El principio de legalidad, sin embargo, no agota aquí toda su virtualidad. No es suficiente exigir una ley formal para el establecimiento de infracciones y de sanciones administrativas, ya que su misión no es sólo proteger al ciudadano frente a los ataques indiscriminados y masivos de la Administración. La proclamación del principio de legalidad en materia sancionadora busca, además, que el administrado pueda conocer con carácter previo las consecuencias que derivarían de la realización de una infracción administrativa. A tal efecto, se entiende que el principio de legalidad comprende la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, la prohibición de efectuar interpretaciones analógicas y extensivas y la necesidad de regular exhaustivamente todos los elementos de la infracción.