En este contexto resultan interesantes las distintas propuestas metodológicas que se están desarrollando actualmente, sin que, por el momento, pueda decirse que, pese a su brillantez y originalidad, hayan alcanzado resultados que puedan calificarse de definitivos, pero que, en todo caso, indican un camino que necesita ser recorrido. Me estoy refiriendo al análisis sistemático del Derecho administrativo a partir de (nuevos) «conceptos clave» (Schlüsselbegriffe) o de «conceptos jurídicos elementales» y, en una perspectiva más general, a su consideración como «idea ordenadora» o sistematizadora basada en dichos conceptos clave y a su construcción, desde presupuestos sociológicos, como «ciencia de la dirección» que aspira a dirigir los procesos sociales poniendo fundamentalmente el acento en los resultados de la actuación administrativa. Desde esta perspectiva, la actuación de la Administración, de la que en todo caso, como acabo de indicar, se afirma su «posición propia», vendría analizada no solo desde parámetros de legalidad formal, propios del método estrictamente jurídico, sino también desde parámetros de racionalidad económica y de eficacia en la resolución de los problemas sociales y en la satisfacción de las necesidades colectivas. Parámetros que, naturalmente, han de tener en cuenta, por expresa obligación constitucional, los intereses generales, lo cual supone que el procedimiento administrativo y la organización administrativa están llamados a adquirir, también desde esta nueva perspectiva sistemática, una relevante importancia en un proceso de toma de decisiones que debe, en todo caso, suscitar la adhesión de los ciudadanos. El que todas estas consideraciones supongan el nacimiento de una ciencia jurídico-administrativa completamente «nueva» es, por lo menos, bastante dudoso. Afirmar que el Derecho administrativo ha de ir más allá de la garantía de los derechos para ocuparse, sobre todo, de la efectiva y eficiente realización de los intereses generales y de los objetivos legales nada añade a las preocupaciones que, desde hace algún tiempo, se vienen manifestando, en este sentido, en la ciencia del Derecho administrativo. Es significativo, por lo demás, que una gran parte de la moderna doctrina alemana, de donde proceden, como es conocido, los impulsos hacia la construcción de una neue Verwaltungsrechtswissenschaft, se haya preguntado, precisamente, en qué consistiría la «novedad» de esta nueva ciencia, tachada, incluso, de innecesaria y contraproducente. Realmente, lo que ha sucedido es que, en mi opinión, se ha producido una ampliación de la perspectiva metodológica en la ciencia jurídico-administrativa, en donde una visión pluridisciplinar ha venido a completar las evidentes insuficiencias demostradas por el método estrictamente jurídico en la explicación de las nuevas realidades sociales y económicas surgidas, fundamentalmente, de las políticas privatizadoras de los últimos años. Todo ello forma parte, por lo demás, de una evolución natural del contenido del Derecho administrativo en su adaptación a las nuevas circunstancias de la sociedad sobre la que opera, en donde nuevas formas de actuación administrativa se han venido, simplemente, a añadir a las ya existentes, las cuales, como ya he apuntado, todavía guardan, en gran parte y con las adaptaciones precisas, una importante función explicativa en el seno de la ciencia del Derecho administrativo. Como en su tiempo también ocurrió con el movimiento de la planificación, la llamada «nueva ciencia del Derecho administrativo» se está desarrollando por alguna doctrina con indudable entusiasmo y con una cierta inclinación a la autorreferencialidad a partir de ese nuevo mundo conceptual al que he pretendido aludir de manera muy general en estas reflexiones (regulación, autorregulación regulada, dirección, garantía, etc.). Sin pretender restar valor explicativo a dicho mundo conceptual, lo que en ningún caso convendría olvidar es que el Derecho administrativo, construido a partir de factores muy