La regulación legal de estos deberes se encuentra, en nuestro ordenamiento jurídico, en la misma Constitución; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la función pública; la Ley 11/1995, de 11 de mayo, en virtud de la cual se regula la utilización y control de los créditos destinados a los fondos reservados; la Ley 12/1995, de 11 de mayo, relativa a las incompatibilidades de los miembros del gobierno y de los funcionarios de alta jerarquía de la Administración; el Real Decreto 1410/1995, regulador del registro de actividades y otros bienes para altos cargos; la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; y en muchas otras normas dispersas, aplicables solo a determinados grupos de funcionarios. Se trata, pues, de una regulación fragmentada, tanto en su formulación como en su aplicación.