Este desarrollo intenta conectar personalmente y organizativamente los intereses estatales con la lógica propia de las empresas económicas, permitiendo a los poderes públicos “traspasar las barreras de inmunidad impuestas contra el derecho de policía”143. El legislador debe esperar que el interés propio de una empresa y el interés de minimizar los riesgos de terceros, aseguren el cumplimiento de las demandas legales. De este modo, el control estatal puede retroceder a una posición de reserva con sus instrumentarios de derecho público. Se trata de exigir, en definitiva, que también en el seno de las empresas, el interés de lucro sea reconducido hacia la materialización del bien común, con el objetivo de que el Estado pueda limitar su intervención directa y se mantenga, desde una posición más distante, en un posición de reserva, limitada al control del autocontrol y la autorregulación privada. La intervención directa de la Administración mediante técnicas de policía se transforma en una función de supervisión.