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UNIDAD N 2 
 EL GASTO PÚBLICO 
 
a) Teoría del Gasto Público. 
 Los fines estatales se cumplen realizando cuantiosos gastos. La ciencia financiera no puede disociar los 
fines de los medios. Debe indagar cuales son los gastos que deben hacerse, y los procedimientos por los que 
debe efectuarse el gasto público. 
 
Concepto de Gasto Público. 
Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus 
fines consistentes en la satisfacción de necesidades públicas. 
Mediante el gasto público el Estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medio 
de los servicios públicos, cuyo destino es la cobertura de las necesidades públicas. Pero también el Estado 
puede satisfacer dichas necesidades con prescindencia de los servicios públicos y utilizando los efectos que "en 
sí mismos" los gastos públicos provocan en la economía nacional, atento a su importancia cuantitativa y 
cualitativa (p. ej.: un incremento considerable en la cuantía del gasto público puede obrar como reactivador de 
una economía en recesión con prescindencia del destino del gasto). 
Sin embargo, y cualquiera que sea la forma de satisfacción utilizada, el concepto está siempre ligado al 
de necesidad pública. Ésta, en efecto, juega el papel de presupuesto de legitimidad del gasto público, puesto 
que es indispensable su preexistencia para que el gasto se materialice justificadamente. 
Esto significa que la decisión sobre el gasto estatal presupone dos valoraciones previas de singular 
importancia: a) la selección de las necesidades de la colectividad que se consideran públicas, aspecto, este, 
variable y ligado a la concepción sobre el papel del Estado; b) la comparación entre la intensidad y urgencia de 
tales necesidades y la posibilidad material de satisfacerlas. 
En conclusión, sostenemos: 
1) Los g.p. se realizan para satisfacer necesidades públicas, ya sea en forma directa o indirecta. 
2) Al ser las necesidades públicas el presupuesto de legitimidad del g.p., las decisiones al respecto presuponen 
la selección de ellas y su comparación con las posibilidades materiales. 
3) El g.p. es interdependiente del recurso público. 
4) El g.p. es indicativo de la actividad, estado social y tendencias de los países. 
5) La cuantía del g.p. y su influencia sobre la economía general tornan imprescindible su consideración por las 
finanzas públicas. 
6) Es imposible considerar el fenómeno del recurso público sin tener en cuenta lo que el Estado restituye a la 
colectividad mediante el g.p. 
7) Prescindir del g.p. significa excluir la indagación de aspectos esenciales, como el antecedente y el resultado 
de la actividad financiera. 
 
Concepto Jurídico y Económico Social. 
- Jurídico: Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley que lo apruebe. 
- Económico social: El Estado se moviliza para atender las necesidades de la población por medio de los 
servicios públicos, cuyo destino es la cobertura de las necesidades públicas. Pero también el Estado puede 
satisfacer dichas necesidades con prescindencia de los servicios públicos y utilizando los efectos que "en sí 
mismos" los gastos públicos provocan en la economía nacional, atento a su importancia cuantitativa y 
cualitativa. 
 
Evolución del concepto. 
La evolución del concepto demuestra que el gasto público, por sí solo y con prescindencia de la 
financiación de servicios públicos, significa un importante factor de redistribución del ingreso y del patrimonio 
nacional, de estabilización económica, de incremento de la renta nacional y que su influencia es decisiva sobre 
aspectos tan esenciales como la plena ocupación, el consumo, el ahorro y la inversión. 
Esta evolución del concepto está íntimamente ligada a la nueva concepción sobre la misión del Estado. 
A) Para los hacendistas clásicos, el Estado es un mero consumidor de bienes: los gastos públicos constituyen 
una absorción de una parte de esos bienes que están a disposición del país. 
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B) Para las concepciones modernas, el Estado no es un consumidor sino un redistribuidor de riqueza. Ellas no 
desaparecen en un abismo sin fondo, sino que son devueltas íntegramente al circuito económico. Es decir, el 
conjunto de sumas repartidas a los particulares mediante el gasto público es equivalente al conjunto que le fue 
recabado mediante el recurso público. El Estado actúa, de esta manera, como un "filtro" o como una "bomba 
aspirante e impelente": procede a modo de bomba aspirante de las rentas de la comunidad y como impelente 
de la riqueza obtenida, mediante los gastos públicos, expandiéndola sobre toda la economía. 
 
Características Esenciales. 
Distinguimos las siguientes características esenciales del gasto público, tomando como base la 
definición dada al comenzar la unidad. 
A) Erogaciones dinerarias. Porque el g.p. siempre consiste en el empleo de bienes valuables pecuniariamente, 
que en la época actual de economía monetaria se identifican con el dinero. 
B) Efectuadas por el Estado. Tomamos el término en sentido amplio y comprendemos todas las sumas que por 
cualquier concepto salen del tesoro público y consisten en empleos de riqueza. 
C) En virtud de ley. En los Estados de derecho rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay 
gasto público legítimo sin ley que lo autorice. 
En el derecho argentino, la base legal se manifiesta de una triple manera: 
a) En primer lugar, el régimen del gasto público está regulado por la ley de contabilidad pública que establece 
pautas jurídicas comprensivas de todas las erogaciones que se presuma deben hacerse en el ejercicio. Esta ley 
reglamenta el gasto en sus diversos aspectos y especialmente en su ejecución. 
b) También surge la juricidad del gasto de la estimación y autorización de erogaciones que debe realizarse 
mediante la ley anual del Presupuesto General de la Nación. 
c) Por último, la tercera manifestación de la legalidad del gasto público está referida a un momento posterior al 
de su ejecución y se identifica con el control del adecuado empleo de los dineros públicos . 
D) Para cumplir sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas. Idealmente, la erogación 
estatal debe ser congruente con los fines de interés público asignados al Estado (la satisfacción de necesidades 
públicas), pero cabe preguntarse qué sucede con los fondos salidos de la tesorería estatal que no tienden a 
esos fines. 
Sabido es que en la realidad, buena parte de los gastos no responden a los fines de satisfacción de necesidades 
públicas. Sin embargo, no dejan de ser gastos públicos si son realizados por el Estado con los caudales públicos 
y sin responsabilidad personal para el funcionario que los ordena. Pero no cabe duda de que se tratará de 
gastos públicos ilegítimos. Por eso, la necesidad pública es el presupuesto de legitimidad del gasto público, pero 
no su presupuesto existencial. 
 
Reparto de los Gastos Públicos. 
Consideraremos el reparto del gasto en relación al lugar y en relación al tiempo: 
A) En relación al lugar. Este tema ha sido motivo de discusiones doctrinales. Por un lado se sostiene que el 
reparto debe efectuarse proporcionalmente al importe comparativo de los ingresos que el Estado obtiene en 
cada región o provincia en particular. Se dice que es totalmente injusto que el Estado obtenga los ingresos de 
un lugar y que luego los gaste en otro lugar diferente. 
Las teorías adversas sostienen, por el contrario, que el gasto debe efectuarse en aquellas regiones donde su 
utilidad sea máxima, sin considerar el origen de los recursos. Se argumenta acertadamente que la reunión de 
varias regiones territoriales en un solo Estado implica una renuncia a la consecución del máximo bienestar 
regional, en cuanto éste no sea compatible con la exigencia del fin más elevado que trata de lograr el máximo 
bienestar general. 
Pero, es necesario reconocer que un Estado que piense en obtener con el gasto el máximo de utilidadpara la 
comunidad, debe practicar un adecuado sistema de compensaciones para evitar perjudicar a determinadas 
regiones en beneficio de otras. Debe, indudablemente, tenderse a un desarrollo equilibrado de todas las 
regiones que integran el país. Conseguir ese objetivo será el reparto ideal que podrá efectuarse en relación al 
lugar. 
B) En relación al tiempo. Cuando se trata de gastos públicos muy cuantiosos, por ejemplo, aquellos destinados 
a obras públicas de gran entidad, es justificado distribuir el gasto en diversos ejercicios financieros, ya que ese 
costo no podría ser afrontado en un solo ejercicio, y tanto más si se tiene en cuenta que las obras mismas no 
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podrían ser finalizadas en el breve espacio de tiempo que el ejercicio presupuestario supone. Se recurre 
entonces al empréstito para financiar las obras. 
El hecho de diferir el gasto en el tiempo presenta ventajas indudables, entre las cuales se indica la de permitir 
la ejecución de grandes trabajos públicos con la reducción del empleo del ahorro nacional. Por eso, se piensa 
que el reparto del gasto en determinado período de tiempo más o menos largo, puede reducir los perjuicios a 
los ciudadanos y asegurar la mayor satisfacción para el mayor número de ellos. Tampoco debe olvidarse que si 
los beneficios del gasto son a largo plazo, será justificado su financiamiento con empréstitos, en forma tal que 
las generaciones futuras beneficiarías resulten en alguna medida incididas por ese gasto. Claro está que ello no 
debe llevar a la exageración de incrementar la deuda pública. 
 
Finalidades. 
Los gastos públicos pueden tener las más diversas finalidades. Algunos gastos tienen finalidades 
puramente electoralistas y no cumplen con el requisito básico de satisfacer reales necesidades colectivas. 
Existen gastos con finalidad social, y por último, otros gastos tienen una finalidad económica, como aquellos 
gastos públicos que tienden a la regulación o el incentivamiento de la economía general o sectorial. 
Dentro del campo económico, la política de gastos públicos tiene como finalidad incrementar el producto social 
y los ingresos nacionales hasta llegar a su nivel máximo. 
 
Límites. 
El problema de establecer límites al gasto público es más político que económico. No se puede dar 
fórmulas rígidas de limitación estableciendo, por ejemplo, determinada proporción de gasto en relación a la 
renta nacional (un 20, 30 o 40%). 
Los autores modernos sostienen que los gastos públicos pueden llegar hasta aquel límite en que la 
ventaja social de ellos se compensa con los inconvenientes de las amputaciones hechas al ingreso nacional. Se 
ha elaborado un concepto que se llama el de la "utilidad social máxima", y que puede enunciarse 
aproximadamente así: el Estado deberá ampliar sus gastos hasta el nivel en que la ventaja social de un 
aumento de los gastos se vea compensada por el inconveniente social de un aumento correspondiente de las 
exacciones públicas. 
Otros autores, como Gangemi, piensan que los entes públicos no pueden superar un cierto límite en la 
expansión del gasto, límite que se impone ante la posibilidad de agravar la presión tributaria y por la necesidad 
de no crear una presión inflacionista. Es necesario tener presente el equilibrio entre actividad económica y 
actividad financiera. 
El autor francés Duverger dice que al hablar de límites, muchos confunden gastos públicos con cargas 
públicas, lo cual es un error, ya que no todos los gastos públicos son cargas públicas. Sostiene este autor, con 
acierto, que ciertos gastos deben limitarse, y ellos son los gastos de mera administración, los gastos 
improductivos de trasferencia, y las sustituciones onerosas del Estado con respecto a aquellas actividades que 
resultan menos gravosas en manos de particulares. 
 
Efectos Económicos. 
Para darse cuenta de los efectos que produce el gasto público, debe partirse de la base de lo 
importante que resulta el volumen de los gastos en relación a la renta nacional. 
En Estados modernos, el gasto público excede el 30 % de la renta nacional. La sola existencia de un 
gasto de semejante magnitud tiene considerable influencia sobre la economía. 
Así, los gastos públicos producen efectos en el volumen de las rentas individuales y en su nivel relativo. 
El incremento de los gastos influye rápidamente en el ingreso nacional, el producto nacional bruto, el ahorro y 
la inversión. 
Los efectos de los gastos públicos no se limitan al impulso momentáneo que prestan inmediatamente a 
la economía en forma de una disminución de la desocupación o de un aumento de la actividad industrial. 
Tienen efectos secundarios que multiplican su acción económica creando en la misma medida gastos y 
producciones, y los ingresos que originan son objeto de ulteriores acciones de intercambios. 
 
 
 
 
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b) El crecimiento del Gasto Público. 
En todos los países del mundo y desde tiempo inmemorial los gastos del Estado han tendido a 
incrementarse. En períodos cortos se puede observar estabilizaciones o descensos, pero considerándolos en 
períodos largos, las observaciones pertinentes demuestran que la curva es siempre ascendente. 
Los autores especializados, al tratar el tema de los gastos públicos y al referirse a su crecimiento, examinan las 
causas determinantes del aumento y las dividen en aparentes, relativas y reales. 
A) Causas aparentes. 
 1) Variaciones en el valor de la moneda. La depreciación del signo monetario es un fenómeno constante 
observable en la generalidad de los países. Esta depreciación obliga a armonizar las cifras. 
2) La evolución de las reglas presupuestarias. La adopción de ciertos principios de derecho presupuestario ha 
llevado a modificar las formas de computar las erogaciones, y esto puede dar lugar también a un incremento 
aparente del gasto. 
 
B) Causas relativas. Algunos autores hablan de estas causas, que si bien no son estrictamente aparentes, 
tampoco son reales, puesto que se hallan compensadas en sí mismas. Así, las anexiones que incrementan el 
territorio pueden aumentar los gastos, pero ese incremento puede ser compensado con nuevos ingresos que 
surjan de las regiones anexadas. Lo mismo puede decirse con los aumentos de población, de producción y de 
renta nacional. 
 
C) Causas reales. 
 1) Gastos militares. Sin que sea necesario hablar de las guerras, es notorio que el equipamiento de las fuerzas 
armadas modernas exige sumas extraordinarias que se incrementan por las tensiones internacionales, la guerra 
fría, los conflictos parciales, los nuevos descubrimientos científicos en armamentos, la carrera espacial, etc. 
2) Expansión de las actividades del Estado. Las nuevas actividades que debe asumir el Estado llevan a la 
expansión de sus funciones tradicionales y al consiguiente aumento de gastos; así tenemos nuevas actividades 
por gestiones industriales y comerciales antes desconocidas, cargas de seguridad social (jubilaciones, 
pensiones, subsidios, ayudas diversas, seguros sociales, sanidad en general, etc.). 
3) Aumento de los costos. El aumento internacional de costos de bienes y servicios incide considerablemente 
en los presupuestos públicos, aparte de que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos. 
4) Burocracia y presión política. Debe mencionarse finalmente causas que aun siendo morbosas, no son menos 
reales, como el crecimiento desmesurado de la burocracia administrativa y la presión de grupos o sectores con 
influencia política que tienden a satisfacer sus intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. 
 
El Gasto Público en el Derecho Positivo Argentino. 
Está regulado, en el orden nacional, por la llamada ley de contabilidad pública (decreto-ley 23.354/56, 
ratificado por la ley 14.467; con las reformas introducidas por el decreto-ley 6190/63), y presenta estas 
características: 
a) El presupuesto considera el gasto en dos secciones diferenciadas aceptando la moderna clasificación 
económica de gastos de funcionamiento o inversión. La primerasección, denominada "presupuesto de gastos", 
comprende los que derivan del normal desenvolvimiento de los servicios en el ejercicio y los servicios de la 
deuda pública. Deben ser financiados con "rentas generales". 
La segunda sección comprende el incremento patrimonial derivado de adquisición de bienes de uso y 
producción y de ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos. Para financiar estos gastos se utilizan: 
recursos provenientes del uso del crédito, contribuciones especiales, donaciones, legados, fondos creados al 
efecto (art. 3). 
b) Tanto los gastos como los recursos deben figurar separadamente y por su importe íntegro (art. 2). 
c) En cuanto a la agrupación de gastos según los órganos y destinos, se dividen en anexos, incisos, ítems y 
partidas (art. 6). 
d) La ley de presupuesto debe fijar un crédito global de emergencia para el refuerzo de las partidas que hayan 
resultado insuficientes, con exclusión de las que se refieren a gastos de personal y de ejecución de obras y 
trabajos públicos (art. 5). 
e) En cuanto a obras y trabajos públicos (art. 3, inc. 2, apart. b), el presupuesto fija la suma máxima a invertir en 
el ejercicio, estableciendo el importe global para cada necesidad y su distribución por jurisdicción territorial. En 
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virtud de tal autorización, el P.E. (sin alteraciones de finalidad o distribución) fija el plan analítico de aplicación 
(art. 9). 
f) No todos los gastos a realizar durante el período son autorizados en forma anual y específica por el 
presupuesto. Así tenemos: 
1) determinadas obras públicas deben realizarse en un período mayor al año, por lo que se autorizan planes 
que abarcan varios períodos sucesivos (arts. 8 y 10); 2) existen erogaciones que son autorizadas por leyes 
especiales. Estas leyes se consideran complementarias del presupuesto (art. 16) y deben determinar el recurso 
con que se cubrirá la erogación (art. 15),- 3) ante ciertas situaciones excepcionales, el Poder Ejecutivo puede 
realizar erogaciones sin autorización legislativa previa, aunque con la obligación de dar cuenta en el mismo 
acto al Congreso. Tales situaciones de excepción son: 
1) las que mencionan los arts. 6 y 23 de la Constitución nacional (intervención a las provincias y estado de sitio); 
2) erogaciones imprevistas para cumplir leyes electorales; 
3) cumplimiento de sentencias judiciales firmes; 
4) reintegros ordenados en juicios ordinarios o por resolución del Tribunal de Cuentas de la Nación; 
5) epidemias, inundaciones y otros acontecimientos que hiciesen indispensable el socorro inmediato del 
gobierno (art. 17). 
g) Los gastos públicos tienen determinado procedimiento de ejecución, regulado por los arts. 19 y ss. 
h) Está expresamente contemplado por la ley (arts. 72 y ss.) el procedimiento de control de los gastos públicos. 
 
El Gasto Público y el Gasto Privado. 
En primer lugar, la diferencia más importante consiste en que el sujeto del gasto público es el Estado, 
mientras que el particular lo es del gasto privado. El Estado es perpetuo y el individuo perecedero. De ahí que 
los gastos del primero estén en relación tanto con el presente como con el porvenir, contrariamente a lo que 
sucede con el particular que, al realizar sus gastos, tiene en cuenta la limitación de su existencia. 
En segundo lugar, mientras el individuo satisface mediante sus gastos sus intereses particulares, el 
Estado persigue, por lo menos idealmente, fines de interés general al efectuar sus gastos. De allí que los 
beneficios colectivos resultantes de los gastos públicos son en gran medida inmateriales y no valuables 
monetariamente (por ejemplo, los gastos en defensa exterior u orden interno), mientras que los gastos 
privados persiguen finalidades materiales y generalmente lucrativas (p. ej.: adquisición de bienes para 
consumo e inversión). 
En tercer lugar, se advierte que el Estado gasta con recursos que en su mayor parte provienen de la 
coacción, mientras que los individuos carecen de ese instrumento como forma legal de procurarse ingresos. 
En cuarto lugar, se afirma que como el Estado debe satisfacer necesidades públicas, por lo general 
primero conoce el gasto que va a efectuar y en virtud de éste se procura los recursos. El particular —al 
contrario— adecúa sus gastos a los ingresos con que cuenta. 
Por último, y en quinto lugar, el Estado se halla obligado a realizar los gastos necesarios para cumplir 
debidamente sus funciones, estando tales gastos previamente calculados y autorizados por la ley 
presupuestaria. El particular, en cambio, goza de amplia libertad tanto en lo que respecta a la cuantía como al 
destino de sus erogaciones. 
 
c) Clasificación de los Gastos Públicos. 
Son múltiples los criterios de clasificación. Así, se divide a los gastos en gastos en especie y en moneda 
según el instrumento de pago con que han sido efectuados; se los clasifica en internos o externos según el lugar 
en que se han efectuado, ya sea dentro o fuera de las fronteras del país. También se distinguen en gastos 
personales, que son los que se pagan en concepto de sueldos y remuneraciones del personal, y gastos reales 
cuando se emplean para la adquisición de bienes. Otra clasificación los divide en gastos ordinarios, cuando 
atienden al normal desenvolvimiento del país, y gastos extraordinarios, cuando se trata de aquellos que deben 
hacer frente a situaciones imprevistas. 
 
Criterios: administrativo y económico. 
Veremos las clasificaciones que modernamente se consideran como las más importantes. 
A) Criterio administrativo. Según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan las 
erogaciones y las funciones a que esas erogaciones se destinan, basándose en la estructura administrativa del 
Estado y en la regulación jurídica de su accionar. 
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En la República Argentina, y según este criterio, los gastos se distribuyen en orden decreciente (es decir, de lo 
general a lo particular) de la siguiente manera: 
a) anexos: poder legislativo, poder ejecutivo, Presidencia de la Nación, ministerios, entidades descentralizadas 
de carácter administrativo, Tribunal de Cuentas, deuda pública, obligaciones generales a cargo del tesoro 
nacional y crédito global de emergencia; b) incisos; c) ítems; d) partidas. Estas últimas son principales si su 
monto es fijado numéricamente por el presupuesto, y parciales si se trata de la distribución de las anteriores 
por conceptos sin fijación de cantidades (art. 6, ley de contabilidad nacional). 
La ventaja de este tipo de clasificación es que permite apreciar comparativamente la evolución de los distintos 
sectores de la administración. Empero, al basarse en aspectos íntimamente ligados a la variable organización 
administrativa de cada país, pierde importancia en cuanto a la posibilidad de dar una idea de cómo influye cada 
uno de esos gastos en la economía nacional tomada en su conjunto. 
 
B) Criterio económico. Desde este punto de vista se establece la diferencia entre gastos de funcionamiento (u 
operativos) y gastos de inversión (o de capital), clasificación, ésta, que ha sustituido a la antigua separación 
entre gastos ordinarios y extraordinarios. 
Los gastos de funcionamiento son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable 
para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Pueden 
ser gastos de consumo (p, ej., conservación y reparación de edificios, renovación de bienes muebles, etc.) o 
retributivos de servicios (p. ej., sueldos, salarios, dietas y honorarios de funcionarios y empleados). Estos gastos 
no significan un incremento directo del patrimonio nacional, pero contribuyen a la productividad general del 
sistema económico y son tan necesarios como los gastos de inversión 
En líneas generales, los gastos de funcionamiento se asemejan a los "gastos ordinarios". 
Los gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo 
del patrimonio público. Pueden consistiren pagos emanados de la adquisición de bienes de producción 
(maquinarias, equipos, etc.), en inversiones en obras públicas infraestructurales (presas hidroeléctricas, 
viaductos, carreteras, puentes) o en inversiones destinadas a industrias claves (siderurgia, petroquímica, 
fabricación de equipo pesado, etc.), ya sea que éstas sean motivo de explotación pública o privada, en cuyo 
último caso la inversión se hace en forma de préstamo o aporte de capital. 
Mientras los gastos de funcionamiento retribuyen bienes de consumo o prestaciones de servicios, los 
gastos de inversión retribuyen bienes de capital y, por consiguiente, contribuyen a aumentar el capital del 
sector público de la economía. 
Aquí el parecido con los antiguos "gastos extraordinarios" desaparece, ya que las erogaciones de inversión no 
pueden ser consideradas excepcionales o anormales. 
Otra clasificación con criterio económico divide a los gastos en gastos de servicio (o con contrapartida) 
y gastos de trasferencia (o sin contrapartida). En el primer caso se cambia el dinero del gasto por un servicio 
prestado o una' cosa comprada (por ejemplo, gastos en remuneración del personal estatal como contrapartida 
de su trabajo, o gastos en pago a los proveedores como contrapartida a sus entregas de bienes), mientras que 
en el segundo caso no hay contravalor alguno y el propósito de la erogación es exclusivamente promocional o 
redistributivo (por ejemplo, subsidios a empresas privadas deficitarias cuya producción es esencial, 
subvenciones a entidades de bien público, auxilios regionales por calamidades públicas, asistencia médica 
gratuita, pensiones por accidentes de trabajo, enfermedad, vejez y muerte, etc.). 
También suele clasificarse económicamente a los gastos en productivos e improductivos. Los primeros 
serían aquellos que elevan el rendimiento global de la economía, posibilitando mayor productividad general del 
sistema (adquisición de equipos productivos, construcción de viviendas, mejoramiento del trasporte, 
investigación científica, etc.), mientras que los segundos no tienen esa cualidad (por ejemplo, los gastos de 
cobertura de los servicios públicos esenciales, como ejército, justicia y policía). 
 
Clasificación de la Ley de Contabilidad. 
El presupuesto considera el gasto en dos secciones diferenciadas aceptando la moderna clasificación 
económica de gastos de funcionamiento o inversión. La primera sección, denominada "presupuesto de gastos", 
comprende los que derivan del normal desenvolvimiento de los servicios en el ejercicio y los servicios de la 
deuda pública. Deben ser financiados con "rentas generales". 
La segunda sección comprende el incremento patrimonial derivado de adquisición de bienes de uso y 
producción y de ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos. Para financiar estos gastos se utilizan: 
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recursos provenientes del uso del crédito, contribuciones especiales, donaciones, legados, fondos creados al 
efecto (art. 3). 
 
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