exceptuando las disposiciones necesarias para dar valor legal a los contratos, debe dejarse un amplio margen a la autorregulación (códigos de conducta). Esta última debería abarcar, en particular, la compatibilidad de los nuevos sistemas con los anteriores, la garantía de que los sistemas cerrados y abiertos se rigen por los mismos principios y normas de seguridad, así como la igualdad de condiciones entre participantes de países diferentes. La intervención de las autoridades públicas debería limitarse al control del funcionamiento de los sistemas y de su conformidad con los principios generales del mercado único. En otro orden de consideraciones, en la Resolución sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre una iniciativa europea de comercio electrónico [DOCE C 167, de 1 de junio de 1998, p. 203], puede leerse que: “(…) el Parlamento apoya la creación de un mecanismo internacional de arbitrio, autorregulado por la industria, para resolver los litigios sobre las transacciones de comercio electrónico cuando los órganos actuales demuestren no ser adecuados.” Este Decreto deberá ser adaptado, en alguno de sus contenidos, a las previsiones de la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, del Parlamento y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior [DOCE L 178, de 17 de julio de 2000]. En concreto, el artículo 19 del Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre de 1999, sobre la firma electrónica establece los requisitos que deben poseer los dispositivos de creación de firma