Para valorar correctamente el impacto de la autorregulación regulada en la regulación de policía hay que tomar en consideración, pues, diversos aspectos. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que ambos instrumentos responden a los mismos fines: la protección del orden público, entendida ahora como una gestión de los riesgos que acechan a ciertos bienes y derechos constitucionalmente protegidos. En segundo lugar, hay que tomar en consideración el déficit de ejecución de la regulación de policía, su incapacidad para satisfacer los fines propuestos con la misma. En tercer lugar, es necesario recordar también la progresiva pérdida de los poderes públicos de la capacidad técnica necesaria para responder a determinadas exigencias de intervención, en ámbitos en los que sus conocimientos se han visto desbordados por el desarrollo tecnológico. En cuarto lugar, y relacionado con ello, hay que tener en cuenta, a su vez, que la autorregulación se desarrolla principalmente en zonas inaccesibles para el Derecho y para la Administración y, por consiguiente, afecta a aspectos de la vida social caracterizados por una escasa o nula intervención pública.