Repaso a vuelapluma de la evolución del derecho ambiental español. La consolidación de un sector del ordenamiento jurídico alrededor del núcleo conceptual del medio ambiente es un proceso histórico que se inicia cuando las normas protectoras de algunos recursos naturales especialmente valiosos para las actividades humanas, fundamentalmente aguas, montes y minas, adquieren la entidad suficiente como para singularizarse y configurar un sistema normativo propio. Pero ya antes de que las normas protectoras se definieran como tales, la necesidad de organizar y distribuir el uso y explotación de unos recursos limitados y de asegurar su pervivencia está en el origen de su progresiva intervención por el Estado y en la declaración como bienes demaniales de algunos de ellos. Así, en los primeros quince años de esta Revista, entre 1950 y 1965, encontramos ya diversos artículos dedicados a los recursos naturales, que tratan cuestiones tales como la regulación de la concesión minera, el deslinde de los montes públicos, la demanialización y la gestión de las aguas públicas o el deslinde de la zona marítimo-terrestre. En las regulaciones de estos recursos naturales y, muy especialmente en la relativa a las aguas superficiales, late una preocupación ambiental avant la lettre por ordenar el aprovechamiento y evitar la sobreexplotación a que conduce el interés individual de maximizar el beneficio de un recurso limitado: el dilema conocido hoy como «tragedia de los comunes». Los «principios de la buena administración», decía la Exposición de Motivos del Proyecto que sirvió de base para la Ley de Aguas de 1866, exigen «la intervención del Poder Público en el disfrute y aprovechamiento de aquellas cosas que, aunque son de uso común, no bastan para el consumo de todos. La sociedad no puede abandonarlas al interés o la codicia individual sin ocasionar grandes perturbaciones en el orden público; y el fomento de la riqueza exige por otra parte que se dé la preferencia a aquellos aprovechamientos que más puedan contribuir a ella, distribuyendo esos bienes comunes con la misma economía y acierto con que un prudente padre de familia distribuye los suyos. Hoy, la conexión existente entre la protección constitucional del medio ambiente y la demanialización de una categoría de bienes sido reconocida expresamente por el Tribunal Constitucional respecto del dominio público marítimo-terrestre, reiterando el «nexo teleológico que une a los arts. 45 y 132 CE» (STC 233/2015 que cita, en este sentido, la STC 227/1988). En 1964, una crónica administrativa da esta Revista daba cuenta de una reforma del Reglamento de actividades molestas, insalubres, incómodas o peligrosas que había sido aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1961. Este Reglamento, coloquialmente conocido como «RAMINP», tenía por objeto evitar que los establecimientos, actividades o industrias «produ