manifestando sus propuestas en los procesos de elaboración de leyes, reglamentos o actos administrativos, o integrándose en la organización administrativa. Esta es, por lo demás, una participación organizada, que difiere de aquella que se canaliza a través de procedimientos de comunicación entre Estado y sociedad que tienen lugar, de facto, fuera de los cauces mencionados. Así, de un modo u otro, y aunque la ideología liberal barrió todos los espacios intermedios entre el Estado y el individuo, los cuerpos sociales y los intereses sectoriales integrados en la sociedad han sabido cómo mantenerse y acercarse a las esferas de poder. El modelo pluralista propio del Estado social ha sido determinante también en la reducción del número de grupos que participan en esta liza, lo cual ha potenciado la autoorganización y agrupación de intereses. Sucede, sin embargo, que estas ofertas de participación generan, a su vez, nuevas demandas y con ello se produce una especie de contaminación entre intereses públicos y privados, y una contractualización de la actividad y de la organización administrativa que comporta, muchas veces, una difuminación de responsabilidades, una quiebra del principio democrático y un alejamiento de los intereses generales. Este contexto permite observar que la complejidad generada por un corporatismo excesivo -y la presión que sufren los poderes públicos ante demandas organizadas, que pueden ser contradictorias entre sí- constituye una de las principales causas de los problemas de gobernabilidad y de la falta de confianza y de legitimación actual de los poderes públicos. El aumento de la complejidad social. Se alude a la complejidad de la realidad social en la que debe incidir el Estado, por lo menos, en un doble sentido: por la complejidad de la estructura y del entramado socio político; y por la complejidad técnica de los ámbitos de intervención estatal. Ambos aspectos se encuentran, a su vez, relacionados entre si. La complejidad que se predica de la amplitud y la diversidad de demandas a las que debe hacer frente el Estado es fruto, a su vez, de la propia complejidad del entramado social. Son muchos y muy diversos los ámbitos en los que se exige su actuación del Estado. La simple enumeración de algunos de estos ámbitos es, a la vez, superflua por conocida, aunque suficientemente significativa: la inmigración, la cultura, la industria, el medio ambiente, el tráfico, la alimentación, la investigación científica, la sanidad, los transportes, o las obras públicas, son sólo algunos de los múltiples sectores regulados e intervenidos por el Estado. En todos estos sectores de intervención pública el Estado debe hacer frente a las demandas organizadas de grupos sociales representativos, a su vez, de intereses diversos. La proximidad de los grupos y las corporaciones sociales con el Estado, hace que éste se vea invadido por una explosión de demandas de todo tipo en cuestión de salarios, de salud, de educación, de medio ambiente, o de asistencia económica a favor de las empresas, las asociaciones, o las colectividades territoriales. Por ello, el Estado, a pesar de mantener el monopolio jurídico del poder, está perdiendo su capacidad para incidir efectivamente en las relaciones sociales. El impacto de la regulación estatal es cada vez menor -a pesar de su proliferación- y ello es debido, en gran medida, a una pérdida de control, por parte de los poderes públicos, de la realidad que les envuelve. Si antes analizábamos las consecuencias de la complejidad en la toma de decisiones estatales, interesa ahora destacar que ésta influye también en su ejecución. En muchos casos