normas de conducta que pueden servir de base al control disciplinario que, sobre ellos, ejercerá luego una organización pública en base a concretas potestades atribuidas, esta vez sí, por el ordenamiento. Sensu contrario, parecería que la autorregulación se desarrolla siempre en el seno de formas de personificación jurídico-privada. Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada, con el fin de evitar posibles equívocos. Por un lado, puede hablarse también de autorregulación cuando estamos ante la presencia de subsistemas sociales que no están dotados de personalidad jurídica. Por otro lado, a pesar de su personalidad jurídico-privada, no puede hablarse de autorregulación cuando nos hallamos ante sujetos privados que tienen atribuidas potestades públicas, o que gozan de la condición. Nos referimos, claro está, a los códigos de conducta que regulan la actividad de los funcionarios públicos y que son elaborados e, incluso, aprobados, al margen de las estructuras jurídicas y de los medios propios de la autoridad pública. En este último caso, el grado de publificación de la actividad de tales sujetos privados y de su concreto régimen jurídico es tan intenso, que los mismos acaban confluyendo a la órbita del Estado y de sus formas de actuación.