En su acepción estricta, la privatización afecta pues, fundamentalmente, a la intervención directa de la Administración en la economía y a la actividad prestacional del Estado. Los bienes, los servicios y las funciones que venía prestando la Administración pública en estos ámbitos pasan, así, a las manos del mercado o, en el mejor de los casos, a las de la sociedad civil.