Así, una de las nuevas formas de regulación que se inscribe en esta tendencia es la consistente en el establecimiento de “redes de regulación”. La función reguladora del Estado consiste, en este caso, en la articulación de los intereses de todos los actores, públicos y privados, afectados por una determinada regulación. Este nuevo papel del Estado afecta también la Administración, que debe actuar como árbitro en una red o entramado de relaciones sociales diversas. La actuación administrativa informal, la fijación del principio de cooperación o algunas de las manifestaciones de la participación orgánica y funcional, dan razón de ello. Estos mecanismos, en la medida en que pretenden orientar la actuación de los particulares al cumplimiento de fines públicos, son considerados también, por algunos autores, como manifestaciones de la autorregulación regulada.