Según la doctrina, la fijación de los contenidos y de los principios que deben regir la programación televisiva, justifica seguir hablando de la televisión como servicio público, o como actividad privada con cargas de servicio público: “El servicio público no es ya la actividad en su conjunto, la televisión, pero sí determinados contenidos, aquellos cuya emisión está garantizada por un régimen de libre concurrencia”, porque el Estado entiende que deben garantizarse a todos en condiciones de igualdad. Sigue siendo necesario, pues, recordar la relevancia pública de los medios de comunicación y, fundamentalmente, la de la televisión, por ser ésta el principal vehículo de transmisión de la información. La necesidad de satisfacer a través de ella el interés de los ciudadanos, de contribuir al pluralismo informativo, a la formación de la opinión pública libre y a la extensión de la cultura, son argumentos suficientes para justificar el control público de esta actividad e, incluso, su publicatio.