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CENTRO DE PROPAGANDA Y DEFENSA NACIONAL LA GUERRA DEL CHACO Y IOS ESTA D O S U N ID O S P O R E N R I Q U E F I N O T E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o d e B o l l v l a e n W a s h i n g t o n . L A P A Z — S O L IV IA 1 9 3 5 Lñ GUERRñ DEL CHñCO Y LOS ESTñDOS UNIDOS ) P O R O E N R I Q U E F I N O T X E n v i n d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o V d e B o l l v l a e n W a s h i n g t o n . I.— Objeto de esta publicación. El litigio sobreseí Chaco, que ha ocasionado la gue rra entre Bolivia y el Paraguay, ha despertado en los últi mos tiempos especial interés en los Estados Unidos, no sólo por tratarse de un asunto que afecta gravemente la paz y la armonía continentales, sino también porque com promete el porvenir económico de una parte importante de la América meridiopal. Numerosas publicaciones de de diverso origen y de variada tendencia; actuaciones par- 4 (amentarías recientes; artículos e informaciones de prensa, conferencias, audiciones de radio, etc., han actualizado la cuestión de! Chaco en forma tal, que se puede afirmar que ella preocupa en estos momentos no solamente al go bierno y a las altas esferas oficiales de los Estados Uni dos, sino también a las instituciones docentes y culturales, a la prensa, a la industria, al comercio y, en general, a la opinión pública de esta gran nación, que repudia la guerra como procedimiento para solucionar los conflictos internacionales, y que anhela la paz como único medio de permitir el libre desarrollo de las actividades humanas y de conquistar la felicidad general. El pleito del Chaco es tan viejo como la existencia mis ma de Bolivia y Paraguay. Surgió desde el momento mis mo en que, nacidas a la vida independiente esas dos anti guas colonias españolas, trataron de fijar la extensión de su respectivo dominio territorial de acuerdo con el prin cipio americano del u ti possidetis juris de 1810, según el cual, las repúblicas formadas sobre la base de antiguas posesiones españolas, acordaron que sus límites debían abarcar las circunscripciones coloniales dentro de las cua les habían sido establecidas. El pleito del Chaco no ha sido el único surgido en la América de origen español que ha perturbado las buenas relaciones entre las naciones del continente. Pue de decirse que se han suscitado entre ellas tantos litigios como fronteras internacionales ha habido necesidad de definir. Pero puede asegurarse también que casi siempre han sido zanjadas, o bien por transacciones amistosas, o bien por procedimientos arbitrales, que han evitado la guerra y han mantenido la armonía entre las naciones de América. El mismo pleito del Chaco ha sido transigido tres veces por medio de tratados celebrados entre Bolivia 3 y el Paraguay, tratados que nunca fueron ratificados por el gobierno paraguayo, dejando la cuestión en pié, con peligro para la paz, y con escarnio de la justicia. Todas las tentativas suscitadas por Bolivia o por naciones ami gas para poner término al litigio, fracasaron siempre ante la inquebrantable resistencia del Paraguay para aceptar medios pacíficos en la solución del diferendo. La razón de esta resistencia no fué otra que la seguridad que el Paraguay creía tener de que Bolivia, incapaz de proteger Su territorio del Chaco, habla de resignarse a perderlo, mientras su adversario lo ocupaba clandestinamente y lo negociaba a vil precio, con empresas colonizadoras ex tranjeras. La esencia del litigio consistía pués, en que mientras Bo livia presentaba títulos de propiedad del Chaco, emanados de la legislación colonial española, el Paraguay alegaba como única fuente de derecho la ocupación practicada sistemáti camente, al amparo de una favorable situación geográfica. La táctica del Paraguay ha sido siempre, por lo tanto, la de eludir todo arreglo jurídico, contando con que la ocupa ción llegarla a perpetuarse hasta hacerse inconmovible. Y cuando Bolivia, comprendiendo el peligro en que se hallaba de perder su territorio, se decidió a realizar el enorme sacrificio que le exigía el prepararse para defen derlo, salvando enormes distancias y todo género de difi cultades materiales, el Paraguay decidió fríamente apelar a la guerra y consumó la agresión, calculando que los factores geográficos colocarían a Bolivia en la imposibili dad de defenderse. He ahi el origen de la guerra actual, que la gran masa de la opinión pública norteamericana no conoce o conoce imperfectamente. Tampoco parece estar mejor in ó formada acerca de los diversos esfuerzos realizados duran te el conflicto bélico y antes de él, aceptados por Bolivia y rechazados invariablemente por el Paraguay. Sin em bargo la participación del gobierno de los Estados Unidos en el asunto ha sido lo bastante amplia y repetida como para que el conflicto boliviano-paraguayo pueda ser explicado fácilmente desde un punto de vista exclusivamente nor teamericano, con el auxilio de pruebas y antecedentes también norteamericanos. La propaganda de las partes interesadas, siempre sospechosa, ha podido y puedp ser fácilmente controlada sin acudir a otras fuentes que las propias informaciones oficiales y oficiosas que tienen su origen en los Estados Unidos. No obstante, es lamentable reconocer que en alguna ocasión reciente, la propaganda paraguaya ha en contrado eco en el seno de una alta corporación legislativa, aunque es justo reconocer que por órgano de una sola opinión aislada y desprovista de autoridad. Ciertas publicaciones de prensa, por otra parte, cuyo origen parcial sería fácil establecer, han contribuido a hacer necesaria la publicación de este breve opúsculo, que se limita a citar hechos concretos y antecedentes acreditados por documentos que a continuación se exhiben o que cur san en los Archivos del Departamento de Estado. La lectura de este «puñado de verdades» será suficiente, estamos seguros, para llevar al ánimo del ciudadano nor teamericano más prevenido en. favor del Paraguay y en contra de Bolivia, por razones sentimentales o de simple ignorancia, la seguridad de que, en las causas de la gue rra que actualmente ensangrienta un pedazo del continen te americano, Bolivia no tiene otra participación que la de haberse visto obligada a defender su territorio contra 7 un enemigo aparentemente más pequeño, pero más fuerte por su proximidad al teatro de los sucesos y por la tra dicional hipocresía y falta de honestidad de sus procedi mientos, II,— El arbitraje del Presidente Hayes y los dere chos de Bolivia. El principal argumento que la propaganda paraguaya ha venido esgrimiendo, para impresionar a la opinión pública norteamericana, consiste en afirmar que el territo rio del Chaco, por el cual se lucha actualmente, fué legal y definitivamente adjudicado al Paraguay por el fallo arbi tral dictado en 1874 por el Presidente de los Estados Uni dos, Mr, Rutherford Hayes. Ese argumento ha sido re cientemente repetido en el Senado de Washington, en un discurso pronunciado para atacar determinados intereses económicos, bajo el pretexto de ocuparse de la guerra del Chaco. Se hace, pués, indispensable examinar el arbitra je Hayes y destruir, una vez por todas, la leyenda que se viene repitiendo maliciosamente de parte del Paraguay y de parte de sus espontáneos o interesados propagandistas y defensores. El arbitraje del Presidente de los Estados Unidos fué el resultado de las negociaciones entabladas entre los gobiernos de la República Argentina y el Paraguay, a partir de 1871, para poner término a las diferencias de límites entre dichos países y para liquidar la situación subsistente después de la Guerra de la Triple Alianza, declarada al Paraguay por Argentina, Uruguay y Brasil. Esas negociaciones se prolongaron hasta el 3 de febrero de 1876, fecha en que se firmó en Buenos Aires un tra 8 tado que sometía al arbitrajedel Presidente de los Esta dos Unidos el territorio comprendido «entre el río Verde y el brazo principal del Pilcomayo», es decir, una ínfima parte del extenso territorio que el Paraguay reclama ac tualmente de Bolivia. Ese tratado de arbitraje se hizo poniendo a salvo expresamente, de parte de Argen tina y Paraguay, los derechos de Bolivia sobre el mismo territorio, en un protocolo adicional al tra tado, firmado en la misma fecha, que establecía lo siguien te: «Las Partes contratantes convienen en salvar los de rechos que la República de Bolivia alega a alguno de los territorios que ha sido materia de la presente negocia ción». Esta sola declaración solemne debería ser suficiente para demostrar que los derechos de Bolivia no fueron afectados por el tratado ni por el arbitraje; pero existen numerosos documentos de origen paraguayo, exhibidos ante el mismo Presidente Hayes, en su calidad de árbitro que establecen el criterio oficial del Gobierno del Para guay en el sentido de que el arbitraje o cualquier arre glo pactado con la República Argentina dejaría siempre a salvo los derechos de Bolivia. En el Appendix and Documents Annexed to the Memoir filed by the Minister o f Paraguay on the question submitted to Arbitration (New York: Evening Post Steam Presses, 1878), se en cuentran varias terminantes declaraciones acerca del asun to concreto. Entre los documentos que contiene el Ap pendix está el Contra-memorándum del Ministro de Re laciones Exteriores del Paraguay, D. José del Rosario Miranda, fechado el 31 de octubre de 1873 (época de las negociaciones del tratado de arbitraje) que dice en la pá gina 40: «Sin embargo de los fundamentos expuestos, que amparan a la República del Paraguay, ella está dis puesta a aceptar el fallo arbitral desde el Bermejo hasta la Bahía Negra, o en mérito del íntimo deseo de hacer la paz con la Argentina, transar amistosamente, quedan do por línea divisoria el río Paraguay, salvando los dere chos de Bolivia en uno y otro caso». En la página 48 del mismo libro se lee, además: «En consecuencia la Re pública del Paraguay puede aceptar el arbitraje siendo desde luego entendido que él abarcará todo el territorio si tuado entre la márgen izquierda del rio Bermejo y la Bahía Negra, o por compromiso, si se acuerda que el río Pilcomayo sea la línea divisoria entre los dos países, los derechos de Bolivia quedando a salvo en ambos casos». Si estas declaraciones explícitas, contenidas en docu mentos oficiales, fueron presentadas al árbitro,' es decir, al Presidente Hayes, en el Apéndice mismo del alegato paraguayo, resulta completamente ridiculo que se preten da ahora decir que el fallo Hayes consagró el derecho del Paraguay en contra del derecho de Bolivia. Pero hay todavía más. El gobierno de Bolivia se presentó ante el árbitro haciendo valer sus derechos sobre el territorio sometido al arbitraje y sosteniendo ante el Presidente Hayes que «no se podía concebir una solución definitiva ni una amigable transacción entre solas dos partes, sobre un territorio que se disputan tres». Des pués de extensas y atinadas consideraciones, que sería largo trascribir, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia D. José Manuel del Carpió, en el memorándum entregado al Departamento de Estado de los Estados Unidos, [terminaba^ diciendo: «El gobierno del infrascrito, que tiene pleno conocí- 9 10 miento de la honorabilidad y rectitud extremas que carac terizan al Excmo. Presidente Hayes, abriga todavía la fundada esperanza de que, en vista de la oportuna recla mación de Bolivia, apercibiéndose de los irrecusables títulos que la asisten y que no podrán escapar a su pro funda penetración, al mismo tiempo de examinar los datos que le hayan sometido, suspenda quizá su fallo para no aven turarlo a correr la suerte de quedar sin efecto, de ser anulado mañana por la tercera potencia interesada, que es Bolivia, sin cuya concurrencia no hay ni puede haber solución definitiva de la cuestión.......Sin abrigar el propósito de coartar en lo más mínimo la conciencia del ilustre árbitro, el infrascrito y su gobierno creen poco compatible con el decoro personal de un hombre de es tado tan eminente y de reputación continental como Mr. Hayes, dar un fallo de carácter provisional y transitorio, un fallo destinado a subsistir sólo por hoy y hasta maña na, como no puede menos de suceder con el que piden las repúblicas Argentina y Paraguay. Es de esperar, pues, que el respetable árbitro, en los consejos de su sabi duría, quizá, juzgue conveniente requerir que se oiga a Bolivia, que se la invite a incluirse en el compromiso de arbitraje, a lo que se prestaría muy gustuosa, tanto por la conciencia que le asiste de su buen derecho, tanto por la ¡limitada confianza que le inspira la proverbial rec titud del ilustre juez». El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. Wm. M. Evarts, contestó a Bolivia en una nota que lleva fecha 6 de septiembre de 1878, expresando que, “en vis ta de haberse sometido al Presidente, esa cuestión como árbitro, de conformidad a un tratado entre Argentina y Paraguay, del cual desgraciadamente Bolivia no era parte, su juicio no podía ser determinado ni influido por el me- 11 morandum de Bolivia». Terminaba la nota expresando que, “si quedaran algunas diferencias pendientes, el Pre sidente alentaba la esperanza deque fueran armónica, pací fica y satisfactoriamente arregladas». En resúmen, no solamente el Presidente Hayes no canceló los derechos de Bolivia sobre el Chaco, sino que se limitó a falltar una cuestión entre las dos naciones que se la habían sometido, pero quedando notificado en tiem po oportuno de que Bolivia no- aceptaba un arreglo arbi tral con exclusión de una de las partes interesadas, preci samente de la paite cuyos derechos habían sido expresa mente reconocidos por las otras dos, mediante un proto colo solemne y mediante declaraciones de toda índole. Aún en el caso de que no hubiera existido la notificación de Bolivia al árbitro, la decisión de éste no habría afec tado en manera alguna sus derechos sobre el Chaco, por la sencilla razón de que, siendo Bolivia un estado sobe rano, nadie tiene derecho de privarla de su territorio, como rasultado de un juicio al que no concurrió como parte. Sobre esta cuestión de la validez y de la obligatorie dad del fallo Hayes respecto a Bolivia, se ha discutido ya mucho entre abogados, publicistas y diplomáticos boli vianos y paraguayos. El asunto es tan claro tan sencillo, que sólo la proverbial mala fé de la defensa paraguaya ha sido capaz de presentarlo como un argumento efectis ta en contra de Bolivia, sabiendo que con él podría im presionar a los ignorantes. Autoridades americanas en Derecho Internacional, como el tratadista Antokoletz, pro fesor de la Universidad de Buenos Aires y asesor jurídi co de la cancillería de la República Argentina, ha defen dido el tema con estas palabras inapelables: «El fallo Ha- yes no puede anularse en cuanto atañe al Paraguay y a 12 la República Argentina. Para los límites argentino-para guayos es una sentencia definitiva. No lo es para con Bolivia, en su cuestión territorial con el Paraguay». Otro catedrático de Derecho Internacional, el publicista peruano Dr. Alberto Ulloa Sotomayor, ex-delegado a la conferencia de Río de Janeiro, que acaba de poner fin al conflicto colombo-peruano sobre el territorio amazónico de Leticia, ha escrito a este respecto lo siguiente: “El laudo del Presidente Hayes no sólo constituye res ínter alios acta, que no puede afectar a Bolivia, que no fué parte en el litigio que ese fallo resolvió, sino que el Para guay se cerró a sí mismo el derecho de invocarle en la cues tión, cuando suscribió el protocolo de 3 de febrero de 1878........El fallo Hayes no afecta el derecho de Bolivia a discutir al Paraguay el mejor título al territorio que fué atribuido a éste con su protesta y sin su anuencia»........ De todo lo expuesto anteriormentese deduce, pués, sin lugar a dudas: lo.—Que el fallo del Presidente Hayes no obliga a Bolivia en manera alguna ni descarta sus derechos sobre el Chaco; 2o.—Que el fallo no versó sino sobre una pequeña parte del territorio que el Paraguay pretende arrebatar a Bolivia, o sea sobre la parte sud del Chaco Boreal, no habiendo razón alguna para que se le invoque, ni siquie ra a título de antecedente, sobre el resto del territorio; 3o.—Que la propaganda paraguaya ha querido sor prender la buena fé de la opinión pública norteamericana, haciéndole creer que Bolivia pretende arrebatar al Para guay un territorio que le fué adjudicado legalmente por el Presidente Hayes en juicio arbitral. Pero ninguna con- 13 elusión más definitiva a este respecto que la que puede arrancarse de esta paladina declaración del actual Presi dente de! Paraguay, D. Eusebio Ayala, que ha reconocido el derecho de Bolivia sobre la Zona de Hayes, en un ex tenso estudio publicado en la revista Mercurio Peruano, de Lima, correspondiente al mes de noviembre de 1929, en donde dice: “Admitimos el principio (res ínter alios acta), en el derecho privado como en el derecho público; admitimos que Bolivia puede reivindicar ese territorio (la zona Hayes) exibiendo títulos mejores». No serán, pués, los agentes de la propaganda paraguaya en los Estados Unidos los que puedan pretender ahora ser más celosos en el resguardo de los intereses paraguayos, que el pro pio Presidente del Paraguay. III.— Los Estados Unidos reconocieron siempre el derecho de Bolivia sobre el Chaco. El objeto de esta publicación es el de dar a conocer los antecedentes que se relacionan con la intervención nor teamericana en la cuestión territorial que mantiene Bolivia con el Paraguay, para deducir de ello la prueba de que, en todo tiempo, los órganos oficiales y la opinión pública de los Estados Unidos han estado de acuerdo en reconocer la justicia que asiste a Bolivia y al fundamento de sus derechos. En esta tarea constituyen elementos preciosos de ilustración, los documentos diplomáticos del Departa mento de Estado de los Estados Unidos que, bajo los auspicios de la Carnegie Endowment for International Peaee, viene publicando el Dr. William R. Manning, de la. Sec ción Latino-Americana de aquel Departamento. En la serie correspondiente a 1831-1860, que ha sido puesta a la cir culación hace poco tiempo, se encuentran piezas de enor me interés para conocer los orígenes del litigio boliviano- paraguayo y para medir en sus verdaderos alcances la parte de responsabilidad que corresponde en la actual si tuación a cada uno de los dos países en disputa. Desde que el Gobierno de los Estados Unidos acredi tó su primera misión diplomática en Bolivia, tuvo el pro pósito de establecer relaciones comerciales entre los dos países, a cuyo afecto concibió, como primera medida, el plan de explorar y navegar los ríos bolivianos, para crear rutas libres y expeditas a dicho comercio. En todo tiem po el gobierno americano consideró a Bolivia como nación ribereña de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. He aquí las pruebas. En nota de fecha 11 de junio de 1852, el Secretario de Estado Daniel Webster decía al Encarga do de Negocios de los Estados Unidos en Bolivia: Algu nos de los ríos que desembocan en el Plata, toman incre mento en Bolivia y se prestan a la navegación de vapores fluviales dentro del territorio de aquella República........ En cualquier tratado que Ud. pudiera pactar con el Go bierno de Bolivia, se servirá Ud. tener esto presente, tenien do especial cuidado de que los barcos y productos de los Estados Unidos, ya sea que se detienen en los puertos bolivianos del Pacífico o al territorio de aquella República por medio de los ríos mencionados, reciban las mismas franquicias, por lo menos, que se dispense a cualquier otra nación». (Diplomatic Correspondence of the United States, 1831-1860, Vol. II, Washington, 1932. Págs. 6 y 7). En 1855 el gobierno americano envió a la América del Sur una comisión exploradora de los ríos afluyentes del Plata, encargada de la dirección del Teniente Page; en 1858, año en que la expedición fué reanudada, el Mi 14 15 nistro Residente de los Estados Unidos en Bolivia. Mr. John W. Dana, pasó una nota (6 de marzo) al Ministro de Relaciones Exteriores D. Lucas Mendoza de la Tapia, soli citando autorización para que la expedición pudiera alcan zar las aguas bolivianas de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, en los siguientes términos: El Gobierno del infrascrito ha ordenado el envío, con destino al Plata, de una expedición para llevar a cabo la exploración de los tributarios de aquel río. La expedición es netamente de carácter científico y concebida para actuar en armonía con los deseos de los gobiernos que tengan jurisdicción legal sobre las aguas a explorarse. Los ríos Paraguay, Pilco- mayo y Bermejo, desaguan partes importantes de Bolivia, y probablemente pudiera hacerse de ellos vías valiosas para su comercio de importación y exportación........Por estas razones, el infrascrito se ha dirigido al Exctno. Mi nistro de Relaciones Exteriores, solicitando la impresión de su gobierno, respecto a los alcances de esta expedición a Bolivia, por medio de los ríos Paraguay, Pilcomayo y Bermejo, «(Obra citada, Pag. 97)». La oposición que al gobierno del Paraguay se per mitió ejercitar contra la expedición exploradora, dió ori gen a una serie de incidentes, en el curso de ¡os cuales la opinión oficial de los funcionarios diplomáticos ameri canos se manifestó clara y neta en el sentido de reconocer los derechos de Bolivia, negando las pretensiones del Para guay. El Ministro Dana, en nota de fecha 13 de Marzo de 1858, dirigida desde La Paz al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Lewis Coss, expresaba su opinión al respecto en forma clara y terminante: “A objeto de que mi Gobierno pueda tener ¡dea más perfecta de la cuestión de jurisdicción, y de los verdaderos derechos del Paraguay, sobre los cuales puede fundar, si aún lo desea, 16 posteriores instrucciones a la expedición exploradora, voy a hacer una breve narración del conflicto existente en lo que a sus títulos y reclamaciones respecta. Según aparece por lo general en los mapas, la línea sur de aquella par te de Bolivia se halla situada al este de las cabeceras del Bermejo, en una dirección este (creo cerca del paralelo 21 de latitud sud) hasta el río Paraguay. Todo el territorio situado al sur de esta línea y entre los ríos Bermejo y Paraguay, y abarcando por el sur hasta las juntas de esos ríos, lo reclama la República Argentina. Bolivia y el Pa raguay, y dentro de él queda comprendida la boca y una gran porción del valle del Pilcomayo-región que se dice es la más conveniente y deliciosa de la América del Sur. He prestado alguna atención a este asunto, y no puedo encontrar ninguna base alas reclamaciones del Paraguay a porción alguna de este territorio-, el río Paraguay deter mina naturalmente su frontera occidental. Respecto a los méritos de las respectivas reclamaciones de Bolivia y la Argentina, no puedo juzgar con igual exactitud, pués no he tenido el acceso suficiente que es necesario para formar una opinión segura. Más, el Paraguay, limitado como debe estar por el río Paraguay al oeste, sólo debe tener título, como lo íiene sobre el Paraná, a una juris dicción parcial compartida con Bolivia o con la Argenti na, sin que tenga (el Paraguay) jurisdicción exclusiva en punto alguno, dejando a Bolivia y a la Argentina, a una, o ambas, con jurisdición conjunta con el Paraguay y el Brasil en todo el curso del río. Y si es cierto, como acaba de expresarse, que el Paraguay limita al oeste con el río Paraguay, entonces como consecuencia, queda ex cluido de todo derecho sobre el Pilcomayo y el Bermejo, resultando un asunto de ninguna importancia a la cues tión de la exploración y navegación que el territorio en disputa, pertenezca a uno o a otro—Bolivia oJa Argenti-- 17 na—cuya política es la misma, y nuestra expedición ex ploradora tiene permiso absoluto de ambas para poder penetrar en todos estos ríos; ¿y habrá de privarnos el Paraguay con sus infundadas pretensiones y con su polí tica semibárbara de ese derecho y de los beneficios de su ejercicio a nosotros, a las otras repúblicas y al mundo en general?» (Obra citada, pags. 99 y 100). El 13 de mayo de 1858 se firmó en La Paz el Tra tado de Amistad, Navegación y Comercio entre Bolivia y los Estados Unidos, vigente hasta nuestros días, que en su Art. 4o. contiene el reconocimiento de que Bolivia es ribereña de los ríos navegables «tributa rios del Plata» (Paraguay, Pilcomayo y Bermejo) y fija las condiciones en que debe hacerse el comercio a través de los puertos fluviales establecidos o por establecerse. Los Arts. 26 y 27 contienen la declaración de que el rio de la Plata «y sus respectivos afluentes» son vías abier tas por la naturaleza a la libre navegación de todos los países y de que los barcos de los Estados Unidos serán admitidos por Bolivia sin restricciones a ejercer el tráfico comercial en dichos afluentes. Estos son, pues, entre otros muchos que sería largo citar, los antecedentes históricos del reconocimiento por los Estados Unidos de los derechos de Bolivia sobre el Cha co, desde hace más de ochenta años. Sorprende,- por lo tanto que algún agente de la propaganda paraguaya en los Estados Unidos se hubiera atrevido a decir que, según el criterio americano, «el Chaco ha sido siempre paragua yo y que las pretensiones de Bolivia son nuevas, basa das en el interés de arrebatar al Paraguay las riquezas que encierra ese territorio». 18 IV.— La guerra del Chaco y el Petróleo. La propaganda paraguaya en los Estados Unidos ha dado hace algún tiempo en afirmar que el conflicto del Chaco tiene su origen en una lucha de intereses petrole ros, que persiguen los ricos yacimientos que existen en el Chaco y que buscan una salida hasta el rio Paraguay, a través del territorio en litigio. Estas afirmaciones absur das han siuo repetidas con tal insistencia, con tal aplomo e impudicia, que han puesto al gobierno de Bolivia en la necesidad de comprobar lo contrario con documentos. Trascribimos a continuación las partes sustanciales de la circular que el Ministro de Relaciones Exteriores ha diri gido a las legaciones de Bolivia en el extranjero con fe cha reciente, conteniendo la refutación formal de afirma ciones propaladas: «Singular empeño ha tomado últimamente el Para guay por divulgar la versión de que en el Chaco Boreal- sobre el cual pretende ese país, a falta de títulos jurídi- dicos, realizar una ocupación de hecho—existen riquísimos yacimientos de petróleo.—Tal campaña de propaganda paraguaya responde a dos fines: interesar a algunos capi talistas extranjeros para obtener de ellos recursos con qué continuar la actual campaña y, luego, ilusionar al pueblo y al propio ejército con promesas de fructíferas conquis tas.—No se detiene allí la, labor paraguaya y pretende demostrar que Bolivia está sosteniendo la actual gue rra defensiva de su integridad territorial, mediante recur sos de las empresas petrolíferas extranjeras y, más con cretamente, de la Standard O¡1 Company.—Los datos que. a continuación paso a exponer, demostrarán a Ud. la fal T9 sedad de esa campaña de propaganda del Paraguay que, sensiblemente, va siendo acogida en Europa y otros cen tros.—Desde luego, conviene establecer estos hechos, ma nifiestamente comprobados por las reparticiones del Esta do: «lo.—En Bolivia existen tres zonas petrolíferas con yacimientos reconocidos: la principal se extiende paralela a la Cordillera Oriental de los Andes, desde la frontera con el Perú en la provincia de Caupolicán (Departamento de La Paz), hasta la frontera con la Argentina, en la región de Yacuiba y Juntas de San Antonio (Departamen to de Tarija). Tiene una extensión de 1,200 kilómetros de largo y 150 kilómetros de ancho, o sea un área de 180.000 kilómetros cuadrados (18.000.000 de hectáreas). La segunda zona bordea el lago Titicaca y tiene una ex tensión aproximada de 1.000.000 de hectáreas. La tercera zona llamada central, comprende gran parte del Departa mento de Cochabamba, con una extensión de 5.000.000 de hectáreas. «2o).—Las últimas serranías contrafuertes de la Cor dillera Oriental, donde se han encontrado yacimientos pe trolíferos que actualmente se explotan, se hallan al Occi dente del meridiano 63; hacia el Oriente de este meridia no sólo existen pequeñas ondulaciones y, después, la enor me planicie del Chaco. Este vasto plan está cubierto en toda su extensión por depósitos aluviales no estratificados, compuestos de arenas, arcillas y gravas. Esta formación probablemente tiene un espesor de varios cientos de me tros y en ella no se ha encontrado hasta la fecha ningún indicio de la existencia de yacimientos petrolíferos. Por los estudios realizados en la región terminal de la Cordi llera deducimos que la gran planicie chaqueña no es otra 20 cosa que un geosinelinal que se extiende desde los últi mos contrafuertes cordilleranos hasta más allá del río Paraguayo. Es pués muy dudosa, casi imposible, la exis tencia de petróleo en una estructura geológica como la del Chaco. <3o).—De los 21.000.000 de hectáreas concedidas por el gobierno de Bolivia para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, aproximadamente dos terceras partes están en manos de industriales bolivianos. 4o).—Las concesiones otorgadas por el gobierno de Bolivia a Richmond & Lewering y transferidas después a la Compañía Standard Oil de Bolivia, que de conformi dad con la Ley de Petróleos y el contrato respectivo, se explotan en sociedad con el Estado, no alcanzan a la quincuagésima parte de las concesiones petrolíferas hechas por el Gobierno de Bolivia. «5o).—Las mayores concesiones otorgadas por el Go bierno Boliviano se hallan muy lejos de la zona chaque- ña, especialmente en los Departamentos de La Paz, Co- chabamba y Beni. «6o).—Finalmente, por orden de importancia las con cesiones petrolíferas están distribuidas asi: ál Hectáreas Compañía Ni. «Franco Boliviana»................. 3.300.000 Compañía NI. «Sudamericana de Petróleos» 1.400.000 Bolivian Petroleum Exploration.................. 2.333.000 Compañía NI. del Chapare e Isiboro.......... 1.258.549 Compañía NI. «Aguila Doble» ................... 1.000.000 Grupo Belga-Boliviano de Petróleos de Cau- policán........................................................ 1.000.000 Jacobo Backus (Cía. Inglesa en sociedad con el Estado).................................................. 1.000.000 Standard Oil. of Bolivia................................ 450.000 Diversos concesionarios (casi en su totalidad bolivianos............................ 9.000.000 20.731.549 «El mapa ilustrativo que complementa esta circular, demuestra gráficamente las ubicaciones de las zonas petrolí feras del’país y sus extensiones. «En vista de tos datos anteriores, recomiendo a esa Legación y a los Consulados de su dependencia realizar una activa propaganda que tienda a destruir las falsas aserciones del Paraguay a que me he referido anterior mente. Con este motivo, etc.—(Fdo). David Alvéstegub. 22 Dentro de nuestro propósito de probar, con documen tos de origen americano, la verdad de nuestras demos traciones, trascribimos a continuación, acerca de la cues tión petrolera, el testimonio de un periodista americano, corresponsal de la United Press en el frente, casado en el Paraguay, que se ha distinguido durante el curso de la guerra por sus informaciones y comentarios hostiles para la causa de Bolivia. Se trata de Mr. John Vebber, antiguo funcionario consular de los Estados Unidos, recientemente llegado a este país, desde el mismo Paraguay, en funciones de agente de propaganda. La propaganda paraguaya ha venido afirmando, como se recordará, que la guerra del Chacola hace Bolivia financiada por la Standard Oil Company, para arcebatar al Paraguay las riquezas petrolíferas que contiene el Cha co y para abrir paso a la producción petrolera «hasta las aguas profundas del río Paraguay», por medio de un pipe-line. El mejor desmentido a esas informaciones son los siguientes testimonios del citado Vebber, que ha for mulado declaraciones en The New Orleans Times-Pica- yune correspondiente al 12 de julio de 1934: <E1 Sr. Veb ber se burla de los recientes cargos lanzados en el Sena do de los Estados Unidos por el Senador Huey P. Long, al efecto de que determinados intereses capitalistas ayu daban a Bolivia en la guerra. «La opinión pública y personas bien informadas en el Paraguay, no dan pábulo a estos cargos. En el Paraguay tienen la impresión de que el capital americano no se mete en el conflicto actual. Bolivia colocó empréstitos con banqueros americanos antes de comenzar el actual conflicto, pero desde que se iniciaron las hostilidades no ha podido obtener fondos de intereses financieros americanos.» 23 La opinión del Sr. Vebber, resultado de muchos años de versación en asuntos sudamericanos, y de largos años en el servicio consular de los Estados Unidos, corrobora la declaración del Embajador de Bolivia en los Estados Uni dos, quién imputó de falsos los cargos del Senador Long.» El New Orleans Item-Tribune, de la misma fecha, publica también un artículo relativo a Mr. Vebber, del cual extractamos los siguientes párrafos: «Ha dicho (Mr. Vebber) que la especie de que capitales americanos o europeos respaldan la guerra, no ha sido tomada en serio en el Paxaguy*........... «El Chaco, ha dicho Mr. Vebber, está muy lejos de ser un territorio sin valor al guno, a pesar de que queda todavía por comprobarse que existan depósitos de petróleo en el subsuelo.» No queremos agregar a estas puebas las manifesta ciones hechas por las autoridades superiores de The Stan dard Oil Company of New Jersey, en la prensa america na, porque podría suponerse que esa compañía tiene in terés en ocultar la verdad. Pero creemos útil reproducir aquí la comunicación relativa a este asunto, enviada a la Liga de las Naciones por dicha compañía. «Nueva York, 27 de julio de 1934.— Secretaria de la Liga de las Naciones, Ginebra.— Señor:—Un despacho de prensa reciente de Buenos Aires, cuya copia se ad junta, afirma que se presentará un memorial repitiendo las insinuaciones en sentido de que The Standard Oil Company (New Jersey) está ayudando a Bolivia en la guerra contra el Paraguay. Insinuaciones semejantes han sido frecuentemente hechas durante el desarrollo de la guerra, aunque ellas han sido desmentidas por los hechos tantas veces como se han producido. La compañía las re 24 fufará tantas veces como se las repita. Si bien se dice que el memorial carecería de pruebas para apoyar los fi nes de sus autores, bien podría ser que la Liga de las Naciones dedujera perniciosas suposiciones aunque no es tuvieran comprobados por los hechos. Esos hechos per tinentes han estado y están a disposición de los países in teresados. Están en los archivos del Departamento de Estado y en los de las Legaciones de Bolivia y Paraguay en Washigton. Están igualmente a la disposición de quie nes preparan la presentación del memorial a la Liga de las Naciones y desmienten las insinuaciones hechas y las suposiciones que se pretende probar, demostrando, por consiguiente, que se los ignora. Los hechos incontrover tidos demuestran claramente la neutralidad de la Standard Oil Company en la guerra entre Bolivia y el Paraguay- En 1921 la Compañía adquirió en Bolivia derechos de conce sión sobre una superficie aproximada de 3.500.00 hectáreas. En estas concesiones no existían provisiones para aumen tar esta superficie. Desde 1922 hasta el lo. de junio de 1934 las concesiones han sido repetidamente reducidas, hasta llegar a una superficie que cubre menos de 350.000 hectáreas. Las concesiones se encuentran ubicadas al oeste del meridiano sesenta y tres, y fuera del territorio en disputa. La compañía no tiene proyectos presentes ni futuros para establecer un pipe-line a través del territo rio en litigio. El total de la producción potencial déla Standard Oil Company de Bolivia en las concesiones arri ba mencionadas alcanza aproximadamente a 3.300 barri les por día. La producción efectiva durante el año 1933 fué de un promedio de 307 barriles diarios que fueron beneficiados en la pequeña refinería que la compañía tiene en Bolivia, y los productos derivados fueron vendidos en el lugar, a precios establecidos, al gobierno y a los par ticulares. La producción actual es un poco inferior a la 25 del año 1933. Estas ventas constituyen una proporción relativamente pequeña del consumo boliviano de produc tos de petróleo, que es provisto por medio de importacio nes. La West India Oil Co., (subsidiaria de la Standard Oil Company New Jersey) hace negocios en el Paraguay y vende productos de petróleo al Gobierno y pueblo pa raguayos a precios establecidos. El valor de las ventas hechas por las subsidiarias de la Standard Oil fué más o menos igual en ambos países el año 1933. Las dife rencias que se suscitaron sobre las estipulaciones relativas a impuestos fueron arregladas en julio de 1928, entre el Gobierno de Bolivia y la Compañía. Los pagos de im puestos se efectuaron antes de que la guerra del Chaco empezara. El gobierno de Bolivia trató de colectar im puestos adicionales a lo que la compañía se opone ante las cortes bolivianas. El Gobierno de Bolivia ha requisi cionado, para fines bélicos, algunos délos medios de trans porte de la compañía. La compañía ha interpuesto su reclamación contra el gobierno de Bolivia por el valor de la propiedad requisicionada. La única imputación contra la Compañía sería, pués, la de poseer las referidas concesio nes en Bolivia, por las que paga impuestos y el hecho de que algunas de sus propiedades fueron requisicionadas por el gobierno de Bolivia para fines de guerra. Ahora se trata de dar a esas imputaciones el carácter de cargos graves e impresionantes, al presentarlas en un memorial ante la Liga de las Naciones. El despacho de prensa re ferente al asunto dice que las declaraciones hechas por el Senador Long, de Luisiana, en el Senado de los Estados Unidos, serán incluidas en el memorial a la Liga de las Naciones. Es de esperar que el memorial _vaya acompa- ñado de unh copia de la parte del diario del Congreso que contiene todo lo que el Senador Long tuvo a bien de cir sobre la materia. Temiendo que esto no suceda, re 26 mito con la presente una copia del diario oficial donde se registran las palabras del citado Senador. Se observará que el Senador no presentó ninguna prueba en apoyo de sus insinuaciones sobre los malos procedimientos por par te dfe la Standard Oil Company. El documento histórico a que se refiere, en ningún grado apoya las insinuaciones que hiciera y se relaciona con asuntos que estuvieron en consideración hace más de cincuenta años. Sus declara ciones se basan en falta de comprensión de los hechos. Se incluye a la presente como parte de ella, una comunicación fechada el 24 de Enero de 1933, de la Compañía Standard Oil (New Jersey) y de la Standard Oil de Bolivia, firmada por C. O. Swain, abogado general, al Honorable Henry L. Sti son, Secretario de Estado, y la declaración de he chos que a ella se acompaña, Copias de esta carta se en cuentran archivadas en el Departamento de Estado y en las Legaciones de Bolivia y Paraguay en Washington, pa ra información de ellas.—Suyo muy sinceramente. Stan dard Oil Company (New Jersey) (Fdo.) Walter C. Tea- gle, Presidente.» Queda probado, entre tanto, que ni en el Chaco hay petróleo, ni los intereses de las compañías petroleras ame ricanas están er. juego en el conflicto boliviano-paraguayo. La especie de que se trata de conquistar el Chaco con el objeto de sacar el petróleo boliviano por el río Paraguay,es tan ingenua que no vale la pena de ser refutada. ¿Qué interés podrían tener 1^ empresas explotadoras de los pe tróleos bolivianos en sacar sus productos al Paraguay? ¿Competir, en tales condiciones de gastos de' producción y de transporte, con la superproducción mundial de ese combustible? \ j __Los esfuerzos pacificadores de los Estados Unidos en la cuestión del Chaco. La mejor demostración de que la responsabilidad de la guerra del Chaco no es imputable a Bolivia, que en todo tiempo se esforzó por evitarla y que para detenerla ha aceptado siempre las sugestiones neutrales de paz, compatibles con su derecho y dignidad, se encuentra revi sando la participación, que desde el año 1928, ha tenido en el conflicto boliviano-paraguayo el gobierno de los Estados Unidos. A partir de esa época, efectivamente, el Departamen to de Estado ha tenido actuaciones directas o indirectas que le han permitido apreciar el espíritu con que Bolivia ha respondido siempre a las iniciativas amistosas de arre glo pacífico. La prueba se encuentra en documentos ofi ciales que citamos a continuación. Se encontraba reunida en Washington, en diciembre de 1928, la Conferencia Panamericana de Arbitraje y Con ciliación, cumpliendo un acuerdo de la Sexta Conferencia Internacional de la Habana, cuando el continente fué sor prendido con la noticia del ataque paraguayo contra el fortín boliviano Vanguardia. Es indudable que la paz habría podido ser perturbada gravemente en esa época, como lo fué en 1932, si entonces el Paraguay hubiera tenido terminados sus preparativos para la guerra; como esos preparativos eran todavía deficientes, se vió obliga do a aceptar los buenos oficios que la citada Conferencia ofreció a las dos naciones, para buscar solución al inci dente por la vía conciliatoria. Fué en tal virtud que se 28 reunió en Washington, en marzo de 1929, la Comisión de Investigaciones y Conciliación formada por delegados de los Estados Unidos, México, Colombia, Cuba y Uruguay. Presidió esa Comisión el General Mac. Coy, en represen tación del gobierno americano. Los resultados de la Comisión de Investigación y Conciliación de Washington son demasiado conocidos para que sea necesario rememorarlos in extenso. El acta sus crita el 12 de septiembre de 1929 declaraba al Paraguay agresor, estableciendo que había acudido al «empleo de medios coactivos» y condenándolo a reconstruir a su cos ta y a devolver a Bolivia el Fortín atacado e incendiado por sus tropas. Los delegados neutrales a la Comisión, o sean los representantes de los Estados Unidos, México, Colombia, Cuba y Uruguay, aprovecharon la oportunidad propicia que se presentaba para procurar el arreglo de la cuestión territorial pendiente entre los dos países, a fin de evitar en el futuro la repetición de acontecimientos semejantes al de Vanguardia; pero sus esfuerzos quedaron interrum pidos por haberse vencido el plazo dentro del cual la Comi sión debía dar por terminadas sus funciones. Sin embar go, los gobiernos de Bolivia y Paraguay aceptaron los buenos oficios de dichos gobiernos neutrales, para que en el caso de que las negociaciones directas no tuvieran éxi to, se siguiera desarrollando una acción mediadora que pusiera término al conflicto y evitara la guerra. La cancillería de Washington empezó a desarrollar, en el curso del año 1930, una acción empeñosa para que Bolivia y Paraguay se avinieran a negociar un arreglo definitivo del litigio, o por lo menos un acuerdo que evi 29 tara los choques armados y alejara el peligro de la gue rra. Apreciando esos esfuerzos por la paz, el gobierno de Bolivia sugirió, a principios de 1931, la conveniencia de reunir en Washington una conferencia boliviano-para guaya que, bajo los auspicios de los cinco gobiernos neu trales ya citados, encabezados por el de los Estados Uni dos, ajustara un pacto de no agresión que asegurara la paz y preparara el ambiente para celebrar un compromiso de arbitraje. La conferencia se reunió, y el 9 de diciembre de 1931 la delegación de Bolivia presentó un proyecto de pacto, concebido en seis artículos, cuya sustancia establecía la obligación, de parte de Bolivia y Paraguay, de no reali zar en el territorio en litigio acto alguno de agresión que pudiera comprometer las buenas relaciones entre ambos países. Se fijaban en ese proyecto las condiciones en que debería hacerse, bajo la mediación neutral, el esclareci miento y el arreglo de cualquier incidente de fronteras que llegara a producirse. De haber sido aceptado enton ces el proyecto de pacto de no agresión presentado por Bolivia, que fue bien recibido por los miembros neutrales de la conferencia, presidida por el asistente Secretario de Estado de los Estados Unidos, la guerra habría sido impo sible. Pero el Paraguay había acudido a Washington sola mente para ganar tiempo, mientras completaba su prepa ración militar, y sus delegados rechazaron de plano el pro yecto boliviano, presentando en sustitución otro, que ence rraba nada menos que la exigencia de que Bolivia aban donara el Chaco, como condición para establecer un com promiso de seguridad. Ante situación semejante, el Presidente de la Conferen cia y Delegado de los Estados Unidos, Mr. Francis Whi- 30 te, queriendo orillar las dificultades y conciliar a las par tes, se encargó de elaborar por sí mismo un tercer pro yecto, discreto y equitativo, que fue presentado el 8 de mayo de 1932. Ese proyecto establecía que, durante lia vigencia del pacto, «ninguna de las partes podría avanzar sus posiciones extremas en el Chaco, ni efectuar j£ movili zaciones o concentraciones de tropas, librándose al juicio de una comisión neutral la investigación y solución de los incidentes que pudieran producirse.» El proyecto atribuía al pacto la duración de dos años y establecía la condición de que, durante ese tiempo, debería negociarse y concluir se un acuerdo sometiendo la disputa territorial al arbi traje. El gobierno de Bolivia aceptó el proyecto, habiéndo se comunicado oficialmente esta aceptación al Departa mento de Estado. El gobierno del Paraguay, por su par te, no solamente no lo aceptó, sino que lanzó sus tropas sobre el fortín boliviano Laguna Chuquisaca, ordenando a sus delegados que se retiraran de Washigton. Solamente los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión de Neutrales 'pudieron impedir entonces que el Paraguay abandonara totalmente las ne gociaciones, que se continuaron por algún tiempo, mien tras que en el Chaco se desencadenaba la guerra, aunque todavía sin declaración formal. Aparentando aceptar las proposiciones pacifistas y la suspensión de hostilidades, el gobierno del Paraguay mo vilizó secretamente grandes contigentes de tropas, y cuan do estuvo seguro de copar las escasas fuerzas bolivianas, las rodeó en Boquerón y consiguió rendirlas por hambre y sed, con lo cual cobró bríos y aumentó su soberbia. El 31 30 de agosto de 1932 rechazó la proposición de la Comi sión en Neutrales para acordar una suspensión de hostili dades por sesenta dias, con objeto de negociar la paz. A las reuniones celebradas en el Departamento de Estado de Washington en el mes de octubre del mismo año, el delegado del Paraguay se presentó con aires de vencedor y exiguiendo indemnización de guerra, que los Neutrales desestimaron, incitando al gobierno de Asunción a retirar sus pretensiones. Ante la imposibilidad de ob tener un avenimiento entre las delegaciones de los países beligerantes, los miembros de la Comisión de Neutrales, encabezados por el representante del Departamento de Es tado de los Estados Unidos, prepararon y sometieron a las partes un plan de pacificación que comprendía la sus pensión de hostilidades, la desmovilización general y el retiro de las tropas, y el envío de una comisión neutral encargada de evitar nuevos choques, mientras se celebra ba un tratado de arbitraje sobre la base de una zona que debía ser fijada por unacomisión internacional de geó grafos. Toda América apoyó la proposición de la Comi sión de Neutrales, que Bolivia aceptó gustosa, pi diendo solamente modificaciones de detalle. También la apoyó la Liga de las Naciones. El Paraguay la rechazó, acusando a la Comisión de Washigton de parcialidad e incompetencia. Al cablegrama en que el gobierno de la República de El Salvador pedía la aceptación de la fór mula, el gobierno del Paraguay contestó el 20 de diciem bre de 1932: «La propuesta de los Neutrales constitiuye un grave daño para los derechos de mi país». Al gobier no de Nicaragua le decía en la misma fecha el Ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay: «Gobierno Para guay declina aceptar propuesta Neutrales por considerar 32 que bases arbitraje no son equitativas y que cesación de hostilidades no ofrece garantía de paz.» Al gobierno de Panamá: «Propuesta última Neutrales fu é desestima da porque afecta seguridad y derechos Paraguay. «Al de la República Dominicana: «Propuesta Neutrales favo rece pretensiones bolivianas. Y al de Venezuela: «Pro yecto Comisión Neutrales propone tregua sobre bases en teramente arbitrarias.* Al mismo tiempo que el gobierno de Asunción recha zaba la proposición de los Neutrales presididos por los Estados Unidos, ordenaba el retiro de su delegación en Washington, en los términos siguientes: «Asunción, di ciembre 17 de 1932.—Delegado Soler, Washigton, D. C.— La proposición de los Neutrales, ya hecha conocer confi dencialmente al Presidente Ayala, es inaceptable, como manifestó con anterioridad el Primer Magistrado al Mi nistro de los Estados Unidos. En tales circunstancias V. E. debe retirarse de la Conferencia, fundamentan do causa de su retiro.—Relaciones.» Así abandonó el Paraguay la mediación de los Estados Unidos en el conflicto del Chaco desdeñando todas las explica ciones y todas las instancias del Departamento de Estado y de los Neutrales para reconsiderar su actitud. «La proposición ofrece indudablemente una base honorable»—decía el cable grama del 20 de diciembre, dirigido por los Neutrales al gobierno del Paraguay. «El negarse a discutirla retiran do a su delegado—agregaba—no podría menos de inter pretarse como un prepósito de continuar la guerra y de confiar el futuro de su situación ala suerte délas armas.« Y como el gobierno paraguayo siguiera mostándose in transigente, animado por proyectos de conquista, la Co misión de Washington le dirigió todavía el 31 de diciem 33 bre un mensaje eablegráfico, que decía entre otras consi deraciones: «Comisión Neutrales profundamente la menta que Gobierno del Paraguay haya estimado de poco peso la unánime aceptación que la propues ta de armisticio y arbitraje del 15 de diciembre en contró en los gobiernos de las 19 repúblicas America nas y en el Consejo de la Liga de las Naciones, cons tituyendo una expresión histórica de la conciencia uni versal y un excepcional veredicto de la humanidad ci vilizada sobre la cuestión del Chaco, que las partes no pueden desoír.* El Paraguay lo desoyó sin embargo, y se lanzó a la guerra abiertamente, contando con la superioridad que le otorgaba su posición geográfica y dando la victoria por descontada. He ahí el «pequeño país» que, según ha trata do de explicar cierta propaganda en los Estados Unidos, lucha por salvarse de «la conquista boliviana.» Desertando la Comisión de Neutrales de Washigton, primeramente, cuando creyó que la intervención de esa al ta entidad podía resultar molestosa y perjudicial para sus planes; atacando rudamente a los Estados Unidos, a cuyo gobierno acusaba de tratar de proteger a Bolivia; inven tando después la fábula ridicula de que la guerra esta ba financiada y empujada por las empresas petrolíferas norteamericanas: he ahí cómo el Paraguay ha eludido la acción pacificadora, noble, desinteresada y amistosa del gobierno de los Estados Unidos. Lógico habría sido, con tales antecedentes, que la opinión pública americana, muy especialmente en sus ór ganos autorizados, se hubiera puesto en guardia contra los procedimientos de la pequeña y belicosa nación súdame- 34 ricana. Pero el Chaco está tan lejos y estos asuntos in teresan tan poco a la generalidad de las gentes en los Es tados Unidos, que casi todos esos hechos notorios han pasado inadvertidos o han sido fácilmente olvidados; dan do lugar a que agentes inescrupulosos trataran de explo tar la buena fé de esa misma opinión pública, tergiversan do los sucesos y tratando de despertar simpatías que no pueden existir hacia el país que ha sido varias veces con denado por la diplomacia de los Estados Unidos, como perturbador de la paz y recalcitrante partidario del asalto y la violencia. Conviene agregar todavía, por vía ilustrativa, que los esfuerzos pacifistas realizados en Montevideo, durante la VII Conferencia Internacional Americana, por el jefe de la Delegación de los Estados Unidos, Mr. Cordell Hull, Secretario de Estado, chocaron también con la resistencia del Paraguay para aceptar un arreglo de justicia. Venta jas militares efímeras que obtuvo el ejército paraguayo en diciembre de 1933, le alentaron en sus planes de con quista y acrecentaron su apetito hasta el extremo de exi gir de Bolivia el total abandono del Chaco, como condi ción indispensable para hacer la paz. VI.— El embargo de a-rmas y municiones para los beligerantes en el Chaco. No sería completa esta breve exposición destinada a informar al pueblo americano sobre la participación que los Estados Unidos ha tenido, desde épocas remotas, en el problema del Chaco, si no incluyera algunas informa ciones relativas a los últJmos acontecimientos, entre los 35 cuales se destaca una medida legal adoptada con el fi de poner término al conflicto. Nos referimos al embargo de armas y municiones decretado por resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos y promulgado p el presidente Roosevelt en una proclamación que lleva fecha 28 de Mayo de 1934. La iniciativa del embargo de armas contra los beli gerantes del Chaco surgió, como se recordará seguramen te, en el seno del Consejo de la Liga de las Naciones, a iniciativa del Delegado Británico, poco después del regre so de la Comisión Especial de la Liga que había viajado al teatro de la guerra, para procurar un avenimiento. Esa Comisión, como se sabe, fracasó en sus propósitos, por causa de las intransigencias del Paraguay. Desde que la iniciativa del embargo fué lanzada, Bolivia ha protestado contra ella, porque la considera in justa y desigual.. El Paraguay posee una fábrica de mu niciones, y puede abastecerse y proseguir la guerra, mien tras Bolivia tiene forzosamente que atenerse a los pertre chos que recibe del extranjero. El embargo prohijado por la Liga de las Naciones— por otra parte—constituye una sanción que sólo puede ser aplicable al pais agresor o al que se niega a aceptar los procedimientos de arreglo pacífico dictados por la Liga. Pero la organización internacional de Ginebra no ha deci dido todavía nada sobre el conflicto del Chaco, y carece de facultades para aplicar sanciones prematuras, que abar quen por igual al agresor y al agredido. Inspirado seguramente en la noble intención de coope rar al restablecimiento de la paz, el gobierno de los Es 36 tados Unidos ha decretado una prohibición de venta de armas y municiones a Bolivia y Paraguay, que el gobier no de Bolivia no ha podido aceptar, por cuanto afecta a sus derechos y a los intereses de su defensa militar. Lejos del propósito de esta publicación el discutir la actitud y procedimientos del gobierno americano en la materia, creemos necesario, sin embargo, ilustrar a la opi nión pública, dándole a conocer sucintamente los puntos de vista del gobierno boliviano, claramente expresados en las notas de reclamación presentadas al Departamento de Estado por la Legación de Bolivia en Washington. La primera reclamación, fechada el lo. de junio de este año, decía lo siguiente:«Señor Secretario de Estado: —El gobierno de Boli via ha sido informado acerca de las medidas dictadas por el Excmo. Gobierno de los Estados Unidos, previa autori zación del Congreso, para prohibir la venta de armas y municiones con destino a Bolivia y Paraguay. Sin entrar en consideraciones de orden doctrinario acerca del proce dimiento adoptado, que se prestaría a un debate intere sante, el gobierno boliviano considera que la medida adop tada es innocua para conseguir la cesación de la guerra del Chaco, pues mientras la cuestión territorial misma no sea resuelta por medio del arbitraje, no podrá conseguir se una verdadera pacificación. , «Con relación a Bolivia, mi gobierno considera que la decisión adoptada por el Excmo. Gobierno Americano es particularmente violatoria del Tratado de Amistad, Nave gación y Comercio firmado en La Paz el 13 de mayo de 1858, vigente entre ambos países, que claramente estable 37 ce «no (ni) se impondrá prohibición alguna a importación o exportación de los artículos, productos o manufacturas de la República de Bolivia o de los Estados Unidos, que igualmente no se extienda a otras naciones.» Quiere de cir que, mientras el gobierno de los Estados Unidos per mita a cualquier nación proveerse de armas y municiones dentro de su territorio, no puede prohibir a Bolivia hacer lo mismo, máxime si ésta goza, además, de los beneficios de nación más favorecida, de acuerdo con el mismo tra tado. La medida adoptada por igual con respecto a los dos beligerantes en el Chaco es injusta con referencia a Bolivia, pues el Paraguay goza de los beneficios de la vía fluvial internacional, que lo capacita para recibir di rectamente material bélico, mientras Bolivia que carece de ese beneficio, será únicamente quien sufra los rigores de la prohibición. Considerando, pués, que la medida decreta da por el Excmo. Gobierno Americano resulta así favora ble a uno de los contendientes y desfavorable al otro, y que eso no puede haber sido el propósito contemplado al adoptarla, el gobierno de Bolivia confía que una vez de mostrada su injusticia, ella será abolida. «Si además de la injusticia que significa la medida respecto a Bolivia, resulta todavía que el Excmo. Gobier no Americano realiza gestiones ante otros paises para adoptarla, es evidente que se acrecenta el daño que se cau sa a Bolivia, poniéndola desarmada a merced de su ad versario. «Al llevar a conocimiento de V. E. las consideracio nes que anteceden, por instrucciones expresas de mi go bierno, tengo la honra de reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.—(Firmado) Enri que Finot.* 38 Una segunda reclamación de fecha 19 de junio, es taba concebida en los siguientes términos: «Señor Secretario de Estado: Tengo la honra de acu sar recibo déla nota de fecha 16 del mes en curso, por medio de la cual V. E. se digna comunicarme—en respues ta a las gestiones verbales que he venido haciendo sobre la interpretación del Decreto del 28 de mayo de este año, que prohíbe ¡a venta de armas y municiones a Bo- livia y Paraguay en los Estados Unidos—que dicho decre to no es aplicable a las ventas concluidas antes de su promulgación, y que han sido exceptuadas de sus efectos «las mercaderías manufacturadas y listas para la entrega antes del 28 de mayo de 1934, de acuerdo con contratos válidos y obligatorios celebrados antes de esa fecha, y que han sido pagadas en su totalidad o en parte por el país beligerante». «Sin referirme por el momento al asunto fundamen tal de la prohibición, que a juicio de mi gobierno se ha lla en contradicción con el espíritu y los términos del tra tado boliviano-americano de 1858, y en vista de la urgen cia del caso, me veo obligado a llamar la ilustrada aten ción de V. E. sobre el carácter restringido de la interpre tación que se ha servido comunicarme en dicha nota, pués se limita a expresar que el Decreto del 28 de mayo de este año no afectará a las ventas concluidas antes de la citada fecha, y no pone a salvo los contratos o com promisos de venta que, según el derecho mercantil y la legislación civil universal no pueden ser afectados por me didas retroactivas y tienen el mismo carácter de exigibili- dad que las ventas concluidas. «A fin de ilustrar el caso concreto de mi país en las presentes circunstancias, he creído necesario llevar a co- 39 noeimiento de V. E que el gobierno de Bolivia ha cele brado, con anterioridad al Decreto de referencia, diversos contratos con fábricas o compañías americanas, fijando pla zos prudenciales para la entrega de la mercadería y com prendiendo el pago adelantado de fuertes sumas de dine ro. Dentro de estas condiciones, es indudable que la in terpretación dada por V. E. al decreto de prohibición, li mitando sus excepciones a las ventas concluidas y las mer caderías «fabricadas y listas para la entrega» antes del 28 de mayo, es gravemente perjudicial para los intereses de Bolivia, pues aunque mi país obtuviera la devolución de los adelantos de dinero, mediante procesos judiciales lentos y complicados, y aunque pudiera después adqui rir las mismas mercaderías en otros países, las condicio nes de tiempo y la privación intempestiva de recursos con los que creía contar en el momento oportuno, influi rán poderosamente en los resultados de la campaña en que se halla envuelta, en defensa de su territorio. «En vista de estás consideraciones tengo la honra de dirigirme a V. E. para rogarle que previo exámen de la situación y cualquiera que sea el resultado de la recla mación interpuesta por mi gobierno sobre la prohibición decretada por el gobierno de los Estados Unidos, se digne dictar, ala posible brevedad, una resolución complementaria que interprete el Decreto del 28 de mayo de 1934 en el sentido de que tampoco es aplicable a las mercaderías que, en el momento de la promulgación de dicho decreto, se hallaban en proceso de fabricación, por cuenta del go bierno de Bolivia y en virtud de contratos o compromi sos de venta celebrados de acuerdo con las leyes que ri gen la materia. «Al dar este paso en resguardo de los intereses vita les de mi país, actualmente envuelto en un conflicto ar- 40 tnado que le impone los más grandes sacrificios, abrigo la firme esperanza de que el espíritu justiciero y ecuáni me de V. E. sabrá encontrar la fórmula que evite a Boli- via los perjuicios irreparables que pudiera sufrir, por el hecho de haber celebrado contratos con empresas america nas y de haber dado preferencia a la industria manufacture ra de los Estados Unidos.—Aprovecho la oportunidad pa ra reiterar a V. E. las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.—(Firmado) Enrique Finóte Una decisión del Departamento de Estado, que lleva fecha 27 de julio, ha establecido algunas excepciones en favor de ciertos contratos de venta celebrados entre el gobierno de Bolivia y varias compañías americanas, contra tos sobre los cuales se había hecho pagos adelantados de sumas apreciables. En consecuencia, han sido despachados algunos de los cargamentos detenidos, no sin provocar la exaltada protesta del gobierno del Paraguay, cuyo ideal habría sido que se privara a Bolivia de todo medio de defensa, para consumar la victoria de sus aguerridas huestes sobre tro pas desarmadas. Todo hace esperar que una más atenta consideración de los problemas que el embargo ha traído consigo, deter minará la suspensión de éste, tanto en los Estados Uni dos como en el resto de los países que se han adherido a él. El mundo acabará por comprender que la supresión del comercio de armas no basta para evitar o detener las guerras, así como también que el amor a la paz no es incompatible con el respeto al derecho y la justicia. La idea de restringir y aun de suprimir la fabrica ción privada y el comercio de armas y municiones es in 41 dudablemente acertada, si, como se ha dado en asegurar, los conflictos internacionales son generalmente atizados porlos intereses de las grendes empresas productoras de material bélico. Es muy probable que el día en que los gobiernos fabriquen directamente el material de guerra que juzguen estrictamente indispensable oara la defensa nacio nal, se habrá detenido en gran parte la carrera loca del armamentismo, causa de zozobras y fuente constante de peligros para la paz. Pero el mundo está lejos de llegar a esa finalidad, a causa de la magnitud de los intereses en juego y de los conflictos económicos que acarrearía la paralización de la floreciente industria bélica, en una época de crisis tan aguda. No existiendo, pués, la posibilidad inmediata de alcanzar esos resultados, es elemental concluir que todas las tentativas artificiales para restringir el comercio de armas están llamadas a fracasar, tanto por su injusticia flagrante, cuanto porque carecen en absoluto de base práctica. Si el embargo de armas y municiones ha de hacerse por igual contra los países que se vean envueltos en gue rra, quiere decir que en el futuro las naciones agresoras tendrán asegurada la victoria porque antes de lanzarse en la aventuran bélica habrá tenido el cuidado de abaste cerse de los pertrechos necesarios para la empresa; las naciones agredidas, entre tanto, estarán condenadas a la derrota, porque una vez estallado el conflicto, hallarán cerradas todas las puertas para proveerse de los medios de defensa. Las naciones que fabrican armas y municio nes, por otra parte, tendrán una superioridad indiscutible sobre las que carecen de industria bélica, condenadas a perecer o a sacrificar, en la fabricación de armas, los re cursos económicos que necesitan para su progreso. 42 El problema es, por lo tanto, complejo y de vastas proyecciones. Bien decía hace poco el prestigioso perio dista americano Walter Lippmann, al comentar la medid2 adoptada por el gobierno de los Estados Unidos y la ac titud asumida por la Legación de Bolivia, en las colum nas del New York Herald Tribune: «Cualquiera que sean los efectos de esta querella su damericana—y de esto son los mejores jueces el Secreta rio Hull y sus consejeros—la cuestión suscitada por el Sr. Finot es é i una amplia importancia. Supóngase que no hay un tratado mundial limitando armamentos. Y supón gase también que la venta internacional de armamentos ha sido parada. ¿Cuál será el efecto? Hablando en tér minos generales, las naciones se clasificarán obligada mente en tres grupos. Habrán unas que, como los Es tados Unidos y la Gran Bretaña, tienen una organización industrial grandemente desarrollada y que, ya sea dentro de su propio terrritorio o por su dominio de los mares, poseen las materias primas necesarias. Habran otras que, como el Japón, Alemania y Francia, tienen la organiza ción industrial pero carecen de las materias primas, a me nos que llegaran a dominar los mares. Habrán, en fin, otras como la China, o digamos Bolivia, que carecen ya sea de la organización industria!, ya sea de las materias primas, o de ambas cosas a la vez»* «En un mundo en el que los armamentos tienen tan to peso, ¿no es verdad que las naciones que no fueran suficientes por sí mismas, tendrían que crear una indus tria propia de municiones, o pactar alianzas con las na ciones que la tienen o que poseen materias primas, vién dose obligadas a reforzar sus flotas para proteger la im portación de municiones, o bien hundirse bajo la domina ción de las naciones que pueden armarse por si mismas? ____ __________ 43 El parar el tráfico internacional de municiones, cuando no existe un tratado limitando armamentos, ni un sistema eficaz de mantener la paz, no promete, pues, impedir la guerra. Es casi seguro que incrementará la competencia del armamentismo naval, promoverá alianzas militares y estimulará la manufactura de armamentos en los países industrialmente atrasados.» {The New York Herald Tri buno, 24 de mayo de 1934.) Por otra parte es necesario llegar a ¡a conclusión de que el embargo de armas no traerá consigo la paz entre Bolivia y el Paraguay, aún cuando tuviera como conse cuencia inmediata la paralización de las operaciones mili tares por una de las partes beligerantes o por ambas. La paz en el Chaco sólo puede ser la consecuencia de la su presión de las causas de la guerra, causas que no son, como algunos espíritus ingenuos han supuesto, de orden puramente sentimental o de orgullo patriótico. VIII.— La clausura de Bolivia y la actitud de los Estados Unidos Si la causa determinante de la guerra del Chaco ha sido la negativa del Paraguay a someter el litigio a un arreglo arbitral o transaccional, obstinándose en apode rarse por la violencia del territorio que Bolivia se ha visto obligada a defender, ha habido también otra causa que ha impulsado a Bolivia a realizar el sacrificio de in molarse en una contienda para la que no estaba prepa rada: la necesidad de alcanzar a través de su territorio del Chaco, una vía fluvial internacional que la ponga en contacto con el mundo. Bolivia necesita una salida propia sobre la parte navegable del rio Paraguay, para consoli dar su independencia, pues no puede decirse que una na ción es independiente cuando todo su comercio debe hacer 44 se a través de territorio extanjero y con la venia de las naciones vecinas. Se dice frecuentemente que la guerra del Chaco es una vergüenza para América, el llamado «continente de la paz». La vergüenza mayor de América es la situa ción de Bolivia enclaustrada, obligada a solicitar arreglos para el tránsito de su comercio, es decir, para respirar, para vivir. La guerra del Chaco no es sino un resulta do, un" fenómeno, una consecuencia de una situación in humana y absurda. Ya se ha dicho hasta el cansancio que, mientras la situación de Bolivia subsista, en Amé rica no habrá paz. Es necesario dar satisfacción a Boli via o hacer que Bolivia desaparezca. Así lo comprendieron en todo tiempo los estadistas, los diplomáticos, los periodistas y los hombres inteligen tes y justos de los Estados Unidos. Ese es precisamente el origen de la profunda simpatía y de la sincera amistad que fué siempre la característica de las relaciones entre Bolivia y esta gran nación. Ya en 1848, pocos años después de la independencia boliviana, el Secretario de Estado Mr. James Buchanan, más tarde Presidente de los Estados Unidos, dando ins trucciones escritas al primer agente diplomático america no acreditado en Bolivia, le decía al explicar la demora en que se había incurrido para entablar relaciones entre ambos países: «Esta demora se ha producido por el he cho dé que los territorios de la República de Bolivia se encuentran principalmente en el interior de Sud Amé rica y por la falta de buenos puertos sobre el Pacífico nuestras relaciones comerciales han sido de un carácter muy limitado. Se cree que Cobija es el único puerto bolivia no y éste es muy poco frecuentado. Se sabe que Boli via y Perú han estado en tratos para la cesión del puerto 45 de Arica, por el segundo al primero; y así como esa ce sión no perjudicaría materialmente al Perú, sería de una ventaja esencia! para Bolivia y también para el comercio de nuestro país. Sin intentar inmiscuirse en los asuntos internos de ninguna de esas repúblicas, Ud. puede, si la oportunidad se presenta, con su prudencia y consejo, pro vocar esta cesión. Arica parece naturalmente pertenecer a Bolivia, y de ello esa república no puede dejar de dar se cuenta, más profundamente aún al sentir los derechos onerosos de tránsito que ahora se cobran en Arica so bre las mercaderías destinadas para el consumo de Boli via. La verdad es que mientras Arica siga siendo puerto pe ruano, habrá siempre una causa de irritación constante entre esas repúblicas, que hará peligrar las relaciones amistosas entre ambas.» (Diplomátic Correspondence of the United States (1831-1860) por William R. Man- ning, Washigton, D. C., 1932, volumen II, pag, 3 y 4.) En diferentes épocas y oportunidades los estadistasy publicistas de los Estados Unidos han insistido sobre la necesidad de ayudar a Bolivia para que obtenga libre co municación con el mar, especialmente después de la gue rra de 1879, en que esa república perdió su litoral, cedi do más tarde a Chile por el tratado de 1904. Correspondió al ¡lustre Secretario de Estado Mr. Frank B. Kellogg, en 1926, la iniciativa de zanjar el pleito chileno- peruano sobre Tacna y Arica, cediendo a Bolivia el terri torio en disputa. Chile y el Perú, desgraciadamente, no aceptaron la proposición, ofuscados por sentimientos pa trióticos largo tiempo excitados, y alentados también cada uno por su parte, por la esperanza de triunfar en el li tigio. La llamada «propósición Kellogg», de fecha 30 de no viembre de 1926, fué formulada en un memorándum bas_ 46 tante conocido para que sea necesario reproducirlo aquí íntegramente. Después de enumerar en ese documento los esfuerzos inútiles hechos para solucionar el litigio perú-chileno por arbitraje o transacción entre las partes, Mr. Kellogg terminaba formulando una proposición por la cual. «Chile y Perú se comprometían a ceder a Bolivia a perpetuidad todo derecho sobre las provincias de Tacna y Arica», a cambio de «una eompesaeión adecuada», de biendo erigirse Arica en «puerto libre». Estos son los antecedentes más notorios de los esfuer zos norteamericanos para resolver el problema de la li bre comunicación de Bolivia por el lado del Pacífico, problema que en el día está todavía sin solución, aunque todo induce a pensar que en futuro no lejano merecerá la consideración fraternal que requiere, en beneficio de la justicia, de la paz y de los intereses recíprocos de las naciones llamadas a resolverlo. Pero Bolivia no es únicamente una nación del Pací fico. Sus extensos y ricos territorios del oriente y del sud requieren una salida libre al Atlántico, que permita la explotación de las enormes fuentes económicas que atesora su suelo. Ya hemos visto anteriormente cómo la diplo macia norteamericana lo comprendió asi hace ochenta años, a! proclamar a Bolivia como nación ribereña de los afluen tes navegables de la hoya del Plata. Quizá si el pleito del Chaco fuera solamente un liti gio territorial, Bolivia se hubiera resignado, sacrifican do el derecho indiscutible que le asiste, a perder una parte de su patrimonio, para salvar la paz, aunque es sabido que la ambición paraguaya no reconoce límites. Pero se trata no sólo de la posesión de territorios más 47 o menos valiosos, sino también del derecho a la vida, de la necesidad de respirar y de recobrar los atributos de nación ¡dependiente y soberana. Tres tratados sucesivos, firmados en 1879, 1887 y 1894, no ratificados por el Paraguay, transigían el pleito del Chaco reconociendo en favor de Bolivia una salida libre al río navegable, en cambio de la renuncia a extensos territorios. Pero el Para guay pretende no solamente el Chaco, sino también el embotellamiento de Bolivia. Es indudable que, situado el problema sobre este pla no de realidades prácticas y tangibles, no habrá en los Estados Unidos un solo espíritu honrado y justo que no simpatice con la causa de Bolivia, que es la causa de la justicia. La Prensa, el diario español e hispanoamericano de New York, que se distingue por el espíritu imparcial y el noble interés con que siempre aborda las cuestiones que afectan a los pueblos americanos de habla española, decía a este respecto en su edición del 10 de agosto de 1934: <La guerra del Chaco no tiene más objeto que el de permitir a Bolivia una salida al Atlántico, La sa lida al Pacifico le fué cerrada a Bolivia cuando el arreglo de la cuestión de Tacna y Arica se hizo sin tener en cuenta las legítimas aspiraciones de los bolivianos...... Bo livia fué convertida en una Polonia sudamericana... sin el pasillo de Dantzig. No sería justo comparar Bolivia a Suiza, ni a Checoeslovaquia, ni a Austria, ni a Hungría. La red de comunicaciones fluviales y ferroviarias es tan densa en Europa, que cualquiera de esas naciones puede llegar al mar en pocas horas........Bolivia debe po der navegar «en su casa» hasta el agua libre...... Bolivia 48 no quiere «conquistar». Quiere «vivir». Y quiere «de jar vivir* a sus vecinos. A ellos les toca el gesto de cor dura, de paz, de fraternidad. El gesto que termine la en cerrona de Bolivia.» Todo comentario huelga después de esa declaración, tan justa como noble e imparcial, del órgano más au torizado de la prensa hispanoamericana de los Estados Unidos. E N R I Q U E F I N O T E. E. y Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Estados Unfdos de Norte América. Edición Castellana del Centro de Propaganda y Defensa Nacional. L fi P fiZ — BO LIV Ifi 1 9 3 5
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