Una de las tendencias que acompaña la globalización de la economía es, también, su regionalización, mediante el surgimiento de instituciones que garantizan la unidad de mercado en un territorio delimitado por las fronteras de diversos países. Para garantizar tal unidad, los Estados miembros de una región económica ceden voluntariamente cotas de soberanía a estas instituciones las cuales, a su vez, imponen importantes restricciones a la adopción de decisiones estatales en materia de circulación de bienes, productos y servicios. Desde las instancias supraestatales se impone la liberalización del comercio en el interior de la región y la desregulación de los mercados, lo cual implica la supresión de las normas que supongan trabas innecesarias al comercio y la reducción de los controles de carácter estatal –si tales controles ya han sido realizados en otro país. Cuando a la integración económica se le añade la integración política, la soberanía estatal se encuentra, si cabe, todavía más limitada.