En concreto, el estatuto de los funcionarios, empleados y cargos públicos viene integrado por la definición legal y reglamentaria del sistema de acceso a la función pública, los principios que deben regir su actividad y los deberes y obligaciones inherentes al cargo. En nuestro ordenamiento jurídico ello deriva del mandato expreso contenido en el artículo 103 de la Constitución.