La idea de que el principio de legalidad está encaminado a impedir que los administrados puedan ser objeto de una sanción cuando no están en condiciones de conocer con carácter previo las consecuencias de su conducta la hemos extraído de TURNATURI, Aspetti problematici della costiluzionalitá delle pene pecuniarie fisse e proporzionali, «Rivista di Diritto e Procedura Pénale», 1977, pág. 1461.