En algunos casos, los empresarios están jurídicamente obligados a certificar el cumplimiento, no ya de normas de carácter voluntario, sino de genuinas normas jurídicas. Ello ocurre en las denominadas “declaraciones de autorregulación” previstas en algunas normas autonómicas reguladoras de los medios de comunicación audiovisual. En estos casos se impone a los medios la obligación de presentar periódicamente una declaración de la conformidad de la programación emitida con determinados valores, reglas y principios, fijados con carácter general por la legislación. No se prevén, en este caso, los efectos jurídicos concretos de estas declaraciones.