II. CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN PÚBLICA DE LA AUTORREGULACIÓN. Las ideas desarrolladas hasta este momento están presentes, ciertamente, en la ...

II. CARACTERÍSTICAS DE LA REGULACIÓN PÚBLICA DE LA AUTORREGULACIÓN. Las ideas desarrolladas hasta este momento están presentes, ciertamente, en la regulación pública de la autorregulación. Constituyen un marco general apropiado para el análisis de este fenómeno, pero no integran la descripción de su concreta materialización y dejan al margen algunos datos que intentaremos concretar con la descripción de los objetivos, las manifestaciones y las consecuencias de la regulación pública de la autorregulación. 1. Objetivos de la regulación pública de la autorregulación. Los objetivos de la regulación pública de la autorregulación han quedado ya bastante definidos en la exposición precedente. En un intento de síntesis, podría convenirse que, mediante esta técnica deben alcanzarse, básicamente, dos objetivos aparentemente contradictorios. En primer lugar, y como respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea relativas a la simplificación y desintervención administrativa, parece que deben limitarse las medidas de intervención directa del Estado. En segundo lugar, debe alcanzarse una elevación de los niveles de protección de determinados bienes, tales como la salud, la seguridad, el medio ambiente o la dignidad de las personas. El resultado de la combinación de ambos objetivos conlleva una descarga del Estado, pero, al mismo tiempo, una intensificación de la intervención indirecta de éste en la sociedad. La caracterización tradicional de las relaciones entre Estado y sociedad impone que, para conseguir estos dos objetivos, la regulación pública de la autorregulación incorpore un tercer objetivo, de carácter primario, que es básico para la consecución de los otros dos. La regulación pública de la autorregulación debe perseguir en primer término la corresponsabilización de la sociedad en la disminución de los riesgos por ella generados, puesto que, por un lado, las Constituciones de todos los Estados miembros imponen solamente a los poderes públicos la obligación directa de protección de los bienes arriba mencionados; y, por otro, los principales riesgos contra estos bienes provienen de la actividad de los particulares. A) La corresponsabilización de la sociedad. Hemos advertido que, de facto, la gestión de los fines públicos se materializa mediante la actuación conjunta del Estado y la sociedad. Sin embargo, se ha mantenido inalterado el principio según el cual la obligación jurídica de satisfacer tales fines –la obligación, en definitiva, de garantizar determinados niveles de protección-, corresponde solamente al Estado. Esto es, la protección de la vida, de la integridad de las personas, de la salud, de la seguridad o del medio ambiente, es una responsabilidad que las Constituciones atribuyen sólo a los poderes públicos –aunque no se impone que sean tales poderes quienes posean el monopolio de su materialización-. En la actualidad, rompiendo con esta dinámica, se impone, desde diversas políticas comunitarias, el principio de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, en la satisfacción de tales obligaciones de protección. El traslado de este tipo de responsabilidades a la sociedad, en forma de obligaciones compartidas con el Estado, se produce mediante la combinación de las tres técnicas siguientes. En primer lugar, se manifiesta mediante la introducción de un nuevo principio general del Derecho público, derivado de los trabajos preparatorios de la legislación comunitaria: el principio de responsabilidad compartida o de corresponsabilidad, entre el Estado y la sociedad, en la protección de determinados bienes –destacadamente, la protección del medio ambiente frente a riesgos generados por las nuevas tecnologías.