CONSTITUCIÓN DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
VICENTE ROCAFUERTE 
 
PLANIFICACIÓN TURISITICA TERRITORIAL 
 
5TO / B TURISMO 
NOCTURNO 
ESTUDIANTE: 
Lindsay Lorelein Mantilla Manzaba 
TEMA: 
CONSTITUCIÓN 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
 
PERIODO ACADÉMICO: 
 
2023-2024 
 
 
 
Constitución 
• Disposiciones constitucionales: 
Art. 3 num 5, Art. 85, Art. 95, Art. 100, Art. 141, Art. 147 num. 2,3,7,8, Art. 148, 
Art. 154, num. 1, Art. 241, Art. 248, Art. 250, Art. 256, Art. 257, Art. 258, Art. 261, 
num 4,5,6, Art. 272, Art. 275, inc. 2, Art. 277, num. 2, Art. 278, num. 1, Art. 279, 
Art. 280, Art. 289, Art. 293, Art. 294, Art. 297, Art. 304, Art. 310, Art. 339, inc. 
2do., Art. 340, Art. 419, Disposición Transitoria 2da 
 
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir 
 
Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas 
y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, 
se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios 
públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, 
y se formularán a partir del principio de solidaridad. 
 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 
particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 
prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 
vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 
reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 
derechos en conflicto. 
 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 
presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 
bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y 
control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 
participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 
de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 
popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en 
todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 
los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 
 
Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 
participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 
de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La 
participación en estas instancias se ejerce para: 
1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre 
los gobiernos y la ciudadanía. 
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 
desarrollo. 
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y control social. 
Art. 141.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, 
es el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. 
La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 
necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 
rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales 
y planes que se creen para ejecutarlas. 
 
Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 
República, además de los que determine la ley 
2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional 
los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que 
desarrollará durante su ejercicio. 
3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva. 
7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre 
el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que 
el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. 
8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la 
Asamblea Nacional, para su aprobación. 
 
Art. 148.- La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea 
Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le 
competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte 
Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta 
facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su 
mandato. En un plazo máximo de siete días después de la publicación del 
decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma 
fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos 
períodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o 
Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte 
Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser 
aprobados o derogados por el órgano legislativo. 
 
Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones 
establecidas en la ley, les corresponde: 
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y 
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera 
su gestión. 
 2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean 
requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su 
responsabilidad, y comparecer cuando sean convocados o 
sometidos a enjuiciamiento político. 
 
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 
en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y 
parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 
consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos 
autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 
 
Art. 250.- El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 
necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una 
circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación integral 
recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y 
culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y 
protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay. 
 
Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías 
metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de consulta que será 
convocado por la Presidencia de la República de manera periódica. 
 
Art. 257.- En el marco de la organización político administrativa podrán 
conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que 
ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y 
se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con 
los derechos colectivos. Las parroquias, cantones o provincias conformados 
mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, 
afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen deadministración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos 
terceras partes de los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas 
por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y 
conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de 
conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones. 
 
Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. 
Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los 
principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de 
conformidad con lo que la ley determine. Su administración estará a cargo de un 
Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la 
República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la 
provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los 
representantes de los organismos que determine la ley. Dicho Consejo de 
Gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y 
organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el 
organismo que actuará en calidad de secretaría técnica. Para la protección del 
distrito especial de Galápagos se limitarán los derechos de migración interna, 
trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al 
ambiente. En materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará 
las políticas en coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes 
las ejecutarán. Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación 
de los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las 
actividades ambientalmente sustentables. 
 
Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
4. La planificación nacional. 5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, 
arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 6. Las 
políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en 
educación y salud. 
 
Art. 272.- La distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 
descentralizados será regulada por la ley, conforme a los siguientes criterios: 
1. Tamaño y densidad de la población. 
2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y 
consideradas en relación con la población residente en el territorio 
de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. 
3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal 
y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 
descentralizado. 
 
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 
que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 
 
 
Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 
Estado: 
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 
 
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 
colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 
 
 1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y 
de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución 
y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 
niveles. 
 
Art. 279.- El sistema nacional descentralizado de planificación participativa 
organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un 
Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de 
gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo 
coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las políticas 
que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido 
por la Presidenta o Presidente de la República. Los consejos de planificación en 
los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 
representantes e integrados de acuerdo con la ley. Los consejos ciudadanos 
serán instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos 
estratégicos de largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional. 
 
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 
y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores. 
 
Art. 289.- La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se 
regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será 
autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que 
definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias 
para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. 
 
Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 
sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 
autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los 
planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias 
y su autonomía. Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a 
reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 
General del Estado, de acuerdo con la ley. 
 
Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria 
anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional 
controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la 
Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las 
aprobará u observará. 
 
Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 
metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que 
reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que 
las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de 
cuentas y control público. 
 
Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 
1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir 
del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 
impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 
3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 
4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y 
energética, y se reduzcan las desigualdades internas. 
5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 
justo. 
6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente 
en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 
mercados. 
 
 
Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 
sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito 
que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la productividad y 
competitividad de los sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos 
del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 
inclusión activa en la economía. 
 
Art. 339.- La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, 
estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídicoy de las regulaciones 
nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades 
y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los 
diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 
articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 
y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 
reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 
desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 
nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 
principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 
solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se 
compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 
riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 
humana y transporte. 
 
Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 
aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 
1. Se refieran a materia territorial o de límites. 
2. Establezcan alianzas políticas o militares