Necesidades privadas y urgencias políticas final doc

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NECESIDADES PRIVADAS Y URGENCIAS POLÍTICAS; CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DEL DECRETO 527/05
Postolski, G.
Sin ley
La discusión sobre la necesidad de establecer una estructura de comunicación más
democrática en la Argentina duro revés el 20 de mayo de 2005 con la sanción del
decreto 527/05.
Discusión para la sanción de una nueva norma legal que regule a la radiodifusión
quedó nuevamente postergada y fue suplantada por un decreto presidencial basado
en las necesidades y urgencias de los grupos comunicacionales.
A través del decreto Nº 527/05, el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, decidió
suspender “por el plazo de 10 años los términos que estuvieren transcurriendo de las
licencias de servicios de radiodifusión o sus prórrogas previstos en el artículo 41 de la
Ley Nº 22.285 y sus modificatorias”. Se repite la lógica de la ausencia de debate de
la sociedad civil y los partidos políticos sobre la necesidad de una política de
comunicación, y se impone una adecuación normativa ligada a los intereses del sector
privado.
Falta de capacidad de articular poder de los diversos sectores sociales preocupados
por la temática contrasta con la habilidad del los grupos concentrados, quienes en los
últimos años a través de la presión han conseguido: violar la ley vigente sin ser
sancionados, la sanción de una denominada Ley de “Defensa de las industrias
culturales” hecha a su medida, y ahora diez años más para la explotación de sus
licencias, entre otras cosas.
El criterio rector a la hora de fijar la política fue pensar la actividad desde la lógica
comercial y no desde el rol democratizador de la radiodifusión y la necesidad de
respetar el ejercicio del Derecho a la Información, la libertad de expresión para todos
los sectores y el pluralismo.
Ambivalencias
Desde la asunción del gobierno de Kirchner se dieron, como en otros planos de la
política nacional, una serie de señales ambivalentes en torno a la política mediática
En el terreno de la libertad de expresión e información se dio la apertura de archivos,
los decretos de acceso a la información, la publicación de agendas de los funcionarios,
un cambio en la lógica de la distribución de las pautas publicitarias. Instalación de
repetidoras de Canal 7 en el interior, la suspensión del proceso de normalización de
FMs que sirve para evitar el agotamiento del espectro de frecuencias antes de que se
autorice la participación de las entidades sin fines de lucro en los concursos. tibio
cambio de orientación con respecto a los años noventa.
Contrapartida demorada modificación al artículo 45 de la ley de radiodifusión, la
pervivencia del artículo 7 (que sujeta los servicios de radiodifusión a las necesidades
de la seguridad nacional) y el mantenimiento de la suspensión de la venta de pliegos
para la instalación de servicios de cable, a lo que se suma la sanción de este decreto.
A principios de 2005 la SIP envió una comisión a nuestro país duro comunicado
sobre la situación de la prensa en la Argentina “tensiones” entre el Gobierno y las
empresas periodísticas.
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A pesar de eso Nueva norma a la medida de las necesidades comerciales de los
conglomerados dominantes del sector comunicacional deja atrás esas peleas entre el
presidente y la prensa local e internacional.
Al anunciar la firma del decreto Kirchner dijo que “el huracán que arrasó la
Argentina también golpeó fuertemente a los dueños de los medios nacionales
argentinos” y que estos “sufrieron los efectos de la caída de la Argentina”, por lo cual
necesitaban “poder tener los tiempos necesarios para poder terminar de recuperar ese
medio”
Secretario General de Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires Daniel
Das Neves considera que la descripción de Kirchner es capciosa porque grupos
comunicacionales concentrados, monopólicos u oligopólicos, ahora fueron víctimas de
la Argentina de los ‘90. A partir de ese pensamiento deviene una política que decide
premiar a las ‘víctimas Esto es bendecir la impunidad de que muy pocos impongan
la agenda política, económica, cultural, social, internacional, deportiva.
Descripción presidencial omite buena parte de la historia sobre la constitución de estos
grupos concentrados, la cual les permitió obtener ganancias extraordinarias durante la
década precedente.
Das Neves estas empresas :
● Son apologistas de la total desregulación de la economía que les permitió
diseñar y aplicar las nuevas reglas del juego en materia laboral y profesional.
● Se endeudaron sin límites.
● Son los intelectuales orgánicos de la economía de mercado, de la
convertibilidad, del desguace del Estado, del descrédito de la política, de la
globalización autoritaria. Después de haber reclamado y obtenido la
pesificación de sus deudas y de haber invocado el valor del Estado que habían
contribuido a destruir.
● Sacaron a los medios de la Ley de Defensa del Consumidor porque eso
‘atentaba contra la libertad de expresión’.
● Acumularon una deuda con el COMFER.
● Cambiaron la Ley de Quiebras e inventaron la Ley de Industrias Culturales para
proteger a los ‘empresarios nacionales’ .
● Apelaron a los cambios en la Ley de Concursos, a los Procedimientos
Preventivos de Crisis y a los acuerdos extrajudiciales para hacer de la ‘crisis’
un negocio.
¿Nada es para siempre?
Suspensión difiere de una discusión sobre la pertinencia o no de una prórroga. Ésta
obliga a revisar si el licenciatario ha cumplido con la ley y con los pliegos de
Adj.-dicación. A diferencia de los controles planteados a otras empresas privatizadas
los dueños de los medios jamás fueron obligados a dar cuenta de los resultados de su
gestión.
Panorama mediático de los próximos años:
● Canal 9 Hadad y Moneta hasta el 2019
● América Manzano, Ávila y Vila -licencia hasta el 2022
● Telefónica y el Grupo Clarín seguirán controlando Telefé y Canal 13 hasta el
2025
● Licencias hasta el 2018 Grupo mexicano CIE (5 radios, entre ellas, la Rock &
Pop) y Radio Mitre y Continental -de Clarín y ¿Telefónica?-
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● Radio 10, de Daniel Hadad, hasta el 2025
● Cablevisión y Multicanal la concesión se extiende hasta el 2016.
Más discrecional es aún el caso de aquellos medios que tenían licencias previamente
a 1980 y que fueron automáticamente renovadas por la ley de la dictadura : empresas
con más de 40 años de continuidad, a las cuales se les suman otros diez, con lo cual
queda configurado un cuadro de situación que las hace gozar de una especie de
licencia a perpetuidad. Estos medios contaron con quince años más diez de una
prórroga legal pero tales plazos vencerían en el 2007. La 22.285 no da derecho de
continuidad posterior sino que debería llamarse a concurso.
Otros grupos de medios son los que fueron entregados por la privatización de fines
de la dictadura con plazos que deberían vencer en 2008 o 2009.
Luego se encuentran los medios privatizados en 1989/1990, cuyas licencias
vencerían en 2014.
Por último, las del proceso de normalización de espectro de 1999, que aún se están
terminando. A todos se les suma diez años en los que los plazos no se contarán.
La arbitrariedad de esta situación queda aún más contrastada frente a la precaria
situación de más de 3.000 estaciones de mediana y baja potencia que quedaron bajo
el dudoso rótulo de precarias y provisorias y de otras 5.000 que son definidas como
clandestinas.
Doble discurso del interventor del Comfer 2004 resolución 962, hizo lugar a un
reclamo de ARPA y el grupo Clarín, para borrar con el codo la resolución 574 de mayo
de ese año, en la que se proponía legalizar la situación de las emisoras con PPP
(permiso precario provisorio) otorgado hasta 1989, cuando el gobierno promocionaba
la intención de normalizar el espectro y preparar el terreno para una nueva ley hecha
en democracia.
Proyectos destinados a acabar con la ley de la dictadura, o al menos para terminar con
la injustificada discriminación que sufren las entidades sin fines de lucro para acceder
a las licencias de radiodifusión Descansan tranquilamente en el Congreso.
Suspensión: “El Decreto establece que en dos años lasempresas deben presentar un
diseño que incorpore programación cultural y educativa y un plan de innovación
tecnológica”
Es irrisorio pedir al mercado que haga propuestas de responsabilidad de
contenidos y culturales. Constitución Nacional obliga a promover el espacio
audiovisual nacional y la ley vigente ya lo exige y no se cumple + No resulta
convincente plantear que los beneficiarios de esta medida ilegal propongan como
contrapartida espacios educativos.
Respecto a la actualización tecnológica, no es razón suficiente. Hay innovaciones en
estos rubros casi a diario, por lo que las licencias deberían ser eternas.
Así queda cristalizado el concentrado mapa de medios en la Argentina: sin que
puedan ingresar a la actividad sectores sin fines de lucro, con muchas provincias o
municipios donde sólo hay un canal de televisión abierta y no se prevé concursar otro,
y donde los dueños de los medios se confunden con los controladores del poder
feudal.
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Cadenas de favores
20 de mayo otra oportunidad perdida. No se estableció ninguna obligación para
generar mayores porcentajes de programaciones propias en emisoras y operadores de
cable del interior del país, con la consiguiente creación de nuevas fuentes de trabajo.
No se aprovechó, la posibilidad de definir la política de incorporación tecnológica. No
se debatió tampoco como debe darse el ingreso a la radiodifusión digital y qué se hará
con los canales que queden libres luego de las pruebas y transiciones técnicas.
La orientación de la política comunicacional del gobierno parece quedar clara y ser
escrita por un solo grupo de interés.
Frente a la continuidad de actores, relaciones, beneficios y de política, se hace
imprescindible entonces la construcción de un espacio social que pueda anteponer al
interés del mercado la necesaria construcción de consensos democráticos que
generen una política de comunicación más plural y participativa.
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