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Ricchieri: La transición de la TV
1-Hacia una economía del éter
1-Muchas demandas para pocas frecuencias
WARC 1982 World Administrative Radio Conference. Se discutieron los nuevos problemas de gestión del espectro
hertziano. Centro de atención telefonía móvil, radiofonía digital, tv de alta definición, etc.
ITU�Unión Internacional de Telecomunicaciones
Distribución de frecuencias críticas de parte de EEUU. Se distribuyen según 7 criterios. Xej. función social del servicio
el volumen de negocios que puede generar, la existencia de ½ s de transmisión alternativos, etc.
La demanda de servicios de comunicación está creciendo a un ritmo muy sostenido. La necesidad de frecuencias
hertzianas se expande a una velocidad superior a los recursos disponibles. Por eso hay que gestionar de manera
racional la asignación de un bien limitado.
2-Las frecuencias entre la administración y el mercado
Administración de frecuencias
El uso de las mismas es definido en 1 marco de normas y acuerdos internacionales de los que se ocupa la ITU. Esto
impone rígidas limitaciones a los distintos estados tanto para las comunicaciones internacionales como nacionales.
Los usos de “interés público”(defensa nacional, seguridad, etc.)han disfrutado de un derecho de precedencia y un
estatuto privilegiado.
Al ser las últimas en llegar, las cadenas de Tv por cable y las comunicaciones móviles disponen de 1 cantidad de
ondas menor a la que necesitan para desarrollarse.
2 cuestiones de fondo 1) ver si las normas actuales favorecen el interés colectivo.
2) decidir como congeniar las modalidades de gestión de frecuencias actuales con el
nuevo contexto competitivo.
Formas de saturación de las frecuencias 1)debido al aumento de usuarios de 1 mismo servicio.
2)por el desarrollo de nuevos usos de frecuencias hertzianas
(comunicaciones móviles, respecto a radio y TV) Confrontación en el
ámbito de los servicios comerciales y no comerciales.
Necesidad de adoptar criterios de racionalidad económica . Utilizar de manera más eficiente los recursos y los ½ s hoy
disponibles. La propuesta del autor es: Para la comunicación entre puntos fijos sería mejor utilizar las redes de
transmisión por cable y dejar el éter para los servicios de radio móviles.
Modelo de mercado
Una gestión económica de las frecuencias ofrecería al Estado volver a apropiarse de bienes que hoy están transferidos
a particulares.
Los economistas estiman que los mecanismos de mercado estarían en condiciones de resolver estos problemas. El
mercado ofrecería mayor flexibilidad en el reparto de frecuencias, crearía el incentivo para un eficaz uso de los recursos.
Permitiría modificar el reparto de frecuencias a medida que se manifestara la demanda de servicios.
Ayudaría a discriminar posibles usos alternativos de 1 determinada banda de frecuencias y combinar servicios y
canales de emisión de la manera más eficiente.
Las decisiones descentralizadas del mercado son más eficientes que las administrativas centralizadas.
Los recursos serán atribuidos a la alternativa más válida y al menor coste.
La eficiencia económica debe ser el principal objetivo de la gestión de las frecuencias.
Modelo Administrativo y Centralizado:
Es el modelo europeo de gestión de frecuencias. A nivel nacional son los gobiernos los que gestionan y atribuyen el
uso de las frecuencias. A escala internacional, la atribución de frecuencias a los servicios es definida por os estados de
la ITU. Los Estados son considerados como gestores “naturales” de las frecuencias y utilizan una amplia gama para los
servicios de interés nacional. El nivel de interferencias en las emisiones justifica el rol de 1 administración que atribuye y
garantiza el control.
Es puesto en crisis por la saturación del espectro y la escasez.
En EEUU el modelo administrativo ha sido criticado sobre todo por la arbitrariedad que guía la atribución de las
frecuencias, por la rigidez de en la definición de las licencias, etc.
3-Vender en subasta las concesiones televisivas: la experiencia inglesa
UK renovó los criterios de gestión del espectro hertziano pasando a un modelo de tipo económico. Se ha elegido la venta
en subasta de las concesiones. Ha tenido como resultado hacer más transparente e proceso de atribución de las
concesiones, pero no lo suficiente, impuso a los interesados la racionalización de su gestión, el Estado recuperó
recursos que eran distribuídos privilegiando a particulares.
2-Hacia la convergencia entre telecomunicación y televisión
1-Dos modelos históricamente separados
a)Telecomunicaciones
✔ Emisiones bidireccionales “punto a punto” de sonidos y datos transportados por cable. Pagados por el usuario en
base al uso que se hace de ellos. La empresa que gestiona el servicio no se ocupa de los contenidos sino del
contenedor.
✔ Sector regulado por normas de carácter económico e industrial.
b)Radiotelevisión
✔ Emisiones monodireccionales ”punto-masa”. Financiados por un canon de abono igual para todos y/o por
publicidad. La empresa se ocupa de los contenidos, es decir los programas.
✔ Está regulado por normas de carácter político cultural.
Algunas señales de convergencia
✔ Uso creciente de cadenas de TV y frecuencias para ofrecer servicios de transmisión de datos.
✔ Desarrollo de satélites para ambos sectores a la vez
✔ Desarrollo de redes de distribución de TV por cable.
✔ Crecimiento de los canales de TV utilizan 1 sistema de pago basado en el uso del servicio. Pagado por el consumo.
✔ Realización de “redes digitales de banda ancha integradas” que pueden transportar información alfa numérica,
audio y video por la digitalización de las señales.
2-La industria de las comunicaciones y la economía de las redes-mercado
Los “recursos tecnológicos” se han enriquecido como consecuencia de la completa fusión de la informática y las
telecomunicaciones.
Se ha iniciado en algunos países un proceso de actualización de la legislación como consecuencia del proceso de
integración técnica. Esto elimina barreras entre los 2 sectores crea un área común de interés. La reconversión de las
redes implica grandes inversiones que deben compensarse aprovechando al máximo el arco de servicios.
Las particularidades distintivas de la industria cultural
La productividad no crece con el aumento de las inversiones fijas: deben renovar constantemente sus productos. La
innovación es limitada rígida ya que una vez que el libro, la película o el ensayo son puestos en el mercado no hay
posibilidad de mejora o adaptación empresas concentran sus estrategias en la confección y distribución de productos,
un mismo producto puede ser comercializado de muchas maneras, es fácilmente transferible de un soporte al otro la
fase más importante es la de reproducción y distribución porque allí se concentran las posibilidades de innovación y
donde se pueden bajar los costes y obtener ventajas competitivas. Las barreras legislativas y los altos costos para entrar
en el servicio de distribución han favorecido formas monopolistas.
La nueva naturaleza de las redes de telecomunicación
La simbiosis entre informática y telecomunicaciones y el paso de las emisiones analógicas a las de digital están
transformando la naturaleza y la calidad de las redes.
La red se convierte en un espacio de transacciones económicas, en un mercado. Está en condiciones de segmentar el
mercado, de seleccionar los clientes y de organizar la promoción y comercialización de los servicios. Los actores que
acceden al mismo son quienes están conectados.
En las redes convergen intereses de distintos tipos de empresas. Las empresas editoras discográficas, audiovisuales
tienen un gran interés en explotar las redes-mercado, porque representa la única posibilidad de reducir los precios para
aumentar su competitividad y ensanchar su mercado. La perspectiva es abaratar los costos de distribución y de cobro,
aumentando la velocidad de los flujos comerciales y financieros.
Hoy las telecomunicaciones resuelven las limitaciones espaciales: espacioeconómico inmaterial. Las redes no son
solamente transmisoras sino que son productoras de servicios fusión de propiedades, roles y funciones.
La digitalización de las transmisiones y las técnicas de comprensión de señales permiten aumentar el alcance de las
actuales redes telefónicas y permiten emitir señales televisivas.
La convergencia entre la edición audiovisual y las telecomunicaciones
Se busca en el área de los nuevos servicios de contenido editorial, no solo como
transportadores, sino también como programadores.
Las empresas televisivas se ven obligadas a poner en discusión su modelo de
comportamiento indiferente alas características del espectador individual.
Se abre la perspectiva de pasar de una lógica del producto a una lógica del
servicio de distribución transmitidos por red de forma digital.
3-La convergencia de las funciones y de las empresas
Tanto el mercado de la TV como el de las telecomunicaciones están en vías de
saturación. Estas deben invertir demasiado luego de la concurrencia de sectores
privados en su área. Han llegado al techo en cuanto a lo que pueden cobrar por
sus servicios. La solución es que cada uno proponga prestaciones diversas o más
complejas destinadas a nuevos clientes dispuestos a pagar. Cada uno busca salidas
en el campo del otro.
Algunos de los mayores gestores de servicios de telecomunicación europeos están
directamente involucrados en el desarrollo de la TV por cable.
Los ingleses permiten a las empresas ejercitarse en la gestión simultánea del
teléf. y la TV, en EEUU estaba prohibido hasta hace unos años.
4-De la convergencia a la concurrencia
A pesar de que la convergencia está dando sus primeros pasos la evolución
jurídica y la estrategia de los actores no parecen influenciadas por ella.
Clara superioridad para la convergencia de las empresas de telecomunicación por
sobre las de TV. Puede ofrecer tanto servicios de conexión punto a punto como
distribución de programaciones televisivas monodireccionales. Pudieron adaptarse
por tener facturaciones 10 o 20 veces mayores que las cías. de TV.
5-Un laboratorio para Europa
El Reino Unido es el único país europeo que ha delegado a las fuerzas del mercado
las decisiones relativas a la selección de los suministradores de los diversos
servicios de comunicación(TV tradicional, TV por cable, sociedades de
telecomunicación, etc.)
Es el 1er país en reducir las fronteras que han separado a la radiodifusión de
las telecomunicaciones, los concesionarios de TV por cable pueden gestionar
también el servicio telefónico.
Telecomunicaciones, TV por cable y TV por vía satélite han entrado en abierta
competencia.
Yves Mamou: La hegemonía norteamericana
A la conquista universal de lo audiovisual
La propagación de las cadenas privadas de televisión que comenzó en Europa hacia
fines de los ’80 continua hoy en el 3er mundo. Los norteamericanos dominan este
mercado en plena expansión. La meca de las series televisivas y de films,
continua siendo Hollywood.
En A.L. el nº de canales difundidos vía satélite se triplicó en el espacio de
unos meses.
Cadenas y programas mundo audiovisual que se divide en 2: de un lado aquellos
que luchan por captar los stocks de programas con el objeto de venderlos y del
otro aquellos que permanecen dependientes de los primeros para alimentar sus
grillas de programación.
La fuerza de los grandes operadores de tv norteamericanos se asienta sobre la
exclusividad. HBO la ancestral de todas las cadenas, se convirtió en una
competidora temible para sus homologas no norteamericanas. Comenzó a
internacionalizarse a principios de los ’90. Todos los grupos de comunicación
norteamericanos tomaron el camino internacional.
La topadora norteamericana
En Europa, uno de los únicos bastiones de resistencia es Silvio Berlusconi y su
grupo Finivest, quien supo copiar en Italia el modelo que le dio éxito a los
norteamericanos: acaparar redes y también los derechos de los programas.
La ausencia de programas se convierte en una mutilación para un difusor no
norteamericano que pretende desarrollarse fuera de su país de origen.
A menos que los difusores de Europa, A.L. y Asia no protesten contra el doble
juego de los norteamericanos: la venta de programa compitiendo con sus clientes
en los mercados publicitarios y la incursión de señales a través de a televisión
paga de Europa y del 3er mundo, este doble juego permitirá a los canales “made in
USA” disponer de los ½ s necesarios para reinar sin compartir.
Jay Branegan: Europa vs Hollywood
El juego de las lágrimas II
La debilitada industria fílmica europea no sabe como ganarle a Hollywood la carrera por la
autopista de la información
En Europa, los films norteamericanos acaparan entre un 75% y un 80% del mercado.
La Comisión Europea quiere cambiar esa situación. Sus investigaciones prevén que las nuevas tecnologías digitales
abrirán camino a través de Europa para cientos de canales de TV, video por pedido, films interactivos, etc. Los gigantes
camiones de Hollywood están avanzando en la autopista de la información, empujando a los productores europeos hacia
caminos marginales.
La CE presiona por acelerar las desrregulaciones del negocio de los teléfonos, el cable y el satélite para ayudar a liberar
los fondos necesarios para invertir en redes de actualizadas.
Una vigorosa campaña liderada por Francia está en camino en 2 direcciones:
a)cupos anti-hollywood
b)extender la regulación hacia algunas de las nuevas tecnologías que se encuentran en la revolución informativa.
La mayoría de los ministros de cultura europeos condenaron la idea de cuotas. Los EEUU buscaron aprovechar el
encuentro de Bordeaux para reafirmar los principios de la libre competencia.
En Europa, la asistencia anual a films europeos cayó vertiginosamente desde comienzos de los ‘80s. Los films europeos
exportados a EEUU nunca triunfaron debido a la resistencia de los norteamericanos al doblaje y los subtítulos.
● En países como Irlanda y Grecia la dominación norteamericana es casi total, más del 90% del mercado.
● En UK pasa lo mismo, a pesar de su larga tradición fílmica.
● En Italia “la situación es bastante trágica”.
● Los films alemanes no llegan a la pantalla porque se cree que no tienen futuro comercial.
● Francia, que posee la industria fílmica más importante de Europa, solo puede exhibir un dudoso éxito. Las leyes
prohiben películas en TV los miércoles y los sábados para que la gente vaya al cine.
Con respecto a la tv las grandes atracciones son las comedias de enredos y las
series locales. El problema es que son caras de producir.
La explosión de nuevos canales televisivos ha resultado un boom para la exportación de tv norteamericana.
La cuestión acerca de la importancia económica del cine fue debatida en las conversaciones del GATT(general
agreement on tariffs and trade).
El problema es que en Hollywood el cine se ve como un negocio y en Europa, los más importantes directores, piensan
que el éxito comercial equivale a un fracaso artístico. Ahora los europeos están empezando a ver esto como una
verdadera industria. Muchos proyectos fracasaron por choques culturales y nacionalistas.
Diego Batlle: Informe especial de la Revista LA MAGA 6/1995
Durante el año 1994, los EEUU y Europa protagonizaron una batalla en el terreno
audiovisual que culminó con la decisión de la CE de excluir a la cultura de las
conversaciones de GATT. Los estadounidenses están listos para la nueva lucha
multimediática, mientras que los europeos todavía están en plena discusión sobre
la táctica a seguir.
Son las propias sociedades europeas las que rechazan las producciones locales.
Protección o liberalización
Los franceses apuntan a que la UE decrete impuestos sobre los satélites para
evitar la invasión yanqui.
A los ingleses y a los alemanes, no les importa el tema porque ya renunciaron a
la industria de la imagen.
Los europeos no logran homogeneizar una política común.
Según los últimos acuerdos los norteamericanos deben conformarse con el 49% del
espacio audiovisualeuropeo, pero apuntan a lograr máxima libertad en las
comunicaciones cuando las redes de fibra óptica les permitan transmitir a Europa
no menos de 500 canales. La comisión Europea, en cambio, prepara una nueva
oposición para no ceder un metro en el creciente negocio de las tecnologías
digitales.
Costa- Gavras: “Todos los gigantes son conservadores”
Lo que ayuda a resistir ante semejante concentración de poder es el espíritu de
los cineastas independientes, inlcluso los norteamericanos.
Esto también concierne a la democracia. Cualquier cosa tan grande y con tanto
poder sobre las mentes de los hombres es peligrosa para el espíritu democrático.
Los verdaderos productores han sido desplazados por los financistas, los
banqueros y los ejecutivos de as grandes compañías que compraron los estudios. Y
para ellos el único imperativo es que una película produzca dinero, más que la
anterior.
HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN EN LA ARGENTINA (Jorge Noguer)
Sus Comienzos
En el primer cuarto del siglo XX, la República Argentina era un país sumamente actualizado que seguía de
cerca toda la actividad científica de Europa.
De ese modo, en un clima de cierta bohemia intelectual y creadora, se realizaban experiencias en
radiotelegrafía y en comunicaciones a distancia, cuyos primeros frutos cristalizaron en 1920.
El 27 de agosto de 1920 se realizó en nuestro país la primera emisión de radiodifusión.
Enrique T. Susini, con otros jóvenes amigos estudiantes de medicina – Luis F. Romero Carranza, César José
Guerrico y Miguel Mujica- venía realizando experiencias de transmisión radiofónica.
De regreso en Buenos Aires, reanudó las experiencias con sus amigos, con los que formó una sociedad,
proponiéndose efectuar una transmisión desde el Teatro Coliseo.
Alrededor de veinte familias que poseían receptores, fueron avisadas por los “radiómanos” de que el 27 de
agosto a las 21 horas difundirían la ópera Parsifal, de Richard Wagner, desde el Coliseo.
Susini se convirtió en el primer locutor de la radiotelefonía argentina.
El éxito de la primera transmisión alentó a los iniciadores a proseguir las emisiones, especialmente de óperas
y conciertos sinfónicos.
La estación que transmitió el primer programa orgánico de radio en el mundo fue LOR Radio Argentina, que
posteriormente pasó a ser LR2, la única hasta 1922 en el éter porteño.
Recién el 2 de noviembre de 1920 apareció la primera emisora en los Estados Unidos, la estación KDKA, de
Pittsburg, perteneciente a la Westinghouse & Manufacturing Co..
A partir de 1922 comenzaron a aparecer en Buenos Aires otras emisoras, como Radio Cultura y Radio
Sudamérica.
En 1924 apareció LOY Radio Nacional, luego Radio Belgrano y a partir de entonces las emisoras del interior
del país.
La primera licencia oficial fue concedida por el ministerio de Marina el 19 de noviembre de 1923 as LOR
Radio Argentina. Bastaba una simple solicitud para obtener un permiso. De ahí que se produjera un serio
incidente entre los broadcasters y la autoridad competente al registrarse serias interferencias que llegaron a
afectar a los servicios radiotelegráficos oficiales. El ministerio de Marina se vio obligado a suspender las
transmisiones a fin de modificar los horarios de funcionamiento y las secuencias asignadas.
En esos primeros años hubo tres sistemas simultáneos: sin publicidad, con publicidad y con apoyo
empresario. Radio Argentina comenzó sus emisiones sin publicidad. Enrique del Ponte inició la transmisión
de publicidad por Radio Cultura. Del Ponte introducía, por primera vez en el mundo, ese sistema de
financiación. En cuanto a Radio Sudamérica, tenía el apoyo de los fabricantes y vendedores de receptores de
radio y material radioeléctrico.
El 6 de noviembre de 1925 se dio en la Argentina, y por primera vez en el mundo, que un gran diario
adquiriera su propia emisora. Fue la mencionada LOZ Radio Sudamérica, que pasó a ser Broadcasting La
Nación S.A., luego Radio Mitre, que iniciaba su emisión matutina con la lectura de las noticias del propio
diario.
En 1927 se fundó en la ciudad de Buenos Aires la primera emisora municipal - “Broadcasting Municipal”-,
hoy LS1 Radio Municipal.
A partir de 1928 comenzó el ordenamiento de los servicios de radio en forma oficial con la transferencia a
Correos y Telégrafos de su supervisión. En 1929 se reglamentó el funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas y se uniformó el funcionamiento y contralor de las estaciones del servicio público y del
servicio privado de radiodifusión, experimentales y de aficionados.
En 1931 se fijaron los derechos anuales a las estaciones en concepto de inspección, contralor y estadística y
en 1933 se sancionaron las primeras instrucciones para la Radiodifusión.
Su Desarrollo
En noviembre de 1935 salió al aire la que por entonces era la mayor emisora de la tierra: LR1 Radio El
Mundo de Buenos Aires. Instalada con los mayores adelantos técnicos en el edificio más funcional conocido
por entonces y, con su red de filiales y ondas cortas, cubría prácticamente todo el país.
En 1937 fue fundada, precariamente, LRA Radio del Estado, más tarde cabecera de la “Cadena Argentina de
Radiodifusión”, luego Servicio Oficial.
Desde 1937 hasta 1941, las estaciones del país se agruparon en dos redes. Esas redes estaban encabezadas,
respectivamente, por RL1 Radio el Mundo y por LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires.
En nuestro país, como en el mundo entero, desde el comienzo se destacaron algunas características y hechos
conexos que vale la pena tener en cuenta y que son los siguientes:
1) La promotora de la investigación en el campo de la radiodifusión y de la posterior instalación de emisoras
fue la actividad privada.
2) desde el comienzo, el Estado Nacional no actuó como administrador de emisoras, limitándose a ejercitar un
cierto control.
3) la publicidad comercial intuyó rápidamente la amplitud del nuevo campo que se le ofrecía y se apresuró a
ser apoyo indispensable de las transmisiones, creándose así una situación de dependencia que subsiste aún
4) la radiodifusión argentina, a modo de ambicioso principio luego olvidado, inició sus transmisiones con
mensajes culturales exclusivamente.
La etapa histórica de la radiodifusión argentina correspondiente al primero y al segundo gobierno peronista,
merece un tratamiento separado por las muy especiales características que tuvo y por la profunda
modificación que imprimió ese tratamiento a los criterios sustentados hasta ese momento.
Entre 1946 a 1949, aquellas florecientes emisoras de radio pasaron a manos del Estado o, más exactamente, a
monos de un gobierno que se valió de ellas principalmente para fines políticos partidarios y, también, como
objeto de negocios particulares de componentes del grupo que estaba en uso del poder. Para 1957, cuando
comenzó un plan de privatización de emisoras, estas radios ya estaban en pésimas condiciones de
mantenimiento y totalmente resentidas como organizaciones.
Al producirse la revolución de 1955, la radiodifusión argentina estaba organizada en una Red Oficial que
encabezaba LRA Radio del Estado y tres redes de radios que sólo en apariencia eran privadas. Decimos sólo
en apariencia pues, en realidad, ellas pertenecían a miembros del gobierno.
Situación de la radiodifusión en 1945/1957
Radio
Desde sus orígenes los servicios de radio se desarrollaron en el país bajo la forma de permisos precarios
otorgados en forma individual a empresarios particulares y cada estación explotada lo era mediante licencia
acordada a una persona, una sociedad o una empresa. Las estaciones del interior del país se fueron agrupando
en “cadenas”, con cabecera en alguna emisora de la Capital Federal y retransmitían algunos programas
mediante tarifas convenidas previamente.
Luego, las redes se ampliaron por adquisición de nuevas estaciones, por parte de algunas cabeceras de Buenos
Aires. A mediados de 1947, de las tres redes o cadenas organizadas, algunas se habían constituido violando
los reglamentos existentes.
LR3 Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting S.A.C.I.El 5 de junio de 1946 LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires fue suspendida por tiempo indeterminado, a
causa de haber intercalado expresiones contrarias al régimen peronista.
Esa suspensión se levantó el 2 de julio del mismo año, al mismo tiempo que Radio Belgrano y su Primera
Cadena Argentina de Broadcasting era intervenida por el gobierno debido a que, en abierta infracción a las
disposiciones reglamentarias, LR· era explotada por el Sr. Jaime Yankelevich en lugar de sus permisionarios
titulares.
El 18 de agosto de 1947 Yankelevich hizo una presentación al Administrador General de Correos y
Telecomunicaciones, ofreciendo la venta al Estado de la red de emisoras de su propiedad, que operaba bajo el
título de “Radio Belgrano y Primera Cadena Argentina de Broadcasting Sociedad Anónima Comercial e
Industrial”.
Esa adquisición llenaría una perentoria necesidad del Estado fundada en “elementales razones de defensa
nacional y concepción espiritual”.
Así, el 14 de octubre de 1947 el IAPI concretó, con un crédito otorgado por el Banco de la Nación y por
cuenta de Correos y Telecomunicaciones el contrato de compra venta del activo físico de LR3 y su Cadena.
La compra de esas radios tuvo diversas irregularidades, entre las que merecen ser destacadas las siguientes:
1) se omitió el dar publicidad a las transacciones así como otros requisitos legales;
2) se fijaron precios por simple acuerdo de partes, sin que existieran constancias de valuaciones ni
confrontación de inventarios;
3) se eludió la intervención de todos los organismos naturales que correspondía administrativamente.
Mientras tanto, la Empresa Editorial Haynes, que era concesionaria de LR1 Radio El Mundo, entre 1949 y
1959 adquirió estas radios:
LS10 Libertad – Buenos Aires
LV5 Los Andes – San Juan
LT 9 Santa Fe – Santa Fe
LU6 Atlántica – Mar del Plata
LV7 Tucumán – Tucumán
LU7 General San Martín – Bahía Blanca
LT3 Cerealista – Rosario (Santa Fe)
LY6 Chaco – Resistencia (Chaco)
Esta red vendió la mayoría de sus acciones al Sr. Miguel Miranda, quién aparece donándolas a Eva Perón.
En 1948 el cincuenta y uno por ciento de las acciones de la Empresa Editorial Haynes fue adquirida por el
señor Orlando Maroglio, como mandatario de Miguel Miranda. El 19 de noviembre asumió la presidencia de
la empresa el mismo Miranda y en julio de 1949 se incorporó como vicepresidente Aloé, que era entonces
Secretario Administrativo de la Presidencia de la Nación.
La explotación de las emisoras en manos del
Estado durante el gobierno peronista
Curiosamente, aunque las razones invocadas para que el Estado adquiera las emisoras habían sido “defensa
nacional y concepción espiritual”, cuando llegó el momento de asumir la prestación del servicio, se decidió
confiarlo a una empresa que no tenía, por cierto, mucho que ver con la defensa nacional, ni con las cosas del
espíritu.
Más curiosamente aún, esa empresa elegida resultó ser, justamente, la misma Radio Belgrano Sociedad
Anónima a la que se había comprado la primera de las redes.
A sólo tres meses de haberse aplicado a Radio Belgrano las más severas sanciones, se le concedió la
explotación de las mismas emisoras, en las siguientes condiciones:
1) Radio Belgrano no aporta fondo alguno para emprender la actividad;
2) el IAPI, en cambio, hace el aporte de capital inicial;
3) se adjudica a Radio Belgrano una comisión progresiva del cinco al diez por ciento sobre toda producción
publicitaria (ingreso bruto);
4) los gastos e inversiones que demande la explotación serán a cargo del Estado.
El informe de la Revolución Libertadora indica que Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de
Broadcasting era una sociedad simulada, cuyo único dueño (desde 1942, año en que fue fundada) era Jaime
Yankelevich. Aclara también que sea simulación adquiere un nuevo carácter al realizarse la venta de sus
bienes al Estado. Desde ese momento la Sociedad Anónima pertenecía a la Nación, pero era necesario
mantener su existencia aparente a efectos de ocultar ante la opinión pública la apropiación estatal de los
servicios de radiodifusión.
Ese encubrimiento se logró contratando con la misma Radio Belgrano la explotación de los servicios.
Las irregularidades encontradas por la investigación correspondiente a la etapa de Yankelevich son
innumerables:
1) Yankelevich retiró y utilizó en beneficio personal ocho millones de pesos más de lo estipulado en concepto
de comisiones.
2) no existían inventarios actualizados.
3) las rendiciones de cuentas se llevaban a cabo sin contralor alguno y con notable atraso.
4) las filiales del interior actuaban cada una por su cuenta, sin coordinación ni fiscalización,
5) las inversiones de publicidad las disponía a su placer Yankelevich, en acuerdo con unas pocas agencias
relacionadas con su persona, sin fiscalización alguna.
6) aquellos propietarios de estaciones que debieron tratar con Yankelevich la venta de sus equipos al Estado,
lo acusaron de haberlos extorsionado y obligado a aceptar quitas en los precios que figuraban en los recibos,
alegando que la sustracción era destinada a la Fundación Eva Perón.
En el período posterior a la muerte de Yankelevich se constataron otras irregularidades.
A fin de disimular el negociado que se realizaba a través de Radio Belgrano Sociedad Anónima, los
funcionarios comprometidos consideraron conveniente darle ciertas apariencias de legalidad. Para esto, el 13
de octubre de 1953 se promulgó la ley 14.241, que establecía una nueva organización de los servicios.
En ella se establecía la existencia de cuatro redes orgánicas; tres de ellas serían, aparentemente, privadas y
una, netamente oficial, encabezada por Radio del Estado. La explotación de las redes privadas podría ser
entregada a particulares. El paso siguiente a esa ley fue el llamado a licitación. Esos pliegos estaban
manifiestamente destinados a favorecer a los futuros concesionarios en desmedro del Estado.
Ya en la ley se había suprimido la obligatoriedad del carácter nominativo de las acciones, posibilitándose así
toda negociación y traspaso de ellas sin posibilidad de control. Igualmente se había eliminado la necesidad de
establecer el origen de los capitales. Por último, en diversos casos, el valor asignado a los respectivos activos
físicos de las estaciones resultó inferior al que el Estado mismo había pagado cuando los adquirió.
Las adjudicaciones recayeron en:
Red “A” – Empresa Editorial Haynes
Red “B” – Asociación Promotores de Telerradiodifusión S.A. (APT)
Red “C” – La Razón Editorial, Emisora, Financiera y Comercial.
Aloé manejaba, por cuenta de Perón, Haynes y La Razón; APT era dirigida por el señor Jorge Antonio, como
testaferro de Perón.
En 1957 y por decreto ley del 27 de mayo, se declararon revocadas todas las licencias acordadas para la
explotación y la administración de todas las estaciones en tanto adoptaba las medias necesarias para su
licitación y adjudicación a particulares.
El 25 de noviembre de 1957 fue promulgado el Decreto Ley 15.460, que regulaba los servicios de radio y
televisión.
ANTECEDENTES DE LAS NORMAS SOBRE
RADIODIFUSIÓN
En su carácter de radiocomunicación, la radiodifusión se hallaba incluida en el sistema de telecomunicaciones
que ligaba a las provincias entre sí y al país con el exterior. Es por ellos que, inicialmente, quedó sometida a la
Ley 7501/2 o Ley de Telégrafos, por analogía técnica.
Esa norma legal establecía la previa autorización del Poder Ejecutivo o del Congreso para el establecimiento
de líneas telegráficas.
El carácter eminentemente nacional de las radiocomunicaciones fue ratificado por Ley 9.127 del 16 de
setiembre de 1913. Casi veinte años después, el 3 de mayo de 1933, se dictó el Reglamento de
Radiocomunicaciones por decreto 21.044, cuyo Capítulo V estaba dedicado al Servicio de Radiodifusión.
Allí se establecían diversas disposiciones acerca de las concesiones y transferencias de licencias, la asignación
de frecuencias y potencias, la fijación de los horarios de trabajo de las emisoras por parte de Correos y
Telégrafos, diversas recomendaciones relacionadascon el contenido de los programas y la propaganda
comercial.
La Ley 11.620 del 15 de setiembre de 1932, que consagraba como ley de la Nación el Convenio
Radiotelegráfico Internacional suscripto en Washington en 1927, su reglamento y sus anexos. Este reglamento
fue sucesivamente sustituido por los de Radiocomunicaciones de Madrid, El Cairo y Atlantic City, este último
realizado en 1947. Sin embargo, todos ellos mantienen principios consagrados en 1927.
LAS LEYES ESPECÍFICAS
La primera reglamentación orgánica para los servicios radiofónicos fue el Manual de Instrucciones para las
Estaciones de Radiodifusión, aprobado por Decreto 13.474/46 del Poder Ejecutivo, el 14 de mayo de 1946.
El 13 de octubre de 1953 fue promulgada la ley 14.241 sobre la Organización de los Servicios de
Radiodifusión, que se reglamentó el 23 de diciembre del mismo año. Esa ley establecía que el servicio de
radiodifusión era de interés público y que el Poder Ejecutivo podía autorizar su ejecución a particulares
mediante licencias sujetas a las condiciones que la misma ley establecía. Fundamentalmente, por esa ley se
organizaba el servicio de radiodifusión nacional sobre la base de tres redes, además de la Red Oficial de
Radiodifusión.
La correspondiente reglamentación establecía que la dirección, desarrollo, intervención, inspección y control
de los servicios de radio y televisión, la orientación cultural y estética de las transmisiones, así como la
ejecución del Servicio Oficial, competían en forma exclusiva al Ministerio de Comunicaciones.
El 27 de mayo de 1957, por Decretos 5.572 y 5.577, en el intento de allanar definitivamente el procedimiento
para la reestructuración de los servicios de radiodifusión, fueron revocadas todas las licencias para la
explotación de nuevos servicios hasta tanto se dictara la nueva ley orgánica de la materia.
El Decreto Ley 15.460
Entre sus finalidades el Decreto Ley 15.460 tenía el establecimiento de disposiciones que, en letra y en
espíritu, impidieran “la creación de formas de explotación y ejecución de los servicios que asuman las
características de un “trust” o monopolio...”
“Art. 14: Las licencias para el funcionamiento y explotación de emisoras de radiodifusión y televisión son de
carácter individual. Cada permisionario podrá optar como máximo a una licencia de radiodifusión o a una de
televisión...
... Serán aplicables al funcionamiento de las estaciones de radiodifusión y televisión las disposiciones de la
Ley Nacional Nº 12.906 de represión del monopolio.”
Esta ley preveía, asimismo, la posibilidad de otorgar licencias de radiodifusión a provincias, municipios y
universidades nacionales.
“Art. 3: Declárase de interés público el servicio de radiodifusión y televisión que podrá ser realizado por el
Estado o por particulares mediante su adjudicación por concurso público...”
“Art. 11: El Servicio Oficial de Radiodifusión y Televisión estará a cargo del Estado Nacional, de las
provincias, municipalidades y universidades nacionales requerirán al Poder Ejecutivo la adjudicación de
frecuencias y especificaciones técnicas para la habilitación de emisoras...”
El Decreto Ley 15.460 fue reglamentado recién el 12 de julio de 1965.
La radiodifusión con posterioridad al Decreto Ley
15.460
En 1958 se privatizaron diecisiete emisoras de radio, ocho de ellas se adjudicaron a universidades nacionales
y quedan aún treinta y tres más en manos del Estado. Durante ese mismo año se otorgaron las primeras
licencias de televisión a particulares.
Se nombró una nueva Comisión Administradora de Radio y Televisión para hacerse cargo de las emisora
comerciales que continuaban en poder del Estado.
Se fundó la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA).
Se registró un importante alza en las inversiones publicitarias en radiodifusión.
Desde 1959, ante el crecimiento constante de la importancia de la televisión la radio buscó nuevas formas de
atraer al público.
Hasta 1966 se produjo un pequeño desarrollo de las radios privadas, otorgándose doce nuevas licencias para
radios privadas de baja potencia.
En 1967 se promulgó el Decreto 3.737 que fijó la política a seguir en materia de radiodifusión:
1) El Estado mantendrá una red de Servicio Oficial que no deberá competir con la radiodifusión prestada por
los particulares;
2) todas la emisoras comerciales en poder de Estado deberán ser privatizadas;
3) todas las emisoras pertenecientes a provincias, municipalidades o universidades nacionales deberán ser
transferidas al Servicio Oficial de Radiodifusión.
Ese decreto, como muchas disposiciones relativas a nuestra radiodifusión, nunca fue cumplido.
A principios de 1970 la situación de la radiodifusión argentina:
1) la radio argentina estaba relativamente menos desarrollada que en los demás países;
2) la radiodifusión argentina era la más estatizada de la región;
3) la Argentina era el único país de la región que reservaba al Estado el uso exclusivo de las ondas cortas.
LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE
RADIO Y TELEVISIÓN
La Dirección Nacional de Radiodifusión creó en 1951 el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica),
reglamentando que no podrían actuar como locutores, conductores o animadores de programas de radio y
televisión quienes no poseyeran los certificados de aptitud correspondiente.
Para abarcar tanto a la radio como a la televisión se cambió la denominación del ISER, que pasó a ser
Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión. Su antecedente más lejano se ubica en un curso para
locutores que organizó en 1940 el entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, doctor Jorge E. Coll.
Ese curso dependió entonces del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, pero, al cabo de pocos
años, como no funcionaba adecuadamente se lo transfirió a la Dirección de Correos y Telecomunicaciones.
En ese primer proyecto se esbozó el primer curso de televisión, con gran visión de futuro pero, por razones
burocráticas y, sobre todo, por falta de financiación, la iniciativa quedó dormida hasta 1951. En ese entonces,
la Asociación de Radiodifusoras Argentinas (ADRA) que presidía Jaime Yankelevich, ofreció a la Dirección
General de Radiodifusión aportar lo necesario para efectivizar el proyecto. Así el ISER pudo comenzar sus
clases en agosto de 1951.
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA
TELEVISIÓN ARGENTINA
ANTECEDENTES
En 1929 se realizaron las primeras transmisiones informales y en 1930 se fundó en Buenos Aires el Centro
Argentino de Televisión, desde donde se realizaban las primeras transmisiones, que tenían un alcance inferior
a las veinticinco cuadras.
En 1944, desde unos estudios improvisados de una empresa privada, se transmitió un programa. Los
receptores –siempre precarios- eran ya ochenta y seis.
En lo que se refiere a la real implantación de la televisión en nuestro país debe señalarse que, contrariamente a
lo sucedido con la radio, el nacimiento de la televisión argentina no se debió a la inquietud privada, sino que
la primera inversión la hizo el Estado.
EL PRIMER CANAL
El primer canal de televisión argentino fue instalado en 1951, exactamente diez años después que en los
Estados Unidos. Se trataba del Canal 7 de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado el 17 de octubre de 1951,
durante el segundo gobierno de Perón. Inicialmente se lo denominó LR3 Radio Belgrano TV Canal 7 y luego
pasó a ser LS82 TV Canal 7.
A mediados de 1950 Jaime Yankelevich y el ingeniero Max Köeble viajaron a Estados Unidos con la finalidad
de adquirir los elementos técnicos necesarios.
Las instalaciones de antena se realizaron en el edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
A mediados de diciembre de 1951, LR3 Radio Belgrano TV Canal 7 dejó los precarios estudios instalados en
el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para trasladarse en parte a un importante hotel y en parte al
tradicional edificio de la ciudad de Buenos Aires denominado Palais de Glace.
Hacia 1953 se reglamentó parcialmente la televisión mediante una ley aprobada por las Cámaras y destinada a
garantizar la propiedad estatal de lasradios y de las estaciones de televisión.
Durante 1954 se produjo un cambio en el canal estatal, que comenzó por un esfuerzo para el mejoramiento de
los programas, probablemente debido a las noticias sobre las próximas licitaciones de emisoras de radio y el
traspaso del Canal 7 a manos de Asociación Promotores de Telerradiodifusión (APT) que se transformó en
productora de la gran mayoría de los programas del canal.
SURGEN LOS CANALES METROPOLITANOS 9, 11 Y 13
El desarrollo de la televisión argentina privada se inició en 1955, tras el derrocamiento del gobierno de Perón.
En 1957 se dictó el Decreto Ley 14.460 y luego se otorgaron licencias para instalar canales de televisión a
diversos grupos privados.
A comienzos de 1958 se produjeron serias dudas sobre la efectividad del llamado a licitación. No obstante, el
5 de marzo se abrió la misma, para cinco emisoras de radio y diez de televisión. Las adjudicaciones de las
emisoras de radio se realizaron a mediados del mes de abril.
El 28 de abril de 1958 entraron en funcionamiento los nuevos canales correspondientes a esas licencias. Para
entonces se calculaba que existían en todo el país unos ochocientos cincuenta mil receptores.
De esos comienzos de la actividad privada en la televisión argentina data la creación de empresas productoras
paralelas a las de los canales de televisión. En efecto, PROARTEL –Productora Argentina de Televisión S.A.-
nació antes de la inauguración del Canal 13 de Buenos Aires, cuyos contenidos programaba.
Igualmente, ante una mala situación económica, el Canal 11 creó, con el concurso de la cadena ABC de los
EEUU, la productora Telerama, ya que, en ese campo la asociación era legal.
LA TELEVISIÓN EN EL INTERIOR DEL PAÍS
Hasta 1966 se produjo un gran auge e interés en la instalación de canales de televisión y repetidoras que,
además de privadas, eran universitarias, municipales y provinciales. Casi todos esos nuevos canales se
organizaron como empresas comerciales. En tanto, los canales 7,9 y 13 continuaban ampliando sus
instalaciones.
En 1963, gracias a trámites iniciados durante el gobierno de Frondizi, el nuevo gobierno provisional del
doctor José María Guido acordó dieciséis licencias para la instalación de estaciones de televisión en el interior
del país.
En 1966 se produjo la inauguración del Canal 2 de La Plata, con influencia en la Capital Federal, con lo que
ésta pasaba, prácticamente, a contar con cinco opciones distintas.
LA TELEVISIÓN ARGENTINA Y LAS CADENAS DE EE.UU.
Es importante señalar que la televisión argentina, desde sus comienzos, sufrió una gran dependencia de las
grandes cadenas norteamericanas y, además, de la industria electrónica estadounidense.
En cuanto a las licencias para la explotación, ocurrió algo muy similar. El Canal 13 de Buenos Aires, que se
otorgó a un grupo empresario en el que figuraban personalidades destacadas por su acción pública o por su
importancia económica, desde su comienzo estuvo controlado por el grupo internacional de Goar Mestre.
El Canal 11 de Buenos Aires, cuyo núcleo fundador estuvo integrado por empresarios vinculados a la
Compañía de Jesús, aparecía ligado en sus comienzos a la cadena norteamericana ABC y al grupo financiero
Pérez Companc.
El Canal 9 de Buenos Aires, fundado sobre la base de aportes empresarios ligados a los negocios de
espectáculo y editoriales de revistas, contó con inversiones de la cadena estadounidense NBC que es,
precisamente, la tercera gran cadena de radio y televisión de Estados Unidos.
Los demás canales privados –todos del interior del país- surgieron de inversiones de diversos orígenes. Sin
embargo cada uno de esos canales nació de la inspiración directa y con la ayuda financiera de alguno de los
tres canales privados de Buenos Aires.
Hacia 1972 pertenecían o estaban afiliados a alguna de las tres empresas capitalinas no menos de veinte
canales de televisión, mientras que los que permanecían independientes eran sólo ocho: seis de ellos estatales
y sólo dos privados.
En este punto, creemos necesaria una aclaración con respecto a la situación legal de los canales de Buenos
Aires y sus respectivas empresas de producción. Se debe señalar que el decreto 15.460 prescribía, de manera
específica, que no podían otorgarse licencias para la explotación de radios y canales a empresas o individuos
ligados a entidades extranjeras.
Esa disposición fue burlada mediante la creación de las productoras paralelas de programas. Para una empresa
de ese tipo y para importar, exportar o producir programas no era necesario ningún tipo de licencia. Así, las
vinculaciones jurídico-económicas con otros medios de radiodifusión, que la ley les impedía realizar
directamente, eran concretadas por los canales a través de las productoras.
Más adelante, con el traspaso de las acciones que poseían las cadenas ABC, NBC y CBS de los Estados
Unidos de Norteamérica se modificaron en distintas fechas las condiciones de directa dependencia de las tres
empresas.
Año 1965: Telecenter (Canal 9): el paquete accionario de la NBC pasó a manos de
Alejandro Romay.
Año 1970: Telerama (Canal 11): pasó a ser controlada por Héctor Ricardo García, con
la desvinculación de ABC.
Año 1971: Proartel (Canal 13): por venta del paquete accionario de la CBS a Goar
Mestre.
LA RADIODIFUSIÓN ARGENTINA EN 1971
En 1971 se hallaba en proyecto la Ley Nacional de Telecomunicaciones (Ley 19.798) que, por primera vez,
agruparía todo lo relacionado con las telecomunicaciones. El atraso comparativo que en materia de
radiodifusión tenía nuestro país con respecto al resto del mundo, y en especial con nuestros países limítrofes,
no era producto de una legislación deficiente o incompleta sino, principalmente, de la falta de continuidad en
la ejecución de los planes aprobados.
Para 1971, más del cincuenta por ciento de la radiodifusión argentina estaba en manos estatales a través de las
provincias, las municipalidades, las universidades nacionales o el Estado Nacional directamente.
Estaciones de radio y televisión en manos del Estado en 1971: el total resultante era de ochenta y cinco
estaciones de radio y catorce estaciones de televisión.
A fines de agosto de 1971 el estado económico-financiero y técnico de estas emisoras era el siguiente:
1) el déficit estimado en el primer semestre de 1971 alcanzaba a 5.073.600 pesos ley;
2) el programa de reequipamiento indispensable hasta 1974 totalizaba inversiones por 53.000.000 pesos ley,
aproximadamente.
UN PROYECTO FALLIDO
La radiodifusión argentina ha visto su historia jalonada por avances y retrocesos sucesivos de todo orden, por
numerosos intentos fallidos y por planes inconclusos. Entre tantos otros, se cuenta el de la habilitación de un
canal de televisión destinado exclusivamente a fines educativos y culturales.
El 21 de junio de 1971, por Resolución Nº 1.103 de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, se asignaba al
Servicio Oficial de Radiodifusión el canal 4 de Buenos Aires, para ser utilizado con fines exclusivamente
educativos y culturales.
Este proyecto no cristalizó en ningún momento.
Intervención Estatal
Las condiciones que, oportunamente, facilitarían la intervención de cinco canales de televisión privados y su
posterior retención en manos del Estado comenzaron a darse un año antes de la fecha en que dicha
intervención se hiciera efectiva.
En octubre de 1972, aún bajo la presidencia del general Lanusse, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 43 del
Decreto 5.490 del 12 de julio de 1965, por el que se establecía que el plazo de adjudicación de las licencias
para la explotación y funcionamiento de emisoras de radiodifusión se contaría a partir del día en que la
estación respectiva iniciara sus servicios.
Los canales 9, 11 y 13 de la Capital Federal, el canal 7 de la ciudad de Mendoza y el canal 8 de la ciudad de
Mar del Plata, habían sido adjudicados el 28 de abril de 1958.
De acuerdo con toda la legislación vigente en aquella fecha, era norma que las licencias se concedieran por
“períodos no inferiores a cinco años, ni superiores a quince años,contados desde el día en que se hubiera
otorgado la licencia.
Sin embargo, el Decreto 5.490 de 1965 que reglamentaba la Ley, produjo una situación contradictoria ya que
el artículo 43 de dicha reglamentación, contrariando la letra de la Ley, establecía que el plazo de adjudicación
se contaría a partir del día en que la emisora iniciara sus servicios. Apoyándose en que la última norma era
una “alteración violatoria del espíritu y letra de la Ley”, el Poder Ejecutivo lo derogó.
Derogado el artículo 43 de la reglamentación, el vencimiento de las cinco licencias operaría seis meses
después, el 23 de abril de 1973. Si, en cambio, se hubiera aplicado el criterio que quedaba fuera de uso, los
canales hubieran obtenido licencias firmes, hasta el año 1975.
Cabe señalar:
1. el gobierno militar que con seis meses de anticipación fijaba así definitivamente el vencimiento de las
licencias de los principales canales de televisión del país para el 28 de abril de 1973 debía entregar el poder a
un gobierno constitucional el 25 de mayo del mismo año;
2. de lo anterior surge que el nuevo gobierno habría de contar con el camino expedito para, según la
legislación lo indicaba, llamar a concurso para la adjudicación de los cinco canales apenas comenzaba su
gestión. Entre estos cinco canales se encontraban los tres que constituían no sólo los medios de difusión más
importantes de la Capital Federal y alrededores, sino también de todo el país, ya que eran los “canales madre”
de todo el interior.
Los hechos que se sucedieron posteriormente demuestran que, lamentablemente, todo aquello que pudiera
haber de positivo en la intención que movió al gobierno de 1972 al aplicar con rigor la ley, es este caso resultó
fallido.
Entre las consideraciones del Decreto 1.761 del 8 de octubre de 1973, por el que se disponía la intervención
de los canales se decía:
“Que, asimismo, el interés informativo o formativo de la televisión y su custodia determinan la necesidad de
que el Estado reasuma el servicio que había concedido y que ahora ha caducado...”
“De esta manera, el Estado Nacional Argentino, en ejercicio de un acto de plena afirmación de soberanía, ha
recuperado un elemento vital para la formación cultural de los argentinos y para el mantenimiento de los
valores espirituales que constituyen nuestra nacionalidad.”
Del mismo decreto transcribimos a continuación algunos artículos de especial interés:
“Art. 2º. El presidente del Comité Federal de Radiodifusión... asumirá en nombre y representación del Estado
Nacional Argentino la titularidad del servicio cuya adjudicación se considera vencida...”
“Art. 4º. Dentro de las veinticuatro horas el presidente del Comité Federal de Radiodifusión se hará cargo de
las emisoras, designando a los interventores...”
“Art. 5º. De conformidad al Decreto Ley 19.978, se reitera el interés público de los servicios de televisión
cuya explotación estaba a cargo de las empresas mencionadas...”
“Declárase afectada su continuidad en las prestaciones concretas de todos los bienes, lugares y elementos
técnicos necesarios para la prestación del servicio público.”
Aquí se advierte que, sin precedente alguno en la legislación argentina, se ubica a la televisión en la categoría
de servicio público, luego de haber ratificado, dentro del mismo artículo, la condición de servicio de interés
público, que tradicionalmente se le asignó a la radiodifusión en el país.
No por obvio deja de ser digno de destacarse que en modo alguno pertenecían al patrimonio del Estado los
bienes físicos de los canales. Es cierto que existían considerables deudas y evasiones fiscales por parte de los
canales y/o sus productoras de programas, pero ello debió ser motivo de las acciones legales correspondientes
y nunca pudo constituir un justificativo para esa apropiación lisa y llana de patrimonios particulares.
El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia el doctor Héctor Cámpora y luego la presidencia provisional
Lastiri.
El 8 de octubre, cinco días antes de que asumiera la presidencia Juan D. Perón, Lastiri dictó el Decreto sobre
la caducidad de licencias y se nombraron los interventores respectivos. El día 11 la agencia oficial de noticias,
TELAM, anunció que dichos interventores habían sido reemplazados –por Decreto del día 10- por unos
delegados veedores, y que se habían otorgado al mismo tiempo ciento ochenta días más de administración y
manejo de la producción a las empresas intervenidas.
Esos nuevos interventores habían sido designados por la Secretaría de Prensa y Difusión. Asimismo, pocos
días después de la asunción del nuevo presidente de la República, el COMFER fue puesto bajo la dependencia
directa de la Secretaría de Prensa y Difusión, cuyo medio quedaba vinculado con la Presidencia de la Nación.
El 28 de abril de 1974 vencía la prórroga de seis meses que se había otorgado para la administración privada,
luego de declarada la caducidad de las licencias. El día 11 de ese mes se notificó a los permisionarios que los
respectivos interventores continuarían en sus cargos hasta nueva orden de la Secretaría de Prensa y Difusión.
Los permisionarios, en tanto, recibieron una nueva prórroga hasta el mes de junio.
El 26 de julio de 1974, los canales aceptaron una propuesta de transferir las estaciones al Estado y presentaron
las respectivas ofertas de precios por los bienes muebles e inmuebles.
El 28 de julio el Estado procedió, de acuerdo con su Decreto Nº 340, a tomar posesión de los canales 9,11 y
13 de Buenos Aires y las respectivas empresas productoras de programas.
Con posterioridad se fueron produciendo, por una parte, un empeoramiento notable de la calidad y creatividad
de los programas y, por otra, la más variada gama de problemas administrativos en todos los canales.
Finalmente, el 24 de junio de 1975 fue sancionada la ley de expropiación de los canales 9,11 y 13 de Buenos
Aires, 7 de Mendoza y 8 de Mar del Plata, que incluía a todas las repetidoras y a las respectivas productoras
de programas. Las expropiaciones no se concretaron inmediatamente y, en tanto, proseguían las demandas
judiciales de los permisionarios.
A fines de 1975, las pérdidas de cada uno de los canales en cuestión llegaban a cifras inusitadas.
Proceso de Reorganización Nacional: en 1976 se cumplían veinticinco años de la inauguración de la
televisión en nuestro país. El 6 de agosto el nuevo gobierno dictó el Decreto 1.632 designando una comisión
honoraria para el estudio de las demandas entabladas por los permisionarios de los canales durante 1974.
Consecuencias de la intervenciones
Todas aquellas acciones de un gobierno prontamente derrocado por las Fuerzas Armadas fueron las que
dieron lugar a que, durante casi una década, la Argentina haya mantenido a su televisión en una absurda
situación.
Aún en los países francamente estatistas en cuanto a televisión se refiere, el mantener cuatro canales bajo una
misma administración estatal, sin diferencias en áreas a cubrir, tipos de contenidos, horarios de transmisión,
funciones especiales, etc., parece un derecho sin sentido.
Nueva privatización: “El Estado Nacional asumió de manera directa en 1974 la conducción de emisoras
televisivas privadas, situación que heredó el gobierno de las Fuerzas Armadas a partir de 1976, con la firme
voluntad de reintegrar los canales a la iniciativa particular.
En ese sentido y conforme a los pasos fijados por la ley, ya está en marcha la privatización de las emisoras en
el interior del país y, en lo que respecta a Capital Federal, la transferencia de los canales 9, 11 y 13 se
concretará a partir de 1982 y dentro de los plazos que establece la Ley de Radiodifusión.”
LA TELEVISIÓN EN COLORES
El tema de la implantación de la televisión cromática en nuestro país dio motivo a un sin fin de comentarios
desde muchos años antes de su real concreción. Recién en 1974, a través de declaraciones del Subsecretario
de Prensa y Difusión de la Nación, se afirmó oficialmente que, en breve, la Argentina contaría con la
televisión en colores. El 12 de abril de 1975 la Argentina transmitiópara el exterior, por primera vez en
colores, con motivo del Primer Festival de Folklore Iberoamericano organizado por la OTI (Organización de
Televisión Iberoamericana).
Recién a partir de 1980 se contó con emisiones de televisión en color cuando el 1º de mayo de ese año ATC
inició oficialmente ese servicio.
Ese avance no trajo aparejada, sin embargo, una mejora sustancial en la programación.
LA EXPORTACIÓN DE PROGRAMAS ARGENTINOS
La Argentina, que actualmente importa muy pocos programas de países latinoamericanos, durante muchos
años fue el primer exportador de programas televisivos del área.
En 1974, Proartel (productora de Canal 13 de Buenos Aires) y Telecenter (productora de Canal 9) se abocaban
con especial interés a producir teleteatros para la exportación, en lenguaje neutro (no lograba transmitir a
nuestro público las sensaciones de actualidad y realidad que son esenciales para la televisión).
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRINCIPALES CANALES DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA,
LUEGO DE 8 AÑOS DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL
“Durante el año 1980 los canales 9, 11 y 13 encararon las inversiones en equipamientos que permitieron las
emisiones cromáticas obtenidas en la actualidad.
Ello permitió el reemplazo de, prácticamente, la totalidad de los equipos técnicos que se encontraban
obsoletos, ya que en promedio superaban los quince años de vida.
Canal 9: Esta emisora, que durante el ejercicio 1979 había alcanzado una utilidad del 23,7 por ciento...
consigue cerrar el ejercicio 1980 con una utilidad del 3,37 por ciento..
Además, ostenta un pasivo a largo plazo por equipamiento color de 3,5 millones de dólares cuyo pago
comienza en el año 1984...
Canal 11: Esta empresa, que había cerrado el ejercicio 1979 con una pérdida del 7,39 por ciento sobre los
ingresos netos, fue aumentando su quebranto hasta llegar al 31 de diciembre de 1980 con una pérdida del 53
por ciento...
Además, surge del Balance de la empresa un elevado pasivo que incluye deudas previsionales y gravámenes a
favor del COMFER.
Canal 13: El quebranto de esta estación, que comienza en 1979 con una pérdida del 4,5 por ciento sobre los
ingresos netos, crece hasta alcanzar el 41 por ciento en signo negativo al cierre del ejercicio 1980...”
Además, del análisis del Balance de la empresa surge un pasivo de consideración, que se vería agravado por el
endeudamiento neto solicitado por la empresa para el presente ejercicio...”
ATC S.A. Canal 7: Se desprende que la empresa presenta para el ejercicio un resultado positivo de 13.885
millones de pesos.
Por otra parte, la empresa ha testimoniado que la infraestructura edilicia y técnica con que cuenta actualmente
(heredada de Argentina 78 TV S.A.) resulta sobredimensionada para satisfacer sus necesidades y su costo de
mantenimiento aumenta en forma considerable su presupuesto de gastos...”
Como conclusión del memorando se suscribe lo siguiente:
Opinión:
1) Debe adoptarse un criterio restrictivo acerca de la capacidad de los canales de endeudarse indefinidamente
con avales del Tesoro Nacional.
2) La Secretaría de Información Pública debería planificar, hasta su privatización, una política adecuada en
función a la dimensión del mercado...”
“Tal objetivo debería estar acompañado por un plan de acción que permita obtener en el corto plazo resultados
operativos positivos o que en su defecto arrojen una pérdida operativa mínima...”
Propuesta:
Elaborar un plan que comprende:
- determinar el número de emisoras
- real participación de los canales en el mercado
- racionalizar su faz operativa
- acortar su endeudamiento
- concretar el proceso de privatización.
Este memorando tiende certeramente a solucionar los puntos clave del problema, a saber:
1. sobredimensionamiento de las estructuras del canal 7.
2. absurda coexistencia y mutua competencia de cuatro canales símiles en la Capital Federal en manos del
Estado, sin beneficio alguno para el servicio y con perjuicios económicos para el país,
3. urgente necesidad de privatizar las empresas respectivas.
LAS LICITACIONES DE EMISORAS EN NUESTRO PAÍS
En el tema de las licitaciones se han dado hechos curiosos, que cada vez ponían en evidencia errores graves en
las políticas aplicadas a la radiodifusión y en diversas oportunidades, la incoherencia de esas políticas.
Una de las acusaciones a que se han visto invariablemente sometidos los gobiernos que han intentado o
realizado licitaciones de emisoras, ha sido la de digitar las adjudicaciones de acuerdo con la conveniencia de
orden político.
Si se pretende una mejor radiodifusión para la Argentina, que sirva a una auténtica democracia, la primera
condición es asegurar que todos los sectores tengan acceso a la posibilidad de manejar los medios con la única
condición de acreditar su mayor aptitud para prestar leal y eficientemente los servicios, comprometidos
exclusivamente con el bien común y nunca con ninguna tendencia política.
Primeras licitaciones después de 1955
En 1957, diecisiete de las cincuenta y cinco estaciones que integraban el monopolio oficial instaurado por el
gobierno peronista fueron transferidas al sector privado. La licitación de esas emisoras en poder del Estado se
llevó a cabo atendiendo a lo dispuesto por el Decreto Ley 16.530 del 14 de diciembre de 1957, que en sus
consideraciones iniciales señalaba “que el interés de la comunidad debe conciliarse con el de los
adjudicatarios, de suerte que estos medios de difusión sean un auténtico instrumento de bien público.”
Sobre esa licitación, el diario La Prensa expresaba en agosto de 1968, lo siguiente:
“Interesa señalar que las 17 estaciones que en 1957 pasaron al dominio privado fueron adjudicadas en forma
inobjetable mediante licitaciones públicas que estuvieron rodeadas de las máximas garantías de imparcialidad.
La mayor garantía de ecuanimidad estaba en la propia voluntad de los gobernantes. Las únicas exigencias que
debieron tener en cuenta los oferentes fueron las que emanan de la ley de radiodifusión, que obliga a
demostrar, en forma fehaciente, las condiciones técnicas, económicas y de solvencia moral que requiere la
prestación de un servicio de interés público.”
Licitaciones de 1967 y posteriores
Por acuerdo 36 del CONART (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión), en agosto de 1967 se llamó a
concurso para la adjudicación de setenta y cinco emisoras de radio de baja potencia, en otras tantas
localidades en su mayor parte de poca importancia demográfica y económica, que en muchos casos no
tuvieron interesados por la carencia de un mercado publicitario capaz de sostener a una estación. Ninguna de
las estaciones licitadas fue adjudicada.
En mayo de 1967 se había aprobado el Plan Nacional de Radiodifusión y Televisión.
El 14 de junio de ese año, fue firmado por el CONART el llamado concurso público para dar cumplimiento a
la primera etapa del Plan. El estudio de las propuestas fue prolongado hasta el 14 de agosto de 1968.
En tanto, los rumores, versiones y acusaciones se acrecentaban desde diciembre de 1967, consistiendo uno de
ellos en la publicación de listas con los nombres de los numerosos altos jefes de las Fuerzas Armadas
(entonces en el gobierno de la Nación) que integraban diferentes grupos proponentes, supuestamente como
elementos de presión para forzar las adjudicaciones.
La Prensa publicaba lo siguiente:
“La convicción de que en este concurso han participado funcionarios públicos como aspirantes a la
adjudicación de emisoras es otro de los motivos de preocupación y curiosidad”.
La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) expresaba:
“Denunciamos graves irregularidades en el proceso de adjudicación de radios privadas argentinas, en
perjuicio de la mayoría de las emisoras de clara trayectoria democrática al servicio de la libertad de
expresión.”
El 28 de noviembre el Ministro del Interior anunció la adjudicación definitiva de 21 emisoras.
Es importante destacar aquí que, si bien es absolutamente cierto que anteriores licitaciones habían fracasado,
especialmente la que se refería a estaciones de reducidapotencia en poblaciones de ínfima capacidad
económica, varias de las estaciones de radio correspondientes a las licitaciones que ahora quedaban anuladas
ofrecían posibilidades bien distintas, ante todo por su ubicación (todas en importantes ciudades, que hacían
presumir que en ese caso habría interesados. Recordamos que se había dispuesto licitar tres emisoras en la
Capital Federal, plaza sumamente codiciada; que la ciudad de Rosario, donde también se licitaba una radio,
contaba sólo con emisoras administradas por el Estado, siendo la segunda o tercera ciudad más importante del
país y, por último, que Paraná, Bahía Blanca y Neuquén, por ejemplo, tienen también preponderancia entre los
mercados publicitarios del interior del país.
El mismo gobierno que anulara esas licitaciones produjo, prácticamente un año después, el Decreto 8.591, del
31 de diciembre de 1969, por el que facultó al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión para llamar a
concurso público durante 1970, para la adjudicación de cincuenta emisoras de radio en el interior del país.
Las licitaciones de 1972
En febrero de 1972, Ente de Radiodifusión y Televisión (ERT), por resolución 19.172 del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos aprobó el nuevo Plan de instalaciones de estaciones de radio de baja potencia y de
estaciones de televisión en el interior del país, en poblaciones pequeñas sin capacidad para sostener
económicamente un medio propio y desprovistas de servicio.
Las estaciones de baja potencia que se pretendía licitar, fueron siempre de tales características que las
inversiones para su instalación y funcionamiento superaban las posibilidades económicas de las poblaciones
más pequeñas. Lo adecuado para esos caso hubiera sido establecer condiciones de prestación tales que,
exigiendo un mínimo equipamiento y un personal sumamente restringido y con aprovechamiento de los
adelantos tecnológicos que permiten solucionar los requerimientos de programación mediante material
grabado, hicieran posible la instalación y el funcionamiento con menores recursos, posibilitándose realmente,
así, que esas pequeñas poblaciones pudieran contar con su propia radio.
El 9 de agosto de 1972, el Ente de Radiodifusión y Televisión llamó a concurso público para la adjudicación
de licencias para setenta y una estaciones de radio de baja potencia. Ese llamado a concurso comprendía a
emisoras en medianas y pequeñas poblaciones; según el detalle correspondiente, quince de ellas pertenecían a
la Provincia de Buenos Aires; en el resto de las provincias se ubicaban entre una y cinco radios de baja
potencia por provincia. La apertura de propuestas se realizó el 20 de diciembre de 1972. Sólo veintinueve de
las setenta y una ondas licitadas tuvieron oferentes. Ese resultado era previsible, a la sola mención de los
nombres de ciertas localidades donde, a simple vista, teniendo en cuenta el número de habitantes y el
potencial económico presumible, parecía obvio que no existieran interesados.
A todo esto, continuaban en manos del Estado las únicas emisoras de radio existentes en ciudades de tan
codiciable mercado potencial como Rosario, Córdoba o Tucumán, por ejemplo, que invariablemente
ocupaban los primeros puestos en las inversiones publicitarias por la cantidad de habitantes y por contarse
entre las más prósperas ciudades del interior del país.
Otros intentos de privatización de emisoras
comerciales en manos del Estado
El 16 de noviembre de 1971 por Decreto 10.797 se había dispuesto la licitación de las frecuencias y activos de
explotación de emisoras de radio comerciales en manos del Estado: cuatro en la Capital Federal (Radio
Splendid, Belgrano, Mitre y del Pueblo), y una en cada una de las siguientes ubicaciones: Corrientes, Paraná,
Chaco, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, La
Rioja, San Luis y Catamarca.
Ese concurso tampoco llegó a materializarse.
El 22 de febrero de 1973, por ley 20.180, el Poder Ejecutivo Nacional quedó facultado para licitar las
licencias y arrendar los bienes de las estaciones comerciales de radiodifusión. Esta ley disponía, entre otras
cosas, que las emisoras que no resultaran adjudicadas, pasarían de inmediato a integrar el Servicio Oficial.
Debe tenerse en cuenta por la importancia que revisten en este caso las fechas, que en marzo del mismo año
las autoridades militares, en ese momento en el gobierno de la Nación, convocaban a elecciones para el
traspaso del poder a un gobierno constitucional. La Ley de referencia establecía plazos breves para cada uno
de los pasos que requería este pasaje a manos privadas de todas las emisoras de radio en poder del Estado.
LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS
Ante la carencia de estabilidad jurídica y en medio de un deterioro creciente del clima económico, con cortos
picos de recuperación y profundas caídas en medio de amenazas de recesión y concretas subas de los índices
inflacionarios, la radiodifusión argentina no ha tenido la infraestructura necesaria, en los últimos 25 años,
como para poder cumplir cabalmente sus funciones específicas.
Los factores de poder, en general orientados por gobiernos militares apoyados o conducidos por licenciatarios,
han sumido a la radiodifusión en la misma postración en que el país ha quedado: gravámenes no percibidos,
lucro más que servicio, rating más que contenidos, déficit económico de las emisoras oficiales, etc.
Durante la presidencia del Dr. Arturo Umberto Illia se estructuraron bases y pliegos de condiciones para el
otorgamiento de licencias de emisoras de baja potencia en distintos puntos del país. Era Director General de
Radiodifusión el Dr. Lapieza Elli, quien habría de volver a la función pública al asumir la presidencia de la
Nación en 1983, el Dr. Raúl Alfonsín, esta vez como titular del Comfer. Lamentablemente su deceso dejó
trunca una serie de iniciativas que habrían sido de gran valor para la estructuración del servicio de
radiodifusión.
Cabe recordar que la primera ley orgánica de radiodifusión data de 1953 y llevó el número 14.241. Bajo su
imperio fueron adjudicadas las emisoras LR3 Radio Belgrano, LR4 Radio Splendid y LR1 Radio El Mundo y
sus respectivas redes, integradas –cada una- por 18 emisoras del interior.
Las sucesivas leyes de radiodifusión –la 15.460 de 1957, 17.998 de 1972 y la 22.285 de 1982- determinaron
nuevos llamados a concurso, siendo los que se convocaron de acuerdo con los términos de esta última norma
legal los que han sido objetados y motivo de litigios y controversias aún no dilucidadas.
Al asumir el poder las autoridades electas el 30 de octubre de 1983 se integra una comisión bicameral que
estudiase y analizase todas las adjudicaciones practicadas durante el llamado Proceso de Reorganización
Nacional, para determinar si eran pasibles de revisión o anulación.
En 1961, siendo Serafín Guillani Director General de Radiodifusión, ese organismo dictó una resolución por
la que se llamó a concurso para adjudicar canales de televisión en el interior del país y el CONART acordó
licencia a diez estaciones de baja potencia. El mismo organismo llamó a concurso, en agosto de 1968 para la
adjudicación de 32 emisoras de radio de la Capital Federal y del Interior. Estas medidas merecieron críticas,
sobre todo por parte de Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), apareciendo en los
medios gráficos declaraciones y solicitadas en las que se denunciaban las adjudicaciones realizadas durante el
gobierno del General Juan Carlos Onganía. Se mencionaba la injerencia de las Fuerzas Armadas,
denunciándose “interferencias enderezadas a favorecer a determinados postulantes”.
Pocos meses después, en 1969 se aprobaron las presentaciones para emisoras de Buenos Aires, Córdoba,
Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Santa Cruz.
Al culminar la década del 60 subsistían, como organismos rectores de la radiodifusión, la Secretaría de
Comunicaciones, en la faz técnica y el CONART, como ente de aplicación de la ley. Como si eso fuera poco
para provocar en más de una oportunidad enojosas superposicionesde funciones, el 17 de noviembre de 1969
se creó en el seno del Ministerio del Interior la Comisión Nacional Asesora de Radiodifusión y Televisión,
destinada a asesorar en materia de acervo ético y estético en los contenidos de la radio y la televisión.
Fue en agosto de 1972 cuando se promulgó la Ley Nacional de Telecomunicaciones, en cuyo capítulo V se
incluían normas referidas a la radiodifusión. Entre otras innovaciones figuró la creación del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) y la posibilidad de que empresas privadas pudieran explotar sistemas de ondas
cortas. Propiciaba también esa ley la instalación de repetidoras..
El órgano de aplicación contaba con un Consejo Asesor, entre cuyos miembros figuraba un representante de
las Fuerzas Armadas, el que en forma rotativa debía incorporarse al Comité.
Al asumir el gobierno el peronismo, en 1973, el COMFER fue transferido a la Secretaría de Prensa y Difusión
de la Presidencia de la Nación. Entre 1973 y 1976 empezó a cobrar impulso la regulación y la censura en los
programas. No tuvieron acceso a los medios de radiodifusión los manifiestos de las organizaciones
guerrilleras, cuyo accionar, rural y urbano, se había incrementado notoriamente.
La prohibición se extendió a la mención de los nombres de esas entidades y el periodismo se vio impedido de
divulgar o analizar el material que llegaba a las redacciones sobre el accionar de la guerrilla de izquierda y de
derecha e incluso de otras organizaciones sociales o políticas a las que se presumía vinculadas con aquella.
Pesaba sobre los licenciatarios la amenaza de caducidad, expropiación o estatización.
Lastiri decretó la caducidad de las licencias de los canales 9, 11 y 13 de la ciudad de Buenos Aires, 8 de Mar
del Plata y 7 de Mendoza, aunque por sucesivos permisos fueron prorrogadas a la espera de un temperamento
definitivo sobre esa materia.
El 22 de febrero de 1973, por ley Nº 20.180 se llamó a concurso para adjudicar todas las emisoras de radio
comerciales que se hallaban, según la definición oficial “administradas por el Estado”.
Durante el período en que el peronismo estuvo en el gobierno se produjo, con respecto a los medios de
radiodifusión, una serie de episodios que alcanzaron niveles de censura, listas negras, prohibiciones y la
utilización de todo el aparato de la radio y la televisión en beneficio del partido gobernante.
En materia de expansión de la radiodifusión, no se registraron hechos que señalen una política decididamente
orientada a ese fin. Hubo, no obstante un concurso público y por resolución del COMFER del 10 de marzo de
1975 se adjudicaron 50 licencias para el funcionamiento de emisoras en el interior.
UNA HISTORIA RECIENTE
Al culminar el año 1975 la situación del país revelaba una peligrosa crisis política en el gobierno ejercido por
la viuda del general Perón, y una inflación galopante en el orden económico.
Las Fuerzas Armadas habían realizado veladas insinuaciones para que abandonara el gobierno la señora María
Estela Martínez de Perón.
El 24 de marzo de 1976, cuando la Presidenta abordó el helicóptero que desde la terraza de la Casa de
Gobierno habría de llevarla a la residencia de Olivos, a unos 15 kilómetros al norte de la Capital Federal, no
sabía que se iniciaba una jornada que habría de cambiar el rumbo de la historia del país. El helicóptero no
fue a Olivos, sino al Aeroparque metropolitano, donde se le comunicó a la señora de Perón que había sido
destituida y que las Fuerzas Armadas asumían la responsabilidad de gobierno.
A partir de ese momento se produjo el control total de los medios de radiodifusión. Durante los primeros días
del golpe de Estado que dio origen al llamado Proceso de Reorganización Nacional, todas las emisoras
transmitieron en cadena con LRA y sólo difundían partes originados en la Junta Militar.
La censura, las listas negras y las prohibiciones del régimen derrocado fueron superados al sumarse el miedo,
la intimidación a los periodistas y a los licenciatarios que nada sabían de la suerte que les esperaba con sus
emisoras o canales.
DESAPARICIÓN DE PERIODISTAS
Si cabe señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la óptica preocupada del siniestro aparato de
persecución y represión político-social montado por el gobierno militar, forzosamente habrá que mencionar a
los periodistas argentinos. No fue a causa de la casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas
en proporción a los profesionales que integran el sector: además de afectar con este ataque el vasto campo de
la cultura, siempre vista con recelo por las dictaduras, es evidente que se apuntó a silenciar a un grupo social
de gran importancia para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento público.
El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe en su comunicado Nº 19 hizo saber que
“sería reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara
noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las
fuerzas armadas, de seguridad o policiales.”
Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el pretendido consenso que debía acompañar
las muy polémicas y comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo y secreto con el
que operaba el aparato represivo ilegal que debía paralizar por el pánico a toda la Nación.
Así fue como los medios de comunicación social en general se abstuvieron de difundir el arresto de personas
consideradas por las autoridades como elementos subversivos: Todo el país sabía que se practicaban
detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran, quiénes eran y dónde eran llevados. En los primeros
años los periódicos de mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la publicación de “solicitadas”
con las listas de las personas buscadas por sus familiares.
La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron ingenuamente en la inexistencia del
problema o al enterarse de los casos concretos, incurrieron en incredulidad o, a lo sumo, le restaron
importancia.
Paralelamente, en el lapso circunscripto a los primeros meses de gobierno de facto, cuando éste instrumentó el
basamento funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos, se produce la más alta proporción de
secuestros de periodistas. Ciertamente, en el curso del año 1976 fueron privados irregularmente de su libertad,
situación que se mantiene al presente sin reaparición de sus cuerpos, 45 profesionales de prensa. En los ocho
meses siguientes, desaparecieron 30 más, estimándose que el guarismo total de “desaparecidos” de este
gremio asciende a un centenar.
La falta de noticias volcó a la audiencia hacia las emisoras uruguayas, particularmente Radio Colonia. Ya en
1955, al producirse la entonces llamada
Revolución Libertadora que derrocó al general Perón, la censura que silenció a los medios locales de
comunicación volcó también a la audiencia a Radio Colonia. La popularidad de esta emisora hizo que fuese
utilizada por los Servicios de Inteligencia de ambas márgenes del Río de la Plata para difundir noticias de
interés para los regímenes militares gobernantes en los dos países.
La justificación de una indiscriminada represión que permitiera la implementación de un plan económico
destructivo de todo el aparato productivo, determinó que el gobierno militar utilizara los medios de difusión
para concientizar a la población acerca del peligro que significaba un eventual triunfo de la guerrilla marxista.
Desapariciones: la población tuvo conocimiento por emisiones desde el exterior, denuncias que algunos
diarios se atrevían a publicar o cuando el desaparecido era un personaje notorio, como ocurrió, entre otros,
con el embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, o el que fuera Secretario de Prensa del
teniente general Lanusse, Edgardo Sajón.
La acción psicológica del gobierno militar estaba orientada presentar a los grupos subversivos como causantes
de la descontrolada ola de terror, de intimidación y de