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Albornoz, Hernández, Postolski:
“Al fin solos: el nuevo escenario de la comunicación en Argentina”
Menem asume el gobierno en 1989, comienzan aplicarse políticas económicas de claro corte neoliberal.
3 puntos importantes de la presidencia de Menem:
- Desregulación del sector privado
- Desmonopolización (el Estado se desprende de ser prestador de servicios)
- Flexibilización de ciertas áreas de la economía y el empleo de mano de obra.
La Argentina comienza el proceso de privatización de los servicios de radiodifusión y telecomunicación a fines del 89,
liderado por la adjudicación de los principales canales de tv abierta. Se privatizan Canal 13 y 11 (11 para la Editorial Atlanta
con Telefé y 13 grupo Clarín con Editorial Artear).
Junto a esto, se otorgaron dos licencias para operar telefonía, surgidas de la venta de ENTEL.
Todo esto marca el inicio de una etapa muy dinámica en las comunicaciones, caracterizada por un fuerte incremento de la
inversión de capitales y de la rentabilidad.
A partir de este momento, comienzan a percibirse algunas características del panorama como: la irrupción del capital
internacional, concentración económica, beneficio del sector privado, inestabilidad de los organismos de control y
ausencia de debate acerca de las comunicaciones.
1989 Dos leyes
1) Ley de Emergencia Económica 23.697: apuntó a combatir la crisis económica. Suspende subsidios y subvenciones del
Estado.
2) Ley de Reforma del Estado 23.696: estableció modificaciones al D L 22.285 y apuntó al objetivo de achicamiento del
Estado. Las modificaciones que se realizaron fueron:
- se garantiza la posibilidad de que el dueño de un diario o una editorial pueda acceder a una licencia de
radiodifusión, se consagra así la propiedad cruzada y los multimedios.
- Un licenciatario puede acceder a mas de una licencia (a nivel nacional 4 licencias). En una misma área de
cobertura se elimina el límite de las licencias.
- Se elimina la condición de que el objetivo central del licenciatario sea la radiodifusión.
- Una sociedad se puede asociar con otra
Como consecuencia, concentración, aparición de multimedios, capital nacional, todavía se prohíbe el capital extranjero y
las redes.
Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (1991): alianza entre Argentina y EE.UU en la que el gobierno
argentino garantiza el tratamiento preferencial del capital norteamericano como capital nacional. La ley 22.285 prohibía el
capital extranjero. Mientras que EE.UU. eliminaría la visa necesaria para que los argentinos entraran a su país.
Estado: cajero, se dedica a recaudar y distribuir. Quienes se encargan de prestar servicios son los actores privados.
Autoincriminación del Estado, empresas estatales como ENTEL empiezan a prestar un servicio malo y a altos costos para
remarcar la propia ineficiencia estatal y para que éstas sean privatizadas.
1990, Menem, a través del COMFER, permite a la Iglesia Católica, único actor sin fin de lucro, a acceder a licencias de
radiodifusión.
Clarín
Los inicios del Clarín datan de 1945 cuando es fundado por Roberto Noble meses antes del primer mandato de Perón.
Durante los años peronistas mantuvo un perfil “independiente” ya que no era parte de los medios allegados al poder ni se
puso en crítico total del gobierno. Una medida tomada por Perón, la expropiación del diario La Prensa que era su principal
competidor, pone a Clarín en una gran ventaja y se posiciona, ya para la década del 60 se conforma en medio nacional.
Durante el procedo de reorganización nacional, Clarín se asocia al Estado junto con La Nación y La Razón en la empresa
Papel Prensa. Esto se suma a la suba de la tarifa de los aranceles de importación de este papel, lo cual deja a estos diarios
con el monopolio.
En los 80, Clarín comienza a expandirse hacia otras ramas de la industria cultural, y para ello tuvo que eludir la prohibición
de que un medio gráfico no podía comprar medios radioeléctricos, mediante un testaferro que compra Radio Mitre.
Durante los 90 se alinea al PJ y presiona al gobierno para quedarse con los canales de tv abierta. Así comienza su
crecimiento constante mediante la expansión al sector audiovisual. Ingresa al negocio del cable en el 92 con la adquisición
de Video Cable Privado y lo renombra Multicanal; se asocia con Telefónica y CEI, manteniendo el 70% de la empresa, y
comienzan a invertir en ella y la expanden por el interior hasta posicionarla como principal operador de cable del país
junto con Cablevisión que era de Telefónica y CEI.
Clarín ingresa al área de las telecomunicaciones a través de CTI, que se constituye en el 94 como la primera empresa de
telefonía celular que prestó servicio fuera del área metropolitana. También ingresa en la tv satelital y se pone a competir
con el único operador hasta el momento que era TDH, mediante una alianza con EEUU.
1999: entran capitales financieros internacionales de la mano de Goldman Sachs Group, que compra el 18% del paquete
accionario de Clarín.
CEI-TISA
El otro grupo monopólico tuvo sus orígenes en la privatización de las telecomunicaciones, adjudicadas a tradicionales
prestadores nacionales europeos, y en el ingreso de actores no tradicionales con grandes sumas de capital financiero, esto
es la asociación de Telefónica con Citibank. Con las adquisiciones que realizaron en la segunda mitad de la década
absorbieron a la mayoría de los operadores nacionales y se convirtieron en una amenaza para Clarín, lo cual provoca una
reestructuración del funcionamiento del mercado.
Este período se caracterizó por un crecimiento permanente de la facturación de las empresas, y en particular las del sector
telecomunicaciones. Esto se vio favorecido por el decreto 92/97 de rebalanceo tarifario, que promovió aumentos de hasta
un 40% en los abonos residenciales, que debían ser compensados por rebajas en las tarifas internacionales y de larga
distancia.
En noviembre del 90 Citibank desarrolla una estrategia para cobrar parte de la deuda argentina, utilizando los títulos como
moneda de pago en la compra de acciones de empresas de servicio del Estado en proceso de privatización. De esta manera
ingresa en una serie de negocios como celulosa, papel, hotelería, frigoríficos, distribuidoras, gas y telecomunicaciones. Se
une con Telefónica e integra COINTEL, y luego conforman CEI junto con República Holding (parte del Banco de Mendoza y
propiedad de Moneta y Lucini) y el Grupo Werthein (dueños del Banco Mercantil y La Caja Seguros). Moneta y Handley
(CEO del Citibank Argentina) deciden vender sus negocios de otros rubros y se dedica a invertir en telecomunicaciones,
especialmente en telefonía.
Se asocian con Carlos Avila que tenía TyC sports, y se expanden al interior, y compran canal 9 y otros medios que tenía
Romay. Luego se asocia con Editorial Atlántica, con la que conforman AtCo, su inversión más importante, y ganan la licencia
de canal 11. Con AtCo quieren comprar la red de televisoras del interior Televisoras Provinciales S.A., pero esta se niega. El
Estado interviene en una clara ayuda al abrir mediante un decreto un concurso para licitar dos nuevas licencias en Córdoba
y Rosario, esto fuerza a que vendan su empresa a CEI. Y luego el Gobierno sanciona dos nuevos decretos que suspenden
las “necesarias” licitaciones. El Estado fue claramente un administrador de los intereses del capital.
En los últimos meses de la década del 90 el CEI es adquirido por un fondo de inversiones norteamericano HMT&F (Hicks,
Muse, Tate & Furst), comprando las acciones de la familia Werthein y las de Citibank; además CEI se separa de TISA. TISA
desarrolla el control de las redes y el dominio de todos los formatos como estrategia de expansión hacia el mercado
hispanoparlante, dándole importancia a la producción de contenido.
La actuación del gobierno en el terreno de las comunicaciones indica que no fue un árbitro imparcial encargado de
resolver los conflictos y las contradicciones de los múltiples sectores intervinientes. Así se permitió que se conformaranestos dos grandes grupos que cuentan con la ventaja de la producción simbólica, lo que les da más capacidad de presión y
el manejo de la agenda política.El estado, una vez más, aparece utilizando su capacidad reguladora para favorecer la
concentración económica y de medios.
Luis A. Albornoz y Pablo Hernández
La radiodifusión en argentina entre 1995 y 1999:
concentración, desnacionalización y ausencia del control público
El proceso de Reorganización Nacional junto con el efecto disciplinario sobre el conjunto social que tuvieron las
hiperinflaciones desatadas en 1989 y 1990 sirvieron de basamento a un nuevo esquema de acumulación del excedente
económico en manos del capital trasnacional y consolidó la valorización financiera. Los sectores dominantes que
representaban la fracción del capital concentrado interno son los que, ante la ausencia de un partido orgánico, asumen la
tarea de cooptar al partido político que accede al gobierno una vez agotada la dictadura militar. Ante la ausencia de un
partido político de derecha, una fracción económica de los grupos dominantes constituida por grupos económicos locales
y algunos conglomerados extranjeros, tomó a su cargo la tarea de modelar el transformismo argentino.
La desarticulación de emprendimientos estatales a través de los programas de privatización, particularmente en las
comunicaciones, se consolidó a la sombra de una nueva fracción hegemónica que combinó capital financiero internacional,
operadores de servicios públicos y capital nacional y redujo así la política a la condición de subsistencia de la economía.
La firma del Pacto de Olivos permitió la reelección del presidente Carlos Menem y con esta la continuidad del sistema de
alianzas de poder imperante.
El segundo gobierno de Memen (1995-1999)
La administración del segundo gobierno persistió en concordancia con el establishment económico. La presencia de capital
financiero trasnacional, concentración y centralización de capital, incorporación intensiva de nuevas tecnologías y
expansión de los servicios ofertados caracterizaron a la radiodifusión y a las telecomunicaciones.
El sector de las telecomunicaciones experimentó la transferencia de la totalidad de los principales medios de radiodifusión
a nuevos agentes vinculados al mercado financiero y a los protagonistas de la convergencia tecnológica. Durante el 96 y 97,
las comunicaciones ocuparon el primer lugar entre los sectores que recibieron inversiones extranjeras.
Se conformaron los grandes conglomerados mediáticos: grupo Clarín y la sociedad Citicorp Equity Investment
CEI-Telefónica, que protagonizaron un duopolio significativo. Estas empresas controlaban 4 de los 5 canales abiertos de
CABA, el 85% de los abonados a tv por cable, el diario de mayor tirada, las principales emisoras de radio AM y FM,
presencia dominante en la prestación del servicio básico de telefonía fija y móvil, el acceso a Internet y la elaboración de
contenidos en español.
Un escenario cambiante
Se pueden distinguir dos momentos de la radiodifusión en la década del 90.
a) Del 89 al 95: caracterizado por la presencia de agentes nacionales en un mercado oligopólico. En el sector de las
telecomunicaciones se produjo el ingreso de capitales procedentes de entidades financieras y de operadores
internacionales de telecomunicaciones. El ejemplo paradigmático: la alianza Telefónica Internacional con el
Citibank-CEI.
El contexto político económico en el que se produjeron estos movimientos se caracterizó por la eliminación de
restricciones a las IED y a la adquisición de bienes de capital importados, la privatización de los servicios de valor
agregado en competencia y la privatización monopólica de la telefonía básica y la trasmisión de datos a nivel nacional
e internacional y la permeabilidad del régimen normativo a las demandas internacionales.
b) 1995-2000: caracterizado por el aumento de la presencia de capitales extranjeros al adquirir las principales empresas
de radiodifusión del país.
En 1995 TCI (el mayor operador de cable de EE.UU) adquirió Cablevisión. CEI-Telefónica compró en el 97 los canales
11 y 9 y sus repetidoras en todo el país. Se lanza la tv directa al hogar a través de TDH, DirecTV y Sky Argentina.
La radiodifusión tradicional caracterizada por mercados oligopólicos nacionales construidos a partir de alianzas entre
las burguesías propietarias de los medios, el Estado y la protección de las barreras de entrada se debilitó por el
traspaso de propiedad a empresas extranjeras en un escenario de convergencia e incremento de servicios, violando o
modificando la legislación vigente.
La televisión hertziana
El sistema de televisión abierta se estructuró a partir de la actuación de empresas comerciales organizadas en red: canales
cabecera, emisoras asociadas y repetidoras con una producción de contenidos única centralizada en Bs. As. y en la
trasmisión de enlatados de EE.UU.
El grupo CEI-Telefónica compra los canales 9 y 11 con sus respectivas repetidoras en el interior, para ello contó con el
apoyo del Gobierno. 1998: frente a la negativa de los operadores provinciales a vender sus canales, se dictaron los
decretos 85 y 86 llamando a licitación para dos nuevos canales de tv abierta en Rosario y Córdoba. Los decretos afirmaban
que “en concordancia con las políticas trazadas y ejecutadas por esta administración, resulta necesario ofrecer a
particulares la frecuencia.” Finalmente las empresas provinciales se vieron obligadas a vender sus acciones, una vez que
fueron adquiridas por CEI-Telefónica, las licitaciones fueron suspendidas.CEI-Telefónica pasó a dominar el conglomerado y
a ser el principal operador de TV.
En esos años otros agentes cobraron importancia: productoras audiovisuales independientes de capital nacional ligadas a
los canales de cabecera (Pol-Ka, Ideas del Sur y Cuatro Cabezas); poseedores de derechos de transmisiones deportivas TyC;
agencias internacionales de publicidad.
Todas las provincias menos Catamarca, contaban con una o más estaciones de TV. Un 60% de producción nacional y un
80% de producción importada de EE.UU. La producción de contenidos provinciales era nula. Todas las estaciones de TV
abierta estuvieron financiadas por publicidad.
En el campo de la FM, se saturó el espectro por la entrega indiscriminada de licencias a operadores privados. Las
frecuencias UHF, destinadas a servicios de antena comunitaria para la difusión de un servicio no oneroso, ante la falta de
reglamentación, durante el gobierno de Menem fueron cedidas a las empresas comerciales que fueron destinadas a las
frecuencias codificadas pay per view.
La televisión por cable: concentración y transnacionalización
En Argentina, la expansión de la TV por cable inauguró la transición del modelo fordista al post-fordista caracterizado por la
multiplicación de soportes televisivos (aire, cable y satélite), la introducción de la digitalización en la producción,
compresión de señales, segmentación de la oferta y audiencias, nuevas formas de financiamiento (pay per view, paquetes).
Se dio un proceso de concentración empresarial, poderosos grupos multimedia con miras a enrolarse en las estrategias de
las plataformas multiseñal. Hacia fines del 97 Multicanal (Clarín) y Cablevisión (CEI-Telefónica) adquirieron por partes
iguales al tercer operador de cable VCC, repartiéndose sus abonados. Multicanal y Cablevisión conformaron la mayor
corporación del sector Asociación Argentina de tv por Cable (ATVC). El capital internacional tomó control de las redes de
mayor cantidad de abonados y de los principales paquetes de señales.
La televisión vía satélite
La digitalización de las emisiones de la tv satelital posibilitaba ofertar más servicios como acceso a internet y a servicios
interactivos. Los requisitos para prestar este servicio (que encontraba un gran nicho comercial en las zonas alejadas de los
núcleos urbanos no redituables para los operadores de cable) eran poseer un telepuerto en el país, operar con unsatélite
autorizado (según el Comfer alguno de los satélites registrados por Argentina ante la UIT, solo lo cumplían los satélites del
sistema Nahuelsat) y brindar más de 51% de programación nacional.
Fundada en el 96 la empresa TDH (TV directa al hogar) fue hasta fines de los 90’ la única empresa de servicios de
radiodifusión utilizando satélites con abono básico y paquetes Premium. El monopolio TDH, termina el 98 cuando Menem
firmó en Washington un acuerdo de reciprocidad satelital entre Argentina y EE.UU que autorizó a los satélites de EE.UU a
operar en territorio argentino y a las empresas estadounidenses a contratar satélites locales para sus emisiones. Ese año
Clarín lanzó DirecTV, utilizando un satélite estadounidense. Sky TV tuvo autorización para ingresar en el mercado satelital
y, luego de invertir 120 millones abandona sus operaciones a causa de la crisis.
La televisión digital terrestre
Módulo 6
Radios: expansión y adecuación
Radios AM tuvieron un proceso de concentración y desnacionalización similar al de la televisión. En un primer momento,
las radios porteñas y principales provinciales pasaron a estar en manos de los grupos multimedia de capital nacional. En un
segundo momento, se produjo la adquisición de las radios por parte de capitales extranjeros.
Sin embargo, las organizaciones sin fines de lucro estuvieron excluidas del proceso de adjudicación de licencias. La
excepción fue la Iglesia.
Empezaron a acceder a licencias la prensa gráfica como Clarín.
En el plano de los servicios complementarios, se multiplicaron en el dial emisiones de FM sin autorización, lo que generó
regulaciones tendientes a la normalización del espectro.
El Comfer otorgó en el 99 439 licencias de radio FM, entre los beneficiarios se encontraron el Grupo Clarín y el Grupo Uno.
El panorama para fines de la década mostraba una integración de la principales radios en los grupos nacionales e
internacionales y su organización en cadenas; la expansión de los servicios y emisoras; la saturación del espectro de FM.
El marco regulatorio: su adecuación al régimen de acumulación
Las principales modificaciones que han significado un aporte del estado a la mercantilización de los servicios de radio y
televisión fueron:
En primer lugar los tratados internacionales que adquirieron estatuto de ley a partir de la reforma de la CN en 1994:
● Los de Protección Recíproca de Inversiones: consideraron a los capitales extranjeros como propiosm hasta entonces
vedados por ley, en la radiodifusión. Legalizó la propiedad extranjera en los casos de Telefónica-Telefé;
HMT&F-Cablevision y Goldman & Sachs-Grupo Clarín.
● Los de reciprocidad de servicios satelitales permitieron a partir del 98 el ingreso de las principales plataformas de
televisión saltelitarl DirecTV y SkyTV y con ello el segmento de los servicios complementarios.
● El Decreto 1005/99:
✔ El ingreso de capitales extranjeros: se autoriza para todos los países con tratados de reciprocidad firmados con
Argentina y se elimina el requisito de diez años de residencia en el país.
✔ se amplía el número de licencias de 4 a 24 por operador, facilitando la concentración en pocos operadores. Se
autorizan las cadenas permanentes de transmisión, lo que significó la posibilidad de programas un sólo
producto para todo el país.
✔ Financiamiento: se permite ampliar la pauta publicitaria, incluyendo la promoción institucional en los
programas y reduciendo la publicidad oficial.
✔ Introducción dinámica de oferta y demanda: se autorizan las transferencias de licencias haciendo difícil el
seguimiento de los compromisos asumidos por los licenciatarios.
A estas normativas debe adicionarse la tardía sanción de la ley 25.156 de defensa de la competencia que nunca se
reglamentó. En el ocaso de un gobierno que durante una década propició la privatización y concentración de los medios de
comunicación, el Congreso Nacional sancionó en el 99 la ley 25.208 con la cual pretendió crear una empresa estatal no
gubernamental denominada Ente Radio y Televisión Argentina encargada de la gestión de los medios de radiodifusión
públicos con control parlamentario.
La administración de Menem ejerció un manejo discrecional del poder público que favoreció a los intereses privados por
sobre el interés general. La ausencia del debate público y político, la desnacionalización, concentración económica y
expansión del sistema financiero fueron las características de la intervención menemista sobre el sistema argentino de
comunicación de masas en relación con la lógica de convergencia multimedial transnacional.
Gustavo Bulla y Glenn Postolski
Convertibilidad, endeudamiento y devaluación de la economía
Ley de preservación del patrimonio cultural
Modelo de convertibilidad: fijación de un tipo de cambio por tiempo indeterminado. La convertibilidad no fue una política
económica aislada sino que formo parte de un conjunto de políticas de corte neoliberal que se llevaron a cabo en la
década del noventa. Como antecedente, el Consenso de Washington. La convertibilidad, que fue un instrumento eficaz
para controlar la inflación a principios de los 90, a fines de la década se había transformado en una especie de trampa, la
paridad cambiaria era insostenible.
De la Rúa último intento de salvar la convertibilidad: corralito.
2000: Debate entre dos sectores, el sector industrial que quería que se devaluara la moneda, y los prestadores de servicios
públicos y empresas de comunicación que estaban endeudadas en dólares y no querían la devaluación porque esto
implicaba que su deuda se cuadriplicara en pesos.
El sector que termina triunfando es el sector industrial. Se termina pesificando la deuda de las empresas de servicios
públicos. Igualmente todavía existía el riesgo de extranjerización. Por un lado, porque la deuda de Clarín era mayor a la
mitad de las acciones de la empresa y por otro lado, por la condición del cram down que había impuesto el FMI. Clarín se
había endeudado porque pone en marcha un proyecto de inversión para alargar las redes de cable (Proyecto de
convergencia)
El gobierno de transición de Duhalde intentó conciliar los intereses de la cúpula empresarial transfiriendo los costos a la
sociedad. La devaluación hizo llegar el dólar a 4 pesos y produjo aumento en los precios de la canasta básica financiada por
el retraso de los salarios.
Ley de quiebras: deuda por propiedad
Luego de las discusiones con el FMI y el gobierno argentino en 2002 se modifica la ley de quiebras como pretendía el
organismo internacional.
Durante los seis días que gobernó Rodriguez Saa se suspendió el pago de obligaciones por el vencimiento de los intereses
de la deuda externa. El gobierno de Duhalde tuvo como principal objetivo restablecer las relaciones con los organismos de
crédito para recobrar el financiamiento externo. El FMI impuso su condición de que se modificara la ley de quiebras
incorporando el mecanismo de Cram Down que consiste en abrir la posibilidades a los acreedores de las empresas
endeudadas pudieran canjear su deuda por acciones de las mismas, evitándose la quiebra pero no su extranjerización.
Clarín y La Nación en su intento de escapar al cram down, alegaron la importancia estratégica de las industrias culturales y
en especial la de los medios de comunicación.
En 2003 con Néstor en la presidencia, el Congreso sancionó la Ley de Preservación del Patrimonio y los Bienes Culturales
(ley 25.750). La protección incluye a diarios, revistas, empresas editoriales, servicios de radiodifusión, productoras de
contenidos, proveedores de acceso a internet y empresas de difusión en la vía pública.
La protección consiste en limitar al 30% del capital y/o de los votos en el Directorio de las empresas de comunicación, la
participación de personas físicas o jurídicas extranjeras. El texto considera como personas físicas y jurídicas de nacionalidad
Argentina a las empresas domiciliadas en el país e integradas mayoritariamente por ciudadanos argentinos. Tambiénprotege a las personas físicas o jurídicas en el exterior pero controladas directa o indirectamente por argentinos.
El FMI hizo conocer su descontento ante la ley por considerarla contradictoria a la ley de quiebras. El gobierno hizo
conocer la intención de sancionar una nueva ley de medios y la intervención del COMFER, obligando a algunos grupos
internacionales a desprenderse de licencias que transgreden la normativa.
Enriquecidos y endeudados
El contexto económico de los 90 mostró una orientación hacia la concentración de capital por parte de los tradicionales
grupos económicos locales a los que se les sumaron empresas extranjeras. Estas empresas se beneficiaron: por la
desregularización de la economía y el 1-1 que les permitía importar tecnología a bajos costos y valorizar su ganancias, eso
sumado a una serie de condiciones particulares (publico cautivo, explotación de un mercado monopólico u oligopólico,
subsidios a las importaciones) de forma directa o indirecta los grupos multimedia de los 90 fueron favorecidos.
Hubo una reconversión de la industria cultural de los medios de comunicación: modificaciones legales, estrategias
económicas, nuevas tecnologías y nuevas actividades de actores ajenos al campo mediático.
La rueda de la fortuna
El consumo de los medios está fuertemente vinculado a la capacidad adquisitiva del mercado interno y a la gran cantidad
de publicidad en el medio. La publicidad del estado se destinó a los grupos más concentrados.
Para sostener el crecimiento, los grupos concentrados funcionaron con la lógica del modelo de convertibilidad, para ello
debieron endeudarse a través de créditos en dólares del exterior, pagando tasas cada vez más altas necesitaron socios
externos que le garanticen liquidez.
La constitución del Grupo Clarín se da en 1995 cuando tuvieron que tomar la decisión de competir con los grandes
operadores internacionales o subordinarse. Para entrar en la competencia buscó financiamiento que le permitiera el
desarrollo de la empresa.
La deuda comenzó en el 98 cuando se aprobó el programa de emisión de bonos. Los primeros vencimientos de los
documentos se programaron para el 2002 y 2003. La burbuja de negocios implicaba la convergencia de medios más
telecomunicaciones e internet le permitió conseguir créditos en el mercado financiero internacional. La empresa
operadora de tv por cable, Multicanal fue la destinataria de la mayoría de los recursos pero la convergencia no llegó.
En el 99 con los síntomas de crisis, Clarín salió en busca de un socio financiero, es cuando ingresa el banco de inversión
Goldman Sachs con el 18 % de las acciones.
La fase recesiva que afecta a la economía Argentina impacto en el sector de los medios, al achicamiento del consumo, se le
suma la merma de la pauta publicitaria, la dificultad de acceder al crédito, la depreciación de los activos, la imposibilidad
de sostener inversiones y afrontar las deudas contraídas en dólares.
Las empresas a las que les interesa el país
Los multimedia pasaron a tener un pasivo tan importante como sus activos. Entre los efectos de la devaluación, las
empresas deben hacer frente deudas en dólares. La estrategia de los grupos económicos locales fue la de presionar a la
clase política para acordar su condición de supervivencia a través de políticas activas del estado, se conformo la Asociacion
Empresaria Argentina donde participaron los holdings más importante (Arcor, Coto, Aluar, Loma Negra, Clarín…). De esta
manera se intento contrarrestar los efectos de la crisis. El objetivo era frenar las ansias de los acreedores de quedarse con
sus activos, se necesitó una directa intervención del Estado en el mercado.
El lobby empresarial logró como primer medida el decreto 1269 firmado por Duhalde que modifico la ley de Sociedades
Comerciales parta evitar la disolución de las empresas por deficiencia patrimonial. A esto se le sumó el sector específico de
los medios y el impulso por la ley de Protección de las industrias culturales.
Defender lo nuestro
La agenda mediática, después de años de silencio, se comenzó a debatir. La preservación de las industrias culturales se
convirtió en obligación del Estado a través de una serie articulada de medidas legislativas y políticas que apunten a brindar
un marco para el desarrollo de dichas industrias.
La ley de quiebras subsanada por la ley de protección, no dice nada sobre el problema de la propiedad monopólica,
salarios basura de los trabajadores del sector, la violación a convenios y estatutos. Aparecen nuevos debates en el marco
del NOMIC y de la posibilidad de implementar PNC. Hasta este momento no hubo medidas estatales que promuevan esos
accionares, sólo se produjo el salvataje de un puñado de empresas que detentan el monopolio multimediático.
Glenn Postolsky:
Necesidades privadas y urgencias políticas. Causas y consecuencias del Dec. 527
Sin ley
La discusión sobre la necesidad de establecer una estructura de comunicación más democrática en la Argentina sufrió un
duro revés el 20 de mayo pasado con la sanción del decreto 527/05. La discusión para la sanción de una nueva norma legal
que regule a la radiodifusión quedó nuevamente postergada y fue suplantada por un decreto presidencial basado en las
necesidades y urgencias de los grupos comunicacionales.
Néstor Kirchner decidió suspender “por el plazo de 10 años los términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de
servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la Ley No 22.285 y sus modificatorias”.
La falta de capacidad para articular el poder de los diversos sectores sociales preocupados por la temática contrasta con la
habilidad del los grupos concentrados, quienes en los últimos años a través de la presión han conseguido: violar la ley
vigente sin ser sancionados, la sanción de una denominada Ley de “Defensa de las industrias culturales” hecha a su
medida, y ahora diez años más para la explotación de sus licencias, entre otras cosas.
Ambivalencias
Desde la asunción del actual gobierno se dieron, como en otros planos de la política nacional, una serie de señales
ambivalentes en torno a la política mediática.
Buenas: se dio la apertura de archivos, los decretos de acceso a la información, la publicación de agendas de los
funcionarios, un cambio en la lógica de la distribución de las pautas publicitarias. Los decretos de instalación de
repetidoras de Canal 7 en el interior, la suspensión del proceso de normalización de FMs que sirve para evitar el
agotamiento del espectro de frecuencias antes de que se autorice la participación de las entidades sin fines de lucro en los
concursos.
Malas: la demorada modificación al artículo 45 de la ley de radiodifusión, que cuenta con medias sanciones distintas en
Diputados y Senadores, la pervivencia del artículo 7 (que sujeta los servicios de radiodifusión a las necesidades de la
seguridad nacional) y el mantenimiento de la suspensión de la venta de pliegos para la instalación de servicios de cable.
Kirchner justificó el decreto 527/05 diciendo que la crisis económica había golpeado fuertemente a los dueños de los
medios nacionales y que habían quedado desprotegidos.
Pero también se retrucó que los grupos comunicacionales concentrados, monopólicos u oligopólicos, fueron cómplices y
beneficiarios de las políticas de los 90. Con este decreto se los determinaba impunes e inocentes. La descripción
presidencial omite buena parte de la historia sobre la constitución de estos grupos concentrados, la cual les permitió
obtener ganancias extraordinarias durante la década precedente. Estas empresas tuvieron reducción de aportes, evadieron
millones, fueron apologistas de la total desregulación de la economía, se endeudaron sin límites, fueron intelectuales
orgánicos del modelo de la convertibilidad; fueron los que cambiaron la Ley de Quiebras e inventaron la Ley de Industrias
Culturales para proteger a los ‘empresarios nacionales’ contra ‘los fondos buitres’, después de haberreclamado y obtenido
la pesificación de sus deudas y de haber invocado (consecuencia de la caída del consenso neoliberal) el valor del Estado
que habían contribuido a destruir. Fueron los que sacaron a los medios de la Ley de Defensa del Consumidor porque eso
‘atentaba contra la libertad de expresión’; acumularon una deuda con el COMFER; etc.
¿Nada es para siempre?
A diferencia de los controles planteados a otras empresas privatizadas (pese a que primero se las fustigó y se las sometió a
rigurosas auditorias) los dueños de los medios jamás fueron obligados a dar cuenta de los resultados de su gestión.
El panorama mediático:
Medio Propietario Nuevo vencimiento de la licencia
Canal 9 Daniel Hadad y Moneta 2019
América Manzano, Ávila y Vila 2022
Telefé Telefónica 2025
Canal 13 Grupo Clarín 2025
5 radios, entre ellas, la Rock & Pop el grupo mexicano CIE 2018
Radio Mitre Grupo Clarín 2018
Radio Continental ¿Telefónica? 2018
Radio 10 Daniel Hadad 2025
Más discrecional es aún el caso de aquellos medios que tenían licencias previamente a 1980 y que fueron
automáticamente renovadas por la ley de la dictadura. Se trata de empresas con más de 40 años de continuidad, a las
cuales se les suman otras diez, con lo cual queda configurado un cuadro de situación que las hace gozar de una especie de
licencia a perpetuidad.
La arbitrariedad de esta situación queda aun más contrastada frente a la precaria situación de más de 3.000 estaciones de
mediana y baja potencia que quedaron bajo el dudoso rótulo de precarias y provisorias, y de otras 5.000 que son definidas
como clandestinas. Julio Bárbaro, interventor del COMFER, en septiembre de 2004 y por resolución 962 hizo lugar a un
reclamo de ARPA y el grupo Clarín, para borrar con el codo la resolución 574 de mayo de ese año, en la que se proponía
legalizar la situación de las emisoras con PPP (Permiso Precario Provisorio) otorgado hasta 1989.
Damián Loretti descree de las obligaciones que prevé esta suspensión: “El Decreto establece que en dos años las empresas
deben presentar un diseño que incorpore programación cultural y educativa y un plan de innovación tecnológica. La
primera es de Perogrullo porque es irrisorio pedir al mercado que haga propuestas de responsabilidad de contenidos y
culturales. No sólo porque la Constitución Nacional (art. 75 inc. 19) obliga a promover el espacio audiovisual nacional y la
ley vigente ya lo exige y no se cumple sino, también, porque la defensa de los servicios y productos de la cultura
audiovisual requiere políticas activas y definidas. Respecto a la actualización tecnológica, no es razón suficiente. Hay
innovaciones en estos rubros casi a diario, por lo que las licencias deberían ser eternas, desconociendo que utilizan un
recurso escaso como las frecuencias radioeléctricas, cuya administración corresponde al Estado Nacional”.
Así queda cristalizado el concentrado mapa de medios en la Argentina: sin que puedan ingresar a la actividad sectores sin
fines de lucro, con muchas provincias o municipios donde sólo hay un canal de televisión abierta y no se prevé concursar
otro, y donde los dueños de los medios se confunden con los controladores del poder feudal.
Cadenas de favores
El 20 de mayo nos muestra otra oportunidad perdida. No se aprovechó, como sí lo hizo Brasil, la posibilidad de definir la
política de incorporación tecnológica. No se debatió tampoco cómo debe darse el ingreso a la radiodifusión digital y qué se
hará con los canales que queden libres luego de las pruebas y transiciones técnicas.
Frente a la continuidad de actores, relaciones, beneficios y de política, se hace imprescindible entonces la construcción de
un espacio social que pueda anteponer al interés del mercado la necesaria construcción de consensos democráticos que
generen una política de comunicación más plural y participativa.
Glenn Postolsky:
El conflicto agrario y los media (2008)
Develar lo Obvio
Nunca como en estos días se ha puesto en debate el rol de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad
democrática en la Argentina. Se dio de forma tan explosiva e inesperada por una resolución ministerial de índole
económica (aumento de retenciones móviles a las exportaciones de granos y oleaginosas de 35 al 40%). Esto derivó que el
conjunto de las representaciones gremiales agropecuarias, los diversos medios de comunicación, y desde varios sectores
políticos de la oposición, surgieran declaraciones y acciones rechazando la medida..
La cobertura periodística del conflicto agropecuario se sumó a la recurrente tensión entre los grupos multimedios y el
gobierno argentino. Esto tomó una nueva dimensión a partir de una declaración del Consejo Directivo de Fsoc que ponía
en cuestión la actuación de los medios y llamaba la atención sobre la existencia de expresiones discriminatorias en el
registro de los hechos. Por ello solicitaba la actuación de un organismo del Estado creado a tal efecto: el Observatorio de la
discriminación en radio y TV. El mismo tiene como función señalar este tipo de desviaciones sin contar con capacidad
sancionatorias. La reacción por parte del conjunto de los medios fue la de deformar el sentido del pronunciamiento.
En diferentes discursos Cristina alerta sobre la naturalización del periodismo independiente, aunque sin remarcar que
también la dirigencia política ha sostenido una práctica constante de negociación y favores que permitió un mercado
mediático hiper concentrado. El conflicto se centró en la posibilidad de sanción de una nueva Ley de Radiodifusión.
Vaivenes de una relación
Un conjunto de regulaciones permitieron a las empresas monomedia de la década del 80 en convertirse en poderosos
actores multimedios. Las adquisiciones, fusiones e ingreso en nuevas áreas de negocio los habilitaron a expandir sus
intereses y aumentar su poder, centrado principalmente en la capacidad de lobby con el poder político y de marcar la
agenda pública.
Con la sanción de la Ley de Protección de las Industrias Culturales, bajo el gobierno de Kirchner: él buscaba fortaleza
política y los medios superar la debilidad económica.
Durante todo el gobierno de Néstor, se sucedieron un conjunto de señales ambivalentes, con un alto nivel de
confrontación en lo discursivo, contrastante con un conjunto de regulaciones que fortalecieron al sector.
A esto se sumó una postura muy crítica con respecto a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En el año 2005 una
comisión de la SIP llegó a Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios, líderes políticos y periodistas. Luego emitieron
un duro comunicado sobre la situación de la prensa en la Argentina. Eran momentos donde se hablaba de las “tensiones”
entre el Gobierno y las empresas periodísticas. La visita tuvo repercusión mediática luego de que el Presidente Kirchner
con su discurso de defensa a ultranza de los derechos humanos replicara públicamente a la SIP por la actuación de varios
de sus miembros durante los años dictatoriales. Los medios centraron sus críticas en el estilo confrontativo presidencial y
la recurrente negativa a conceder conferencias de prensa.
Acumular poder se usó como fórmula para negociar con los poderosos. Una constante de todos los gobiernos en tiempos
electorales fue usar como moneda de cambio el intercambio de favores con los grupos comunicacionales Así se dio entre
otras medidas la sanción del decreto presidencial 527/05, el mantenimiento de la suspensión de la venta de pliegos para la
instalación de servicios de cable, el decreto 703/05 que permitió separar una AM de una FM, en el año 2007 la aprobación
de la fusión de Cablevisión y Multicanal (Clarín). Este posicionamiento se da para mejorar sus condiciones de competencia
en el futuro mercado llamado triple play; provisión de contenidos a través de la TV por cable, servicios de valor agregado y
tiene intenciones de prestar telefonía por IP. Todo autorizado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La fuerte presión mediáticaejercida sobre Cristina en los 5 meses desde el inició de su gestión más la forma de
posicionarse frente a la disputa agraria generó una nueva escalada en la disputa. La acusación de golpistas a los “generales
multimediáticos”, pronunciadas por la presidente marcaron un punto de imposible retorno.
La estrategia encarada desde los medios se basa en crear un clima de saturación con relación al estilo de crispación como
práctica política del matrimonio presidencial. Remarcan la pérdida de credibilidad, la desconfianza y que el ejercicio real
del poder se encuentra en manos de Néstor Kirchner.
Ahora encarada como política de Estado, el gobierno argentino se plantea por fin a garantizar el derecho a la información
para todos sus ciudadanos, lo cual impone imperiosamente la necesidad de poner en discusión pública el rol que deben
cumplir los medios de comunicación – sean de gestión privada o estatal – en el marco de una democratización integral de
la sociedad.
Gustavo Bulla: LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL o
EL RETORNO DE LA CENTRALIDAD DE LA POLÍTICA (2010)
Inmediatamente restituida la democracia, el clima de libertad de expresión se modificó notablemente, en especial en lo
referido al fin de la censura, las listas negras y la persecución a los trabajadores de la cultura.
Sin embargo, nada ocurrió con la derogación del decreto-ley 22.285, hasta el año 2009.
La oportunidad desperdiciada
Con la asunción de Raúl Alfonsín se sobreentendía que uno de los primeros campos en los cuales se iba a restablecer el
imperio de las libertades constitucionales era en el de los medios de comunicación. Y de hecho eso fue lo que sucedió en
los medios gráficos, donde rápidamente quedó abolida la censura que había silenciado voces opositoras en el período
anterior. Pero no se supo, no se pudo o no se quiso avanzar en materia de radiodifusión.
Alrededor de 1985 se congregaron en la Cámara de Diputados de la Nación una docena de proyectos de ley para
reemplazar a la que tenía vigencia desde 1980. El presidente Alfonsín envió al Congreso de la Nación un proyecto que le
encargó al Consejo de Consolidación de la Democracia – Co.Co.De. A pesar de ser el mejor de los proyectos presentados en
aquella etapa democrática, nunca contó con el suficiente respaldo de las bancadas oficialistas como para que se sometiera
al debate parlamentario.
Neoliberalismo y poder mediático
Se priorizó el negocio de unos pocos por sobre el derecho a la información de todos.
A partir de 1989 el poder de los principales medios de comunicación ha aumentado considerablemente en dos sentidos;
en términos económicos y de influencia social por la impactante concentración de la propiedad, y en términos de cultura
política, por la dependencia indisimulable que la actividad política tiene de ellos.
En términos generales, las carreras políticas comenzaron a realizarse en, para y por los medios de comunicación. Se podría
decir que la puerta de ingreso a la clase política es a través de los medios de comunicación, o lo que es lo mismo, nadie
que no aparezca frecuentemente en los medios de comunicación puede considerarse como parte de la clase política.
Quedó así planteada una suerte de maridaje por conveniencia –cuasi extorsivo – entre los magnates propietarios de
medios de comunicación y los miembros de la autodenominada clase política.
A los empresarios de medios nunca les interesó que se debatiera públicamente –menos a través de sus propias páginas,
pantallas y micrófonos– sobre la democratización de la comunicación, y a buena parte de la dirigencia política, por
oportunismo, por temor o por falta de convicciones, tampoco.
Al final de los gobiernos de Carlos Menem, en la Argentina mediática reinaba un virtual duopolio integrado por el Grupo
Clarín por un lado, y el tándem CEI (Citicorp Equity Investment) / TISA (Telefónica Internacional Sociedad Anónima).
Entre ambos grupos controlaban 4 de los 5 canales de aire del área metropolitana (salvo ATC). 2 de las principales AM con
sus respectivas FM; Radio Mitre, FM 100, Radio Continental y FM Hit. Los 2 mayores operadores de TV por cable del país:
Multicanal y Cablevisión. Provisión de banda ancha para acceso a Internet: Ciudad Internet/ Flash/ Datamarkets por un
lado, Fibertel / Speedy por el otro. Compartieron el control de los derechos exclusivos para la transmisión televisiva del
fútbol argentino, decenas de licencias de TV y radio en todo el país, producción de señales de TV distribuidas por sistemas
pagos, edición de periódicos, revistas, agencias de noticias, control de la principal empresa de provisión de papel para
diarios, una de las dos prestadoras nacionales de telefonía básica, dos de las principales prestadoras de telefonía celular:
Unifon y CTI, participación mayoritaria en la empresa de DTH (DirecTV) y algunos otros negocios conexos como la
producción cinematográfica, la edición de libros y la venta al exterior de contenidos enlatados y de formatos.
La decisión política volvió a escena
Los gobiernos que se sucedieron hasta mayo de 2003 siguieron en una línea similar: sin capacidad y/o convicción para
avanzar en la democratización del sistema de medios de comunicación, y hasta beneficiándolos tras la crisis devastadora
con que terminó la aplicación sistemática de políticas neoliberales en nuestro país.
El propio Néstor Kirchner cometió uno de los errores más importantes de su gobierno al firmar el Decreto 527/05.
Dos cuestiones eran imprescindibles para romper el cerco mediático sobre la sociedad: un Gobierno que primero
entendiese la amenaza que significa el funcionamiento de grupos monopólicos para la democracia, y que a pesar de ser
consciente del tamaño del poder económico, político, informativo y cultural que se debía afectar, tuviese la convicción
política de tener que hacerlo.
Una vez tomada la decisión política de por fin democratizar la comunicación en la Argentina era imprescindible por lo
ambiciosa de la disputa contar con vastos sectores organizados y movilizados del campo popular para resistir y vencer los
embates mediáticos que no tardarían en hacerse notar ni bien se manifestara la voluntad oficial de avanzar.
La Coalición por una Radiodifusión Democrática, un espacio de construcción popular novedoso que logró nuclear a más de
trescientas organizaciones sociales de todo tipo: la CGT, la CTA, movimientos de DDHH, sindicatos de los trabajadores de
los medios de comunicación, el sector académico nucleado en las universidades públicas, el movimiento de radios
comunitarias, el movimiento cooperativo, los nuevos medios “PyMES”, los representantes de los pueblos originarios, etc.
El manifiesto de los “21 puntos para una ley de radiodifusión democrática” que había sido elaborado y acercado al
presidente Néstor Kirchner por parte de la Coalición en 2004, fue retomado por Cristina en 2008 e instruyó la redacción de
una propuesta de proyecto de ley que se pusiera en debate público luego del anuncio del envío en la apertura de sesiones
ordinarias del Congreso de la Nación y de su presentación en La Plata en marzo de 2009.
Desde entonces y hasta fines de julio se realizaron 24 Foros Participativos, mayoritariamente, en las Universidades Públicas
del país: cada persona que quería expresarse a título individual o en representación de un colectivo, tenía 7 minutos para
hacer uso de la palabra. Todo fue registrado. Fueron más de 10 mil los participantes, a pesar de que los grandes medios
omitieron informar sobre lo que constituyó sin dudas el proceso de participación popular en la construcción de una ley
más importante desde el retorno de la democracia.
Además, en la página Web del COMFER se abrió una dirección de mail para propuestas de modificación o de incorporación
al pre proyecto. Asimismo se llevaron a cabo, tanto durante el período de redacción de la propuesta, como en simultáneo
al tiempo de discusión pública, una incontable cantidad de charlas y debates organizados a lo largo y ancho del país por
diversasunidades estatales y también por iniciativa de diversos sectores de la sociedad.
El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con varias decenas de artículos modificados y con muy
importantes incorporaciones, finalmente fue presentado y enviado por la Presidenta al Congreso de la Nación para su
tratamiento el 27 de agosto del mismo año.
El 10 de octubre el Senado sancionó la ansiada Ley Nº 26.522 con 44 votos afirmativos, ratificando la amplia mayoría de
147 votos que se había logrado semanas antes en la Cámara de Diputados.
Esto no sólo recrudeció la oposición política, sino que la oposición mediática alcanzó niveles insospechados que no tienen
antecedentes comparables en la historia.
Profundización de la democracia
Si bien la Ley 26.522 estrictamente es una norma que regula el funcionamiento de los medios audiovisuales en el país,
también es cierto que las consecuencias de su aplicación excederán largamente ese carácter. Ahora contamos con una
normativa democrática, antimonopólica y moderna en términos tecnológicos.
Puntos salientes de la Ley 26.522
(mejor conseguir el power point de Sergio)
Ley 22.285 y modificatorias Ley 26.522
Prestadores - Público: El Estado Nacional,
Provincial y Municipal (Rige
principio de subsidiariedad estatal.
Intentó revertirse a través
Dec1214/03)
- sector privado comercial
- Sector Social sin Fines de Lucro:
se permite su ingreso desde 2005 a
través de la ley 26053. Con
excepción de las cooperativas
prestadoras de servicio público.
- No hay reserva de espectro.
- Público: El Estado Nacional, Provincial y Municipal;
Universidades Nacionales; Iglesia Católica; Pueblos originarios
- sector privado comercial
- Sector privado sin fines de lucro: incluyendo cooperativas de
servicio público.
- Se reserva un tercio del espectro radioeléctrico para el sector
privado sin fines de lucro.
Duración de las
licencias
- Las licencias se adjudican por un
plazo de 15 años contados desde la
fecha de iniciación de las emisiones
regulares.
- Vencidos estos plazos, podrán ser
prorrogadas por única vez y a
solicitud de los licenciatarios, por
10 años.
- Las licencias se otorgan por 10 años, más una prórroga por
idéntico período.
- El otorgamiento de la prórroga requiere de la celebración de
una Audiencia Pública en la localidad donde se presta el
servicio.
Multiplicidad de
licencias
- Hasta 24 licencias para explotar
servicios de radiodifusión a una
misma persona física o jurídica,
bajo las siguientes condiciones:
a) En el supuesto de tratarse de
un mismo tipo de servicio, no
En el orden nacional:
a) 1 licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre
soporte satelital. La titularidad de esta excluye la posibilidad
de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de SCA.
b) Hasta 10 licencias de radiodifusión más la titularidad de
una señal de servicios audiovisuales (radio + TV abierta +TV
podrán superponerse en sus
respectivas áreas primarias.
b) En una misma localización
hasta 1 de radiodifusión sonora,
1 de televisión y 1 de servicios
complementarios de
radiodifusión. Siempre que las
dos primeras no sean las únicas
prestadas por la actividad
privada.
por suscripción con uso del espectro (excluye servicios sobre
soporte satelital)
c) Hasta 24 licencias para servicios por suscripción con vínculo
físico (cable)
En ningún caso se podrá prestar servicios a más del 35% del
total de habitantes o de abonados a los servicios según
corresponda.
En el orden local:
a) Hasta 1 licencia de radio AM
b) Hasta 2 licencias de radio FM (si es que existen más de 8
licencias en el área primaria de servicio)
c) Hasta 1 licencia de TV por suscripción, siempre que no
tenga una licencia de TV abierta
d) Hasta 1 licencia de TV abierta siempre que no tenga una
licencia de TV por suscripción
En la misma área primaria el máximo son 3 licencias
Cable - Servicio Complementario
- Regula disposiciones técnicas a
través del pliego.
- Contenidos desregulados
- Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no
podrán ser titulares de señales, con excepción de una sola señal
de generación propia.
- Se crea el Abono Social para los servicios de radiodifusión por
suscripción paga. (TV por cable)
- Las señales son objeto de regulación
Autoridad de
aplicación
Comité Federal de Radiodifusión
El COMFER es dependiente del
Poder Ejecutivo Nacional. Su
conducción es ejercida por un
Directorio formado por 1
presidente y 6 vocales designados
por el PEN representados por un
integrante de cada una de las FFAA,
1 de la SIP, 1 de la Secretaría de
Comunicaciones y 1 por los
privados de radio y 1 por los de TV.
Por esa razón desde la
recuperación del Estado de
Derecho el Organismo se
encuentra intervenido.
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
Es autárquica y descentralizada y su presupuesto se solventa
con los gravámenes que deben pagar los licenciatarios y los
montos resultantes de la aplicación de multas.
La conducción y administración del Organismo será ejercida por
un Directorio integrado por 7 miembros. El Presidente y un
director designados por el PEN, 3 a propuesta de la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual y 2 por el Consejo Federal de la Comunicación
Audiovisual.
Los Directores correspondientes a la Comisión Bicameral, serán
seleccionados por esta a propuesta de los bloques
parlamentarios de los partidos políticos, 1 en representación de
la mayoría o primera minoría, 1 por la segunda minoría y el
restante en representación de la tercera minoría. 1 de los
directores propuestos por el Consejo Federal de la
Comunicación Audiovisual deberá ser un académico
representante de las facultades o carreras de comunicación.
Órgano asesor Actuará una Comisión formada por
representantes de todos los
Ministerios del Gobierno Nacional y
de la Secretaría de Inteligencia de
Estado
Se crea una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de
la Radiodifusión que tendrá la facultad de proponer al Poder
Ejecutivo Nacional, a los integrantes de la Comisión Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Defensoría del
Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para su
designación.
Espacios de
participación
No contempla Se crea el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual
integrado por….
Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
El titular de la Defensoría será designado por el PEN con
acuerdo de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Radiodifusión.
Audiencia Pública:
se llevarán a cabo en las siguientes ocasiones:
a) por convocatoria de la Defensoría del Público
b) para evaluar prórroga de licencias en la localidad donde se
presta el servicio
c) para evaluar transición a servicios digitales
d) por convocatoria del Consejo Consultivo Honorario de los
Medios Públicos
Fomento a la
producción
nacional y regional
La programación deberá incluir,
preferentemente, obras de autores
nacionales e interpretaciones de
artistas argentinos
Se fomenta la diversidad y los contenidos regionales:
- Se fija el límite del 30% de las emisiones diarias a las emisoras
adheridas a redes nacionales.
- Además las emisoras locales deberán mantener el 100% de los
derechos sobre la publicidad emitida y la emisión de un servicio
de noticias local y propio en el horario central.
- Las radios deben emitir un mínimo del 70% de producción
nacional, un mínimo del 50% de producción propia y un mínimo
del 30 % de música nacional (del cual el 50% corresponde a
músicos independientes).
- Los canales de TV abierta deberán emitir un mínimo del 60%
de producción nacional, un 30% de producción propia y un
porcentaje de producción local independiente que varía según
población.
- Además se fija una cuota mínima de pantalla para
producciones del cine nacional.
Contenidos:
protección a la
infacia
En ningún caso podrán emitirse
programas calificados por
autoridad competente como
prohibidos para menores de 18
años.
En el horario de protección al
menorque fije la reglamentación
de esta ley, las emisiones deberán
ser aptas para todo público.
Los programas destinados
especialmente a niños y jóvenes
deberán adecuarse a los
requerimientos de su formación.
La autoridad regulatoria deberá conformar un Consejo Asesor
del Audiovisual y la Infancia, multidisciplinario y pluralista,
integrado por personas y organizaciones sociales con
reconocida trayectoria en el tema y por representantes de
niños, niñas y adolescentes.
Los contenidos de la programación, de sus avances y de la
publicidad deben ajustarse a las siguientes condiciones:
a) en el horario 6.00 - 22.00 deberán ser APT;
b) en el horario 22.00 - 6.00 se podrán emitir programas
considerados para mayores
No será permitida la participación de niños o niñas menores de
12 años en programas que se emitan entre las 22.00 y las 8.00
horas, salvo que estos hayan sido grabados fuera de ese
horario, circunstancia que se deberá mencionar en su emisión.
Otros contenidos
de interés social
No contempla La autoridad de aplicación deberá garantizar el derecho al
acceso universal a los contenidos informativos de interés
relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros
futbolísticos u otro género o especialidad.
La Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de
Gabinete de Ministros adoptará medidas para que el ejercicio
de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión
televisiva de determinados acontecimientos de interés general
de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudique el
derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en
directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional.
Sistema de medios
públicos
Servicio Oficial de Radiodifusión
(SOR) dependerá de la Secretaría
de Estado de Comunicaciones, a la
que le compete su organización, así
como la administración y la
operación de las estaciones de
radiodifusión que lo integren.
La Secretaría de Información
Pública orientará y supervisará la
programación que elabore la
Secretaría de Estado de
Comunicaciones para su difusión
por las estaciones del SOR.
Su control será ejercido por el
COMFER
Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA
S.E.), que tendrá a su cargo la administración, operación,
desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora
y televisiva del Estado Nacional.
Órgano de Control Consejo Consultivo Honorario de los
Medios Públicos.
Cuota de pantalla:
70% de Producción Nacional
50% Producción Propia
20% Producción Independiente