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Derecho Constitucional I

•

UNAM

jessica g

17/8/2023

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Módulo 7
Procedimiento administrativo

Unidad 2
El régimen de responsabilidad y el
Sistema Nacional Anticorrupción

Sesión 4.
Responsabilidad civil de los servidores
públicos y la patrimonial del Estado

Texto de apoyo
Módulo 7. Unidad 2. El régimen de responsabilidad y el Sistema
Nacional Anticorrupción
Sesión 4. Responsabilidad civil de los servidores públicos y la patrimonial del Estado
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División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 1
Índice

Presentación .......................................................................................................................................... 2
Responsabilidad política de los servidores públicos .............................................................................. 2
La declaración de procedencia .............................................................................................................. 5
Responsabilidad civil de los servidores públicos .................................................................................... 8
Responsabilidad patrimonial del Estado .............................................................................................. 10
Régimen patrimonial de los servidores públicos .................................................................................. 15
Sistema Nacional Anticorrupción ......................................................................................................... 19
Cierre ................................................................................................................................................... 24
Fuentes de consulta ............................................................................................................................ 25

Actuación de los servidores públicos
Fuente: http://bit.ly/2guFGVb

En la sesión anterior, conociste, en términos generales, en qué consisten las responsabilidades de los
servidores públicos; cómo se compone su código de ética, y cuáles son sus responsabilidades
administrativas. En la presente sesión, profundizarás en las responsabilidades políticas que les atañen,
así como las responsabilidades civiles a la par de las responsabilidades patrimoniales del Estado.

Responsabilidad política de los servidores públicos

Esta responsabilidad es regulada constitucionalmente en su título cuarto, y se persigue a través de
juicio político, del cual Serra menciona lo siguiente:

Tiene por objeto investigar los actos u omisiones productores de daños que, por culpa o negligencia o
irregulares, causen o puedan causar perjuicios pecuniarios, pero sobre todo que redunden en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales o en su buen despacho (1999: 506).

Por otra parte, Licona señala que es “un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar
con destitución y/o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que, en el ámbito de
sus atribuciones, han incurrido en arbitrariedad o abuso o acceso de poder” (2007: 15).

Adicionalmente, encuentra su fundamento en los Artículos 109 constitucional, fracción I, 110 y 114,
primer párrafo, así como en los títulos I y II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos. El Artículo 110 de la Constitución señala como sujetos de la responsabilidad política a:

 Senadores y diputados al Congreso de la Unión
 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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 Consejeros de la Judicatura Federal
 Secretarios de despacho
 Fiscal General de la República
 Ejecutivos de las entidades federativas
 Magistrados de circuito y jueces de distrito
 Consejero Presidente, Consejeros Electorales, y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral
 Magistrados del Tribunal Electoral
 Integrantes de los órganos constitucionales autónomos
 Directores generales y sus equivalentes de organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos
públicos
 Diputados locales
 Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales
 Miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales
 Miembros de los organismos a los que las constitucionales locales

Las autoridades en la materia son las Cámaras de Diputados y
de Senadores del Congreso de la Unión. Ambas Cámaras, en
ejercicio de sus facultades exclusivas, serán órgano de
acusación y jurado de sentencias, respectivamente, por lo que
resultan inatacables sus declaraciones y resoluciones, en
términos de lo previsto en el último párrafo del Artículo 110 de la
Constitución. El Ministerio Público lo será durante la
averiguación previa, y el juez en materia penal, durante el juicio,
llevándose a cabo éste una vez que el Ministerio Público
determine la presunta responsabilidad y el cuerpo del delito.

Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incurran en responsabilidad penal son: prisión,
multa, destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas.

Responsabilidades de servidores y
Estado
Fuente: http://bit.ly/2fh25rJ
http://bit.ly/2fh25rJ
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Por otra parte, la fracción I del Artículo 109 constitucional indica:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

Los servidores públicos que pueden incurrir en este tipo de responsabilidad son los que tienen
atribuidas facultades de gobierno y administración y que, por lo tanto, su actuación puede ser
trascendente respecto a intereses públicos fundamentales. Conforme a lo anterior, las conductas que
afectan dichos intereses se encuentran enlistadas en el artículo 7 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos:

Artículo 7º. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:

I.- El ataque a las instituciones democráticas;
II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV.- El ataque a la libertad de sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones;
VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la
Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el
funcionamiento normal de las instituciones;
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración
Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos
federales y del Distrito Federal.No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este
artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que
alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los
tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la
Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos federales

Las sanciones que pueden ser impuestas se encuentran en el párrafo III del Artículo 110
constitucional: “las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación
para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio
público”. Además, el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
establece:

Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con
destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en
el servicio público desde un año hasta veinte años.

La declaración de procedencia

Conforme al Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, se define de la
siguiente manera:

Acto legislativo conocido comúnmente como desafuero. Con esta figura concluye el procedimiento que
refiere a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para conocer y resolver las acusaciones de los
ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público en contra de los servidores públicos que
señala la Constitución, para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue
por delitos cometidos durante el desempeño de su encargo. Cuando la Cámara emite la declaración de
procedencia no prejuzga sobre la posible responsabilidad del acusado, aunque considera que existen
elementos para suponer su probable responsabilidad.

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Por otra parte, de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos:

La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación
designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario
por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que
tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.

Para conocer el procedimiento por el cual se sujeta, se recomienda consultar los
Artículos 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, discute y vota el dictamen preparado por
la Comisión Jurisdiccional, a través de la Sección Instructora, en el que se declara que ha lugar a
proceder en contra del inculpado, caso en el cual éste será destituido de su cargo y quedará sujeto a la
jurisdicción de los tribunales competentes. Se fundamenta en el Artículo 111 constitucional, que dice:

Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los
consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así
como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará
por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el
inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será
obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya
concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades
competentes para que actúen con arreglo a la ley. […]

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En síntesis, cuando los actos cometidos por servidores públicos tengan carácter delictuoso, se
formulará la declaración de procedencia y se realizará lo dispuesto por la legislación penal.

Si bien se ha citado el artículo, para profundizar en lo que en éste se establece, se
recomienda su consulta directa, considerando además las constantes reformas a
las que se exponen las leyes, tanto en este Artículo 111 constitucional, como en los
artículos de demás legislaciones.

Respecto a la persona que promueva el escrito de denuncia, el Artículo 9° de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos señala:

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito, denuncia contra un
servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de esta
propia Ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma Ley, por lo
que toca a los Gobernadores de los Estados, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los
Tribunales de Justicia Locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país,
serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá
presentarse por escrito en la lengua indígena.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por la Dirección General del Centro de Documentación,
Información y Análisis de la Secretaria de Servicios Parlamentarios, se indicia que:

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para
establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del
denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse estas en
posesión de una autoridad, la subcomisión de examen previo, ante el señalamiento del denunciante,
podrá solicitarlas para los efectos conducentes. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo,
cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.

Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año, a partir de iniciado el
procedimiento (Art. 9º LFRSP) (DGCDI, 2005).
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Del presidente de la República y su responsabilidad

Respecto al juicio de procedencia en el caso del presidente de la Republica, el Artículo 111 de la
Constitución indica:

[…] por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de
Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con
base en la legislación penal aplicable.

Respecto al juicio político, se aplica el Artículo 109, respecto a lo indicado en su primera fracción, tal
como ya se ha citado.

Mientras el Artículo 110, ya analizado, no contempla como sujeto a juicio político al
presidente de la Republica, es de subrayar el Artículo 108 constitucional, segundo
párrafo, que indica: “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo,
solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Responsabilidad civil de los servidores públicos

Miguel Pérez López menciona que el Artículo 1928 del Código Civil para el Distrito Federal “fue la
primera disposición de carácter general que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado” (s. f.:
2), estableciendo que el Estado tenía la obligación de responder por daños causados por sus
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, siempre que existiese culpa, sin que fuese
considerado como responsabilidad objetiva por riesgo creado.

Así, la responsabilidad de los servidores públicos se estableció vía civil, y consistía en ejercer un
derecho subjetivo, de manera que un particular que hubiera recibido una afectación o daño por un
servidor público, podría demandar ante un juzgado civil a la autoridad causante del daño, implicando la
existencia de una relación procesal entre un actor, un demandado y un órgano jurisdiccional. Así,
particulares podían reclamar a funcionarios públicos o servidores públicos los daños que les causaran.

Se produce por hechos o actos realizados en ejercicio de sus funciones, que causen daños a
particulares. Esta responsabilidad civil se integra por los siguientes elementos:

 Los sujetos: tratándose de una responsabilidad oficial, resulta indispensable que el agente sea un
servidor público.
 La acción u omisión: sea llevado a cabo precisamente en ejercicio de las funciones que le están
encomendadas, en los términos del Artículo primero transitorio del Código Civil, ya que si el daño
se produce cuando el agente no actúa investido del cargo, no obstante que la responsabilidad se
genere, no lo es imputable en su carácter de servidor público. Resulta indispensable además que
el daño sea producido como resultado de una actuación humana, realizada en contra de lo que la
ley establece, u omisa de lo que ordena.
 El daño: puede ser material o moral, ya que el Artículo 2108 del Código Civil para el Distrito
Federal lo identifica como “la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de
cumplimiento de una obligación” y el 1916 del mismo ordenamiento, establece que el daño moral
es “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada, configuración física, o bien en la consideración que de sí misma tienen
las demás”.
 El nexo causal: implica que el daño se produzca precisamente como consecuencia directa e
inmediata de la actuación del servidor público, ya que si se genera por una causa diferente o si
intervienen excluyentes de responsabilidad, como la culpa inexcusable de la víctima, el hecho de
un tercero, el caso fortuito o la fuerza mayor, la responsabilidad no se produce.

La responsabilidad civil de los servidores públicos sólo se genera entre particulares, por los daños que
aquellos les ocasionen en ejercicio de las funciones públicas, y debe ser demandada conforme a
normas de carácter civil. Por lo tanto, para que una responsabilidad pueda ser denominada “civil”,
independientemente de que su contenido sea resarcitorio, es necesario que se produzca entre
particulares y se regule y demande por leyes civiles. De lo contrario, se trata de responsabilidades
penales o administrativas, según la naturaleza de los sujetos y de la legislación que la establezca.

Concepto y elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado

En 2003, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció en el
Artículo 113 una figura innovadora denominada Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual
sustituye la acción civil, con las siguientes diferencias: ya no es subjetiva, sino objetiva en el código
civil. Es decir, la objetividad refiere a que no se tiene que probar una responsabilidad específica de un
servidor público, como en el modelo civilista, donde se tenía que señalar nombre y cargo del servidor
público, sino que la responsable es la institución, que se debe referir como responsable.

La segunda característica de la reforma constitucional la constituye el ser directa, lo cual quiere decir
que no requiere demostrar la responsabilidad de la persona, sino sólo la reclamación, al igual que
tampoco requiere intermediario para presentar dicha solicitud. Los elementos de esta reforma son tres,
sin los cuales no se puede probar la responsabilidad patrimonial:

 Existencia de daño: se debe aportar elementos de prueba que den cuenta de la existencia del
daño, obedeciendo al principio general del derecho que establece que el que afirma está obligado
a probar. Si es posible, se debe plantear el daño de forma cuantificada.
 Existencia de una actividad administrativa irregular del Estado. En todas las administraciones
públicas, la función pública tiene la acepción de derecho burocrático (regulado por el apartado B
del Artículo 123 constitucional) y la de imperio (que tiene el propósito de alcanzar los fines
públicos del Estado). Para comprobar la existencia de una actividad irregular de forma positiva,
debe existir en la función pública una actividad regular y la autoridad específica tener la obligación
de su cumplimiento a través del servicio público y que; sin embrago, se cause daño ante la
deficiencia en su realización. Por lo tanto, se tiene que probar no sólo el daño, sino también indicar
la actividad administrativa irregular. La actividad administrativa regular describe lo que debió ser
(lo que la norma obliga y se debe realizar). La excepción para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado es que el servidor público que haya causado el daño se encuentre obligado
a soportar el daño. Como es el caso de los servidores públicos ante un proceso de auditoría
cuando sea sujeto de fiscalización.
 Nexo causal. Se tiene que referir el daño y la irregularidad administrativa. Es decir, comprobar que
existe un nexo entre ellos.
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Si bien la reforma realizada de 2003 se estableció en el Artículo 113 de la
Constitución, hoy este derecho se encuentra en el Artículo109 de la Carta Magna.

Con la reforma de 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción; por ello, los
legisladores trasladaron la responsabilidad patrimonial del Artículo 113 al 109. Por
otro lado, la reforma de 2011, reflejada en el Artículo 1° de la Constitución, garantiza
los derechos humanos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos
por México. En este sentido, la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos dice que los ciudadanos tienen derecho a la indemnización.

De la cuantificación del daño y el perjuicio

La consecuencia del daño causado por la actividad administrativa irregular del Estado es el
reconocimiento del derecho a la indemnización conforme a los Artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Responsabilidad patrimonial del Estado. La cuantificación para calcular la
indemnización del daño debe salvaguardar los derechos humanos previstos en la
Constitución y en tratados, convenios y pactos internacionales de que México es
parte. Tesis jurisprudencial VII-P-SS-168 Juicio Contencioso Administrativo Núm.
6234/13-17-01-1/1237/13-PL-10-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de noviembre de
2013.

Tratándose de daño moral causado por la irregular actuación del Estado, la fracción II del Artículo 14
de la ley en la materia prevé que la autoridad administrativa o judicial debe realizar el cálculo
correspondiente conforme al segundo párrafo del Artículo 1916 del Código Civil Federal, tomando en
consideración dictámenes ofrecidos por la víctima; es decir, la prueba pericial médica correspondiente
para comprobar bienes jurídicamente tutelados por este precepto:

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Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la
obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya
causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de
reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 1913, así
como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente
Código.

En consecuencia, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, la indemnización del daño
moral lleva implícita su reparación, que debe cuantificarse en dinero. El derecho a la indemnización no
nace de manera automática, por el hecho de actualizarse una actividad irregular del ente público
federal, sino que para ello es necesario que el reclamante demuestre los demás elementos que la ley
exige para que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado.

Las afirmaciones anteriores se han realizado conforme a la siguiente tesis
jurisprudencial:

 Responsabilidad patrimonial del Estado. Corresponde al reclamante demostrar los
elementos esenciales que la ley exige para tener derecho a la indemnización.

Tesis jurisprudencial VII-P-SS-163 Juicio Contencioso Administrativo Núm.
23173/10-17-08-3/1863/13-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de febrero
de 2014

¿Cómo se ejercita materialmente una responsabilidad patrimonial del Estado?

En la reforma de 2002, cuando se creó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se
estableció que se reclamará ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Posteriormente, se reformó la manera de establecerla, en la cual el procedimiento se hace mediante
una reclamación de daños a la autoridad administrativa, en ejercicio del derecho constitucional o
derecho humano a la indemnización, tal como lo clasifica la Convención Interamericana de Derechos
Humanos (ya no por responsabilidad objetiva directa) a través de la responsabilidad patrimonial del
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Estado. Al solicitar la reclamación ante la misma autoridad que causa el daño, es la misma autoridad la
que debe contestar la reclamación.

Si no contesta, se le puede demandar por la figura de la negativa ficta. Si se negara a hacerlo, se
puede demandar la resolución en tribunales administrativos; es decir, en el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa; y en el ámbito local, en los Tribunales Contenciosos Administrativos, por medio
de lo cual se obtiene que la autoridad jurisdiccional analice si existen elementos o no para configurarse
la responsabilidad patrimonial del Estado (objetiva directa), demostrándolo con los tres elementos que
requiere. Finalmente, se puede interponer amparo indirecto. El derecho humano de esta
responsabilidad es el derecho a la indemnización (probando los tres elementos).

De la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito local

El decreto de junio de 2002 que reformó el Artículo 113 de la Constitución establece, en su único
artículo transitorio, la obligación de las entidades federativas de expedir leyes en un plazo máximo de 2
años, leyes que deben establecer la responsabilidad patrimonial del Estado de forma directa y objetiva,
obligando además a especificar los tribunales que resolverán la solicitud de indemnización. Por lo
anterior, diversos estados del país han expedido leyes aplicables a administraciones públicas estatales
y municipales. Al respecto, se presentan datos relevantes en la materia:

Cuadro 1. Expedición de leyes en los Estados, conforme al decreto de junio de 2002, reforma
del Artículo 113 constitucional en su artículo transitorio
Entidad federativa Características
Ley de responsabilidad
patrimonial para el estado y
municipios de Baja
California. Expedida en 2009.
El Artículo 3 define la actividad administrativa irregular; el Artículo 4
enlista 11 supuestos jurídicos donde no existe actividad
administrativa irregular, y el capítulo II define las bases de la
indemnización.
Ley de responsabilidad
patrimonial del estado de
Yucatán y sus municipios.
Expedida en 2008.
El artículo 4° transitorio obliga al ejecutivo estatal incluir en el
presupuesto una partida presupuestal para pago de
indemnizaciones por responsabilidad patrimonial directa y objetiva.
Se reforma el Artículo 100 bis de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Yucatán.

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Ley de responsabilidad
patrimonial del estado y
municipios de San Luis
Potosí, expedida en 2004.
El Artículo 8° faculta para interpretar la ley al Tribunal Contencioso
Administrativo del Estado; el Artículo 21 refiere que cuando se trate
de reclamaciones a municipios se deberá presentar ante el T.C.A.
de San Luis Potosí.
Ley de responsabilidad
patrimonial del estado de
Morelos. Expedida en 2011.
El artículo 1° establece que esta ley es reglamentaria del Artículo
113 de la C.P. de los E.U.M.; el Artículo 5° cita que cuando una
reclamación implique la comisión de un delito, la autoridad está
obligada a hacerlo del conocimiento del ministerio público.
Ley de responsabilidad
patrimonial del estado y
municipios de Nuevo León.
Expedidaen 2013.
El Artículo 21 refiere que la reclamación se realizará ante la
autoridad responsable y abre la posibilidad de llegar a un convenio
con el municipio respectivo para su pago. El Artículo 24 determina
como competente para resolver sobre el reclamo aun órgano que
designe el respectivo municipio.
Ley de responsabilidad
patrimonial del estado de
Guanajuato y sus
municipios. Expedida en
2013.
El Artículo 1° unifica otros procedimientos de indemnización
contemplados en otras leyes locales a las bases establecida en
esta ley. El Artículo 21 señala que en el ámbito municipal es
optativo presentar la reclamación ante el juzgado administrativo
municipal o ante el Tribunal Contencioso Administrativo del estado.
Ley de responsabilidad
patrimonial del estado de
Tamaulipas y sus
municipios. Expedida en
2005.
El Artículo 12 refiere que la indemnización será íntegra con
independencia del ingreso del reclamante. El Artículo 13 establece
la posibilidad de que las entidades públicas contraten seguros que
garanticen la reparación del daño derivada de responsabilidad
patrimonial.
Ley de responsabilidad
patrimonial del estado de
Jalisco y sus municipios.
Expedida en 2003.
Artículo 31: contiene que en caso de concurrencia de diversos
órganos, la indemnización se pagará de forma proporcional por
diversos órganos. El Artículo 36 refiere que existe el derecho a
repetir contra el servidor público responsable si se tratare de
infracción grave de servidores públicos, esto a través del
procedimiento que indica la Ley de responsabilidades de los
servidores públicos del estado de Jalisco.

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Así, diversas entidades federativas cumplieron con el artículo transitorio que obligaba a expedir leyes
locales que permitieran hacer realidad, en ámbito de gobierno local y municipal, la responsabilidad
objetiva y directa del orden patrimonial. Son leyes con características distintas, pero que en general
unifican tópicos específicos, como establecer la vía administrativa para el reclamo de indemnizaciones.

Para clarificar las condiciones en las que se realizaron los cambios mencionados,
se cita a continuación un fragmento sobre dicho decreto:

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo
año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La
Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo
comprendido entre la publicación del presente Decreto y su entrada en vigor, para
expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin
de proveer el debido cumplimiento del mismo, así como para incluir en sus
respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad
patrimonial.

Régimen patrimonial de los servidores públicos

De los sujetos obligados

De conformidad con en el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, tienen la obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus
tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, ante la Secretaría de la Función Pública:

En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de
jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República.
En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el nivel de
jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en
el Poder Ejecutivo Federal hasta el de Director General o equivalente.
En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de
departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluyendo agentes del Ministerio
Público, Peritos e integrantes de la Policía Judicial.
En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza.
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En la Secretaría de Gobernación: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de
departamento u homólogo hasta el Secretario, incluyendo a todos los miembros de la Policía
Federal.
Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la
Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o
determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la
adjudicación de pedidos o contratos.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido el numeral 8, fracción III de la Norma del Padrón de sujetos
obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre de 2010, tienen la
obligación de presentar declaración de situación patrimonial:

Los que presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, con cargo a la partida
presupuestaria de servicios personales en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y cuyo objeto del contrato, actividades o funciones resulten
equivalentes a las que en cada Institución del Gobierno Federal, tienen o desempeñan los Sujetos
Obligados referidos en las fracciones II, III, IV, VI, VII, XII y XIII del artículo 36 de la Ley.
Las personas contratadas en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y cuyos ingresos se cubran con cargo a la partida presupuestaria relativa a
servicios generales, no presentarán declaración de situación patrimonial; y
Los que sean contratados o nombrados de manera eventual, temporal o por tiempo determinado, de
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, para ocupar alguno de los puestos señalados en
las fracciones II, III, IV, VI, VII, XII y XIII del artículo 36 de la Ley, en términos de la fracción IV de la
Norma referida (SFP, 2014).

Del patrimonio y los intereses de un servidor público

Sobre este tema, conforme a lo señalado por la Secretaría de Gobernación, la Declaración de
Modificación Patrimonial:

[…] es la manifestación que hacen los servidores públicos de nuestro patrimonio, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 8, fracción XV, 36 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre
los ingresos y egresos (2016).
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Nacional Anticorrupción
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Por otro lado, la declaración de intereses tiene fundamento en lo establecido en los Artículos 8,
fracción XV y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Es obligación de los servidores públicos presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de
situación patrimonial con motivo de su nivel o por la naturaleza de sus funciones; además, es
atribución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por el Artículo 38,
párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
expedir normas y formatos bajo los cuales servidores públicos deberán presentar declaraciones de
situación patrimonial,así como manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar;
motivos que explican la publicación del siguiente:

Cabe mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos será abrogada a partir del 19 de julio del 2017, ya que entrará en
vigor Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Para conocer sobre ésta se
recomienda revisar los Artículos del 35 al 42 señalados en dicha legislación,
disponible en el Diario Oficial de la Federación.

Diario Oficial de la Federación. (18 de julio 2016). Decreto por el que se expide la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp/LFRASP_abro_18jul16.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfrasp/LFRASP_abro_18jul16.pdf
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De los tipos de manifestaciones y las fechas de presentación

En casos de alta y/o baja en el servicio, las manifestaciones de bienes se presentan dentro de los 60
días naturales, siguientes a la fecha del movimiento de alta o de baja. En el caso de manifestaciones
por modificación patrimonial anual, se presentan en mayo de cada año.

Cuadro 2. Tipos de manifestación de bienes en caso de alta y/o baja
Tipo de
manifestación
Objetivo Fecha
Alta Que el servidor público presente su
manifestación de bienes al inicio de su encargo.
Como máximo 60 días
posteriores del inicio de su
encargo.
Baja Que el servidor público presente su
manifestación de bienes al final de su encargo.
Como máximo 60 días
posteriores del final de su
encargo.
Modificación
patrimonial anual
Que el servidor público actualice anualmente
su manifestación de bienes.
Durante el mes de mayo de
cada año.

Asimismo se hace mención del Artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, del cual se recomienda su consulta.

Motivos de la reforma constitucional

Los constantes escándalos públicos de corrupción por parte de servidores públicos, las mediciones
internacionales en este tema que han colocado a México en niveles vergonzosos, así como la
creciente desconfianza en instituciones del orden político sobre todo, llevó al Poder Legislativo a
aprobar diversas reformas Constitucionales que en mayo de 2015 se compilaron en el decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, párrafo vigésimo, fracción
XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73,
fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76,
fracción II; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo,
cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se
modifica la denominación del Título Cuarto para quedar "De las Responsabilidades de los Servidores
Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial
del Estado"; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II, en su párrafo sexto y V;
122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE
QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la
actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con
un último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, recorriéndose el actual en su
orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el
actual en su orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos […] (DOF, 2015).

El Sistema Nacional Anticorrupción se creó en la reforma Constitucional publicada en mayo de 2015
como instancia de coordinación, entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Conforme al Artículo 113 constitucional:

I. El Sistema tendrá un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría
Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el Presidente del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa; el Presidente del organismo garante que establece la Ley en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como por un
representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

Tópicos relevantes de la reforma

 La Reforma Constitucional fortalece cuatro instituciones:

- Auditoría Superior de la Federación
- Secretaria de la Función Pública
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

 Delimita el ámbito de competencia de órganos internos de control (federales, estatales y
municipales) y órganos políticos administrativos por demarcación territorial.
 Crea nuevas obligaciones para servidores públicos y particulares, por ejemplo, aquella donde
servidores públicos deben hacer declaraciones de conflicto de intereses, estableciendo sanciones
para quien no la presente o mienta.
 Establece sanciones severas para particulares que, en conjunto con servidores públicos, realicen
actos de corrupción.
 La Auditoría Superior de la Federación podrá auditar en tiempo real y podrá investigar el uso de
recursos provenientes de participaciones federales aplicadas en estados, en situaciones que
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Nacional Anticorrupción
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determine la ley, derivado de denuncias, con previa autorización de su titular, pudiendo revisar
durante el ejercicio fiscal en curso a entidades fiscalizadas, así como respecto a ejercicios
anteriores.
 Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y
concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión.
 Se establece el procedimiento para larevisión de la cuenta pública, en el cual la Auditoría Superior
de la Federación sigue los siguientes pasos:

- Entregará a la Cámara de Diputados:
o Informes individuales de auditoría (junio y octubre de cada año).
o El 20 de febrero, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
- El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los
informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles
posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la
Cámara de Diputados, que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan
para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las
consideraciones que estimen pertinentes.
- Deberá pronunciarse en un plazo de 120 días sobre las respuestas de las entidades
fiscalizadas. Si éstas no respondiesen, se da por aceptadas las recomendaciones y acciones
promovidas.
- Entregará a la Cámara de Diputados informes los días primero de mayo y noviembre de cada
año, sobre el estado que guarden las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas de auditorías (montos resarcidos, denuncias penales presentadas y/o
procedimientos presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impondrá sanciones que correspondan a los
servidores públicos. Por otra parte, este tribunal tendrá autonomía para dictar en sus fallos
sanción a los tres poderes, órganos autónomos de estados y municipios.
 La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad,
imparcialidad y confiabilidad.
 El Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá también sancionar a “particulares” y
“empresas” que incurran en actos de corrupción, pudiendo incluso “suspender actividades” o
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“disolver e intervenir” en empresas tratándose de faltas administrativas graves que causen
perjuicio a las entidades del Estado.
 Los servidores públicos tendrán que presentar una declaración de intereses además de la de su
patrimonio, conforme al Artículo 108 de la Constitución.
 El titular de la Auditoría Superior de la Federación durará en su encargo ocho años y podrá ser
nombrado nuevamente una vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por causas graves que la
ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por causas conforme a los
procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución. Artículo 79 F IV de la ley.
 Los órganos internos de control impondrán las sanciones que no sean competencia del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
 Los tribunales de justicia administrativa impondrán a particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades,
las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.
 Las personas morales serán sancionadas en términos de esta fracción cuando actos vinculados
con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o
representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión
de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas
administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a entes públicos, federales,
locales o municipales.
 El Tribunal J. Administrativa estará compuesto por 16 magistrados y actuará en pleno o en
secciones, y el Presidente designará a estos magistrados, y el Senado los ratificará.
 La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer
día hábil del ejercicio fiscal siguiente; deberá referirse a la información definitiva presentada en la
cuenta pública. Asimismo, para sus trabajos de planeación, podrá solicitar información del ejercicio
en curso respecto a procesos concluidos. También se indica que esta institución tiene la facultad
de fiscalizar posteriormente los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue
el gobierno federal respecto a empréstitos de estados y municipios, así como manejo, custodia y
aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales,
además de realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de objetivos contenidos en
programas federales, a través de informes rendidos en términos que disponga la ley. Fiscalizará
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directamente también recursos federales que administren o ejerzan los estados, municipios y
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en términos que establezca la
ley, en coordinación con entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones
federales.

Responsabilidad penal

Estos delitos sólo pueden cometerlos servidores públicos, por lo que al tener la calidad de funcionarios
o empleados públicos, conforme al Artículo 109 constitucional en su fracción II, serán perseguidos y
sancionados en los términos de la legislación penal. El Código Penal Federal, por su parte, en el Título
Décimo “Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, en sus Artículos 212 al 224, establece figuras
delictivas correspondientes a los servidores públicos:

 Abuso de autoridad
 Coalición de servidores públicos
 Concusión
 Cohecho
 Desaparición forzada de personas
 Ejercicio indebido de servicio público
 Enriquecimiento Ilícito
 Intimidación
 Tráfico de influencias
 Peculado
 Uso indebido de atribuciones y facultades

Las penas para estos delitos son: privación de la libertad, sanción económica, destitución e
inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, así como el decomiso de
bienes cuando no se pueda explicar su origen lícito.

Cierre
Fuente: Flaticon

Has conocido las responsabilidades políticas de servidores públicos, las cuales son asignadas a
aquellos de alto rango que, por actos u omisiones, redundan en intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho.

Igualmente, has identificado responsabilidades civiles de servidores públicos, respecto a las
patrimoniales del Estado, además de comprender el origen, sentido y regulación del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Fuentes de consulta
Fuente: Flaticon

 Béjar, L. et al. (2014). Régimen de la Función Pública y régimen de responsabilidades
administrativas de los servidores públicos. México: ESPRESS/Universidad Panamericana.
 DGCDI (DirecciónGeneral del Centro de Documentación, Información y Análisis). (2005). El juicio
político. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm
 Diario Oficial de la Federación. (2015). La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa la aprobación de
las cámaras de diputados y de senadores del congreso general de los estados unidos mexicanos,
así como la mayoría de las legislaturas de los estados.
 Licona, C. (2007). Juicio político. México: Comité del Centro de Estudios de Derecho e
Investigaciones Parlamentarias.
 Pérez, M. (s. f.). La responsabilidad patrimonial de Estado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Notas sobre el segundo párrafo del artículo 113 constitucional.
Recuperado de http://docplayer.es/2871790-La-responsabilidad-patrimonial-del-estado-en-la-
constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos.html
 Secretaría de Gobernación. (2016). Servidor Público, en mayo presenta tu Declaración de
Modificación Patrimonial. Recuperado de: http://www.gob.mx/sfp/articulos/servidor-publico-en-
mayo-presenta-tu-declaracion-de-modificacion-patrimonial
 Serra, A. (1999). Derecho Administrativo (20ª ed.). México: Porrúa.
 Sistema de Información Legislativa (SIL). (s. f.). Secretaría de Gobernación. Recuperado de
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=62
http://www.flaticon.com/free-icon/three-books_74982
http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/prosparl/iiieju.htm
http://docplayer.es/2871790-La-responsabilidad-patrimonial-del-estado-en-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos.html
http://docplayer.es/2871790-La-responsabilidad-patrimonial-del-estado-en-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos.html
http://www.gob.mx/sfp/articulos/servidor-publico-en-mayo-presenta-tu-declaracion-de-modificacion-patrimonial
http://www.gob.mx/sfp/articulos/servidor-publico-en-mayo-presenta-tu-declaracion-de-modificacion-patrimonial
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=62
Módulo 7. Unidad 2. El régimen de responsabilidad y el Sistema
Nacional Anticorrupción
Sesión 4. Responsabilidad civil de los servidores públicos y la patrimonial del Estado
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División de Ciencias Sociales y Administrativas / Derecho 26
 Secretaría de la Función Pública (SFP). (2014). DECLARANET. Recuperado de:
https://declaranet.gob.mx/servidores-publicos-obligados.html

Legislación

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado de Guanajuato y sus municipios.
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado de Jalisco y sus municipios.
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado de Morelos.
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado de Tamaulipas y sus municipios.
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado de Yucatán y sus municipios.
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado y municipios de Nuevo León.
 Ley de responsabilidad patrimonial del estado y municipios de San Luis Potosí
 Ley de responsabilidad patrimonial para el estado y municipios de Baja California
 Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
https://declaranet.gob.mx/servidores-publicos-obligados.html