadamente, los científicos y los técnicos vinculados al desarrollo industrial, deben ser y, de hecho, son ya, los principales responsables de garantizar la seguridad, la salud y la protección del medio ambiente.