La concurrencia de los presupuestos que explican el desarrollo de la autorregulación regulada en el ámbito de los medios de comunicación –prensa, radio y televisión-, queda fuera de toda duda. No hay más que reparar en el enorme poder, político, económico y social, que poseen tales medios; en el reforzamiento de este poder gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, que provocan, asimismo, la internacionalización de la información; o en el marcado carácter ético de los límites a la actividad informativa. Son, también, destacables las dificultades del control estatal sobre el denominado “cuarto poder” y la inoperatividad en este ámbito de las técnicas clásicas de regulación, que se acentúa en un contexto, complejo y cambiante, al que los Estados llegan, casi siempre, con retraso. No es de extrañar pues, que, desde la Unión Europea, se apele a la responsabilidad de los medios de comunicación y se fomente el desarrollo de códigos éticos y de instrumentos técnicos, en un intento de encontrar un cierto equilibrio entre los intereses públicos en juego y las reclamaciones de libertad de los medios, que consideran cualquier intento de regulación como un límite inaceptable a la misma. El análisis de este fenómeno requiere, sin embargo, una cierta perspectiva histórica, en la que haremos especial hincapié. La oposición de los profesionales de la información a cualquier intento de control por parte de los poderes públicos no se explica, por ejemplo, si no se toman en consideración los avatares históricos del proceso de consolidación de la libertad de expresión. Tampoco es comprensible la posición de periodistas y editores frente a la regulación estatal, si no se tiene en cuenta su consolidada experiencia en materia de autorregulación, basada en la existencia de códigos éticos de la profesión y de Consejos de prensa. No obstante, en la actualidad, no es menos cierto que el subsistema técnico y profesional en el que se basaba la autorregulación de la prensa escrita se ha visto desbordado en gran medida. Nuevas formas de periodismo –prensa amarilla, prensa rosa-, nuevas técnicas de comunicación –con destacado protagonismo de los medios audiovisuales-, y nuevas concepciones del derecho a la información –que implican que debe protegerse no sólo a quien transmite a dicha información, sino también a los ciudadanos que la reciben-, plantean problemas insalvables para la correcta autorregulación de una realidad de la que no es predicable la existencia de un lenguaje y unos procedimientos técnicos comunes, ni una concepción ética compartida. Podría decirse, y es cierto, que pueden localizarse en las grandes empresas de comunicación, con mayor facilidad que en los medios en general, los elementos propios de un subsistema. Así, pueden distinguirse los instrumentos de autorregulación propios de las empresas de comunicación –los principios editoriales, los libros de estilo, los códigos éticos de empresa, o la figura del ombudsman, concretada en el defensor del lector, del oyente y del telespectador- de los instrumentos de los profesionales de la información –los códigos éticos de la profesión periodística, los Consejos de prensa y los convenios de autorregulación-. Unos y otros instrumentos, surgidos en momentos históricos diversos y en respuesta a necesidades distintas están llamados hoy a ocupar una posición preeminente en ámbitos en los que, en otras épocas, se articularon concretas técnicas de regulación de policía.