La protección frente a los riesgos contra el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas, generados por los productos que ingieren o que consumen, o por las técnicas de producción utilizadas en las empresas, es una responsabilidad que corresponde, indiscutiblemente, al Estado. Ello no obstante, los riesgos que ponen en peligro estos bienes tienen su origen, mayoritariamente, en la actividad empresarial. Es lógico, pues, que una adecuada protección de estos bienes deba pasar, necesariamente, por su corresponsabilización en la gestión y la minimización de los riesgos que generan.