En el campo del mercado, se califica de autorregulación -contraria, por cierto, al ordenamiento jurídico- la actividad encaminada a conseguir que las empresas de un determinado sector actúen de acuerdo con unas pautas comunes en lo que se refiere a la determinación de los precios o al establecimiento de las condiciones de contratación. Se permiten, en cambio, acuerdos similares cuando éstos redundan en la protección de intereses generales. En este sentido resulta sumamente interesante la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de noviembre de 2000. En ella se analiza la solicitud de autorización de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) para el establecimiento de un Código de Autorregulación Publicitaria. El acuerdo por el cual las empresas asociadas a FEBE suscriben este código tiene como consecuencia una autolimitación de su política publicitaria y, por tanto, comporta un restricción de la competencia entre ellas. Sin embargo, el Tribunal toma en consideración que dicho código de autorregulación, “al tratar de limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas para proteger intereses generales como la salud, la abstención de los menores de edad y la seguridad vial, hace partícipes de sus beneficios no sólo a los consumidores sino también al resto de ciudadanos”. Este dato, junto con la sumisión de las empresas asociadas al control del cumplimiento del Código que pueda realizar el Jurado de la “Asociación de Autocontrol de la Publicidad”, conducen al Tribunal a declarar la validez del código de autorregulación de la publicidad de bebidas espirituosas.